Los Ángeles prohíbe totalmente colaborar con Trump en inmigración
La policía asegura que el estado de miedo creado por el presidente está haciendo bajar las cifras de denuncias y teme perder la confianza de los latinos
Los Ángeles
La rebelión de las grandes ciudades de Estados Unidos contra Donald Trump va tomando forma. En Los Ángeles, esa rebelión se concretó este martes en una orden municipal que prohíbe completamente a cualquier funcionario de la ciudad estar en contacto de ninguna manera con la policía de inmigración federal. Se trata de una cuestión capital de seguridad pública. El Departamento de Policía de la ciudad dio la voz de alarma con unos datos inquietantes que revelan ya un descenso de la confianza de los latinos en las fuerzas del orden.
El jefe de policía de Los Ángeles, Charlie Beck. AP
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Los datos fueron revelados por el jefe de policía, Charlie Beck, junto con el alcalde de la ciudad, Eric Garcetti, en el este de Los Ángeles, el corazón latino de la ciudad. Desde enero, la población hispana de la ciudad (más del 48%) ha denunciado un 25% de violaciones y un 10% menos de casos de violencia doméstica comparado con el mismo periodo del año anterior. Los delitos no han bajado en esas magnitudes y además esa reducción no se ha visto en otras etnias de la ciudad.
“Aunque no hay pruebas de que esta bajada (de las denuncias) esté relacionada con la preocupación en la comunidad hispana obre inmigración, el Departamento cree que el temor a la deportación puede estar haciendo que los hispanos se cuiden de denunciar cuando son víctimas”, dijo el jefe Beck. No acusó directamente a Trump de estar atemorizando a sus vecinos, pero no hizo falta.
“Estas políticas están haciendo nuestras ciudades menos seguras”, dijo el alcalde, Eric Garcetti, en uno de los cuatro eventos sobre inmigración que organizó el martes, en un maratón que evidencia el estado de alerta en el que se encuentra la ciudad en este asunto. Garcetti empezó la jornada a las seis de la mañana en un programa especial de la emisora local de Univision sobre los derechos de los inmigrantes. Después organizó una conferencia de prensa telefónica con otros alcaldes. Y después tuvo dos eventos más, con comunidades de inmigrantes en el Este de Los Ángeles, para asegurarles que “la ciudad está para protegerlos”.
“Si los testigos no hablan porque tienen miedo, si un padre no lleva a su hija al colegio porque teme que el detengan es algo que erosiona a toda la ciudad, nos hace menos seguros. Podemos ver subir las cifras de crímenes y que la gente vuelva a vivir ocultándose”, dijo Garcetti a EL PAÍS a la salida de uno de estos eventos.
En Los Ángeles se calcula que viven más de 800.000 inmigrantes indocumentados y un 38% de la población es extranjera. La política de que la policía no colabore con inmigración en Los Ángeles data de una orden de 1979. Durante décadas la han mantenido administraciones demócratas y republicanas desde que se hizo evidente que si la población latina (el 50% de la ciudad) tenía miedo de la policía no había manera de desarrollar una política de seguridad.
La nueva orden municipal dictada por el alcalde el martes amplía esta política al departamento de bomberos, a las policías del puerto y del aeropuerto. Además asegura la confidencialidad de los datos proporcionados para acceder a servicios municipales (por ejemplo, apuntarse a una biblioteca) y obliga a cualquier empleado municipal a comunicar cualquier intento por parte de la policía de inmigración de obtener su colaboración.
La acción ejecutiva municipal tiene algo de simbólico, pero se produce en un momento en que los símbolos son importantes. Precisamente este martes, el fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, acusó directamente a las ciudades que no colaboran con inmigración, las llamadas ciudades santuario, de ser una amenaza para la seguridad pública. La administración Trump basa su agresividad contra los indocumentados, una población de 11 millones de personas, en presentarlos como criminales descontrolados. Movimientos como el del martes en Los Ángeles tienen como objetivo dar a conocer la realidad contraria, que la agresividad en las detenciones y deportaciones lleva a millones de personas a esconderse y estrangula la acción policial en las grandes ciudades. “Pregunte a los jefes de policía por qué tienen esta política, en vez de intentar obligarles a cambiarla”, dijo Garcetti de forma retórica sobre Trump.
El presidente ha amenazado con retirar fondos federales a las ciudades y estados que se nieguen a aplicar sus políticas. En este sentido, el alcalde asegura que están convencidos de tener la Constitución de su parte. Entre otros precedentes, la sentencia del Tribunal Supremo sobre la reforma sanitara de Barack Obama establecía que los fondos federales no pueden estar condicionados a la aplicación de la agenda política del presidente.
A toda esta jornada con inmigrantes Garcetti lo llamó Día de Acción en Inmigración y lo hizo conjuntamente con 60 ciudades en todo el país. “No se trata de Los Ángeles, aunque somos la zona cero de este problema. No se trata de Nueva york o Chicago. Es una cuestión que afecta a pueblos pequeños en todo el país. Hoy henos tenido alcaldes de 31 estados”.
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