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Mujeres latinoamericanas soportan especial violencia en la política
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Elisa Zepeda, la primera alcaldesa del municipio de Eloxochitlán de Flores Magón, en el sureño estado mexicano de Oaxaca, rodeada de su cuerpo edilicio. Crédito: Onu Mujeres
- Como activista por los derechos de las mujeres indígenas en el sur de México, Elisa Zepeda Lagunas ha sufrido el tipo de violencia que hubiera acabado con cualquiera. Fue arrastrada a la plaza de la ciudad y atacada a machetazos hasta prácticamente la muerte, quemaron su casa y asesinaron a su hermano.
“Nos tendieron una emboscada… para que detuviéramos el movimiento que estaba liderando”, explica Zepeda Lagunas, de 34 años.
“Me dijeron: ‘Esto es lo que pasa cuando te metes en temas que no te incumben’… Me torturaron y me hicieron cosas sobre las que todavía me cuesta hablar”, precisa.
Sin embargo, esto no detuvo el activismo de Zepeda Lagunas. Perseveró y se presentó como candidata política, siendo elegida en 2016 como la primera alcaldesa del municipio de Eloxochitlán de Flores Magón, en el distrito de Teotitlán del sureño estado mexicano de Oaxaca. En julio de 2018, fue elegida para el Congreso del estado de Oaxaca.
“Pese a todos los riesgos, me presenté porque este cargo me ofrece una gran oportunidad para alzar la voz a otro nivel, como legisladora, y tenemos mucho trabajo por hacer”, afirma. “Para mí es imprescindible ocupar estos espacios y abrirlos a otras personas”.
En la actualidad, en América Latina las mujeres ocupan el 27,3 por ciento de los puestos locales como miembros municipales o concejalas, un aumento del 6,5 por ciento durante los últimos 10 años, lo que coloca la región como la primera a nivel mundial en cargos locales y parlamentarios ocupados por mujeres.
No obstante, el camino no ha sido fácil para las mujeres que se dedican a la política en América Latina. El acoso, las amenazas e incluso la muerte han hecho que esta carrera profesional sea una opción arriesgada, porque para conseguir su participación política, ellas tienen que hacer frente a una creciente violencia contra su presencia en la política.
Esto es cierto incluso en el caso de Bolivia, donde la igualdad está garantizada y las mujeres representan el 53,1 por ciento del conjunto parlamentario —el tercer porcentaje más alto a nivel mundial— y el 44,1 por ciento del conjunto de concejalas y concejales (en 2014).
Bolivia
“Nuestra batalla se libró en las calles, en las cárceles, a base de recibir golpes… Nos costó mucha sangre y muchas muertes”, explica Leonida Zurita, que inició su carrera política como activista sindical agrícola antes de convertirse en la primera mujer en dirigir la Asamblea Regional de Cochabamba en 2015.
En 2017, fue nombrada presidenta de la Asociación de Mujeres Asambleístas Departamentales del Estado Plurinacional de Bolivia (AMADBOL), que se creó con asistencia técnica y financiera de ONU Mujeres.
Zurita explica que la representación ha mejorado enormemente para las mujeres, gracias a la legislación y a una nueva constitución, pero que el acoso y la violencia política siguen muy presentes.
Leonida Zurita, presidenta de la Asociación de Mujeres Asambleístas Departamentales del Estado Plurinacional de Bolivia. Crédito: David Villegas/ONU Mujeres
El asesinato en 2012 de la concejala boliviana Juana Quispe —que había presentado denuncias por acoso y estaba promoviendo una ley para proteger a las mujeres políticas contra la violencia— y el asesinato de la concejala Daguimar Rivera Ortiz unos meses más tarde, impulsaron la petición urgente de instaurar una ley que abordara la violencia contra las mujeres en el ámbito de la política.
En 2012 se aprobó la histórica ley de Bolivia contra el acoso y la violencia política hacia las mujeres (Ley 243), que se convirtió en la primera —y todavía única— ley independiente de este tipo en el mundo. ONU Mujeres proporcionó asistencia técnica y financiera para esta legislación, por la que se aplican sentencias de cárcel de dos a cinco años para cualquier persona que presione, persiga, acose o amenace a una mujer que ejerza funciones públicas, y de hasta ocho años de cárcel para quienes cometan agresiones físicas, psicológicas o sexuales.
Sin embargo, las reformas jurídicas de Bolivia “no cambiaron los sistemas patriarcales o la cultura del machismo de la noche a la mañana, y no tardaron en aparecer y generalizarse las reacciones contra las mujeres que ocupaban cargos políticos”, explica Katia Uriona, expresidenta del Tribunal Electoral del Estado Plurinacional de Bolivia.
