El Gobierno de Brasil echa el freno a las investigaciones por corrupción

El presidente y sus aliados paralizan la denuncia emitida por el fiscal general, según el pronóstico unánime

São Paulo / Brasilia 25 OCT 2017 - 19:47 ART

El Congreso brasileño ha decidido, con 251 votos a favor y 172 en contra, paralizar la demanda por corrupción que el fiscal general había presentado contra el presidente del Gobierno, Michel Temer, y que podría haber sentado al mandatario en el banquillo del Tribunal Supremo.

Miembros de la oposición de Brasil piden la salida de Temer este miércoles. ADRIANO MACHADO REUTERS

Se han tramitado tres denuncias por graves delitos de corrupción contra Michel Temer y, desde hoy, el presidente brasileño ha salido ileso de las tres. De la primera le salvó el Tribunal Superior Electoral, presidido por un magistrado que actúa sin tapujos como consejero ocasional de Temer. De la segunda, la Cámara de Diputados. La tercera, que la misma Cámara ha votado este miércoles, ha acabado en idéntico destino, según el pronóstico unánime. Una demostración de que el Gobierno y sus aliados han logrado poner límites a las investigaciones sobre corrupción que sacuden a los principales partidos brasileños.

Todo Brasil pudo oír una conversación grabada, en las fechas previas al impeachment de la anterior presidenta, Dilma Rousseff, entre tres destacados dirigentes del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), la formación política de Temer. Uno de ellos, Romero Jucá, actual líder del Gobierno en el Senado, defendía que era necesario tomar el poder para “estancar la sangría” de las investigaciones contra la corrupción.

No pocos analistas defienden que ese fue el motivo de fondo para que el año pasado el PMDB rompiese su alianza con el izquierdista Partido de los Trabajadores (PT) y se uniese a la oposición para derribar a Rousseff. Aunque faltan pruebas que lo corroboren, el tiempo sí ha permitido verificar que los que están en el poder se defienden mucho mejor que los que se han ido a la oposición.

El expresidente y todavía líder del PT, Lula da Silva, a merced de los tribunales ordinarios, más en concreto del implacable juez Sérgio Moro, tiene ya una condena a nueve años de cárcel. Temer y los que con él han tomado el gobierno se protegen bajo el paraguas del foro privilegiado: los juzga el Tribunal Supremo, mucho más lento, y donde tienen asiento, entre otros, el magistrado que da consejos jurídicos al presidente o el que hasta hace unos meses era su ministro de Justicia. La protección legal en ese nivel permite además que en muchos casos la política pueda frenar a los tribunales. Así ha sucedido con Temer y con otro de los grandes artífices de la caída de Rousseff, Aécio Neves, líder del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), que se quedó a las puertas del triunfo en las elecciones presidenciales de 2014.

Las acusaciones contra Temer dan para un libro. Hay serios indicios de que era un emisario suyo la persona que, el pasado marzo, recogió una maleta repleta de billetes enviada por un empresario corrupto, el mismo que días antes había visto en secreto al presidente en su palacio. Ni uno solo de sus más estrechos colaboradores en los últimos años está libre de cargos abultados. A uno de ellos, el exministro Geddel Vieira Lima, la policía le descubrió hace unas semanas un apartamento en el que escondía una montaña de billetes, 51 millones de reales, casi 14 millones de euros. La denuncia que este miércoles debatía la Cámara de Diputados, presentada poco antes de abandonar el cargo por el anterior fiscal general de la República, Rodrigo Janot, imputa precisamente a Temer por ejercer como “jefe de una organización” instalada en la cúpula del PMDB para captar sobornos.

Como presidente, Temer goza del privilegio de que no puede ser juzgado por actos anteriores a su cargo. Y los que haya podido cometer siendo presidente tampoco pueden ser objeto de denuncia sin autorización de dos tercios de la Cámara. Así logró salvarse el pasado 3 de agosto de una primera denuncia de la fiscalía y así se ha vuelto a librar este miércoles. Temer resiste aunque cada acción judicial le ha convertido más en rehén de los intereses de los diputados y los lobbies que representan. Para contentar a los grupos de presión más fuertes, sobre todo a los vinculados a los grandes negocios agrarios, el Gobierno ha aligerado millonarias deudas fiscales y multas por daños al medio ambiente, ha tomado medidas que cuestionan la protección de la Amazonia –rectificadas en parte- y ha rebajado la defensa legal contra el trabajo esclavo.

Si a Temer lo han salvado los diputados, Aécio Neves recibió la pasada semana el favor de sus colegas senadores. El mismo empresario corrupto que hablaba con Temer, el magnate de la carne Joesley Batista, grabó a Neves pidiéndole dos millones de reales -520.00 euros-. El Supremo ordenó apartarle del cargo y le prohibió salir por las noches. Pero el Senado ha anulado la decisión judicial, con la aquiescencia del propio Supremo. El alto tribunal, tras una discusión resuelta por un solo voto, aceptó que el Senado tenía potestad para revertir la decisión judicial. En esa Cámara legislativa, el 40% de sus integrantes tiene también procedimientos abiertos por corrupción. Y por amplia mayoría socorrieron al compañero en apuros.