La Señora SENADORA NACIONAL María Eugenia Estenssoro
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Crónica de la sesión - 18 de noviembre |>
“En Argentina tenemos tolerancia 100% a la corrupción”
Por editora / 18 de November de 2009
Entrevista con Manuel Garrido, Director de Justicia y Transparencia del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC).
¿Cuáles eran sus funciones dentro de la oficina anticorrupción?
La Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) es el órgano especializado del Ministerio Público para investigar los delitos y las irregularidades cometidas por los funcionarios de la administración pública. En el año 2002 falleció el fiscal que estaba en ese momento, Pinzón, quien había sido designado por decreto por Menem cuando desplazó al fiscal Molinas. De acuerdo con la Ley de Ministerio Público, se llamó a concurso para cubrir ese cargo. Se convocó a un concurso porque, desde el año 1998, los cargos de los fiscales se cubren de esa manera. Yo me presenté al concurso, el cual había sido un poco accidentado porque se suspendió por un tiempo que coincidió, durante un período, con toda la crisis del año 2001. Se interrumpió cuando (Fernando) de la Rúa se fue.
Cuando el procurador que estaba en ese momento reinició el concurso, durante el gobierno de (Eduardo) Duhalde, salí primero en la terna. Muy poco tiempo antes de irse de la presidencia, Duhalde me propuso como fiscal y el Congreso devolvió los pliegos al Ejecutivo. En ese momento (Néstor) Kirchner, al principio de su mandato, siguió lo que había dejado Duhalde – no se modificó nada – y el Senado prestó su acuerdo.
Eso fue en el año 2003 y yo asumí el cargo la última semana de noviembre de 2003. Hasta ese momento yo estaba a cargo de la Oficina Anticorrupción (OA). En la OA estuve como Director de Investigaciones entre diciembre del ’99 y el segundo semestre del año 2002. Ahí se jubiló (José) Massoni y en ese momento Duhalde me nombró interinamente como Jefe de la OA. En ese cargo estuve más o menos un año, desde 2002 hasta 2003.
¿Fue en la OA que comenzó a encontrar anomalías respecto del accionar de los funcionarios del gobierno?
El objetivo de la dirección de investigaciones de la Oficina Anticorrupción era, básicamente, investigar la existencia de hechos de corrupción en la administración pública. Me nombraron para eso, para buscar hechos de corrupción en el poder ejecutivo. La competencia de la OA es permanente, o sea que abarca hechos de funcionarios de la administración del ejecutivo de gobiernos anteriores y de gobiernos que están en ejercicio. Tiene la misma competencia que la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA).
Hay una explicación política de por qué se creó la OA. En ese momento la Alianza había prometido que iba a aplicar una política más fuerte en el tema de la lucha contra la corrupción y creó este organismo dándole facultades preventivas, que era el propósito original, y también facultades de investigación porque no pudo modificar la integración de la Fiscalía.
En ese momento le habían ofrecido el puesto, o pensaban nombrar fiscal de Investigaciones Administrativas, a un ex juez que formó parte del juicio a las juntas pero como el fiscal que había puesto Menem no se quiso ir, el gobierno de la Alianza agregó, al diseño de la OA, una unidad de investigación.
Entre tantas investigaciones que usted estaba realizando, antes de renunciar, se encuentran un supuesto enriquecimiento ilícito de N. Kirchner; el tema de la distribución de publicidad oficial por parte de Enrique Albistur; presuntos manejos anómalos en la remodelación de locomotoras por parte del ex secretario Ricardo Jaime; la bolsa de dinero encontrada en el baño de la ex ministra de Economía Felisa Miceli y supuestas anomalías del ministro de Planificación Julio De Vido y del ex vocero Miguel Núñez con sus autos. Antes de ser Fiscal de Investigaciones Administrativas ¿intuyó o pensó que podría encontrarse con tantas anomalías entre los miembros del gobierno?
Salvo el caso de enriquecimiento ilícito de Kirchner, que está bajo investigación, todas las demás fueron investigaciones que nosotros concluimos y que denunciamos como delito. Llegamos a la conclusión de que había delitos y lo presentamos ante la justicia federal con suerte escasa. Porque son todas causas que, si bien están en trámite, no avanzaron demasiado, salvo la de (Ricardo) Jaime (ex Secretario de Transportes de la Nación) a raíz de la renuncia a su cargo.
