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Donde la autoridad de Guterres no llega en casos de abuso sexual
Eso plantea la interrogante de si es posible que haya una excepción a la política del secretario general António Guterres de “tolerancia cero” en materia de abuso y explotación sexual, aunque quien encabeza la comisión, un secretario general adjunto, y sus 40 empleados forman parte del sistema de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) y son funcionarios.
Cuando las denuncias de abuso sexual de cuatro mujeres de la oficina de la Comisión Internacional de Servicio Civil fueron remitidas a la Secretaría General, su respuesta inicial fue tibia. De forma implícita les dijeron que no tenían jurisdicción sobre esa dependencia ni sobre sus 15 miembros.
“La Oficina de Servicios de Supervisión Interna investiga las acusaciones en su máxima dimensión, dentro de su autoridad, y se acercó a los miembros de la Comisión Internacional de Servicio Civil para solicitar toda su colaboración, considerando que están fuera de la jurisdicción de la Secretaría General”, explicó Fahran Haq, portavoz adjunto de la ONU.
La Secretaría Ejecutiva de la comisión recibió la instrucción de adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que no se tomen represalias contra las denunciantes.
El director de Comunicaciones y portavoz del presidente de la Asamblea General, Brenden Varma, dijo a IPS: “En general, el presidente de la Asamblea General tiene una firme posición en contra de todas las formas de acoso sexual”.
El presidente opina que todas las acusaciones de acoso sexual deben investigarse y que los responsables deben asumir su responsabilidad, añadió.
Si bien la Comisión Internacional de Servicio Civil fue creada por la Asamblea General, es un órgano independiente, precisó Varma.
Según los estatutos de la comisión, aprobados por la Asamblea General: “Ninguna designación de un miembro de la Comisión se podrá rescindir a menos que, en opinión unánime de los otros miembros, él o ella deje de desempeñar sus deberes de forma consistente con las disposiciones del presente estatuto”.
Ni la Asamblea General ni su presidente ejerce ninguna autoridad gerencial o administrativa sobre la comisión, remarcó Varma. El presidente del máximo órgano de decisión de la ONU es el eslovaco Miroslav Lajčák.
La presidenta del Sindicato del Personal de la ONU en Nueva York, Bibi Khan, que representa a las funcionarias que presentaron la denuncia, dijo a IPS que el sindicato apoya y respalda en forma contundente la política del secretario general de “tolerancia cero al acoso y al abuso sexual”.
“Se trata de una investigación en curso y el sindicato no puede arriesgarse a comprometer el caso discutiendo detalles en este momento”, explicó.
“La ONU se volvió prisionera de su propia burocracia, incapaz de actuar con la urgencia que requieren las demandas”, añadió.
La comisión se define como “un órgano independiente creado por la Asamblea General de las Naciones Unidas”, que regula y coordina las condiciones del servicio del personal en el sistema común de la ONU “a la vez que promueve y mantiene los más altos estándares en el servicio civil internacional”.
Esa dependencia está integrada por 15 miembros que designa la Asamblea General por un plazo de cuatro años, con el debido respeto de la representación geográfica.
El presidente y el vicepresidente son miembros a tiempo completo y están radicados en Nueva York. Toda la comisión se reúne dos veces al año.
El artículo 8 del Estatuto y Reglamento de la comisión señala: “Para los fines de la Convención sobre los Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas, el presidente y el vicepresidente de la Comisión deben tener el estatus de funcionarios de las Naciones Unidas”.
La cuestión, según una fuente de la ONU que no quiso dar su nombre, es principalmente la responsabilidad: “quien debe asumir la responsabilidad en este caso, es el secretario general, el presidente de la Asamblea General o los miembros de la Comisión, quienes solo se reúnen dos veces al año y tienen derecho a su prestación de subsistencia diaria mientras están en Nueva York”, precisó.
Eso sucede aun cuando el imputado es considerado funcionario con un salario procedente del presupuesto del sistema común.
Mientras, la Comisión de Servicio Civil también está envuelta en una controversia por una iniciativa de recorte salarial, que desató paros en las oficinas de la ONU en Ginebra, Bangkok y Adís Abeba, y amenaza con propagarse a todo el sistema del foro mundial, incluso a las oficinas con operaciones en el terreno.
Tres sindicatos encabezan la protesta, el Comité Coordinador de Sindicatos y Asociaciones de Funcionarios Públicos Internacionales (CCISUA), la Federación de Asociaciones de Funcionarios Públicos Internacionales (FICSA) y la Federación de Funcionarios Internacionales de las Naciones Unidas (Uniserv), en representación de unos 60.000 funcionarios en todo el mundo, y apunta principalmente a la Comisión Internacional de Servicio Civil.
En una carta a los directores ejecutivos de las organizaciones de la ONU y al presidente de la Asamblea General, los tres sindicatos señalan: “Es con pesar que anunciamos que el personal le perdió confianza a la competencia técnica y a la independencia de la Comisión Internacional de Servicio Civil , tras una serie de fallas”.
“Urgimos que apoyen nuestro llamado a un proceso de reformas sustanciales”, añade la misiva.
“Como hemos observado desde hace varios años, la agenda de austeridad amenaza con socavar la misión de la ONU, en particular en el terreno, y puede perjudicar al personal y los destinos”, alerta.
“En los últimos tiempos, las decisiones de la Comisión redujeron de forma significativa los salarios de los servicios generales y de los funcionarios profesionales en lugares como El Cairo, Nueva Delhi, Tokio y Bangkok, así como los de las misiones de paz”, precisó.
“La mejora de los métodos para reclasificar las dificultades, el nivel desigual de la prima por riesgo para el personal local e internacional, y la falta de protecciones adecuadas para el personal local frente a la inflación y las fluctuaciones del tipo de cambio son ejemplos de otros asuntos importantes que nos gustaría atender”, detalla.
“Lamentablemente, la Comisión Internacional de Servicio Civil no está dispuesta a encontrar soluciones constructivas que beneficien al personal y a la ONU”, declara la carta de los sindicatos.
Traducción: Verónica Firme
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