Italia pide a España y a otros países mediterráneos que acepten desembarcos de migrantes
El Gobierno advierte de que cualquier salida debe pactarse bajo el paraguas europeo
Bruselas / Madrid
Un grupo de migrantes rescatados esperan para desembarcar en Catania (Italia). ORIETTA SCARDINO / EFE
Italia lanza una voz de auxilio a sus socios europeos para que se impliquen directamente en la crisis migratoria. El Gobierno italiano ha pedido a sus vecinos más próximos —con España a la cabeza de esa lista— que participen en las tareas de desembarco de migrantes que llegan a las costas europeas, principalmente desde Libia. El objetivo es que los barcos que ahora son conducidos hasta Italia cuando se les rescata en el Mediterráneo central—prácticamente todos— puedan también arribar a otros puertos vecinos. España se solidariza con Italia, pero advierte de que cualquier salida al problema debe ser europea y no bilateral.
El peso de la crisis migratoria recae ahora en un 86% en Italia, frente a un 9% que asume Grecia y otro 4% España. Con la disminución drástica de llegadas de refugiados y migrantes a Grecia —a raíz del acuerdo firmado entre la UE y Turquía en 2016—, Italia se ha convertido en el principal polo de acogida. De los casi 97.000 migrantes que han arribado a la UE por el Mediterráneo en lo que va de año, 83.650 lo han hecho a las costas italianas, según datos de Naciones Unidas.
Europa carece de mecanismos para compartir la gestión de ese colectivo. Porque el esquema de reparto de refugiados que diseñó Bruselas hace casi dos años, que se aplica con cuentagotas, solo cubre a los refugiados de libro (esencialmente, sirios, eritreos e iraquíes). Ahora el grueso de quienes arriban a Italia tienen un perfil diferente: son, en buena medida, guineanos, nigerianos o de Costa de Marfil. Huyen de la miseria y de las dificultades en sus países, pero no encajan en la definición de demandantes de asilo (solo un 8% del total proceden de Siria). Así que Italia no puede aspirar a incluirlos en el programa de reparto, que expira el próximo octubre.
Tras varios meses de quejas esporádicas, y coincidiendo con la última semana de junio, en la que se rescató a 10.000 personas en apenas tres días, el primer ministro, Paolo Gentiloni, lanzó un ultimátum para lograr más colaboración de sus socios. Bajo la amenaza de no dejar entrar a los barcos que provengan de aguas libias, el líder italiano ha conseguido al menos la movilización política de las instituciones en Bruselas.
Fuentes diplomáticas españolas acogen la propuesta con escepticismo. “Repartir los inmigrantes entre los países del sur no es la solución. Debe darse una respuesta europea ante una situación de excepcional, como se hizo con la crisis de los refugiados que llegaban a las costas griegas”, alegan. Las fuentes consultadas se remitieron a la reunión informal que los ministros de Justicia e Interior de la UE mantendrán el próximo día 7 en Estonia y a la conferencia internacional que el ministro de Exteriores italiano, Angelino Alfano, ha convocado el día 6 en Roma, en la que participarán también la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur). El Gobierno de Estonia, que asume este semestre la presidencia semestral de la UE, no confía en una solución firme para esa fecha.
La Comisión Europea respalda este llamamiento a los vecinos mediterráneos para que presten asistencia. “Ni Italia ni Grecia pueden quedarse solas. La Comisión apoyará lo que yo llamaría un esfuerzo heroico para afrontar este desafío. Italia no estará sola”, prometió el jueves el presidente del Ejecutivo comunitario, Jean-Claude Juncker. Bruselas desembolsará más dinero en los próximos días a Roma para que haga frente al coste de los desembarcos, pero Gentiloni ya no se conforma con ese gesto.
“Si los únicos puertos a los que se encamina a los refugiados son los italianos, esto no funciona. Es el quid de la cuestión", ha señalado el ministro del Interior, Marco Minniti, en una entrevista al diario Il Messaggero. Minniti se reúne este domingo en París con sus homólogos francés, Gérard Collomb, y alemán, Thomas de Maizière, así como con el comisario europeo de Migración, Dimitris Avramopoulos, para buscar salidas.
Barcos de ONG
Las misiones que la UE tiene desplegadas en el Mediterráneo —Tritón, de vigilancia y salvamento, y Sophia, operación militar que también rescata barcazas cuando es necesario— designan a Italia como puerto de llegada de esos migrantes. El Gobierno de ese país quiere cambiar la regla, pero el trámite puede llevar tiempo. Para romper con ese automatismo que deriva a territorio italiano todas las embarcaciones —aunque hayan sido interceptadas en otras aguas—, Roma ha pedido especialmente a Madrid que ofrezca algunos puertos. Las autoridades italianas tienen en mente a los barcos regentados por ONG, muchos de ellos españoles o franceses, que podrían cambiar el procedimiento de desembarco más fácilmente que las misiones europeas.
Fuentes diplomáticas españolas recuerdan que España ya se hace cargo de los inmigrantes que llegan a sus costas procedentes de Marruecos, Argelia y la costa atlántica africana, aunque en un volumen mucho menor que Italia. La apertura de puertos a estos inmigrantes obligaría a establecer hotspots (puntos de clasificación y atención a los rescatados) como los habilitados en Italia y Grecia y recuerdan que, a pesar de que el 90% de ellos son inmigrantes económicos sin derecho de asilo, devolverlos a sus países de origen resulta muy complejo, ya que la mayoría están indocumentados. Además, la situación de Libia, un país sumido en el caos desde la caída del régimen de Gadafi en 2011, no es comparable a la de Turquía. Las mismas fuentes subrayan que Italia se ha complicado a sí misma la vida al tipificar como delito la inmigración irregular, una iniciativa de la etapa de Gobierno de Silvio Berlusconi, lo que alarga el proceso.
El llamamiento a la solidaridad también llega a otros países próximos (Grecia y Francia), aunque con menos intensidad. Malta, que firmó un acuerdo con Italia para que este país asumiera todos los extranjeros detectados en las aguas territoriales de la pequeña isla europea, no es una opción por su escasa capacidad. La Comisión está dispuesta a ofrecer guías de actuación, pero insta primero a los Estados a llegar a un acuerdo, algo complejo.
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