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- Refugiados rohinyás en India soportan discriminación y amenazas de deportación a Birmania. Crédito: Neeta Lal/IPS
- Un campamento de refugiados rohinyás en Nueva Delhi, India. Crédito: Neeta Lal/IPS.
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Los rohinyás sin tierra tampoco la encuentran en India
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Refugiados rohinyás en India soportan discriminación y amenazas de deportación a Birmania. Crédito: Neeta Lal/IPS
- Un devastador incendio en un asentamiento precario en Kalindi Kunj, en Nueva Delhi, que se tragó las casas de 226 refugiados rohinyás, procedentes de Myanmar (Birmania), entre ellos 100 mujeres y 50 niños, concentró la atención sobre la política de India hacia los migrantes internacionales.
Perseguidos en su país, muchos rohinyás, el pueblo apátrida más grande del mundo, con unas tres millones de personas, encontraron refugio en distintos lugares de Asia como India, Pakistán, Bangladesh, Tailandia y Malasia.
Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), hay más de 700.000 rohinyás en Bangladesh, que ahora están a merced de los monzones en sus frágiles viviendas.
Los demógrafos observan que el desplazamiento, de dramáticas proporciones, de esa comunidad musulmana ilustra una tendencia global.
Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), el mundo registra el mayor grado de desplazamientos de la historia con 22,5 millones de refugiados, más de la mitad menores de 18 años, que languidecen en distintas partes del mundo en busca de una vida normal.
Unos 40.000 rohinyás han ido llegando a India en los últimos tres años, ubicándose en Nueva Delhi, Jaipur, Hyderabad y Jammu, donde está la mayor comunidad.
Algunos se asentaron en el campamento de Kalindi Kunj, montado en 2012 por una organización sin fines de lucro en un terreno de unos 150 metros cuadrados de su propiedad.
Los ocupantes del campamento eran jornaleros o trabajaban en empresas privadas. Algunos incluso tenían tiendas de alimentos cerca del campamento.
La mayoría de los refugiados llegaron a Nueva Delhi, tras malas experiencias en Bangladesh o en la norteña ciudad india de Jammu, donde eran blanco de agresiones de grupos radicales hindú.
Nuruddin, de 56 años, quien perdió todas sus pertenencias y sus documentos en el incendio de Kalindi Kunj, dijo a IPS que vivía como vagabundo desde que huyó de Birmania con su esposa y sus cuatro hijos en 2016.
“Nos fuimos de Myanmar para Bangladesh, pero pasamos penurias. No pude conseguir trabajo, no había alimentos suficientes ni donde vivir. Llegamos a Nueva Delhi el año pasado con muchas esperanzas, pero hasta ahora las cosas tampoco han ido bien”, relató el hombre débil y con una barba gris.
El incendio y las denuncias públicas por la negligencia del gobierno con respecto a los campamentos rohinyás motivó la intervención de la Corte Suprema.
El 9 de abril, el alto tribunal pidió al centro que preparara un informe completo en cuatro semanas sobre las características de las instalaciones de dos campamentos, el de Nueva Delhi y el de Haryana, tras las denuncias de que no había servicio de agua potable ni saneamiento.
El abogado Prashant Bhushan, defensor de los refugiados, dijo al tribunal que estos sufrían discriminación por carecer de acceso a servicios básicos.
Pero el argumento fue rebatido por el fiscal general Tushar Mehta, quien en representación del centro, negó los cargos. La Corte Suprema realizará otra audiencia por este asunto el 9 de mayo.
Un campamento de refugiados rohinyás en Nueva Delhi, India. Crédito: Neeta Lal/IPS.
La situación de esa comunidad fue objeto de debate público en agosto, cuando el gobernante Partido Bhartiya Janata nacionalista hindú, pidió a los 29 estados que identificaran a los inmigrantes ilegales para su deportación, incluso a los musulmanes rohinyás que huyeron de Birmania.
“Según las estimaciones disponibles, hay unos 40.000 rohinyás viviendo ilegalmente en el país”, informó el ministro del Interior, Kiren Rijiju, en una sesión parlamentaria.
“El gobierno emitió instrucciones precisas para la deportación de extranjeros ilegales, incluidos los rohinyás”, apuntó
En su declaración ante la Corte Suprema, el centro arguyó que la comunidad musulmana suponía “una grave amenaza a la seguridad ” y que su deportación era en el “interés mayor” del país. También le pidió al alto tribunal que “declinara su interferencia” en el asunto.
La decisión del centro de deportar a los rohinyás generó un malestar nacional así como internacional.
“No hay precedentes y es impráctico”, señaló Meenakshi Ganguly, directora para Asia meridional de Human Rights Watch, con sede en Nueva York, a Scroll.in.
“No hay antecedentes porque India nunca se negó a recibir refugiados, cuanto menos a realizar deportaciones masivas” explicó.
“Y digo que no es práctico porque ¿a donde van a mandar a toda esa gente? No tienen pasaportes y el gobierno de Myanmar no va aceptarlos como ciudadanos legítimos”, añadió.
Algunos observadores criticaron que el gobernante Bhartiya Janata los persigue porque son musulmanes, pero el centro lo negó.
Se hicieron comparaciones con refugiados de otros países como Nepal, Bangladesh y Pakistán, quienes, desde hace años, hicieron de India su hogar.
Pero para mantener una vigilancia estricta del flujo de rohinyás, el gobierno de India dispuso 6.000 soldados en la frontera con Bangladesh.
Los activistas denuncian de que a pesar de que hay miles de refugiados y solicitantes de asilo (204.600 en 2011, según el gobierno central) residentes en India, sus derechos son un área gris.
Un sentimiento dominante es que los refugiados suponen una amenaza a la seguridad y crean desequilibrios demográficos. También falta un marco legal para extender sus derechos básicos.
Desde la represión del gobierno, los grupos rohinyás presionan para evitar su deportación.
En un Litigio de Interés Público en la Corte Suprema de India, Mohammed Salimullah vs Unión de India (Petición número 793, de 2017), los rohinyás pidieron quedarse en India.
Pero el gobierno sostiene que la demanda es insostenible porque India no es signatario de la Convención de las Naciones Unidas para los Refugiados, de 1951.
El pacto se refiere al estatus de los refugiados y al Protocolo de 1967, bajo el principio de no expulsión, que se refiere a que no serán deportados a un país donde sufren amenaza de persecución.
El asunto está en manos de la Corte Suprema, que carga con la onerosa tarea de balancear la seguridad nacional con los derechos humanos de los refugiados.
Pero aunque India no haya suscrito la convención de los refugiados, precisó Shubha Goswami, defensora ante la Corte Suprema, sí suscribió otros tratados internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que incluye el principio de no expulsión y obliga legalmente a India a ocuparse de los rohinyás.
“En vez de criticar su presencia, India debe aceptar a los rohinyás como hizo con otros inmigrantes”, señaló Ranjan Biswas, exprofesor de sociología de la Universidad Jawaharlal Nehru, de Nueva Delhi.
“En tanto que gran actor regional, la crisis de refugiados le presenta a India una oportunidad única de dar ejemplo y de trabajar en una solución a largo plazo para la crisis humanitaria, que marcará el inicio de la paz y la estabilidad en la región”, añadió.
Traducción: Verónica Firme
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