Todo lo demás que nosotros denunciamos fueron irregularidades probadas.
El caso de la distribución de la publicidad oficial lo consideramos incompatible con la función pública porque (el Secretario de Medios de Comunicación de la Nación, José) Albistur – que sigue en su cargo – distribuyó pauta publicitaria a la empresa de su familia. En relación con este tema, en el caso de distribución de pautas publicitarias, no hay ningún criterio objetivo, los controles son laxos, hay una situación monopólica. Lamentablemente no existe un Consejo para debatirlo ni hay representación de la sociedad civil o de los beneficiarios de la pauta. Es un caso incompatible con la función pública donde entran en juego conflictos de intereses y un favorecimiento de tipo privado.
El tema de la bolsa de dinero… bueno, ahí hubo una renuncia y un proceso en firme. Se hizo la investigación y se avanzó. (Felisa) Miceli dejó su cargo, tiene sentencia firme pero no pasó nada.
Con el tema de los autos tampoco pasó nada y lleva 10 años.
En realidad, los hechos de corrupción se dan en todos los gobiernos. Respecto de la cantidad de anomalías, no puedo decir que sea algo sorprendente.
En América Latina hay tantos casos de corrupción que encontrar hechos concretos de corrupción es, de alguna manera, coherente con lo que percibe la sociedad. Al principio lo que se corrobora es que la percepción no es equivocada. Es más, hay un mínimo número de casos que se detectan en relación con los que en realidad se producen.
Los casos de corrupción tienen un bajo grado de detección porque quienes están involucrados no son pocos y ninguna de las partes está interesada en que se conozcan. Son una cifra negra. A nivel internacional Argentina, lamentablemente, no es asumida como un país poco corrupto. Al contrario.
¿Qué tipo de mecanismos encontró al realizar las investigaciones de las obras de alta tensión de Electroingeniería en la provincia de Santa Cruz?
El tema de Electroingeniería fue detectado por una auditoría de la Auditoría General de la Nación (AGN). Detectó irregularidades y la presencia de sobreprecios. Afortunadamente, la AGN es un organismo de control que está trabajando bien y que tiene iniciativas valiosas.
Entre 2004 y 2007, la Fiscalía presentó 40 denuncias judiciales de hechos de corrupción y se recibieron 1087 denuncias, mientras que entre 2000 y 2003 sólo habían llegado al organismo 231 ¿A qué podríamos atribuir esta diferencia en cuanto a cantidad de denuncias?
Durante la década del ‘90, la FIA había pasado, podríamos decir en términos metafóricos, a la clandestinidad. Había dejado de cumplir activamente su rol: para eso lo pusieron al fiscal Pinzón. Luego de una función muy activa en el cargo por parte de Molinas, se triplicó la imagen de la función pública de la fiscalía que era visualizada como organismo de control de irregularidades y de corrupción. Pero, con el tiempo, la ciudadanía perdió confianza en ese organismo porque sin tocar demasiado las normas, es decir, con las mismas normas, la actuación del organismo no respondió a las posibilidades que tenía. Entonces, la mayor cantidad de delitos recibida revela mayor conocimiento del organismo, mayor seguridad de la ciudadanía con relación a la institución para dar una respuesta. Uno evalúa una gestión y la confianza pública es el límite a tener en cuenta. Me enorgullezco de que la cantidad de denuncias – tanto cuando estuve en la OA como en la FIA – siempre ha ido creciendo y lamento que cuando dejé los 2 cargos, el número de denuncias haya pasado a ser decreciente.
Usted sostuvo que podría haber habido maniobras de lavado de dinero aprobadas por Juan Cayetano Intelisano, contador del Ministerio de Economía hace más de 30 años, y cuyo principal beneficiario sería Iván Holjevac ¿qué relación, si es que la hubo, existía o existe entre Holjevac y miembros del actual gobierno?
No pudimos demostrar la índole de la relación. Lo que si pudimos demostrar es que hubo un desfalco en el Ministerio de Economía y ahí denunciamos peculado, es decir la disposición irregular de los fondos por parte del Ministerio. Este hecho lo denunciamos en diciembre del año 2008.
La OA ¿presentó algún proyecto para mejorar sus funciones?
