Maduro intensifica el hostigamiento a los líderes opositores venezolanos

Entre las nuevas víctimas del cerco del chavismo figuran Roberto Picón, Arístides Moreno o a Carlos Graffe de la Mesa de Unidad Democrática

Caracas 19 JUL 2017 - 02:41 ART

Un camión arde este martes durante una protesta de la oposición en Caracas. FOTO: AFP (JUAN BARRETO). VÍDEO: ATLAS

El Gobierno venezolano ha intensificado en las últimas semanas el ritmo de las detenciones de líderes opositores. Esta escalada contrasta con la excarcelación de Leopoldo López, hace 10 días, que se interpretó como un gesto de distensión del régimen. Entre las nuevas víctimas del hostigamiento de Nicolás Maduro, que no está dispuesto a renunciar a las elecciones constituyentes del 30 de julio, figuran los dirigentes de la Mesa de Unidad Democrática (MUD) Roberto Picón, Arístides Moreno o a Carlos Graffe.

La consulta popular llevada a cabo el pasado domingo por la oposición venezolana bajo el amparo de la Asamblea Nacional, que controla desde enero de 2016, fue una hazaña logística. Participaron 7,6 millones de ciudadanos en 14.000 mesas, y todo organizado sin recursos del Estado, sin publicidad y en apenas unos pocos días. Al final de la jornada, diversos voceros opositores reconocieron el logro, que, aunque debido a miles de voluntarios, adjudicaron a una persona en especial: Roberto Picón.

Picón, en realidad, está detenido en calabozos de organismos de seguridad del Estado desde la noche del 22 de junio. Entonces fue arrestado junto a otro asesor de la Mesa de Unidad Democrática (MUD, alianza opositora), Arístides Moreno —exviceministro en el segundo Gobierno (1989-93) del presidente socialdemócrata Carlos Andrés Pérez—, en una residencia del este de Caracas, justo cuando iban a iniciar una reunión.

Picón es un ingeniero electrónico y empresario que, como jefe técnico de la MUD, no solo estuvo a cargo de los preparativos iniciales del plebiscito opositor, sino también de la reestructuración recientemente acordada de la alianza opositora, que incluye la reactivación del llamado G4 —el comité ejecutivo que agrupa a los cuatro principales partidos— con un esquema ampliado.

Según Maduro, Picón formaba parte de una conspiración para vulnerar las bases de datos y los sistemas de computación del Consejo Nacional Electoral (CNE), que en la actualidad organiza los comicios para elegir diputados a la Asamblea Nacional Constituyente, que el Gobierno auspicia, el próximo 30 de julio. El caso de Picón —quien ha sido sometido a la justicia militar, bajo cargos como traición a la patria y rebelión militar— ilustra la escala represiva que el Gobierno de Maduro ha iniciado para garantizar el proceso constituyente.

Más de 400 presos

La escalada contradice en los hechos el gesto de distensión que el Gobierno mostró con el traslado de Leopoldo López desde la cárcel militar de Ramo Verde a su hogar en el este de Caracas, su nuevo sitio de reclusión, el pasado 8 de julio. Aunque la expectativa era que se producirían nuevos cambios de régimen y liberaciones de presos políticos —que, según diversas organizaciones, suman más de 400—, la tendencia ha sido la contraria. Se reportan nuevos arrestos mientras las facciones fundamentalistas del chavismo piden más “mano dura” para sofocar lo que ya perciben como una rebelión para derrocar a la Revolución Bolivariana.

El pasado viernes, la policía política detuvo en una céntrica avenida de Valencia, tercera ciudad de Venezuela, a Carlos Graffe, dirigente regional de Voluntad Popular (VP), el partido de López. Según las autoridades, en el momento de su arresto le incautaron explosivos. Graffe, que ahora enfrenta imputaciones por delitos militares, fue recluido en la cárcel de Ramo Verde.

Otro caso es el del diputado de oposición al Consejo Legislativo del Estado de Barinas (suroccidente de Venezuela) Wilmer Azuaje, quien permanece detenido desde comienzos de mayo en la sede en Caracas del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin). La fiscalía pidió al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) aclarar la situación de Azuaje y darle la libertad. Pero la policía política se niega.

Mientras tanto, el Ministerio Público venezolano (MP) ha informado de que investiga la muerte de un hombre que fue quemado durante una manifestación en el estado oriental de Anzoátegui, lo que eleva a 96 la cifra de fallecidos en la ola protestas iniciada en abril.