Aliada de ONU Mujeres desde hace tiempo, Uriona formó parte de una reunión de un grupo de personas expertas sobre cómo poner fin a la violencia contra las mujeres en la política, organizada conjuntamente por ONU Mujeres en marzo de 2018.
Uriona afirma que la Ley 243 ha tenido un valor inestimable a la hora de dar visibilidad a la cuestión, si bien sigue habiendo retos en su implementación, ya que no ha habido ningún caso que se haya resuelto con penas de cárcel.
Un reciente estudio realizado por la Coordinadora de la Mujer de Bolivia, una entidad beneficiaria del Fondo para la Igualdad de Género, reveló que entre el 65 y el 70 por ciento de las mujeres parlamentarias ha sido víctima de acoso y violencia política.
“Lo triste es que estas formas de violencia y acoso están totalmente normalizadas en el ámbito de la política y forman parte de su cultura, tanto de los partidos como del propio sistema democrático”, afirma la directora ejecutiva de la Coordinadora de la Mujer, Mónica Novillo.
En 2017, ONU Mujeres prestó asistencia al Tribunal Supremo Electoral de Bolivia para crear un Observatorio de la Paridad Democrática contra el acoso y la violencia política. Este observatorio supervisa tanto la paridad de género y la paridad intercultural como los derechos políticos de las mujeres, además de hacer un seguimiento y generar conciencia sobre la participación política de las mujeres (incluida la violencia) y generar datos.
Como parte de los esfuerzos continuos que se realizan, se presentó una ley sobre la paridad en los partidos políticos bolivianos —con una sección dedicada a la violencia contra las mujeres en la política— ante la Asamblea Legislativa en junio de este año, que se aprobó el 1 de septiembre.
Brasil
En Brasil, las mujeres que se dedican a la política se enfrentan a riesgos similares y aquellas que pertenecen a grupos indígenas o son afrodescendientes sufren amenazas por partida doble. En marzo de 2018, el asesinato de Marielle Franco, de 38 años de edad, concejala de Río y conocida defensora de los derechos humanos de las personas afrodescendientes, copó los titulares de todo el mundo e hizo aflorar los sentimientos del público.
ONU Mujeres ha colaborado con entidades socias que impulsan esfuerzos de promoción para generar conciencia en torno a este tipo de violencia, también durante el proceso de destitución contra la expresidenta de Brasil Dilma Rousseff, destacando diversas situaciones de violencia política dirigidas contra su persona durante 2015 y 2016.
En asociación con la sociedad civil y alcaldesas y alcaldes locales, ONU Mujeres ha trabajado para visibilizar mejor la violencia contra las mujeres en la política antes y durante los procesos electorales, y para promover la participación política de las mujeres.
Como parte de la iniciativa Brasil 50-50 para lograr la paridad de género en el ámbito de la política, una campaña independiente sobre el periodismo de datos llamada “Gênero e Número” (Género y Número) está aumentando la visibilidad de las mujeres negras, indígenas y LBTI, que tienen una representación muy insuficiente en los círculos políticos, así como de la violencia política contra las mujeres.
“Es necesario poner los derechos de las mujeres en el centro del debate público sobre las elecciones” ha dicho Nadine Gasman, Representante de ONU Mujeres en Brasil.
“ONU Mujeres ha desarrollado plataformas para que los y las candidatas expresen sus posiciones y se comprometan con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, con un énfasis en la igualdad de género. Sabemos que no podemos conseguir un desarrollo sostenible sin la participación igualitaria en política de hombres y mujeres”, plantea Gasman.
Honduras
En Honduras, Fátima Mena Baide, concejala municipal de San Pedro Sula, ha sufrido repetidamente amenazas y agresiones. A los 28 años y siendo madre de un hijo de un año, fundó un partido político, se presentó a las elecciones y fue elegida para ocupar un cargo en el parlamento en 2014.
Al presentarse para alcaldesa en 2017, recibió un aluvión de mensajes de texto y de medios sociales enviados desde perfiles falsos, en los que se le decía que cuidara de su hijo en lugar de presentarse a las elecciones, o bien la amenazaban haciendo referencia a su seguridad personal o la de su hijo.
Elisa Zepeda, al frente, durante un recorrido por áreas de su municipio. Crédito: ONU Mujeres
Fue atacada físicamente: recibió golpes, un congresista que se presentaba a la reelección la tiró del pelo, y tuvo que evitar hacer campaña en determinados distritos porque existía una orden de asesinarla.
“Lo que mantiene a las mujeres fuertes es saber que lo que están sufriendo es violencia política contra ellas, por ser mujeres”, afirma Mena Baide, que también intervino en la reunión del grupo de personas expertas organizado por ONU Mujeres en marzo.
