Aunque resulte doloroso no debería extrañarnos que el delirio secesionista haya agrietado la unidad de una de las naciones más antiguas de Europa, con una República de opereta.
No debería extrañarnos si la vida no tiene valor en España, desde que hace 32 años se legitimó esa pena de muerte sin juicio a los más inocentes, que es el aborto.
O si la palabra “matrimonio” ya no significa lo que en realidad es, sino la unión contra-natura de dos personas del mismo sexo.
O si la verdad ha sido sustituida por el consenso, y la realidad está siendo sistemática suplantada por las ideologías.
Si la arbitrariedad se ha impuesto al derecho… entonces ¿por qué extrañarse de que una pandilla de golpistas haya hecho buena la epifanía de cierto gobernante de cuyo nombre prefiero no acordarme: “nación es un concepto discutido y discutible”.?
Una arbitrariedad que comienza cuando una democracia pierde su razón de ser al no ser capaz de garantizar la vida de los más inocentes. Y eso es, tal cual, lo que ocurrió en España en 1985, cuando el Gobierno socialista de Felipe González (que conste para la Historia) legitimó la muerte de bebés en el seno materno.
Lo más inquietante es que tres décadas después nos encontramos con que el aborto es en España un derecho de facto. Y que es aceptado por todos los partidos del arco parlamentario (incluida una derecha perfectamente intercambiable con la izquierda).
Un ejemplo palmario lo tenemos en la Comunidad de Madrid, gobernada por la ‘pepera’ Cristina Cifuentes.
Según ha podido saber Actuall, el Gabinete de Cifuentes ha contado con la filial española de Planned Parenthood a la hora de elaborar el ‘Plan integral de abordaje de embarazos no deseados 2017-2020’ de Madrid. Lo narra Nicolás de Cárdenas en un reportaje que te adelanto como suscriptor del periódico.
Nos hemos acostumbrado, pero no deja de ser chocante que ante un asunto tan delicado (singularmente los embarazos de adolescentes), la Comunidad de Madrid pida asesoramiento a la mayor fábrica de abortos del mundo.
Y que no haya contado ni con la Federación Española de Entidades Provida; ni con la Fundación Madrina; ni con la Fundación Red Madre; ni con la plataforma Derecho a Vivir; ni con ADEVIDA…
Tampoco ha contado con ninguna de las decenas de organizaciones que ayudan a las mujeres embarazada y a sus hijos que hay en la Comunidad de Madrid.
Está claro que no le interesa. Prefiere cortar por lo sano (incluso literalmente) y recurrir a soluciones fáciles.
Es más difícil salvar vidas, proteger a las mujeres encintas, proporcionarles apoyo y trabajo… en lugar de eso va de la mano con la filial de Planned Parenthood, los mayores expertos en eliminar vidas en el vientre materno (más de un millón en 2016) y en lucrarse traficando con restos de fetos, razón por la que está siendo investigada por el FBI.
Según datos oficiales de la propia Comunidad de Madrid el año pasado se registraron 18.757 abortos. Cuarenta y cinco eran niñas menores de 15 años.
¿Y cuál es la solución que ofrecen las autoridades? PP, Planned Parenthood. Sin comentarios.
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