La gobernabilidad de Nicaragua se vislumbra difícil en 2017
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El reelecto mandatario Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, elegida como vicepresidenta en noviembre, en unos comicios que han despertado críticas internacionales y que ampliará el control del poder de la pareja presidencial. Crédito: Oscar Navarrete/IPS
- Con la amenaza de un bloqueo crediticio de Estados Unidos y otras señales de un paulatino cerco internacional, Nicaragua afronta en 2017 un camino empedrado para su gobernabilidad democrática y económica.
El exguerrillero Daniel Ortega iniciará el 10 de enero su tercer mandato consecutivo, tras su triunfo en los comicios del 6 de noviembre, en medio de acciones contra la falta de alternabilidad, como la de congresistas de Estados Unidos, que promueven un proyecto de ley para bloquear fondos de organismos financieros al país.
La administración de Washington en vez de felicitar por su triunfo a Ortega y al gobernante e izquierdista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), cuestionó los comicios y demandó mayor apertura democrática. También la Unión Europea “lamentó” las condiciones en que se produjeron las elecciones.
En su tercera concurrencia consecutiva a las urnas, Ortega, de 71 años y en el poder desde 2007, obtuvo 72,44 por ciento de los votos, según el Poder Electoral, en unos comicios cuestionados dentro y fuera de Nicaragua por la exclusión de los principales grupos opositores y la falta de transparencia en el proceso.
“Ortega aspira a cumplir otros cinco años en el poder, aunque sea bajo tormenta”, analizó para IPS el sociólogo y economista Óscar René Vargas, un dirigente histórico del FSLN, ahora disidente.
La Nica Act, como se ha bautizado aquí al proyecto de Ley de Condicionalidad de las Inversiones en Nicaragua, fue aprobado el 21 de septiembre por la Cámara de Representante estadounidense y espera su ratificación en el Senado y el posterior aval del gobierno, ya con el magnate republicano Donald Trump en la presidencia.
La iniciativa bipartidista busca que Estados Unidos vete todo programa de crédito o donación para proyectos de Nicaragua, por considerase a su gobierno como violador de derechos humanos y políticos de la población.
La economía de este país centroamericano de 6,2 millones de personas y con 38 por ciento de la población en situación de pobreza, según organismos internacionales, es altamente dependiente de fondos de la cooperación internacional, créditos blandos y donaciones, más ahora que se paralizó por su crisis interna el soporte financiero de Venezuela, determinante la última década.
Para Vargas, “el gobierno Ortega no saldrá ileso de esto, el daño ya está hecho y habría que medir las consecuencias”.
Recordó que en 2008, cuando los resultados de las elecciones municipales fueron cuestionados como fraudulentos por sectores internos y organizaciones internacionales, “y en los años siguientes, el gobierno enfrentó un masivo retiro de ayuda de Estados Unidos y Europa, sobre todo de los países nórdicos”.
“Desde entonces, las cosas han cambiado y no hay mucho de dónde reponer lo que se vaya (de apoyo financiero)”, advirtió Vargas.
Pese a los programas sociales implementados la última década en Nicaragua, al menos 38 por ciento de los 6,2 millones de habitantes viven en pobreza, en un país donde la mayoría del empleo es en la economía informal. En la imagen, una familia práctica la mendicidad en una calle de Managua. Crédito: Oscar Navarrete/IPS
En respuesta a las acciones de Estados Unidos, Ortega realizó dos jugadas políticas y económicas.
Una fue aprobar un paquete de proyectos de inversión que requerirían 55.029 millones de dólares en los próximos cinco años y que se basa en una ley de sociedad mixta empresa privada-Estado de Nicaragua.
Otra fue aceptar una invitación al diálogo de la Organización de Estados Americanos (OEA).
La nueva Ley de Asociación Público-Privada autoriza al sector privado a gestionar recursos externos para financiar obras públicas. En total, son 34 los proyectos de diferente envergadura para realizarse entre 2017 y 2021.