Desde la OA presentamos muchos proyectos, que a nadie le interesó promover, relacionados con la modificación a la Ley de Ética Pública para establecer un organismo que fuera más viable que la Comisión Nacional de Ética Pública – que nunca se constituyó – y con la protección de denunciantes de buena fe de hechos de corrupción. También, uno para registrar las donaciones, los regalos a los funcionarios públicos, y tampoco tuvo fue impulsado.
El Congreso Nacional ¿Debería ser el órgano que dispusiera las atribuciones de la F.I.A.?
En 2006 elaboré un proyecto de reforma de ley para establecer los mecanismos de control del Procurador. Los constituyentes establecieron el Ministerio Público como órgano y la ley sólo contempla una Comisión en el Congreso que tiene que controlar el desempeño del Procurador.
De todas formas, es evidente que los órganos de control están en crisis y que son insuficientes: el panorama es problemático tanto a nivel federal como provincial. Para que mejoren es necesario adoptar una decisión política firme de crear órganos y de darles independencia, atribuciones y recursos suficientes para que funcionen.
A partir de su renuncia ¿Pensó que la Fiscalía continuaría con las investigaciones que usted encabezó o que cambiaría su rumbo de acción?
La política diseñada por el Procurador General de la Nación y la resolución que limitó las facultades de la Fiscalía obviamente repercutieron negativamente en las competencias de su funcionamiento.
¿Cómo recuerda su paso por la Oficina Anticorrupción y por la Fiscalía?
Fue un gusto haber desempeñado esas funciones imprescindibles para el funcionamiento del sistema democrático, tal como la propia Constitución lo establece. En realidad estoy, por un lado, orgulloso de haber hecho lo que hice pero, también, agradecido porque el país me dio la oportunidad de ocupar ese puesto.
Después de su experiencia, ¿qué le recomendaría a los funcionarios del Estado?
Que es imprescindible ejercer mecanismos de control y de prevención. En Argentina la percepción de corrupción ha subido. Pero depende, también, de la difusión que tienen los hechos de corrupción. No se puede hacer un diagnóstico serio de corrupción sobre la base de causas o de noticias que salen en los diarios o en revistas. Eso no es ciencia.
En Argentina tenemos tolerancia 100% a la corrupción y en los últimos años retrocedimos, a diferencia de países vecinos – como el caso de Chile – que han evolucionado con iniciativas sostenidas y serias. Ellos no inventaron nada, sólo aplican las normas que nuestro país ratificó pero que no implementa, como la Comisión Nacional de Ética Pública.
De todas formas, en los primeros tiempos de (Néstor) Kirchner hubo avances como las modificaciones a la Corte Suprema de Justicia y la creación de la Subsecretaría para la Reforma Institucional y el Fortalecimiento de la Democracia, a cargo de Marta Oyhanarte. Después hubo un estancamiento y se retrocedió.
¿Qué siente actualmente?
Me siento preocupado por la situación de los controles en el país, por la falta de control, por la crisis de los organismos que deben asumir ese rol. Este es un momento realmente crítico.
N.E: Manuel Garrido es abogado (UBA). Doctorado en curso en Ciencias Jurídicas, Universidad Nacional de La Plata. Fue Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas, Director de Investigaciones, Jefe de la Oficina Anticorrupción y Secretario de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal. Actualmente es Director de los Programas de Justicia y Transparencia del CIPPEC. Es fundador del Foro de Fiscalías de Investigaciones Administrativas y Oficinas Anticorrupción de la República Argentina. Asesoró sobre reformas judiciales en distintos países de América Latina. Es profesor titular de Derecho Penal en las Universidades Nacionales de La Plata y del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires. Enseña Institucionalidad Democrática y Justicia en la Maestría de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús. Fue miembro del Comité Asesor Internacional del Ranking de Buenas Prácticas en Materia de Adquisiciones del Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro de la “Corruption Hunter Network”. Recibió el Premio Universitario Rotary Club de Buenos Aires y fue candidato al Premio a la Integridad de Transparencia Internacional en 2008 (“Integrity Awards - Transparency International”). Ha investigado y publicado numerosos artículos sobre temas judiciales y relativos a órganos de control y políticas anticorrupción.
el dispreciau dice:
21 de November, 2009 - 13:19
Mi estimada Señora SENADORA NACIONAL María Eugenia Estenssoro: lamentablemente la corrupción caracteriza a los estamentos políticos de todos los países, en todo el mundo. En unos se expresa de manera más exacerbada y en otros menos, pero finalmente la corrupción que cursa en la Argentina no es distinta a la que lo hace en Estados Unidos de Norteamérica, Italia, Francia, Rusia, China o cualquier otro país. Quizás la diferencia se concentra en la capacidad de reacción de los organismos de control, en su capacidad de detección y seguimiento, así como en la posterior capacidad de la justicia para avanzar sobre ella (corrupción).
