sábado, 3 de diciembre de 2016

3 de Diciembre | Día Internacional de las Personas con Discapacidad – Actualización sobre "#Luzparaellos Ley Nacional para los Electrodependientes @OficialEdesur @ValeriaArata @Marquitospena"


Mariela R. Duarte acaba de subir una actualización en la petición que vos firmaste, #Luzparaellos Ley Nacional para los Electrodependientes @OficialEdesur @ValeriaArata @Marquitospena.
ACTUALIZACIÓN SOBRE LA PETICIÓN

3 de Diciembre | Día Internacional de las Personas con Discapacidad

Mariela R. Duarte
Morón, Buenos Aires, Argentina
2 DE DIC. DE 2016 — En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad marcharemos hacia Plaza de Mayo para reivindicar nuestros Derechos.
El Derecho a la vida es básico, es principalmente el que este gobierno está violando al poner en riesgo las vidas de los Electrodependientes.
Nos ponemos de pie y decimos
Basta!!!!
Con ellos no se juega.
Día: Sábado 3 de Diciembre - 17 horas - Plaza de Mayo.
Veni, traé tu cartel!!!
Allá nos vemos : )

#Luzparaellos
#Leynacionalelectrodependencia

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Una justicia lenta, politizada, antigua y ahogada en papel | España | EL PAÍS

Una justicia lenta, politizada, antigua y ahogada en papel

España tiene la mitad de jueces que la UE, su organización es decimonónica y sus sistemas informáticos no se entienden. Los operadores jurídicos exigen un pacto de Estado

Juzgado de lo social número 34 de Madrid.

Juzgado de lo social número 34 de Madrid.  ÁLVARO GARCÍA

Antonio Seoane celebra 26 juicios a la semana, pero ha llegado a señalar 60. Los nuevos despidos, reclamaciones por pensiones de viudedad o invalidez, problemas sindicales o de acoso laboral se agolpan en la mesa de su despacho día tras día. Su carga de trabajo está al 200% de lo considerado razonable. Trabaja por las tardes, muchas noches y los fines de semana. Y sabe que nunca será suficiente. La justicia le devuelve a este magistrado su particular roca de Sísifo una y otra vez; un colapso imposible de atajar.


La justicia en España es lenta, sobre todo en algunas jurisdicciones. Hay juzgados señalando juicios para 2020. Y los ciudadanos creen que, además, está politizada. El 56% de los españoles, según el informe sobre los indicadores de la justicia en la UE publicado el pasado abril por la Comisión Europea, tiene una opinión mala o muy mala sobre la independencia de los jueces, desconfianza que argumentan sobre todo por supuestas presiones políticas y económicas.
La ineficacia y la apariencia de politización de la justicia son los dos grandes problemas en torno a los cuales gravitan todos los demás. Pero ningún Gobierno democrático los ha abordado de forma radical. Quizá porque los ciudadanos no aprecian que la Administración de Justicia sea uno de los principales problemas del país (solo lo consideraba así el 1,4% de la población según el último barómetro del CIS); quizá porque la gente tiene relación con los juzgados en momentos puntuales de su vida y, a diferencia de lo que ocurre con la Sanidad o la Educación, la lentitud de la justicia nunca sacará a las masas a la calle; o quizá porque se trata de una reforma compleja y que requiere de múltiples consensos.




Los operadores jurídicos (abogados, jueces, fiscales, secretarios judiciales, funcionarios…) coinciden en que la solución no se puede demorar más, en que es urgente un Pacto sobre la Justicia que lleve de una vez al siglo XXI a uno de los tres poderes del Estado; un pacto duradero que pueda sentar las bases para el buen funcionamiento del sistema judicial como servicio público que tiene la obligación de atender en tiempo y forma las reclamaciones ciudadanas. Y, por primera vez, parece que hay también consenso entre los partidos sobre la necesidad de acometer estas reformas. “El momento político es idóneo”, opina Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española. “No se puede desaprovechar esta oportunidad”.