El monto global incluye los 50.000 millones de dólares para el proyectado Canal Interoceánico de Nicaragua, que debe financiar y realizar el grupo chino Hong Kong Nicaraguan Development (HKND), en una controversial megaobra cuya concreción aparece demorada y que ha generado cientos de marchas y acciones de protestas sociales.
De acuerdo con el informe oficial, Nicaragua tiene asegurados fondos por 1.384 millones de dólares para otros 10 proyectos y gestiona 882 millones más.
En el plano político, el presidente accedió a conversar con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien visitó Nicaragua el 1 y 2 de diciembre y se reunió tanto con Ortega como con dirigentes sociales y políticos, incluida la lideresa Francisca Ramírez, quien encabeza las protestas campesinas contra el proyecto del canal interoceánico.
Almagro, tras recoger las opiniones de amplios sectores y documentarse sobre la realidad de Nicaragua, dijo que emitiría un informe en los primeros días de 2017.
Para el sociólogo Cirilo Otero, un analista independiente de izquierda moderada, ningún plan económico tendrá éxito en el país si no se controla el factor político.
“Hay muchos planes de papel que no tienen ni respaldo ni sentido. Lo único que Ortega tiene que hacer es garantizar elecciones libres y transparentes y descentralizar el control que actualmente tiene sobre todos los poderes e instituciones del país, cosa que no creo que haga pero es lo único que podría brindarle un mejor panorama de futuro al país”, dijo a IPS.
De igual manera lo interpreta Vargas: “Ortega piensa que la OEA es un terreno político cómodo para él. La mayoría de países miembros no ven razones para enjuiciar al régimen sandinista”, aplicándole la llamada Carta Democrática del organismo interamericano.
Para Vargas, en 2017 el presidente tendrá que dar algo para desmontar el endurecimiento de la política estadounidense hacia Managua.
“De esta situación no se sale sin repartir caramelos, así es la política, así son las negociaciones”, planteó, mientras aventuró que “la aspiración ideal de Ortega es mover sus fichas y alargar tanto la plática con Almagro para que no salga nada concreto”.
Pero según su análisis, “si esa es la estrategia de Ortega, seguirán las críticas y probablemente será aprobada la Nica Act”.
La prensa local reveló durante diciembre que la administración sandinista contrató a una firma de abogados de Estados Unidos, Gephardt Group, especializada en lobby, para promover sus intereses ante la administración y el Congreso, en una medida que evidenciaría su preocupación por las medidas que puedan adoptarse contra el país.
Para Vargas, además, pese a su reciente triunfo electoral, Ortega no es inmune al desgaste del poder.
“El presidente está más débil en diciembre 2016 en comparación a diciembre de 2015, por el surgimiento de nuevos actores sociales, el descrédito de las votaciones, el fin del dinero venezolano y el peligro del Nica Act”, dijo.
Para el historiador y politólogo sandinista Aldo Díaz Lacayo, es posible esperar una reacción negativa de parte de Estados Unidos en 2017, pero a su criterio, nada de ello debilitará el proyecto político de Ortega.
“Este país, este presidente, ya ha sufrido embates de guerras, invasiones y bloqueos de Estados Unidos. Ha sido una agresión histórica y siempre hemos salido adelante, no espero nada nuevo de la Casa Blanca y creo que al presidente Trump no le interesa América Latina, pero sí sé que saldremos adelante como siempre lo han hecho los pueblos agredidos por el imperio”, dijo a IPS.
Para él, las acusaciones contra Ortega y su gobierno son mentiras promovidas y gestionadas por grupos opositores que le disputan el poder político, a quienes define como “vendepatrias”.
Ortega alcanzó por primera vez el poder en 1979, cuando el guerrillero FSLN derrotó al último miembro de la dinastía Somoza, cuya cruenta dictadura gobernó el país durante 43 años consecutivos.
Tras gobernar como coordinador de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, ganó las elecciones de 1984 y presidió el país durante el quinquenio 1985-1990.
Fue derrotado en las urnas en 1990, al final de una guerra civil que respondió a las presiones militares y políticas de Estados Unidos, mediante una oposición armada contra la revolución sandinista, para retornar a la jefatura del Estado 17 años después.
Editado por Estrella Gutiérrez
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