Las 3.720 pedanías rurales se salvan en el Senado de ser borradas del sector público | Sociedad | EL PAÍS

Las 3.720 pedanías rurales se salvan en el Senado de ser borradas del sector público

La reforma local iba a dejar en el aire las propiedades comunales de las juntas de vecinos

Una enmienda del PSOE aceptada a última hora por el PP las mantiene como entes públicos

Pasarela construida por los vecinos en el bosque de Ciñera, pedanía situada en León. / JUAN LÓPEZ DEL MORAL MUÑOZ

En plena crisis griega, dos diputados alemanes, Josef Schlarmann y Frank Schäffler, de la coalición de centro-derecha de Angela Merkel,sugirieron al diario sensacionalista Bild que lo mejor para evitar el crashheleno era que Atenas pusiese a la venta alguna de las 6.000 islas deshabitadas del país. “¡Vendan sus islas, griegos quebrados! Y la Acrópolis también”, tituló el diario. Aquello no hizo ninguna gracia al ministro de Turismo griego de entonces, Pavlos Geroulanos, que tachó la ocurrencia de absurda. Tres años después, en España, nadie del Gobierno de Mariano Rajoy admitía hasta ayer querer enajenar el patrimonio forestal en manos de juntas vecinales, pero las pedanías rurales han estado a punto de sufrir la pérdida de sus bienes comunales gracias a la reforma de los Ayuntamientos que el Senado sometió a debate. Una enmienda de última hora logró este lunes evitar el desastre: el PP admitió no solo que mantengan su personalidad jurídica, sino que aceptó una modificación propuesta por el PSOE para garantizar su condición de "entidad local". El matiz, aparentemente inocuo, forzaba a las 3.720 existentes en España a dejar de ser titulares de bienes públicos, lo que las despojaría de montes e incluso de sus bienes comunales.

Tras lo sucedido ayer está una intensa campaña de las propias pedanías para impedir su supresión: "Se comprueba que los argumentos del Concejo General de León y de la Federación de Concejos Pedanías y Parroquias Rurales de España eran plenamente válidos, cuando exigían en virtud de los mismos la mención expresa a que las Juntas Vecinales debían seguir teniendo el carácter de Entidad Local", aseguraron en un comunicado.

Sin embargo la segunda parte de la nueva ley que más temían las pedanías sigue en pie, y tiene que ver con su integración en los municipios de los que dependen. Si un concejo no presenta las cuentas o incumple un solo año la regla del gasto podrá ser absorbido por el Ayuntamiento de cabecera. En el ministerio que dirige Cristóbal Montoro repiten que “lo mínimo que se les puede exigir”, es que las Entidades Locales Menores (ELM) publiquen sus balances y cumplan con sus obligaciones para evitar corruptelas pero muchas juntas están formadas por un puñado de vecinos, muchas veces menos que los de cualquier edificio de una gran ciudad, y se administran sin la supervisión de un secretario municipal.

Para Ecologistas en Acción, que lleva meses en campaña contra la norma, la ley pretende el “expolio de los bienes comunales”. De los 7.129 millones que pretende ahorrar, la partida correspondiente a la desaparición de 3.700 ELM era de 72 millones. Los ecologistas subrayan que las comunidades rurales, muchas con varios siglos de historia, funcionan de manera mucho más sostenible de lo que la gente suele creer.

Francisco Sosa Wagner, catedrático de Derecho Administrativo y eurodiputado de UPyD, apunta que mezclar el debate sobre las entidades locales menores con los problemas del déficit es “absolutamente inadecuado”. “Estas pobres Administraciones no son precisamente las causantes de nuestro déficit. Si tenemos en cuenta que uno de los problemas territoriales españoles es el de la despoblación, se comprenderá que desnaturalizar estos tradicionales asentamientos no es el camino correcto. La experiencia europea nos dice que las tareas de repoblación, conservación de los montes y la rentabilidad de muchos aprovechamientos forestales están vinculados a espacios territoriales como esos. Disparar sobre estas entidades no deja de ser una forma de practicar el tiro sobre un objetivo equivocado”.

