TRIBUNA
El régimen del 78
Nos encontramos ante la más seria amenaza contra la democracia desde que se aprobó la Constitución
EL PAÍS
Si la justicia no es fuerte es preciso que la fuerza sea justa (Fenelon)
Esta cita ya clásica del pensador francés me ha acompañado desde temprana edad en mis reflexiones políticas, gracias a la insistencia que de ella hacía mi amigo, y maestro en tantas cosas, Gregorio Peces Barba, uno de los padres de la Constitución de 1978, presidente de las Cortes durante la Transición y cuyo pedigrí democrático y socialista le sitúan, como dicen los castizos, fuera de toda sospecha. La alusión a la fuerza justa viene a cuento, por desgracia, ante el terremoto institucional, cívico y político que se ha desatado en Cataluña. Los tintes churriguerescos y bananeros que el presidente Puigdemont y su banda de los cuatro han impreso en la política del antiguo Principado, amenazan ahora con convertir el vodevil en tragedia, como sucede a menudo en los carnavales de Río de Janeiro. Porque ante lo que nos encontramos no es solo ante una declaración de independencia de un territorio, sino ante la más seria amenaza contra la democracia española desde que se aprobara la Constitución. Más seria aún que la intentona golpista de 1981, o el terrorismo de ETA, pues el ataque proviene de una insurrección civil, alentada, programada y azuzada desde las propias instituciones catalanas. Sedición, rebelión y traición son, al margen de las calificaciones penales, los verdaderos nombres que el diccionario aplica sin matices a la actitud de los cabecillas de este intento de incoar una revolución bolivariana en pleno corazón de Europa.
Algunos piensan, tal vez con razón, que un Gobierno de salvación nacional no es necesario ahora. Pero la democracia necesita ser salvada
Traidor es, desde luego, Puigdemont, pero al Estatuto de Autonomía
y a la Constitución
Los partidos unidos en las medidas del artículo 155 deben unirse también para implementarlas
El expresidente Artur Mas confesó recientemente en público lo que tantos y tantos separatistas catalanes reconocen en privado, incluso después de la declaración de ayer del Parlament: la independencia de Cataluña, por mucho que la declaren y celebren, es imposible e impensable pues no hay ni habrá potencias exteriores que la reconozcan. También, y sobre todo, porque el Gobierno y los partidos democráticos no lo permitirán. No se va a producir, pues, en ningún caso y la consiguiente frustración de los cientos de miles de catalanes dispuestos a ondear sus barretinas y esteladas en reclamo de una libertad de la que ya disfrutan como el resto de ciudadanos españoles, y que ellos mismos acaban de poner en peligro, puede hacer derivar la protesta hacia derroteros más dramáticos y preocupantes.
La actitud de quienes el pasado jueves demandaban en las calles de Barcelona la excarcelación de los ya famosos Jordis, trocando su ira contra el Estado español en protesta contra el “traidor” Puigdemont, dado su falso amago de convocar elecciones, pone de relieve que la agitación populista puesta en marcha por la Generalitat en connivencia con el anarquismo irredento se les había ido hace tiempo de las manos. Traidor es desde luego Puigdemont, pero al Estatuto de Autonomía de Cataluña y a la Constitución, de los que emanaba su poder legítimo, aunque también y sobre todo al sentido común y a la decencia requerida a cualquier gobernante que se precie. Era su obligación tratar de unir a los ciudadanos en un proyecto común, no dividirlos y enfrentarlos entre sí, provocando una apenas larvada confrontación civil, de consecuencias desastrosas.
Pero con ser muy grave el desafío independentista, no es ni siquiera el mayor de aquellos a los que se enfrentan hoy el Gobierno y los partidos democráticos. El verdadero reto que no pueden permitirse perder es la amenaza evidente que, como consecuencia del proceso incoado, se cierne sobre la supervivencia de lo que ha dado en llamarse el régimen del 78, gracias al cual los españoles han disfrutado de la más prolongada etapa de libertad y el más alto nivel de vida de su historia. Las pulsiones nacionalistas han funcionado como caldo de cultivo para la incitación a la revuelta social y el auge del populismo, cimentados en el crecimiento de las desigualdades tras el estallido de la burbuja financiera hace una década. La irritación popular por la corrupción política, la escasez de empleo, y tantos otros problemas acuciantes en nuestra sociedad, por justificada que esté, y lo está mucho, acabará trocándose en decepción, cuando no en desespero, si los líderes sociales no son capaces de encauzar los deseos de cambio y las expectativas de mejora de los ciudadanos. Y la peor manera de hacerlo ha sido sucumbir a los cantos de sirena del nacionalismo como algunos connotados líderes de la izquierda han hecho.
En su pasión por derrumbar nuestra democracia reconocida en la Constitución de 1978, los representantes de movimientos antisistema, singularmente agrupados en Podemos, se rindieron a la tentación del compadreo con los separatistas, provocando una fisura en sus propias filas. La socialdemocracia, por su parte, últimamente más obsesionada por los eslóganes y el dominio del aparato sobre el partido que por ofrecer un proyecto coherente y posible para España, se ha perdido en la ambigüedad que podría conducirles a la irrelevancia, ambigüedad solo corregida en el último minuto.
El resultado de todo ello es un creciente fortalecimiento de la España profunda, un resurgir de la derecha española más reaccionaria, que trata de adueñarse de la bandera y su significado, ante la ingenua y culpable anuencia de los sectores progresistas. Y al albur de los excesos y delitos cometidos en nombre de la nación catalana comienza a cundir la preocupación por una deriva, tan anticonstitucional como aquella, tendente a lesionar o limitar la configuración del Estado de las Autonomías, promoviendo una oleada de centralismo frente al federalismo que tantos reclaman como única solución democrática y plausible para la organización territorial de nuestro país.
La alianza espuria entre los agitadores antisistema, la adinerada burguesía nacionalista y el movimiento okupa de Barcelona, no traerá la independencia a Cataluña, pero hace peligrar el equilibrio de fuerzas en la democracia española. Sobre todo si la recuperación de la legalidad constitucional y el mantenimiento en Cataluña obligara finalmente al Gobierno al empleo legítimo de la fuerza. La tarea que el Estado tiene por delante para restañar las heridas abiertas, modificar lo que sea necesario de nuestra Constitución, promover leyes que mejoren la igualdad social y acaben con la endogamia galopante de los partidos políticos no la puede afrontar en solitario un Gobierno en minoría, incapaz incluso de aprobar los presupuestos, mientras la izquierda sigue sometida al narcisismo de sus líderes. Se ha destruido mucho del tejido social necesario para el sostén y desarrollo de nuestra democracia y quedan años de trabajo para recomponerlo. Los partidos constitucionalistas, unidos en la aprobación por el Senado de las medidas extraordinarias del artículo 155, deben coaligarse también para implementarlas. Algunos piensan, quizás con razón, que un Gobierno de salvación nacional no es necesario ni conveniente en estas circunstancias. En cualquier caso, la democracia hoy necesita ser salvada.
Juan Luis Cebrián es presidente de EL PAÍS y miembro de la Real Academia Española
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