Los indígenas canadienses alzan la voz frente a proyectos energéticos
Varios grupos autóctonos reclaman ser escuchados por Gobiernos y compañías para regular la explotación y el transporte de petróleo
Montreal
Ghislain Picard, jefe de la Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL). APNQL
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La Suprema Corte de la Columbia Británica dio la razón en enero pasado a un grupo de comunidades indígenas de esta provincia canadiense que solicitaban la anulación del proyecto del oleoducto Northern Gateway de la compañía Enbridge. Se trata de una de los mayores logros de los últimos tiempos para los grupos autóctonos de ese país, hartos de sentirse ignorados por políticos y empresarios en la concepción y construcción de obras energéticas. Muchas de estas obras pueden afectar ecosistemas y actividades tradicionales, además de violar distintos acuerdos.
En Canadá, la relación entre los grupos indígenas y las autoridades federales y provinciales ha sido siempre un tema complicado. Uno de sus momentos más críticos tuvo lugar durante los nueve años en que Stephen Harper fungió como primer ministro. La puerta estuvo prácticamente cerrada en Ottawa para los jefes de las primeras naciones. Harper priorizó el desarrollo económico —enfocado sobre todo en las industrias extractivas—, por lo que asuntos como el medioambiente y la actividad de las pequeñas comunidades ocuparon los últimos puestos en su agenda.
La administración conservadora promovió con dinamismo el proyecto Northern Gateway. El objetivo era claro: transportar el crudo de la provincia de Alberta al puerto de Kitimat (Columbia Británica) para su exportación a Asia. Jefes de diversos grupos indígenas protestaron con vigor —al igual que defensores medioambientales— para frenar este proyecto. Su causa llegó a la más alta sala de justicia de la provincia. La decisión de los jueces tuvo como elemento neurálgico el hecho de que estas comunidades no habían sido consultadas debidamente por las instituciones vinculadas con esta obra.
La compañía Enbridge, a través de un comunicado, señaló poco tiempo después que la aprobación del proyecto es de competencia federal, minimizando así el fallo de los jueces de la Columbia Británica. Sin embargo, una corte federal de apelación enterró aún más este plan en junio pasado, subrayando nuevamente que los argumentos de los grupos autóctonos no habían sido tomados en cuenta con profundidad.
Nicolas Houde es profesor en la Universidad de Quebec en Montreal y estudia las acciones políticas de las comunidades indígenas canadienses. Señala a Planeta Futuro que no todas ellas tienen acuerdos con los Gobiernos, e incluso cuando éstos existen, no siempre garantizan consultas efectivas. “Hay insatisfacción de los grupos autóctonos porque no se les considera seriamente. Cuando se les escucha, muchas veces ya es cuando los proyectos están decididos. Por eso han tenido que llegar a los tribunales. Además, los gastos legales son altos, el desarrollo de un proyecto no siempre se frena y la incertidumbre de ganar o perder está presente. Pasa con obras petrolíferas, pero también con hidroelectricidad, explotación forestal y minería”, afirma.
Actualmente la atención está puesta en East Energy. Anunciado oficialmente en 2013, este proyecto de la compañía TransCanada busca el envío diario de 1,1 millones de barriles de petróleo extraído de las arenas bituminosas de Alberta a San-Jean (New Brunswick), por medio de un oleoducto de 4.600 kilómetros para su comercialización en Estados Unidos y Europa. El inicio de estas exportaciones está fijado para 2020, aunque puede que se retrase o que jamás ocurra.
Miembros de la APNQL manifestándose durante la última campaña electoral federal. APNQL
La Comunidad Metropolitana de Montreal (CMM), la Unión de Productores Agrícolas (UPA) y numerosos colectivos medioambientales ya han manifestado su oposición al proyecto. Asimismo, grupos indígenas han salido a criticar la iniciativa, aunque la voz que más se ha hecho escuchar es la de la Asamblea de las Primeras Naciones de Quebec y Labrador (APNQL). Los miembros de este organismo anunciaron su negativa al proyecto tal y como está diseñado actualmente. Ghislain Picard es el jefe de la APNQL. Comenta en entrevista que East Energy es una prueba más de que la obligación de consultar a los grupos indígenas no se respeta. Incluso han tenido problemas para que Gobiernos y empresas hagan caso a los fallos de los tribunales.
Cabe señalar que el oleoducto atravesaría cientos de lagos y ríos. “Nos inquieta mucho el impacto que esto puede tener en nuestros territorios. Dependemos de los recursos naturales para comer y trabajar”, comenta a Planeta Futuro Serge Simon, líder de la nación mohawk de Kanesatake (Quebec). Asimismo, el Consejo de Defensa de los Recursos Naturales publicó un informe donde aparece el riesgo para la fauna de la costa atlántica, debido a la desmedida actividad que tendrían los buques cisterna.
La Oficina Nacional de la Energía inició en junio pasado una serie de consultas en diversas ciudades canadienses. “El proyecto viola nuestros derechos establecidos en tratados. El Gobierno federal es el único actor que debe consultarnos, pero no es el caso por la cantidad de intereses en juego. El proceso debe ser legítimo y transparente. Debemos tener la oportunidad de rechazarlo si hay un peligro para nuestra comunidad”, señala Serge Simon. Por su parte, Ghislain Picard comenta que las consultas de la Oficina Nacional de la Energía carecen de legitimidad. “Esta institución tiene proximidad con las empresas. Además es necesario modernizarla. No tiene ni el mandato ni la capacidad para realizar consultas. Queda mucho por hacer. Nosotros deberíamos participar en las evaluaciones”, manifiesta. La fecha límite para que un grupo de expertos presente un informe sobre la viabilidad del proyecto es el 16 de marzo de 2018. Sin embargo, el Gobierno de Justin Trudeau tendrá la última palabra.
