Editorial
Con secuestros y control territorial, arrecia el conflicto armado
Autor: Dirección
5 abril de 2018 - 12:00 AM
Los crímenes ocurren en territorios donde cultivos ilícitos, minería ilegal y rutas del narcotráfico, han crecido a la sombra de las limitaciones que el Estado se autoimpuso.
Medellín
En los secuestros colectivos perpetrados por disidentes de las Farc contra un equipo periodístico del diario ecuatoriano El Comercio, en la zona fronteriza colombo-ecuatoriana, y por el Eln contra cuatro líderes sociales en Teorama, Norte de Santander, confluyen objetivos y formas que denuncian los avances en control territorial y las pretensiones de dominar a la población, por grupos asociados a la narco guerrilla.
Este miércoles, once periódicos asociados en el Grupo de diarios de América publicaron un editorial compartido denunciando, como también lo hizo la Sociedad Interamericana de Prensa, la gravedad de la herida a la libre expresión producida con el criminal secuestro, posición que indiscutiblemente compartimos. Su voz fuerte en la protesta fue, seguramente por la variedad de medios participantes, ligera al analizar las decisiones que han facilitado el crecimiento y penetración del grupo residual de las Farc en la zona fronteriza que los gobiernos de Rafael Correa, en Ecuador, y Juan Manuel Santos, en Colombia, acordaron descuidar, llegando el colombiano a renunciar al acuerdo de cooperación para la operación conjunta con Estados Unidos, desde bases militares colombianas, de la lucha contra el narcoterrorismo, medida que sustituiría la base antinarcóticos de Manta, Ecuador.
También este miércoles se conocieron las primeras declaraciones de los líderes sociales que el Eln secuestró en Catatumbo, para usarlos como instrumento para notificar a las comunidades de esa asediada zona que siguen en la campaña para asumir el control territorial de la región que se disputan con el Epl (pelusos) y que en ese proceso pretenden imponerle su ley a la ciudadanía, violando sus derechos de asociación, libre expresión y participación democrática. El Estado ausente para proteger y acompañar a líderes de movimientos sociales, algunos cercanos al Polo Democrático, mantiene la mesa de negociación en Quito y confirma su aspiración de acordar otro cese al fuego, que el Eln ha aprovechado, y así lo seguirá haciendo, como patente de corso para seguir creciendo sus negocios, hombres y armas, al amparo de la desmovilización de la Fuerza Pública y mediante la captación o alianzas con farianos, que el Estado no tiene localizados dadas las falencias en la entrega de listas que ese grupo debió hacer al desmovilizarse.
Tras estos secuestros denunciados, muy pocos lo son, se ocultan la crecida inseguridad de la que son responsables el clan del Golfo, el acrecentado Eln y los cada vez más grandes grupos disidentes de las Farc, organizaciones estas que ejercen dominio territorial en zonas de minería ilegal, cultivos ilícitos y corredores del narcotráfico. Estos son hechos que demuestran la ineficacia del Gobierno en el cumplimiento de su obligación constitucional de garantizar la seguridad, protegiendo con eficacia los derechos humanos y abriendo el camino para realizar el derecho síntesis, que es el de la paz.
En una situación tan delicada, y ya denunciada por los defensores de Derechos Humanos, son lamentables las declaraciones del ministro de Defensa reconociendo la pervivencia del conflicto armado, posición que es una novedad, pero limitándose a aceptar su existencia en las zonas de frontera, con Venezuela, Panamá y Ecuador, que son corredores del narcotráfico. Con más cinismo que ingenuidad, el doctor Villegas se hace el desentendido con la gravedad de los hechos de conflicto que ocurren por doquier, incluso en las capitales. Ese ocultamiento de los hechos de violencia le facilita al Gobierno del doctor Santos seguirse haciendo de la vista gorda con las alianzas de farianos y elenos, el fortalecimiento de esos grupos y el retorno, con rápido crecimiento, de tragedias que se le ofreció al país cesarían gracias a su sacrificio en el acuerdo final: los homicidios, el secuestro, el desplazamiento forzado y las minas antipersona.
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