Chernobyles... Chernobilización...

La Señora SENADORA NACIONAL María Eugenia Estenssoro ha actualizado su post con el siguiente tema:

Por María Eugenia Estenssoro / 20 de November de 2009
En la sesión del último miércoles se trató el proyecto relativo a los procedimientos necesarios para obtener ADN que había sido tratado sin la discusión necesaria en las comisiones que hubiera correspondido.

El texto que se aprobó cuenta con ciertas imprecisiones tales como permitir al juez la posibilidad de “ordenar la obtención de ADN del imputado, o de otra persona cuando ello fuere necesario para su identificación o para la constatación de circunstancias de importancia para la investigación”, es decir, que no se especifica en qué casos se aplicaría, mediante qué procedimientos, ni quiénes llevarán a cabo los “registros domiciliarios o la requisa personal”.

Considero que una de las causas más nobles -la lucha por la recuperación de niños apropiados durante la última dictadura militar que encabezaron desde entonces las Abuelas de Plaza de Mayo- debe contar con el intercambio parlamentario suficiente que permita construir óptimas herramientas.

Contrariamente a lo publicado por los medios, mi voto fue negativo.

Ni en la Cámara de Diputados ni el Senado se dio al proyecto el tratamiento que merece. En la cámara revisora (el Senado) sólo se trató en una reunión de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales y no tuvimos la posibilidad de intercambiar opiniones en la comisión de Derechos y Garantías que integro.

Así como expusieron los legisladores del ARI CC en la Cámara de Diputados y como sostuve en la sesión, estamos convencidos de que hay que perseguir los crímenes de lesa humanidad. Debe haber justicia, verdad y castigo a los culpables.

A continuación, transcribo mi exposición durante la sesión:

Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra la señora senadora Estenssoro.

Sra. Estenssoro.— Señor presidente: el largo y rico debate que hemos tenido —que ya lleva más de tres horas— respecto de estos tres proyectos demuestra que es delicado legislar y mejorar, aún más, la legislación argentina, con el afán de reparar el daño provocado a miles de familias y personas —es decir, al conjunto de la sociedad— afectadas por la brutal dictadura de los años ‘70. Se trató, además, de un debate respetuoso, durante el cual nos hemos escuchado y ha habido preguntas. En consecuencia, ese ida y vuelta muestra cómo, realmente, queremos entender la visión del otro, y mejorar las instituciones y las leyes vigentes.

Eso demuestra que no se pueden analizar estos temas en blanco y negro y que, más bien, deberíamos analizar lo que estas tres iniciativas presentan para asegurarnos de que estamos mejorando la legislación y las instituciones vigentes y no desandando el camino recorrido.

Cuando comenzó este debate a eso de las 17, el doctor Adolfo Pérez Esquivel —Premio Nobel de la Paz de la Argentina y, además, un gran defensor de los derechos humanos— y la doctora Rodríguez Cardozo —actual directora del Banco Nacional de Datos Genéticos— estaban en una reunión con el juez Zaffaroni en virtud de su preocupación por la posibilidad de que el Banco pase a la órbita del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, querían ponerlo en autos acerca de esa situación.

Asimismo, creo importante señalar —ya se ha expresado— que llama la atención que el personal que hace veintidós años construyó el Banco Nacional de Datos Genéticos no haya sido convocado al Senado de la Nación para brindarnos su opinión sobre un tema fundamental. Hay que tener en cuenta que ese personal nos distingue como argentinos. Nuestro país ha visto en las últimas décadas que muchas de las instituciones y organismos del Estado se han ido degradando; al respecto, muchos organismos e instituciones que hace décadas funcionaban muy bien, hoy no son lo mismo. Sin embargo, y en ese mismo período, un grupo pequeño de aproximadamente treinta personas construyó una institución que es un faro no solamente para el Estado y la sociedad argentina, sino también para el mundo. En consecuencia —reitero—, llama la atención que ni su ex directora —la doctora Di Leonardo—, ni su actual directora, ni los miembros de organismos hayan sido convocados para explicar los motivos por los que creen que es inconveniente que el Banco de Datos Genéticos pase a la órbita del Poder Ejecutivo nacional. Si el proyecto de ley referido al banco genético se aprueba, los 33 miembros que integran este organismo que funciona dentro del Hospital Durand no van a integrar el banco genético que funcione dentro del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Creo que es importante saber eso, porque esta institución funciona gracias al conocimiento que han construido las personas que allí trabajan con su propio esfuerzo.

