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- Inmigrantes en Chile, un polo de atracción de la migración dentro de América Latina, celebran ondeando banderas de sus países en la emblemática Plaza de Armas de Santiago la Fiesta de las Culturas por una Migración Digna, el 18 de diciembre, el Día Internacional del Migrante. Crédito: Orlando Milesi/IPS
- Inmigrantes venezolanos, cuya presencia creció explosivamente en Chile, a raíz del colapso que vive su país, venden con éxito sus productos y comidas típicas en algunos puestos de la Vega Central, el principal mercado alimentario de Santiago y que se ha convertido en un punto de encuentro de este colectivo. Crédito: Orlando Milesi/IPS
- Juan Pablo Ramacciotti, director de Incidencia del chileno y católico Servicio Jesuita a Migrantes, un especialista en el tema migratorio en América Latina, durante su entrevista con IPS en Santiago. Crédito: Orlando Milesi/IPS
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Pacto dignifica y da derechos a migrantes latinoamericanos
- El pacto mundial de Marrakech brinda dignidad y derechos a los migrantes en toda situación y contexto, subrayaron representantes de organizaciones de América Latina y el Caribe, donde unos 30 millones viven fuera de sus países, forzados por razones económicas, sociales, de seguridad, políticas y ahora también climáticas.
Expertos y migrantes de la región lamentaron que algunos países se marginen de este esfuerzo multilateral y de colaboración para resolver un problema global rompiendo con un Pacto que “establece un piso mínimo para dialogar”, como indicó a IPS el peruano Rodolfo Noriega, dirigente de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes en Chile que integran 72 organizaciones.
El Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular fue aprobado en una conferencia intergubernamental en la ciudad marroquí el 10 y el 11 de este mes, por 164 países, que este miércoles 19 lo refrendaron en una votación en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York.
”Hay lugares en donde lo que más le urge al migrante es no perder la vida, o que no lo persigan o que no lo puedan secuestrar en el contexto de una red de tráfico o de trata. También hay otros contextos en que la problemática tiene que ver con la discriminación, el acceso a oportunidades, el acceso a derechos, la valoración como persona y que no se le mire como una cifra”: Juan Pablo Ramacciotti.
Los gobiernos derechistas de Chile y Republica Dominicana se abstuvieron de votar el acuerdo, por considerar que no resguarda los intereses de sus países. Este país sudamericano es actualmente polo de atracción de migrantes de los países vecinos, y en la nación caribeña domina la afluencia de personas desde Haití, con el que comparte la isla La Hispaniola.
El acuerdo, que no es vinculante, tiene 23 objetivos y apunta a “minimizar los factores estructurales” que obligan al éxodo masivo incluyendo medidas contra la trata de personas, la separación de familias de migrantes e instando a la cooperación internacional, en un primer paso para establecer un enfoque común en un mundo en que una de cada 30 personas es migrante.
Juan Pablo Ramacciotti, director de Incidencia del chileno y católico Servicio Jesuita a Migrantes, destacó a IPS que el acuerdo, “reconoce a los migrantes como personas que tienen dignidad y derechos en toda situación y en todo contexto”.
El especialista en migración latinoamericana recordó que actualmente en esta región de 657 millones de habitantes, los puntos de mayor necesidad y crisis de migrantes en la región están en el triángulo norte de América Central y en Venezuela.
En el primer caso, se trata del paso de migrantes procedentes de Guatemala, Honduras y El Salvador hacia México con destino final a Estados Unidos, y en el segundo de los miles de venezolanos que huyen de un país en colapso y modifican la situación de otros países sudamericanos.
”Hoy día se ha relevado ante la opinión pública la caravana de migrantes de 7.000 personas (vía México), pero es una situación que se repite constantemente. Hay caravanas quizás no tan masivas, pero que permanentemente buscan llegar a Estados Unidos. Es una situación grave, un tema crítico, donde hay mucha vulneración de derechos, mucha discriminación y violación de derechos”, dijo Ramacciotti.
Agregó que el segundo problema deriva de la crisis económica y política de Venezuela “porque están saliendo muchas personas desde ese país significando un desafío humanitario y también por la incorporación de todos los venezolanos que llegan a distintos países, sobre todo de Sudamérica”.