Pareciera que en nuestro caso, la invalidación por parte del poder político de cualquier mecanismo con capacidad de control y consecuentemente de cualquier otro relacionado con la justicia, permite que la corrupción se exprese con otra magnitud. Lo antedicho está asumido por nuestra sociedad como algo habitual a partir que todas las gestiones que se han sustentado en sus capacidades de transgresión, siguen circulando por la calle y haciendo comentarios descalificatorios sobre sucesores y sus habilidades.
El foco de la corrupción, desde mi humilde punto de vista, es que se ha desmadrado y ya no hay posibilidad de contenerla a partir del aumento de las actividades y alcances del clientelismo político que ha permitido que los punteros políticos tengan más poder que la justicia y los propios organismos de control ya que actúan patoteando directa o indirectamente, agrediendo de manera frontal o velada, escudándose en los silencios propios de esta situación.
La inseguridad creció al amparo de una policía atada de pies y manos y de una justicia bloqueada por el propio poder político. De allí que nunca se pueda resolver un caso y de allí también que, aún cuando se emita una resolución, la misma contenga más dudas que certezas.
Nadie puede negar que la justicia argentina está diseñada para eludir, dilatar, y transgredir a efectos de preservar los mentados “silencios”. Dicha circunstancia está avalada desde el propio Congreso Nacional, el que se incluye en los “silencios”.
Mientras sigamos mirando los ejemplos ajenos y no nos concentremos en resolver los males que nos aquejan, seguiremos haciendo revisiones, emitiendo diagnósticos, y proclamando cosas que en la práctica o bien no existen o son inejecutables.
La corrupción Argentina creció tanto desde los noventa hacia aquí que ahora se conduce desde las cajas satélites del poder, esto es que los punteros políticos son quienes ponen las pautas de racaudación y aporte para la “corona”, lo cual incrementa la actividad delincuencial a efectos de no dejar que el cash flow diario caiga.
Así, no hay diferencia entre la corrupción manifiesta y explícita que se ejecuta desde una obra pública, a aquella otra que implica un secuestro extorsivo, el asesinato despiadado (cualquiera lo es) de personas inocentes, el robo planificado o el oportunista, el asalto planificado que luego se va de las manos de sus propios ejecutantes, y agréguele todos los etcéteras que se le ocurra. El fondo del problema permanece siendo el mismo y único, en uno y otro extremos porque al fin y al cabo no son distintos ya que nacen de un mismo mentor, primero con capacidad de control y luego, excedido.
ARGENTINA está reconocida en el mundo como una de las mayores falsificadoras de dólares, pero nada se detiene porque eso también le favorece a los supuestos damnificados ya que con ello “evitan emitir”… Nuevo silencio a voces…
Podrá convenir conmigo o no, pero la realidad es que a la clase política no le conviene impedir estos mecanismos de transgresión ya que lo que Usted no recibe por su calidad humana y profesional, nutrirá de mejor manera la caja de otro par.
Me consta porque lo he padecido en carne propia, si Usted denuncia se transformará en víctima y será descalificado, hasta por los propios medios y sus verdaderos “fusilamientos mediáticos”, manipulados por el propio poder político… y si Usted denuncia un robo, se le reirán en la cara tanto como si Usted intenta denunciar un secuestro… ya que todos saben que los mecanismos de seguridad son parte del paisaje de la delincuencia, donde todo confluye confundiendo el horizonte.
ARGENTINA es una vergüenza humana. Mal que nos pese.
Estamos en el foco de las miradas y hacemos reir, discurseando sobre una realidad que se contradice con la que los ciudadanos transitamos cada día… donde nuestras vidas no valen un centavo, y donde nuestros derechos son una parte más de las entelequias del poder político.
Insisto, Argentina pagará un alto precio por tantos desatinos.
Un cordial saludo y como dicen por ahí, siga participando.
dispreciau sí, pero no estúpido...
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