“En ocasiones la policía ni siquiera es consciente de lo que representa la violencia política. Ni siquiera conocen el término”, reflexiona.
Mena Baide se personó ante las autoridades, pero la policía no registró ninguna denuncia. Tampoco sirvió de nada denunciar los incidentes dentro de su propio partido. Ella afirma que únicamente grupos de mujeres y la comunidad internacional le han mostrado un apoyo tangible.
México
“Si la protección significa apartar a una mujer de su trabajo, ¿entonces quién gana?”, pregunta María del Carmen Alanís Figueroa, académica invitada en la Facultad de Derecho de Harvard. Ella fue la primera mujer de México en dirigir el Tribunal Electoral del Poder Judicial.
En la reunión del grupo de personas expertas celebrado en marzo, detalló los esfuerzos que realiza México para proteger a las mujeres políticas en ausencia de una ley especial. “Hay que sancionar al agresor, al partido. La protección de las mujeres en el ámbito de la política no significa apartarlas de la política. Tenemos que hacer algo diferente: eso es la reparación”, afirma.
En 2014 se produjo un avance con la aprobación del país de un Protocolo judicial federal para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (renovado en 2017), con el Tribunal Electoral como su principal autoridad.
Asimismo, ONU Mujeres México contribuyó a la elaboración de un Protocolo modelo para la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género en consonancia con el protocolo federal del estado de Oaxaca, que ha propiciado otros protocolos estatales en el país.
“El protocolo es como una declaración política por la cual se reconoce que existe un problema y que hay instituciones que tienen voluntad de actuar…”, sostiene la experta en política y género Mónica Maccise Duayhe, directora de la Unidad de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto Nacional Electoral de México.
“Al menos nos facilita la coordinación y el hecho de contar con un instrumento homogéneo. Pero el protocolo no es suficiente. Necesitamos mecanismos adicionales para subsanar las deficiencias”, plantea.
A pesar de contar con más de 4.000 candidatas para las diferentes instancias del gobierno en las pasadas elecciones de julio de 2018, Maccise Duayhe señala que únicamente se denunciaron 38 casos de violencia política por motivos de género a nivel nacional, de los cuales solamente tres dieron como resultado medidas de protección.
En su opinión, más mujeres denunciarían este tipo de violencia si hubiera una ley o sanciones más contundentes.
“Lo que no se puede hacer es depender únicamente del cambio legislativo, o de un mecanismo, o del protocolo”, afirma. “Necesitamos una mejor coordinación institucional. Necesitamos capacitar a juezas y jueces. Es un proceso”, añade.
Maccise Duayhe, que también dirigió el programa de igualdad de género del Tribunal Supremo de México, contribuyó a lograr el compromiso de nueve partidos políticos mexicanos para unirse a la campaña HeForShe de ONU Mujeres antes de las últimas elecciones. Así, se comprometieron a promover los derechos de las mujeres en sus plataformas, garantizar la paridad en sus órganos rectores y combatir la violencia política por motivos de género.
ONU Mujeres México se ha esforzado por fortalecer las capacidades de los gobiernos, las organizaciones de la sociedad civil y las mujeres políticas, mediante foros de capacitación regional y su afiliación en espacios como, por ejemplo, el Observatorio de Participación Política de las Mujeres y el grupo de trabajo sobre violencia política contra las mujeres.
De nuevo en Oaxaca, Zepeda Lagunas es una de las 23 mujeres (frente a 19 hombres) que ahora componen la mayoría del Congreso del Estado de Oaxaca.
Las elecciones de julio arrojaron cifras récord de mujeres electas en México, lo que incluye el 48,2 por ciento de la cámara baja del Congreso federal y el 49,2 por ciento del Senado, lo que representa el tercer y cuarto índice más alto a nivel mundial.
“Queremos abrir una escuela de capacitación para el empoderamiento político de las mujeres en las 41 municipalidades de mi distrito”, afirma Zepeda Lagunas.
“También queremos tipificar la violencia contra las mujeres en el ámbito de la política, ya que no se están aplicando las sentencias de los pocos juicios que se han iniciado… Poco a poco vamos avanzando, y siento que todo ha valido la pena”, agrega.
Este artículo fue publicado originalmente por ONU Mujeres, como parte de sus historias sobre #EscúchameTambién, su lema durante los 16 Días de activismo contra la violencia de género, entre el 25 de noviembre y el 10 de diciembre. IPS lo reproduce por un acuerdo especial con ONU Mujeres y como contribución a estas jornadas contra la violencia machista.
RV:EG
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