Tal vez, no todo el mundo sabe que la genética forense es una disciplina que aún no está muy desarrollada ni en las universidades argentinas ni en el CONICET. Este personal se ha formado a través de cursos que ha costeado con sus propios medios en el extranjero: concretamente, en la Asociación Internacional de Genética Forense y en el FBI, donde se vienen actualizando desde hace mucho tiempo. Así que si estas personas no siguen en este banco no va a ser tan fácil contar con un cuerpo técnico especializado de esta calidad, que fue precisamente lo que ha asegurado que se plasmara el trabajo de las Abuelas de Plaza de Mayo y el mandato que el doctor Raúl Alfonsín le dio a la CONADEP. Todo esto no hubiera sido posible sin la participación de este personal científico y técnico que contribuyó a la construcción de esta institución.

En ese sentido, quiero leer una carta que enviaron la doctora Rodríguez Cardozo y todo el personal de la institución a la Cámara de Diputados el 3 de noviembre de 2009, fecha en que comenzó a tratarse este tema. Allí se dice que esa Dirección tomó conocimiento de la presentación de este proyecto por Internet y que por eso se permite hacer una serie de sugerencias que considera importante. Realmente, que se haya enterado por Internet y que no hubiera habido una consulta previa en la elaboración del proyecto también es bastante llamativo.

En dicha carta, agregan que ese grupo considera que no es apropiado que el Banco Nacional de Datos Genéticos se circunscriba solamente a los crímenes de lesa humanidad porque dejaría desprotegidos a los demás habitantes de la Nación que hoy reciben servicios de este tipo, como son todos los casos de filiación de identidad, además de los casos de delitos complejos que también atiende este Banco. Porque al restringir su competencia, quedaría desprotegida una gran parte o la mayoría de los habitantes de la Argentina, quienes no podrían contar con estos servicios en ningún otro lado porque no hay ninguna otra institución que los preste.

Además, la doctora Rodríguez Cardozo también dice que considera que debe someterse a una importante evaluación el hecho de que el Banco Nacional de Datos Genéticos pase a la órbita del Poder Ejecutivo, principal querellante por la naturaleza del delito en las causas de lesa humanidad y, por lo tanto, el perito oficial debe ser independiente de la querella. Agrega que no puede estar bajo la órbita del Poder Ejecutivo pues eso afectaría el requisito esencial del peritaje, que es la imparcialidad, señalando que de tener que depender de uno de los poderes, debería estar bajo la órbita de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Por otro lado, la misma doctora informa que ese grupo de trabajo de 33 personas, formado por un equipo interdisciplinario que incluye profesionales, técnicos de laboratorio y personal administrativo, no se trasladará al Poder Ejecutivo nacional bajo ningún concepto y sólo accederá a continuar en sus funciones si se efectivizara el pase como personal de planta de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia de la Nación. Creo que es importante tener conocimiento de esta carta.

Creo que otra cosa que hubiera enriquecido el proceso de definición de este tema es que hubiéramos tenido, como pidió también Adolfo Pérez Esquivel en la carta leída por el señor senador Petcoff Naidenoff, una audiencia pública en el Senado de la Nación. En ese sentido, como integrante de la Comisión de Derechos Humanos, señalo que también hubiera sido muy importante que este tema se debatiera en dicha comisión o que en la audiencia pública también estuvieran representados sus miembros. Porque como senadora por la Ciudad de Buenos Aires, me hubiera gustado muchísimo convocar a funcionarios del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ya que este banco depende de esa jurisdicción y ha sido financiado y equipado principalmente por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ya que como se dijo, durante estos veintidós años solamente ha pagado los reactivos en los casos de delitos de lesa humanidad. Pero el equipamiento, el mantenimiento del personal y todo lo demás, ha sido financiado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

En ese sentido, llama poderosamente la atención que ningún funcionario del gobierno de la Ciudad se haya pronunciado sobre este tema, ni haya respondido a los requerimientos y pedidos de los integrantes del Banco Nacional de Datos Genéticos.