Sistema poco ágil y mal dotado

España tiene 5.800 jueces, 5.500 de ellos en activo. Son 12'5 por cada 100.000 habitantes, muy lejos de los 21'6 de media de la UE —aunque los criterios de cómputo no son homogéneos—. Los expertos consultados coinciden en que aumentar la planta judicial es necesario. Pero añaden que no es suficiente; que de nada sirve poner 4.000 o 5.000 jueces más en el país si eso no va acompañado de otros mecanismos que dejen atrás el viejo modelo organizativo del siglo XIX.
“Es urgente racionalizar el trabajo”, opina Margarita Robles, exmagistrada del Tribunal Supremo, diputada socialista y presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso. “Hay jurisdicciones y juzgados colapsados mientras otros tienen una carga de trabajo mínima, como los juzgados de menores o las salas civiles y penales de los tribunales superiores de justicia. Un primer paso sería hacer una radiografía de los juzgados existentes y de su carga de trabajo. Las estadísticas ahora no son fiables. Están las del Poder Judicial, las de las comunidades autónomas… Yo soy partidaria de una auditoría externa que diga de verdad quién sobra, quién no sobra y cuántos y dónde faltan”.




Hacen falta más jueces, pero no necesariamente más juzgados. Los magistrados plantean la posibilidad de crear, en vez de más juzgados unipersonales, tribunales de instancia en los que un secretario y un grupo de funcionarios puedan atender las necesidades de varios jueces. Porque los atascos no suelen estar en la tramitación de los casos sino en las resoluciones que tienen que dictar los magistrados. Así, la creación de nuevas plazas de juez no conllevaría la creación del mismo número de órganos judiciales y exigiría una menor inversión. “Esto supondría que el trabajo se podría repartir racionalmente entre todos los miembros de ese tribunal”, defiende José María Páez, juez decano de Málaga. “Y se evitaría esa situación tan absurda de que en un juzgado entren 2.500 asuntos al año y en otro 250”.
Sobre la mesa está también modificar el número de partidos judiciales en los que se divide España, 431, para simplificar el modelo y poder concentrar los recursos. “¿Qué sentido tiene que en Asturias haya ahora 18 partidos judiciales?”, se pregunta Ignacio González Vega, portavoz de la asociación progresista Jueces para la Democracia. “Tal y como están configurados, se crearon pensando en que los ciudadanos iban en diligencia, a caballo o a pie”, añade Manuel Almenar, portavoz de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura, de tendencia conservadora. “Hoy en día no tienen sentido. La eficacia requiere partidos judiciales de mayor extensión y grandes sedes donde se concentren juzgados que estén dotados de más medios y mejores servicios de apoyo”.

Toneladas de papel

Otra cuestión: reducir las toneladas de papel que anegan los juzgados. “Para agilizar la justicia hay que arreglar de una vez el tema del expediente digital”, señala Páez, decano de Málaga. “Ahora mismo hay ocho sistemas informáticos distintos —siete de algunas comunidades autónomas con competencias de justicia transferidas y otro del ministerio—, que no se pueden comunicar entre sí. No tiene ningún sentido. ¿Queremos o no queremos que la justicia funcione a nivel nacional? Esa es la gran pregunta”. Los jueces decanos presentaron en octubre un documento consensuado sobre la necesidad de un Pacto de Estado y cuáles deberían ser sus líneas maestras.
Más jueces, mayor concentración de sedes, más y mejores servicios comunes, reorganizar el mapa judicial, más recursos en la oficina judicial avanzar en la senda tecnológica... Sobre el papel, parece fácil. Pero no lo es. La racionalidad suele chocar con unos alcaldes —de todos los partidos— que no quieren que se suprima un solo partido judicial porque lo perciben como una pérdida de poder; con unos intereses sindicales que muchas veces no ven con buenos ojos algunos cambios; con unas comunidades autónomas que se resisten a cambiar su sistema informático para que sea compatible con el resto; y con unos presupuestos —autonómicos y estatales— que no acompañan.
“Todos tenemos muy claro lo que hay que hacer, pero luego no se hace”, lamenta Robles. “Los magistrados, en todo caso, planteamos soluciones para casi todo”, asegura el decano Páez. “Sabemos que el tema de los partidos judiciales es políticamente complicado, así que otra opción sería mantener esos juzgados de partidos pequeños pero con menos competencias y avanzar por el camino de los juzgados especializados y tribunales de instancia. Existen muchos puntos de consenso posible y deberíamos centrarnos en ellos”.

