Un pacto para avanzar
El acuerdo permitirá dar un salto en la lucha contra la violencia machista
Miembros de diferentes partidos durante la reunión de la subcomisión del Congreso. ZIPI EFE
Tras seis meses de intenso trabajo parlamentario y la comparecencia de 66 expertos ante la subcomisión del Congreso creada al efecto, las fuerzas políticas han alcanzado finalmente un pacto de Estado contra la violencia de género. El acuerdo ha de dar un nuevo impulso a una lucha que corría el riesgo de quedar paralizada por la impotencia o el conformismo. En lo que llevamos de año han sido asesinadas 32 mujeres —cinco más que en el mismo periodo del año anterior— y seis menores, y otros 16 han quedado huérfanos. La ley contra la Violencia de Género de 2004 permitió cambiar el paradigma de fatalidad y dar un salto, tanto en la protección de las mujeres amenazadas como en el castigo de los maltratadores. Pero su aplicación era desigual y era preciso superar además carencias importantes.
El pacto tiene la virtud de la concreción: 200 medidas y un presupuesto de 1.000 millones de euros en cinco años, que las fuerzas de la oposición quieren que tenga carácter extraordinario y finalista. El abanico de medidas incluye cambios legales y de reorganización de los dispositivos con el objetivo de garantizar una respuesta rápida, eficaz y homogénea en todo el país. Una de las medidas más importantes es el cambio de criterio en la definición de víctima. Hasta ahora, para que las mujeres pudieran acceder a servicios de ayuda y protección, era preciso que hubiera presentado antes denuncia. Este requisito frenaba la petición de asistencia, pues muchas mujeres amenazadas no se ven con fuerzas para enfrentarse al maltratador. A partir de ahora, se podrá acceder a protección y ayuda mediante una acreditación como víctima que podrán emitir tanto organismos judiciales como policiales y sociales específicos. Otros acuerdos importantes son la protección específica de los menores, la supresión del atenuante de confesión, restricciones en la aplicación de la custodia compartida y el compromiso de estudiar una fórmula para evitar que la dispensa de la obligación de declarar por parte de la víctima favorezca la impunidad del maltratador.
Desde el punto de vista organizativo hay que destacar la recuperación de competencias por parte de los ayuntamientos. Al ser la administración más cercana, tienen mayor capacidad de detección de los casos y, por tanto, pueden ser más eficaces. La falta de coordinación entre instituciones y la escasa especialización de algunos servicios es la causa de que los resultados sean hoy muy desiguales. El pacto prevé medidas para garantizar que, cuando se detecte un caso, se active de forma rápida un sistema de acompañamiento de la víctima que evite su desprotección. La casuística demuestra que el momento de mayor peligro es la fase posterior a la ruptura o la denuncia. La existencia de unidades multidisciplinares específicamente formadas para este tipo de problemática mejorará sin duda la respuesta.
Habrá que esperar a la votación del próximo viernes para ver cómo queda la redacción final del artículo uno. En él se contempla introducir otros tipos de violencia contra las mujeres fuera de la pareja, como la mutilación genital o la prostitución forzosa. También será una prueba importante del grado de compromiso adquirido el que se apruebe una comisión parlamentaria de evaluación y seguimiento.
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