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Sistema penal de Estados Unidos plagado de injusticias
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David Antonio Pérez, de 42 años, pasó recluido cinco años en varios centros de detención para indocumentados en Estados Unidos, lo que duraron sus recursos ante la justicia para evitar la deportación. De regreso a El Salvador, donde ya fue deportado otras dos veces, su futuro está marcado por la derrota y la incertidumbre. Crédito: Edgardo Ayala/IPS
- Las dificultades de acceso a la asistencia legal y la desigualdad socioeconómica ocupan un lugar central en el sistema de justicia penal de Estados Unidos, donde hay un exorbitante número de presos sin condena.
Miles de personas se ven privadas de los derechos humanos más básicos y reciben un trato que las equipara a una “subclase” criminal en lo que parece ser un sistema perfectamente “legal” y “justo”.
Estados Unidos tiene la mayor población carcelaria del mundo con la pasmosa cifra de 2,3 millones de personas tras las rejas. En otras palabras, uno de cada 99 adultos están confinados en una celda.
Y Florida se ubica en tercer lugar entre los estados con la mayor población privada de libertad. Se gastan unos 2.700 millones de dólares al año para alojar delincuentes presos por delitos menores.
Los presos estadounidenses no tienen derechos políticos ni voz sobre el trato que reciben, y casi que tampoco tienen organizaciones que los representen.
Una vez que recuperan la libertad, tampoco pueden solicitar asistencia para vivienda ni ayuda económica. Además, deben declarar que estuvieron presos cada vez que presentan solicitud de trabajo.
Según la Oficina de Estudios Judiciales, la falta de políticas de rehabilitación y de acceso a servicios públicos hace que 76 por ciento de los presos tengan probabilidades de reincidir en los cinco años siguentes a su liberación.
IPS conversó con Jean-Claude sobre el terrible periplo que tuvo en el sistema de justicia de Florida. Su familia, que quedó en Haití, desciende de educadores y personalidades influyentes de ese país.
Cuesta creer que con su forma correcta y bien articulada de expresarse pudiera estar casi 10 años preso.
A Jean-Claude lo condenaron por conspiración en base a “evidencia de oídas” en un caso de extorsión, sin “pruebas materiales” para comprobarlo. Él sostiene que es un error desde el punto de vista legal y es un recurso que no debería usarse para condenar a una persona.
Jean-Claude, condenado por conspiración en base a “evidencia de oídas” en un caso de extorsión, sin “pruebas materiales” para comprobarlo. En 1998, inició una batalla legal contra el estado de Florida que duró 10 años. Crédito: Cortesía
En 1998, inició una batalla legal con el estado de Florida que duró 10 años. Todavía está en pleno debate para revisar la legislación sobre el estatuto 777.04 sobre “Tentativa, Incitación y Conspiración”.
A medida que avanzó la acusación, se hizo evidente que se había cometido una enorme injusticia. Después de tres años y medio tras las rejas, comenzó el juicio.
Le ofrecieron un bono de más de un millón de dólares. La solicitud de reducción de pena cayó en oídos sordos, y le fue negada por el tribunal. Su abogado cobró la considerable suma de 15.000 dólares y no hizo mucho para resolver el caso.
Su caso deja en evidencia que pretender contar la historia desde la perspectiva del imputado es excesivamente costoso en el sistema de justicia penal de Estados Unidos. No es un derecho garantizado para sectores con poder adquisitivo bajo y medio.
El caso de Jean-Claude se distingue del de 85 por ciento de los presos de este país que nunca van a juicio.
Con abogados con honorarios excesivamente altos y bonos desorbitados, se recomienda y se alienta a muchos imputados a declararse culpables de delitos que pueden no haber cometidos.
“El Estado y los abogados no aconsejan ir a juicio porque es demasiado costoso y lleva mucho tiempo”, explicó Jean-Claude.
Como inmigrante haitiano, las condiciones del sistema penitenciario de Estados Unidos son excepcionalmente injustas. Para peor, dos días antes de su liberación, lo trasladaron a un centro de detención para deportarlo.
Una vez allí, lo mantuvieron incomunicado durante 23 horas, lo que es una forma de tortura, como precisa Amnistía Internacional.
Por poco y no logra evitar su deportación; por suerte pudo presentar su caso ante un juez y alegar que su esposa e hijos, residentes estadounidenses, lo estaban esperando con ansias tras nueve años en la cárcel.
En sintonía con lo que dice Michelle Alexander en “The New Jim Crow”, Jean-Claude coincide que en Estados Unidos tratan a los presos como si fueran una casta inferior.
Dentro y fuera de las penitenciarias, los convictos o exconvictos se ven privados de sus derechos básicos a reformarse y rehabilitarse. “La mayoría deja la prisión peor que cuando entró”, sentenció Jean-Claude.
Para sobreponerse a una recaída, él decidió echar mano a su experiencia de negocios.
El nivel de educación de la mayoría de los hombres presos en Florida no supera el grado 6, que suelen cursar los niños a los 11 o 12 años. Por ello, tuvo un gran impacto la iniciativa de Jean-Claude de implementar un programa de “Empresa e Innovación” en la cárcel.
Más de 150 estudiantes pasaron por su programa, concentrado en innovación y alfabetización tecnológica. Y aun después de recuperar la libertad, siguió ofreciendo servicios de educación y de búsqueda de trabajo a presos y exconvictos.
Jean-Claude fundó la organización Riemerge, que apuesta a la rehabilitación de hombres atrapados en el sistema penal estadounidense mediante capacitación en innovación tecnológica para conseguir empleo en grandes corporaciones.
Como los hijos de presos tienen seis veces más probabilidades de terminar en la cárcel, Jean-Claude hace hincapié en el vínculo entre padres e hijos.
Así, los padres comparten sus logros y otras cosas que aprenden con sus hijos, además de alentarlos a innovar en cuestiones de tecnología y negocios.
¿Qué futuro le espera a los jóvenes varones condenados de forma injusta?
Jean-Claude mencionó la importancia de la inteligencia artificial en el sistema de justicia penal.
“Tengo esperanzas en la reforma porque gracias a la tecnología, el sistema de justicia penal adopta nuevas tecnologías con rapidez. Creo que así se eliminarán los prejuicios en los tribunales y en las políticas”, opinó.
Pero las nuevas tecnologías introducen sus propios problemas. Por ejemplo, Brian Brackeen, un empresario afroamericano y fundador de Kairos, creó una exitosa tecnología de “reconocimiento facial”, que se niega a vender a la policía porque las computadoras pueden adoptar esos prejuicios.
“He sido muy claro sobre los posibles peligros asociados a los actuales prejuicios raciales del reconocimiento facial, y muy abierto sobre mi oposición a que la policía use esa tecnología”, declaró.
Con una mayor conciencia y dedicación, exconvictos como Jean-Claude son optimistas con respecto a su capacidad de erradicar las graves injusticias del sistema penal estadounidense.
Pero Jean-Claude, uno de los muchos presos víctimas de la justicia estadounidense, está decidido a hacer todo lo posible por promover el acceso a la justicia y promover un cambio que beneficie a los presos silenciados de forma injusta.
Traducción: Verónica Firme
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