¿Que instruyan los fiscales?

Hay un sinfín de debates abiertos: mejorar la forma de seleccionar a jueces y fiscales para que no solo se valore su memoria; potenciar de verdad los medios alternativos de resolución de conflictos, la mediación y el arbitraje; llevar a cabo reformas procesales valientes que establezcan procedimientos más sencillos y racionales que reduzcan dilaciones y carga de trabajo; una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que sustituya a la de 1881 y que probablemente lleve la instrucción a manos de los fiscales...
“Pero si se quiere ir adelante con esta idea se tiene que garantizar la autonomía de los fiscales y dar la vuelta a su estatuto”, opina Álvaro García, de la Unión Progresista de Fiscales. “La constitución establece que sea el Gobierno quien nombre al Fiscal General del Estado y reformarla es complicado, pero sí se puede blindar la carrera fiscal frente a injerencias políticas e impedir que el fiscal general pueda dar órdenes de no acusar a alguien”.

Un sistema que debe ser imparcial... y parecerlo

La politización de la justicia es la otra gran cuestión que debe abordar un pacto por la Justicia. El sistema no solo tiene que ser independiente, sino que debe parecerlo. El modelo de elección de los miembros del órgano de Gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial, está siempre en el centro de ese debate. De sus 20 vocales, 12 son jueces y 8 son juristas de reconocido prestigio nombrados por el Parlamento. ¿Cómo deben nombrase los 12 procedentes de la judicatura? Los compromisos internacionales aceptados por España exigen que los jueces participen de alguna manera, pero no necesariamente excluyen un modelo mixto que incluya a las Cortes —como el anterior al actual, en el que las asociaciones de jueces preseleccionaban y el Parlamento elegía—. El Partido Popular y Ciudadanos pactaron una elección solo judicial, pero el PSOE no parece estar por la labor de excluir a las Cortes del proceso. El modelo perfecto, de cualquier forma, no existe.
No es lo único que debe revisarse. El régimen de ascensos y promociones es también motivo frecuente de queja entre jueces de base que aseguran que poner sentencias y hacer el trabajo bien no es suficiente para ascender y mejorar en la carrera; que quien no tiene contactos y se mueve políticamente no tiene acceso a ciertos cargos y que el interés del Gobierno por controlar determinados espacios, como la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, lo contamina todo. “Sería esencial objetivar el régimen de nombramientos, que haya que motivar exhaustivamente cada elección y que todo se lleve a cabo con la más absoluta transparencia”, defiende Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española.
“Es necesario replanteárselo todo”, dice el juez Seoane entre su montón de expedientes de papel. “Hasta ahora no ha habido una conciencia democrática de que sin una justicia que funcione no hay división de poderes”.

O más impuestos o más recortes



El trabajo del futuro

EL DESPRECIO COMO POLÍTICA Y COMO ESTRATEGIA ▼ James Mattis, un ‘monje guerrero’ para un presidente inexperto | Estados Unidos | EL PAÍS

James Mattis, un ‘monje guerrero’ para un presidente inexperto | Estados Unidos | EL PAÍS

James Mattis, un ‘monje guerrero’ para un presidente inexperto

El nominado a secretario de Defensa combina la agresividad bélica con una actitud reflexiva e intelectual



