Investigaciones y campañas feministas empiezan a poner la mirada sobre el drama de las niñas latinoamericanas que antes de los 14 años son forzadas al embarazo y la maternidad producto de violaciones sexuales que afectan sus proyectos de vida sin que los Estados respondan con políticas que garanticen sus derechos humanos.
“En 2001 me violaron. Tenía 31 años, dos títulos universitarios, posgrado en curso, familia, amigos, trabajo. Muchos más recursos que los que tienen la mayoría de las víctimas de violación. Así y todo, se abrió un calvario que aún hoy deja secuelas”.
Judia Ndiaye, quien terminará su maestría en Derecho en la senegalesa Universidad de Cheij Anta Diop el año próximo, quiere ayudar a las comunidades locales, como la suya, Hann Bel-Air, donde es raro ver mujeres en la profesión. Pero hubo tiempo en el que no podía ni soñar con ello y se expuso a una terrible experiencia en el extranjero.
A los cinco meses del comienzo del año lectivo, los padres de Sneha, de 15 años, la sacaron de la escuela en Bhilwara, una ciudad del desértico estado de Rajasthan, en India, porque necesitaban que cuidara de sus cuatro hermanos menores, cocinara y limpiara mientras ellos trabajaban en la granja.
Delgada y nerviosa, la trabajadora Belkis Rondón, de 57 años, siente que su problema nunca tendrá solución. “He hecho muchas denuncias, pero nadie me da respuestas… ni la policía ni (las autoridades de) vivienda”, dice esta vecina de barrio de Alamar Este, en la periferia de la capital cubana.
Podríamos llamar a Malti Tudu, una joven de 20 años, “la destrozabodas”. Su único objetivo es impedir que una boda llegue siquiera a comenzar. Al menos, si la novia es menor de edad.
Su título revela su poder: la Reina Madre. “Cuando hablamos, la gente escucha. Y decimos que vamos a poner fin a esas (prácticas) tradicionales perjudiciales porque no son buenas para nuestras comunidades, especialmente en el caso del matrimonio infantil y precoz”, dice la ugandesa Best Kemigisa.
Ciega tras una golpiza de su exmarido, Susana Gómez se libró de sumarse a la lista de los cerca de 2.800 feminicidios cometidos anualmente en América Latina, pero su caso evidencia porqué las políticas públicas y leyes están lejos de alivianar la violencia de género en la región.
Como activista por los derechos de las mujeres indígenas en el sur de México, Elisa Zepeda Lagunas ha sufrido el tipo de violencia que hubiera acabado con cualquiera. Fue arrastrada a la plaza de la ciudad y atacada a machetazos hasta prácticamente la muerte, quemaron su casa y asesinaron a su hermano.
Berta Antonieta Bustamante caminaba hacia la escuela un día, con apenas 11 años, cuando un hombre pasó detrás de ella y la toqueteó. “No pude hacer nada”, recuerda. “Quienes no podemos usar nuestra voz ni siquiera podemos oponernos”. Berta Antonieta Bustamante es sorda y no puede hablar.
El borrador del artículo 68, que abriría la puerta al matrimonio igualitario en la nueva Constitución, ha acaparado el debate popular sobre el proyecto en Cuba, donde reflotaron prejuicios y confusiones sobre género y los derechos sexuales.
La participación de mujeres en la Cámara de Diputados de Brasil aumentó 50 por ciento en las elecciones de octubre, en un resultado que refleja avances feministas y a la vez un recrudecimiento del antifeminismo.
La semilla la puso hace más de 20 años un grupo de mujeres indígenas que empezó a reunirse para intentar recuperar memorias de sus pueblos. Hoy también son las mujeres las grandes protagonistas de La Voz Indígena, una radio única, en el norte de Argentina, que transmite todos los días en siete lenguas.
Con tan solo cinco años ya se sentía mujer. Aprovechaba los momentos que estaba sola en su casa, le pasaba llave a la puerta para que nadie la sorprendiera y se ponía vestidos. “Era el único momento del día en el que me sentía yo”, recuerda la uruguaya Delfina Martínez.
Canadá, muchas veces descrito como uno de los países más progresistas del mundo, legalizó los derechos de la comunidad LGBTI, aboga por el empoderamiento de las mujeres, apoya al derecho al aborto y, en los últimos tiempos, pasó a ser una de las economías más grandes en legalizar el consumo de marihuana con fines recreativos.
Rahti Begum vive en una casa flotante en el lago Dal, uno de los más conocidos de Cachemira. Allí la pesca ha sido la principal fuente de ingresos de su familia desde hace generaciones. Pero si no se toman medidas pronto para mejorar el sector, no quedará nada él.
La comunidad internacional conmemorará dos hitos en materia de población y desarrollo el año próximo, cuando se cumplirán 50 años del Fondo de Población de las Naciones Unidas y 25 del Programa de Acción, adoptado en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD), realizada en El Cairo en 1994.
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