Me hubiera gustado hacer muchas preguntas aquí, en el Senado de la Nación, acerca de esa ausencia, ya que parte del proyecto implica una apropiación por parte del gobierno nacional de un recurso de la ciudad. Por eso, creo que los funcionarios del gobierno de la Ciudad están permitiendo que esto ocurra, sin decir una sola palabra.

También me hubiera gustado convocar a jóvenes que, efectivamente, han querido conocer su identidad, para que ellos nos contaran la importancia de conocer la verdad y para que nos explicaran cómo esa situación les ha restituido cierta armonía e integridad en sus vidas.

Asimismo, nos hubiera gustado escuchar a los jóvenes que hoy tienen treinta años y un poquito más, para que nos explicaran por qué consideran que esto sería un daño y un perjuicio mayor, aun cuando ellos sospechen que son hijos de desaparecidos.

Creo que hubiera sido muy importante escuchar a todas las partes involucradas en estos temas tan delicados, aquí en el Senado de la Nación.

Dicho esto y para ir redondeando mi exposición, quiero decir que la Coalición Cívica y el ARI valoran enormemente el trabajo que se ha realizado no sólo en estos veintiséis años de democracia, sino desde mucho antes, en plena dictadura, cuando pocos argentinos arriesgaban su vida para investigar y hacer conocer estos temas y defender los derechos humanos de familias y de personas que estaban siendo desaparecidas y violentadas por el propio Estado nacional.

En ese sentido, tanto la labor de “Chicha” Mariani como de Estela Carlotto, y de las Abuelas de Plaza de Mayo, realmente constituye un símbolo de construcción de ciudadanía, de verdad y de justicia en la Argentina.

Así como dijo el señor senador Filmus que hubo una época, ya en democracia, en el que gran parte de la sociedad quiso dar vuelta la página sin que se siguiera investigando lo que había pasado y se llegara a la verdad y a la justicia, quiero señalar que en 1994, cuando se produjo la reforma constitucional, fue Elisa Carrió quien efectuó la propuesta de incorporar los tratados internacionales de derechos humanos en la Constitución. Ello permitió, luego, que se reabrieran las causas y que cayeran las leyes de obediencia debida y punto final.

Además, hasta 2003, tanto Elisa Carrió como Patricia Walsh —quien es autora de los proyectos de nulidad de obediencia debida y punto final—, durante muchos meses pidieron sesiones especiales para derogar esas leyes de impunidad. Sin embargo, eran muy pocos los diputados que bajaban al recinto para considerar dichas iniciativas. Por eso, ellas estuvieron durante años pidiendo la nulidad de esas leyes del olvido, casi en soledad.

O sea que esta causa constituye un compromiso del ARI y de la Coalición Cívica desde siempre.

Pero es un error sacar el Banco de Datos Genéticos del Hospital Durand y transferirlo a la órbita del Poder Ejecutivo nacional, porque este centro referencial de asesoramiento jurídico hoy está en una órbita neutral, imparcial, y en una institución científico médica —como es el Hospital Durand—, que tiene estrictos protocolos científico médicos y que, además, ha demostrado una probada excelencia científica y ética, lo cual es fundamental para que estos casos lleguen a buen puerto. En cambio, en el Ministerio de Ciencia y Tecnología no se requiere el mismo rigor científico. Y, además, éste no tiene la neutralidad política que un banco de esta naturaleza debería tener.

Además, va a estar sujeto a los vaivenes electorales, a los cambios ideológicos y a la visión sobre los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad que tengan los distintos gobiernos cuando cambien cada cuatro u ocho años.

Además, el artículo 19 del proyecto dice que el director y los subdirectores serán nombrados por cuatro años y pueden ser reelegidos por cuatro años más. Pero eso también le da una gran inestabilidad y un condicionamiento político que no le hace bien a este banco de datos.