James Mattis, en 2010 REUTERS - QUALITY

El general retirado James Mattis tiene una doble cara que reflejan sus apodos. Le llaman perro furioso por su estrategia agresiva en el campo de batalla, y también el monje guerrero por su actitud reflexiva y bagaje intelectual. Mattis, de 66 años, es el elegido por Donald Trump para ser el próximo secretario de Defensa de Estados Unidos.
Su nombramiento, que depende de la aprobación del Congreso, supondría su retorno al mundo castrense, del que se retiró en 2013 tras 41 años en el Cuerpo de Marines. Y el broche a una carrera especializada en Oriente Próximo. Mattis, aclamado entre los rangos, ha liderado algunas de las batallas más importantes de la última década en Afganistán e Irak, donde utilizó el mote Caos en una operación de los Marines. Y está obsesionado con Irán, que el pasado abril definió como la “amenaza más duradera a la estabilidad y la paz” de la región. Su enemistad feroz con Teherán se especula como el motivo por el que el presidente Barack Obama forzó su retiro hace tres años.
Los éxitos militares encumbraron a Mattis como un estratega, un pensador muy respetado en el mundo político y castrense sobre cómo se ganan o pierden guerras, cómo se refuerza a aliados y se debilita a rivales. Sin pareja ni hijos, el general retirado de cuatro estrellas asegura que no tiene televisión. Es un apasionado de los libros de historia militar.
En su reunión con Trump hace dos semanas, acudió con un libro bajo el brazo y salió sin él. “Gracias a mis lecturas, nunca me han tomado desprevenido en una situación”, dijo en 2003. “No me dan todas las respuestas, pero ilumina lo que suele ser un camino oscuro por delante”.
Es famosa la lista de lecturas obligatorias que Mattis requería a sus subordinados en el Comando Central del Ejército de EE UU, responsable de Oriente Próximo y Asia Central, que dirigió entre 2010 y 2013. Entre ellos, un libro sobre la batalla de las Termópilas en Grecia en el año 480 antes de Cristo, otro sobre la guerra de 2006 en Líbano, o Imperial Grunts de Robert Kaplan, un retrato, publicado en 2005, de soldados estadounidenses.
Mattis, apasionado de Homero y Lawrence de Arabia, también recomendaba artículos periodísticos o el manual de contrainsurgencia que escribió con el general David Petraeus, que Trump baraja como secretario de Estado, sobre cómo combatir a la insurgencia suní en Irak, a la que lograron debilitar.
El nominado a secretario de Defensa aportará realismo a la doctrina militar de Trump, sin experiencia política, que en campaña decía “saber más que los generales” y que un día cuestiona la OTAN y alaba la tortura, y al día siguiente dice lo contrario. Mattis se distancia del presidente electo en su afinidad con Rusia, apoyo a la tortura o rechazo a un intervencionismo activo de Washington. Les une la simpatía por Israel, la confrontación con Irán y la política de mano dura contra el Estado Islámico.
Como Trump, Mattis tiene antecedentes de frases polémicas. “Vas a Afganistán, tienes a hombres que abofetean a mujeres durante cinco años porque no llevan velo”, dijo en 2005. “Así que es tremendamente divertido disparar contra ellos”.

EL CARTEL DE LOS CARTELES || Pablo Escobar: La blanca cocaína de la Puerta del Sol | Blog Siempre saludaba | EL PAÍS

Pablo Escobar: La blanca cocaína de la Puerta del Sol | Blog Siempre saludaba | EL PAÍS

La blanca cocaína de la Puerta del Sol

Asociaciones contra la droga denuncian que un cartel publicitario de 'Narcos' "banaliza" el consumo de estupefacientes


El cartel promocional de 'Narcos', al fondo, en la Puerta del Sol.
El cartel promocional de 'Narcos', al fondo, en la Puerta del Sol. 

El Patrón. El Capo. El Duro. El Zar de la Cocaína. O Pablo Emilio Escobar Gaviria, el histórico narcotraficante. Este viernes se cumplen 23 años de su muerte y una inmensa lona con su rostro luce sobre la fachada del número 11 de la madrileña Puerta del Sol. Pero no es él. Es Wagner Moura, el actor que lo interpreta en la serie Narcos de Netflix, una plataforma de televisión online. La tela gigante muestra a un Escobar serio, con el bigote recortado al milímetro y una camisa con cuello de picos. Y a la derecha de su imagen, un eslogan: "Oh, blanca Navidad", en clara referencia a la cocaína, la droga que le permitió ser el séptimo hombre más rico del mundo, según la revista Forbes.
"Ese cartel es una banalización del consumo de estupefacientes y una falta de respeto a muchas familias y afectados que han sufrido sus consecuencias", denuncia José Luis Rabadán, médico especialista en adicciones y miembro de la Unión de Asociaciones y Entidades de Atención al Drogodependiente (UNAD). "En España, estamos en una situación de banalización brutal del consumo de drogas y de alcohol. Y este anuncio ahonda en el mensaje de que no pasa nada", continúa Elena Presencio, directora general de la Asociación Proyecto Hombre, que se remite a los informes del Ministerio de Sanidad que subrayan, desde hace años, cómo España ha perdido el miedo a los efectos de estas sustancias.
En un país donde, según las cifras de la UE, cerca de 20.000 personas inician un tratamiento cada año por su adicción a la cocaína; el barómetro del CIS recoge que apenas el 0,4% de la población considera actualmente las drogas como uno de los tres principales problemas del país. Esa cifra era del 15,4% hace tres lustros. "Entonces, hubo una gran alarma social derivada de la proliferación de la heroína y su visibilidad", matiza Rabadán, que considera que el cartel de Narcosha "traspasado claramente los límites": "Entiendo que los publicistas tienen que lanzar mensajes provocativos. Pero no han tenido en cuenta el dolor y esfuerzo de muchas personas que han sufrido los efectos del consumo de esta droga".