El fenómeno de los migrantes alcanza a unos 258 millones de personas en el mundo y a unos 30 millones de latinoamericanos y caribeños y “posee una diversidad de expresiones que han situado el tema en la agenda global”, recordó Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
El fenómeno de los migrantes alcanza a unos 258 millones de personas en el mundo y a unos 30 millones de latinoamericanos y caribeños y “posee una diversidad de expresiones que han situado el tema en la agenda global”, recordó Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
Esta organización de la ONU fue la responsable de coordinar la posición latinoamericana durante los debates previos al Pacto. En su sede en Santiago, se celebró en agosto de 2017 la que fue la primera reunión regional del mundo para fijar una posición común, que concluyó con la demanda, entre otras cosas, de que el acuerdo ratificase el derecho humano a la libre circulación de las personas.
En esta región se incrementó la migración principalmente con el éxodo desde América Central hacia Estados Unidos. Hacia el 2015, 89 por ciento de los emigrantes salvadoreños, 87 por ciento de los guatemaltecos y un 82 por ciento de los hondureños residían en Estados Unidos.
Bárcena ha indicado que el pacto “es una respuesta de la comunidad internacional frente a los desafíos y oportunidades que plantea la migración en una agenda global. Se trata de un instrumento histórico que constituye un ejemplo de renovado interés multilateral”.
A juicio de la alta funcionaria de la ONU, la complejidad de la migración en la región “ha ido en aumento, como lo revelan los movimientos en Centroamérica y las insuficientes respuestas frente a los llamados flujos mixtos, incluyendo niñas y niños migrantes no acompañados; la emigración desde Venezuela y las nuevas realidades que enfrentan los países receptores; la emigración desde Haití y las discriminaciones que sufren sus emigrantes”.
“Y como corolario, el cuadro de contrastantes realidades expresadas en el sinfín de adversidades que enfrentan muchas personas migrantes en sus travesías”, subrayó Bárcena.
Ramacciotti recordó que las migraciones se producen por situaciones de crisis humanitaria, crisis política, de extrema pobreza y de guerra y por ello es muy importante “que nos hagamos cargo de manera conjunta de un problema y un desafío que es de todos”.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), cuya sede regional también está en Santiago, sumó otros dos ingredientes como expulsores de la población en países latinoamericanos: el cambio climático y la falta de oportunidades en el campo.
En América Central, por ejemplo, “La masiva migración irregular que hemos visto en los últimos meses es una consecuencia directa de la inseguridad alimentaria, las crisis climáticas, la erosión del tejido social y la falta de oportunidades económicas en las aldeas y territorios rurales de estos países”, explicó este mismo mes Kostas Stamoulis, subdirector genral del Departamento de Desarrollo Económico y Social de la FAO.
Por toda la complejidad del fenómeno, “que la migración sea un tema que cada país ve según sus propios criterios, de la frontera hacia adentro, no es un camino que permita abordar el fenómeno con visión de futuro ni haciéndonos cargo que es algo que tiene que ver con países de origen, de tránsito y de destino”, subrayó Ramacciotti.
Para el especialista, hoy es necesario “optar por un pacto en que nos ponemos de acuerdo sobre grandes temas y que nos ayude a avanzar de manera conjunta es una muy buena noticia para todos”.
Noriega, por su parte, criticó el carácter no vinculante del pacto y que, además, “se sobrevalore la potestad y autoridad del Estado sin dar una garantía más explícita y plena al derecho a migrar”.
El pacto significa “tener un piso mínimo de dialogo” admitió, pero criticó que se reafirme “la potestad del Estado de decidir quién entra y quién no a sus países y decidir cuál es el tratamiento para inmigrantes irregulares o regulares”.
Agregó que “un aspecto bastante positivo es que reafirma principios que ya el derecho internacional ha venido dando como, por ejemplo, recurrir en última instancia y de manera excepcional a la medida de expulsión”.
Sobre las amenazas mayores hacia los migrantes, Ramacciotti dijo que dependen del contexto y de la zona que uno observe.
”Hay lugares en donde lo que más le urge al migrante es no perder la vida, o que no lo persigan o que no lo puedan secuestrar en el contexto de una red de tráfico o de trata. También hay otros contextos en que la problemática tiene que ver con la discriminación, el acceso a oportunidades, el acceso a derechos, la valoración como persona y que no se le mire como una cifra”, explicó.
Edición: Estrella Gutiérrez
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