El artículo 5/ dice que tiene que garantizar la inviolabilidad e inalterabilidad de los datos sensibles y la adecuada cadena de custodia. Por ejemplo, la doctora Rodríguez Cardozo dice que es difícil cuando va a haber tanta rotación de directores. La inestabilidad en los cargos de organismos que tienen que tener autonomía y autarquía, es uno de los problemas de la mayoría de los organismos públicos hoy en el Estado nacional. Y este proyecto le va a quitar la estabilidad que tuvo.

La primera directora y su fundadora, la doctora Di Lonardo, estuvo veintidós años en el cargo, y la mayoría del personal ha estado desde el nacimiento. Eso le ha dado la solvencia técnica y la independencia política que creo que permitió llegar a estos resultados tan buenos.

Ya lo han dicho aquí varios senadores, pero resalto las palabras de los señores senadores Escudero y Cabanchik. ¿Por qué desmantelar una institución que funciona tan bien, y por qué no crear tal vez un Banco específico para los casos de violaciones de derechos humanos y apropiación de niños específicamente en el Poder Ejecutivo nacional, pero uno nuevo, sin desmantelar el que existe?

Es decir, crear uno nuevo, pero permitir que quede este Banco de Datos Genéticos para los casos de filiación, de búsqueda de identidad y también para los casos de delitos complejos, como puede ser violaciones u otros. Porque el Banco de Datos va a transferir al Poder Ejecutivo la totalidad de la información y, como ya han dicho anteriormente, de las dieciocho mil muestras que obran en el Banco solamente siete u ocho mil tienen que ver con casos de lesa humanidad.

Además, la aparatología ha sido financiada por el gobierno de la ciudad; y para el gobierno nacional —según me han dicho— este Banco tiene un costo total entre aparatos y material de 2 millones de dólares, es decir que no le costaría casi nada al crear uno nuevo, específicamente para estos temas, sin desmantelar el existente.

En el proceso de transición, el artículo 28 dice que todos los bienes y datos del Banco actual estarán afectados y continuarán siéndolo al fin que tienen que cumplir y que el Banco tendrá que funcionar normalmente. Pero es difícil que eso ocurra si esta norma se sanciona, por el desconcierto y la insatisfacción del personal que tiene que llevar adelante las investigaciones.

Por lo tanto, creo que esta decisión, en lugar de mejorar la legislación y una de las instituciones pilares que ha permitido recuperar casi cien hijos y/o nietos de desaparecidos, podría significar que en el futuro tengamos problemas para que esto siga sucediendo.

Además, acá hay un problema serio, ya que por reparar un daño podemos causar otro peor. La politización que el pase a la órbita del Poder Ejecutivo puede ocasionar, podría llevar a la manipulación y sustitución de identidad si no se continúa con el rigor científico. En este sentido, quiero dar un caso muy concreto. El Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema está intervenido y la doctora Argibay Molina es quien lo preside actualmente.

Cuando la Corte Suprema no era independiente y era adicta, dentro del Cuerpo Médico Forense se comprobó que se había estado haciendo manipulación de los patrones genéticos. Eso puede llegar a ocurrir si el Banco Nacional de Datos Genéticos del Hospital Durand no sigue contando con el mismo rigor científico y no continúa en un ámbito neutral. Por lo tanto, creo que es importante que sepamos todo esto.

Hay muchos otros casos en los que el Banco de Datos Genéticos ha trabajado, como por ejemplo la identificación de aviadores de la Guerra de Malvinas, cuyos restos óseos estaban en una vitrina en las Islas Malvinas. También ha tenido participación en los casos de N.N. caídos en la toma del regimiento de La Tablada; en el crimen de la joven Mara Matheu, en Santa Teresita; y en el asesinato de una chica en Cipoletti.

En efecto, hay muchísimos casos en los que interviene este Banco Genético y no son de lesa humanidad. Por lo tanto, si su aparatología será utilizada por el Poder Ejecutivo y sus integrantes quedan en el Hospital Durand, pero sin aparatos, este tipo de investigaciones no se van a poder realizar.

Respecto del proyecto de la toma compulsiva de ADN, hago mías las razones explicadas por la señora senadora Escudero y adelanto que no lo acompañaremos. Sí lo vamos a hacer respecto del proyecto contenido en el expediente CD. 64 /09, que permite que las organizaciones de derechos humanos sean parte querellante en estas causas.