El Ayuntamiento estudia el contenido

La campaña publicitaria ya ha tenido su impacto. "¿En serio?, ¿Quién ha sido el genio?, ¿Quién ha dejado que pongan esto en un punto tan importante de la ciudad donde este fin de semana vienen miles de familias a la capital a disfrutar del puente…?", se preguntaba una usuaria de Instagram. "Provocar debe ser un principio básico de la publicidad. Y esta, de Narcos en la Puerta del Sol, lo logra", escribía otro en Twitter.
Más allá de la polémica, los trabajadores que se encontraban este viernes en el edificio cuentan que el cartel se retirará antes de que acabe diciembre "porque vienen las cámaras de televisión para las campanadas"; y porque, "cada 9 días, hay un nuevo anuncio". Pero, hasta entonces, ¿su exposición supone una banalización del consumo de drogas, como denuncian las asociaciones?
Netflix, a preguntas de EL PAÍS, ha descartado hacer cualquier comentario. El Ayuntamiento de Madrid, que ya ha iniciado los trámites para estudiar la legalidad del anuncio, afirma que su competencia se limita a la autorización del andamio y de la obra; y que el contenido de la publicidad le corresponde a la Comunidad, donde responden, en cambio, que esa función corre a cargo de la administración local. "Se prohíbe la emisión de mensajes y la utilización de medios publicitarios que atenten contra la dignidad de las personas y los valores constitucionales o que promuevan el consumo de determinadas sustancias adictivas", apunta la ordenanza municipal reguladora de la publicidad exterior.

Un negocio ilegal de 5.700 millones

El negocio ilícito de la cocaína, la droga estimulante más utilizada en Europa, mueve cada año más de 5.700 millones de euros en la UE, según los datos de Europol, que calcula que cerca de 800 muertes en 2013 se encuentran relacionadas directamente con su consumo. En este punto, además, España ocupa una posición clave. Es el país de la Unión donde se practican más incautaciones de este tipo de estupefaciente —el 49% del total— y donde se interceptaron en 2014 más de 21 toneladas (el 35% de las aprehendidas en todos los Estados miembros).
“España, Italia y Reino Unido concentran el 74% de todos los pacientes que inician tratamiento relacionado con la cocaína en Europa”, insiste el estudio anual de 2016 sobre drogas en la UE, donde se recalca que España es el segundo país con la tasa de consumo de cocaína más alta entre los jóvenes de entre 15 y 34 años. Un 3,3% la ha tomado en los 12 últimos meses. Solo Reino Unido supera ese dato: con un porcentaje del 4,2%. 

La simbología nazi retirada

Netflix no es la primera compañía que recurre a la provocación como arma publicitaria. A finales de 2015, Nueva York decidió retirar los anuncios con simbología nazi que se habían colocado en el metro para promocionar la serie The Man in the High Castle. Entonces, la Liga Antidifamación, que controla ataques antisemitas, tachó la campaña de "insensible" porque aparecía fuera de contexto. Y, por su parte, en Barcelona, una ciudad institucionalmente declarada contraria a las corridas, el Ayuntamiento vetó el pasado año la utilización de imágenes taurinas que promocionaban las Fiestas del Pilar de Zaragoza.