Corrupción extendida
El ‘caso Odebrecht’ revela la necesidad de regeneración política en varios países
Un trabajador de Odebrecht en un proyecto en Perú. ENRIQUE CASTRO-MENDIVIL REUTERS
Algunos de los más importantes países democráticos de Latinoamérica necesitan urgentemente establecer los mecanismos necesarios de lucha contra la corrupción que eviten que esta lacra cause un profundo daño no solo a sus economías sino a la credibilidad de sus propios sistemas políticos. El escándalo Odebrecht es probablemente el mejor ejemplo a escala global de las gravísimas consecuencias políticas y sociales que una trama internacional muy bien organizada de sobornos a jefes de Estado y gobierno puede causar.
La entrevista exclusiva publicada por EL PAÍS a Rodrigo Tacla, exletrado del Departamento de Operaciones Estructuradas de la Odebrecht —la unidad de negocios de la constructora brasileña especializada en comprar voluntades de políticos de todo el continente americano— muestra un panorama de corrupción sistematizada y admitida. Algo incompatible con cualquier noción de respeto a las normas democráticas de transparencia del sistema y respeto a los contribuyentes y votantes de cada país afectado.
Las revelaciones de Tacla explican un modus operandi completamente mafioso de la constructora que parasitaba precisamente el sistema democrático de los países en los que ponía el objetivo con una primera aproximación mediante la financiación de campañas electorales. Después, con una red de pagos, regalos y chantajes de todo tipo, Odebrecht convertía literalmente a miles de funcionarios latinoamericanos en sus cómplices. Una trampa cuya única salida posible es la cárcel. Así ha sucedido el caso del presidente de la empresa, Marcelo Odebrecht —condenado a 19 años de prisión— y de 77 altos directivos de su compañía.
El hecho de que el escándalo afecte a numerosos líderes latinoamericanos coloca a varios países ante una peligrosa crisis institucional. Desde exmandatarios como el peruano Ollanta Humala o el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva a —lo que es peor en términos de estabilidad política— presidentes en ejercicio como Michel Temer de Brasil, Juan Manuel Santos de Colombia y Danilo Medina de República Dominicana, la lista amenaza con aumentar con el avance de las investigaciones.
Parece como si con la recuperación de la democracia en muchos países latinoamericanos tras años de dictaduras se hubiera producido una peligrosa combinación de Estados débiles, administraciones incapaces y necesidad de desarrollo rápido en infraestructuras. Todo ello a lomos de un importante crecimiento impulsado por años de bonanza ha dado como resultado una colosal burbuja de sobornos que debía estallar.
Es fundamental que las sociedades afectadas no caigan en un peligroso desencanto del sistema democrático ante el grado de la penetración de la corrupción. Para ello es necesario primero una actuación contundente de los tribunales, como está haciendo la Justicia brasileña, y después la puesta en marcha de medidas de control y transparencia que eviten el saqueo de las arcas públicas que han sufrido los países afectados por el caso Odebrecht. Y esto último no podrá hacerse sin una transformación profunda de la clase polítca y de sus principios y prioridades.
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