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Lula encarcelado: ¿fin o renovación del liderazgo político en Brasil?
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Un opositor al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva sostiene una jaula con la imagen del dirigente izquierdista brasileño vestido de presidiario, durante una manifestación de sus detractores en Brasilia. Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
- Perdida la batalla judicial, la cárcel pude ser la tumba o la más retumbante tribuna del liderazgo que aún ejerce el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado por corrupción y legitimación de capitales por la justicia de Brasil.
La prisión puede ampliar la influencia política de Lula, convertido en un mártir idolatrado por los pobres y los que combaten la inmensa desigualdad social brasileña. “Es precipitación” vaticinar su fin político, según el historiador Daniel Aarão Reis.
Nelson Mandela en Sudáfrica, Juan Domingo Perón en Argentina, Hugo Chávez en Venezuela y Fidel Castro en Cuba son algunos líderes que “salieron de la cárcel para los brazos del pueblo o regresaron del exilio para el poder”, recordó a IPS.
Son casos distintos entre sí y en relación a Lula, pero la historia produjo muchos ejemplos de condenados por delitos graves o acciones fallidas cuya prisión ayudó a alzarlos al liderazgo nacional.
Dos fallidos intentos de golpe militar contra un gobierno democrático, en 1992, impulsaron la popularidad que llevó Chávez a la presidencia de Venezuela en 1998. El asalto al Cuartel Moncada, comandado por Castro, acarreó su prisión y la muerte de decenas de militares y rebeldes, pero puso en marcha la revolución cubana.
La prisión durante 27 años no impidió Mandela de afirmarse como líder de la lucha contra el apartheid en Sudáfrica que, liberado en 1990, fue elegido como el primer presidente negro de su país cuatro años después.
El juez Sergio Moro, dentro de la operación Lava Jato (lavado de autos), determinó el jueves 5 la detención de Lula desde este viernes 6, por un delito común, la corrupción, que apunta al provecho propio, y no por un acto ilegal de fines netamente políticos, como los golpes de Estado en que se metieron Chávez y Perón.
Esa operación ha llevado a prisión hasta ahora a decenas de políticos y empresarios, en una investigación sobre las prácticas ilegales de empresas públicas como Petrobras y privadas como la constructora Odebrecht, cuyo impacto ha trastocado la política en este país de 208 millones de personas y ha llevado al descrédito generalizado a su liderazgo.
Pero Lula cuenta a su favor con el hecho de haber afianzado su popularidad, especialmente entre los pobres, por haber promovido una amplia redistribución del ingreso y reducido la pobreza durante sus dos mandatos (2003-2011).
Es el nuevo “padre de los pobres”, como era conocido Getulio Vargas, presidente brasileño en un periodo dictatorial (1930-1945), y otro democrático (1950-1954), en que estableció grandes avances en derechos laborales y la industrialización nacional.
A Lula lo califican sus defensores también como “padre de la patria”, al haber promovido una amplia proyección internacional de Brasil con una activa política externa, destacó Aarão Reis.
La memoria de su gobierno, de masivos programas sociales, como el de la Beca Familia, que benefició a unas 14 millones de familias, el fortalecimiento de la agricultura familiar y de la reforma agraria, el crédito escolar y otros mecanismos que incorporaron millones de jóvenes a la enseñanza superior, es de un período de ascenso de los pobres y reducción de desigualdades.
Partidarios del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva protestan en Brasilia contra la condena y la orden de prisión de su líder mientras el Supremo Tribunal Federal rechazaba una solicitud de habeas corpus para aplazar su encarcelamiento. Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
Además, se rememora su política económica desarrollista, de grandes proyectos de infraestructura y promoción de algunos sectores industriales, aunque en buena parte frustrados y contaminados por la corrupción, generaron muchos millones de nuevos empleos.
El recuerdo de esa bonanza explica la persistente popularidad de Lula, comprobada en las encuestas que le asignan más de 30 por ciento de intenciones de voto para las elecciones presidenciales de octubre, pese a la corrosión provocada por los escándalos de corrupción que desembocaron en su condena judicial y la de varios dirigentes de su izquierdista Partido de los Trabajadores.
Moro, juez de primera instancia, condenó Lula a nueve años y medio de cárcel, en julio de 2017, por haberse beneficiado del usufructo de un apartamento en la playa de Guarujá, cerca de São Paulo, como soborno por favorecer una empresa constructora en contratos de la compañía estatal petrolera Petrobras.
El tribunal de apelación confirmó la condena en enero y además elevó la pena a 12 años y un mes, por unanimidad de los tres jueces que participaron en el fallo. Rechazados los recursos a esa misma corte el 26 de marzo, Lula está desde entonces sujeto al encarcelamiento.
Su esperanza de mantenerse libre por lo menos en los próximos meses, o incluso años, se frustró el jueves 5, cuando el Supremo Tribunal Federal (STF) rechazó el habeas corpus pedido por sus abogados para evitar su detención inmediata.
Por seis votos a cinco, el STF rechazó el pedido, aplicando la regla establecida desde febrero de 2016 que faculta la prisión inmediata de reos cuya condena se confirmó en un tribunal de apelación.
Fue un vuelco en el derecho penal ante la protesta generalizada contra la impunidad de los ricos y poderosos que pueden pagar buenos abogados para retardar su condena final, muchas veces hasta la prescripción del delito. La justicia agrava así la desigualdad.
Para muchos la prisión de condenados en segunda instancia viola la Constitución brasileña, aprobada en 1988. “Nadie será considerado culpable hasta el tránsito en juzgado de sentencia penal condenatoria” dicta la ley fundamental.
De 2009 a 2016 estuvo vigente en Brasil una norma literalmente coherente con ese principio, fijando el encarcelamiento solo al final de todos los recursos judiciales posibles, que incluyen el Superior Tribunal de Justicia, de carácter penal, y el STF, que funciona como corte constitucional e instancia final de todos los procesos.
Para los abogados en general, especialmente los de Lula, es inconstitucional encarcelar a un acusado antes de agotados todos los recursos judiciales, no importa la última interpretación del STF, de 2016, que incluso ya no es mayoritaria.
Hoy se sabe que seis de los 11 miembros del STF piensan de forma parecida, se invirtió la débil mayoría por el cambio de posición de uno de los jueces.
Esas divisiones en el STF y los abusos de que son acusados jueces y fiscales del Ministerio Público en las operaciones anticorrupción permiten a Lula y sus partidarios relativizar el peso de la condena del expresidente.
El mismo proceso que lo condenó tiene sus debilidades reconocidas incluso por juristas independientes. No hay una prueba concreta, Lula no se hizo propietario del apartamento supuestamente donado como soborno, no se identificó la contrapartida que sería el favorecimiento de la empresa.
Son brechas que permiten al expresidente, al PT y otros militantes de izquierda acusar el juicio como persecución política, un “golpe” judicial para impedir que Lula vuelva a la presidencia. Las elecciones de octubre, sin Lula, “será un fraude”, corean.
Libera Lula de la prisión en el corto plazo es improbable, pero quedan algunas acciones posibles para sus abogados. Su candidatura presidencial sí está descartada. La Ley de Ficha Limpia, aprobada en 2010, impide ser aspirante a cargos de elección a condenados en segunda instancia.
Preso o no, Lula podrá influir en las elecciones y en la política brasileña usando su permanente popularidad. “Depende de sus propias acciones”, de cómo maneje su capital político, advirtió Aarão Reis.
Edición: Estrella Gutiérrez
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