No obstante, me gustaría señalar que la Coalición Cívica desearía que esta posibilidad también se extendiera a otras violaciones, como las de derechos económicos y sociales y de derechos ambientales. El objetivo es que no se restrinja solamente a los temas vinculados con los derechos humanos y políticos. En este sentido, cito por ejemplo la investigación del asesinato de José Luis Cabezas. En este caso, la Cámara de Apelaciones permitió que la Asociación de Reporteros Gráficos pudiera actuar como parte querellante.

En casos ambientales, se le podrá permitir a Greenpeace. Es decir que nosotros quisiéramos que se ampliara esta modificación a otras organizaciones de distinta naturaleza.

Sr. Presidente (Pampuro).— Tiene la palabra el señor senador Filmus.

Sr. Filmus.— Señor presidente: con el mismo criterio constructivo que planteaba la senadora Estenssoro —con quien coincidimos en muchos de los aspectos—, quisiera hacerle una pregunta.

Respecto de su intervención acerca del Banco Nacional de Datos Genéticos —sobre el cual compartimos la misma preocupación—, quisiera saber por qué el estar dentro de la ciudad de Buenos Aires, dependiendo en particular del área de Salud y de los directores de hospitales de la ciudad de Buenos Aires —que como todos sabemos muchos de ellos acaban de ser despedidos, no se ha llamado a concurso y se han realizado designaciones de modo arbitrario, tal como lo indican los propios médicos de la ciudad—, la señora senadora piensa que el organismo estaría menos sujeto a los avatares políticos, comparado con la idea de que sea un ente autónomo y autárquico, como está planteado, dentro del Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Además, justamente, como planteaba la senadora —y me parece muy correcto—, será renovado cada cuatro años por concurso, punto que en la otra ley no está claro.

Insisto; depende de un hospital, de un servicio de salud y la ciudad de Buenos Aires también es un ente político que tiene elecciones. Como sabemos, cada gobierno puede dar menos o más importancia a los derechos humanos. Casualmente, hoy planteamos aquí un proyecto de declaración —por lo menos, el senador Cabanchik y quien habla— referido a la posible violación flagrante a los derechos humanos en la ciudad de Buenos Aires, al ejercer ilegalmente escuchas.

Todos tenemos la misma preocupación, en el sentido de que esto quede al margen de los avatares políticos. Por lo tanto, no veo por qué el hecho de que dependa de la ciudad de Buenos Aires, en particular de un hospital como el Durand, que es uno sobre los cuales se ha discutido mucho el tema de la Dirección, garantizaría la mayor posibilidad de transparencia y objetividad política.

Sr. Presidente (Pampuro).— Tiene la palabra la señora senadora Estenssoro.

Sra. Estenssoro.— Señor presidente: en primer lugar, este Banco funciona desde hace veintidós años y, a pesar de todos los avatares y de la inestabilidad en varias instituciones, incluso en el sistema de Salud Pública de la ciudad de Buenos Aires, realmente ha funcionado muy bien.

La pregunta es por qué modificar algo que funciona tan bien. Porque este Banco funciona no por las máquinas ni tampoco por los reactivos que ha pagado el gobierno nacional en los casos de lesa humanidad, sino por el personal.

Le voy a citar un caso; tal vez un ejemplo importante. Cuando el Poder Ejecutivo empezó a discutir este proyecto en 2005 la directora de entonces, la doctora Di Lonardo, que se oponía a la transferencia a la órbita del Poder Ejecutivo —sí pensaba que podía ser la Corte Suprema de Justicia—, primero fue cesanteada salvajemente. Estas son las palabras textuales que usó la diputada Juliana Marino, del Frente para la Victoria, cuando se discutió este proyecto en 2006 en la Cámara de Diputados; y gracias a su intervención este proyecto no prosperó.