Necesitamos pensar en alternativas energéticas. Los grupos autóctonos deseamos formar parte de este procesoSERGE SIMON, LÍDER INDÍGENA
El primer ministro había prometido en sus discursos electorales una nueva relación con los grupos autóctonos, basada en la justicia y el reconocimiento. Ya presentó sus disculpas por el trato que se les dio durante décadas en instituciones públicas y estableció una comisión para investigar los asesinatos y desapariciones de mujeres indígenas. East Energy representa sin embargo un mayúsculo desafío para Trudeau, ya que mezcla su deseo de incentivar el diálogo con las primeras naciones y de cuidar el medioambiente, pero también tiene que ver con la explotación de recursos.
“El papel de Ottawa es el de actuar como un árbitro responsable en este asunto”, señaló Trudeau hace unos meses a propósito de East Energy en un evento en Montreal. También añadió lo siguiente: “Mi objetivo es reconocer que una de las responsabilidades del Gobierno de Canadá es poder encontrar la manera de exportar nuestros productos, nuestros recursos, de forma responsable”. Alcaldes, activistas medioambientales, trabajadores agrícolas y jefes de grupos autóctonos critican que Trudeau no muestre una postura clara sobre el oleoducto, algo que, paradójicamente, molesta también a los simpatizantes del proyecto. Prueba de ello es que el diputado conservador Gérard Deltell declaró en las ondas de Radio-Canadá que el primer ministro descuida sus responsabilidades al no apoyar con fuerza una iniciativa de gran beneficio para la economía canadiense.
Pero la lucha no sólo se está dando contra el oleoducto East Energy. Otros ejemplos así lo demuestran. En Anticosti (Quebec), líderes del pueblo innu y autoridades municipales critican que el gobierno de la provincia haya autorizado trabajos de perforación —por medio de fractura hidráulica— a la compañía Hydrocarbures Anticosti, señalando que esto pone en riesgo el equilibrio medioambiental, especialmente para las poblaciones de salmón. Los inconformes presionan para que el gobierno federal intervenga.
A su vez, la nación micmac, que habita en Gaspesie (Quebec), se opone a un proyecto de transporte de petróleo por ferrocarril al puerto de Belldune (New Brunswick). Un juez desestimó un recurso presentado para frenar la obra, aunque señaló en su veredicto que las consultas hacia la población autóctona habían sido suficientes pero no óptimas. Los micmac han dicho que apenas se tomaron en cuenta sus preocupaciones relacionadas con la seguridad y los daños medioambientales. Prometen llegar a otras instancias.
“Queremos participar en proyectos, pero no a cualquier precio. Escucharemos iniciativas siempre y cuando no afecten nuestros territorios. Necesitamos pensar en alternativas energéticas. Los grupos autóctonos deseamos formar parte de este proceso”, afirma Serge Simon. Junto a organismos protectores del medioambiente y partidos progresistas, los pueblos indígenas reclaman el cambio energético en Canadá, a modo de alejarse de la producción y el consumo de combustibles fósiles. Ghislain Picard, jefe de la APNQL, dice que los grupos autóctonos no pueden cerrarse al desarrollo, sobre todo por los grandes desafíos sociales y económicos que enfrentan. Aunque todo debe hacerse con proyectos bien evaluados y estructurados, que tomen en cuenta necesidades locales y preocupaciones globales, como lo es la protección del medioambiente.
Como parte de la nueva relación que Trudeau desea sostener con los grupos autóctonos canadienses, su Gobierno respaldó en mayo pasado la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. En dicho documento figura que estos pueblos deben dar su consentimiento a proyectos que se realicen dentro de sus territorios. El profesor Nicolas Houde señala sin embargo que en Canadá no hay una dinámica del consentimiento —como sí ocurre en otros países — y que las instituciones públicas sólo hacen referencia a consultas. Además, el gobierno federal tiene la última palabra en los proyectos, a menos que un pueblo autóctono presente un título histórico de propiedad, algo que no sucede con frecuencia.
A finales de septiembre, el Gobierno federal aprobó el proyecto Pacific NorthWest LNG en el norte de la Columbia Británica, para procesar gas licuado y enviarlo a los mercados asiáticos. Catherine McKenna, ministra de medioambiente y cambio climático, señaló que el proyecto pasó por una rigurosa evaluación que incluye 190 condiciones para su realización. Defensores medioambientales y pueblos indígenas de esa provincia han criticado la iniciativa, sobre todo por la importante emisión de gases de efecto invernadero que produciría. Cabe destacar que el Tratado de París fue ratificado por el parlamento canadiense el pasado seis de octubre.
Se esperan intensas negociaciones entre Ottawa y algunas provincias que ya han mostrado su preocupación por los límites que este acuerdo impondrá a sus planes de crecimiento. También el gobierno federal deberá ser muy prudente al evaluar con detenimiento cada proyecto energético en cuanto a emisión de gases. Y a todo esto, los grupos indígenas no se cansarán de exigir que su voz deje de ser ignorada en estos planes. Están de acuerdo en sumarse a la lucha contra el calentamiento global y requieren de recursos para elevar sus niveles de vida, pero no a cualquier precio.
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