Además, de haber sido cesanteada, el secretario de Derechos Humanos después la querelló por enriquecimiento ilícito y a los cinco meses fue sobreseída. Es una mujer que había sido distinguida en el año 90 por el gobierno de Francia con el premio de Derechos Humanos y que los 20 mil dólares que le dieron los utilizó para comprar equipamiento para el Banco Nacional de Datos Genéticos. Sin embargo, en vez de haber sido homenajeada, ha sufrido una persecución política.

Sr. Filmus. — ¿Quién la cesanteó?

Sra. Estenssoro. — La cesanteó el gobierno de la Ciudad; era Telerman el jefe de Gobierno en ese momento, que era un aliado del Frente para la Victoria. Pero quien avanzó con este proyecto…

— Murmullos en el recinto.

Sra. Estenssoro. — Senador no se ría. No es serio.

Sr. Filmus. — Es el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Sr. Presidente (Pampuro). — No discutan, por favor.

Sra. Estenssoro. — Le estoy dando mi punto de vista. Así como Estela Carlotto es un símbolo de la Argentina, la doctora Ana María Di Lonardo también es un símbolo que ha sido perseguida política y judicialmente en forma injustificada.

Las instituciones se construyen por las personas y si algo ha funcionado tan bien durante veintidós años, ¿por qué modificarlo? Generalmente no tenemos tantas agencias autárquicas e independientes que funcionen bien en la Argentina.

Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.

Perdón, el señor senador Marín solicita una interrupción.

Sr. Giustiniani. — Sí, cómo no.

Sr. Presidente (Pampuro). — Para una interrupción tiene la palabra el señor senador Marín.

Sr. Marín. — Señor presidente: simplemente para manifestar que realmente se habla de desintegrar el organismo y el artículo 28 dice que los funcionarios y empleados del Banco Nacional de Datos Genéticos podrán optar por permanecer en su cargos y tareas en el nuevo ámbito funcional, reconociéndoseles en tal caso su antigüedad en los cargos así como el resto de sus derechos laborales. Es decir, por lo menos se interpreta que no se va a desmantelar, sino que aquellos que lo deseen podrán quedarse..

Sr. Presidente (Pampuro). —Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.

Sr. Giustiniani. — Están pidiendo otra interrupción, señor presidente.

Sr. Presidente (Pampuro). — Para una interrupción, tiene la palabra la señora senadora Estenssoro.

Sra. Estenssoro. — Señor presidente: era sólo para aclarar que los treinta y tres miembros del Banco Nacional de Datos Genéticos han dicho que no van a pasar a la órbita del Poder Ejecutivo.

el dispreciau dice: cuando las ciencias caen bajo la órbita del poder político y/o económico pierden inmediatamente su calidad intrínseca para transformarse en "herramientas" de justificación de nuevos atropellos. La historia está llena de ejemplos, todos odiosos. Las ciencias manipuladas carecen de fundamentos éticos y por ende están lejos de los principios filosóficos que deberían acompañar la investigación y el desarrollo de métodos y procesos. Esta gestión está empecinada en politizar todos los ámbitos de la civilidad, justificándose en argumentos reales o ficticios. Los crímenes de lesa humanidad en nuestro país deberían contener a dos ámbitos precisos, por un lado el castrense y por el otro lado el de los guerrilleros ya ninguno de ambos aportó nada a la sociedad, mucho menos a la patria y ni qué hablar de sus víctimas. Indudablemente, la gestión política oculta alguna intencionalidad en tantos apuros legales o bien no sabe comunicar qué es lo que pretende. Víctimas de los años setenta somos todos los argentinos, sobrevivientes y muertos, asesinados por unos u otros. Los mejores ejemplos de la barbarie política manipulando a las ciencias aparece en la Ex- Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas donde los logros eran patrimonio del buró, los errores lo eran de científicos no comprometidos con el partido, y las consecuencias le eran achacadas a las víctimas de las circunstancias tal ocurrió en Chernobyl donde los técnicos anunciaron la catástrofe que luego los terminó matando o inculpando (siempre hay que buscar a un culpable ajeno al mundo político). Así la Ex- URSS tiene el mérito de haber fabricado una ciencia "oxidada" y qué casualidad, nosotros vamos hacia el mismo destino, con un agravante, nos seguimos creyendo "los mejores"... Un cordial saludo.