Aunque jurídicamente sea un camino difícil, la idea de que la Administración pueda deshacerse de bienes públicos para sacar tajada económica flota en casi todos los análisis de expertos consultados por este periódico. Valentín Cabero Diéguez, catedrático de Geografía de la Universidad de Salamanca, parte de un hecho: “Las pedanías no tienen fuerza demográfica ni política para dar una respuesta, excepto en casos contados. Con esta ley la mayoría están en trance de desaparición. Hablo de aquellos núcleos con 20 o 30 habitantes, que manejan recursos estratégicos, que son un valor goloso para los propios ayuntamientos… me indigna escuchar de los políticos el discurso de la defensa del mundo rural cuando detrás de esto hay intereses espurios, grandes lobbys, bancos. La labor de las entidades locales menores crea tejido rural con autoestima”. Al fin y al cabo, medita, cuando un acuerdo municipal justifique la necesidad de cambiar de uso un bien comunal como un monte “ningún juez se va a oponer”. De ahí solo hay un paso para que ese bien pueda utilizarse como una mercancía.

Francisco Velasco, director del Instituto de Derecho Local de la Universidad Autónoma de Madrid, matiza que no cree que la ley persiga “usurpar montes comunales”. Pero admite que es probable “que pueda darse un problema de aplicación, porque técnicamente la ley es mala, muy mala”. El remiendo aceptado a última hora de este lunes por el PP viene a intentar corregir uno de esos fallos. Velasco también cree que la norma “parte de un planteamiento defectuoso en el cálculo de los ahorros”, esos 7.129 millones.

Echando un vistazo a lo que pasa alrededor, España no es el único país que pone en jaque a sus comunidades rurales. Sergio Couto, coordinador de ICCA Consortium, una organización defiende pequeñas poblaciones amenazadas en el mundo, recuerda que los Gobierno suelen acordarse de sus montes cuando no les salen las cuentas. Couto ha estudiado formas de organización históricas como las Bardenas Reales, que comenzaron a gestionar derechos de pastos en el año 882, u otras más recientes como cofradías de pescadores, juntas de valle, montes de socios, sociedades de caza, facenderas, concejos… “Todas tienen elementos comunes, son las primeras interesadas en no sobreexplotar los recursos, en cuidarlos. Hacen una gran labor de desarrollo económico, pero también desde el punto de vista social y ecológico. Son un ejemplo de democracia, se gobiernan con sistemas de participación directa”. Ninguna empresa, dice, ni administración lejana podrá suplantar su papel porque “sus habitantes están pegados al territorio, no les interesa obtener beneficios para reinvertirlos en otro lado”.

En Soria, la asociación forestal de la provincia apadrina una de esas iniciativas colectivas para recuperar tierras abandonadas. “Lo que está pasando ahora con la ley ya lo hemos vivido en las grandes desamortizaciones del S.XIX [de Mendizábal y Madoz], cuando el Estado recurrió a la venta de bienes en manos muertas, de iglesias y órdenes militares”, reflexiona uno de sus promotores, Pedro Medrano. “La mayoría acabaron en manos de algunos pudientes que se convirtieron en grandes latifundistas, pero ciertos pueblos se organizaron para comprar sus tierras. Aquello fue un ejemplo de rebelión del campo”. Su asociación, Montes de Socios, reconocida por Naciones Unidas por sus buenas prácticas, ha puesto en marcha un plan aplicable al millón y medio de hectáreas de terrenos forestales abandonados a causa de la despoblación. Su modelo de gestión pasa por reconstruir comunidades reinvirtiendo todos los beneficios de la explotación del monte en su conservación. “Lo más importante es el efecto social de rescate de las raíces, en acercar a los que se han quedado en el pueblo con los que se han ido”

Municipios rurales ignoran cómo aplicar la ley

Arturo de Inés (PP), alcalde de Villaseco de los Reyes (Salamanca, 401 habitantes), anda estos días muy preocupado por cómo afectará a los municipios rurales reforma local que entrará en vigor el próximo enero. “Confío en que sea para bien”, dice, sin disimular su temor a perder servicios gestionados “sin ningún problema desde hace años”, como la mancomunidad Cabeza de Hornos, que él preside y que abastece de agua a 100 municipios de las comarcas de Ledesma y Vitigudino. “¿Qué ahorro pretenden conseguir en pueblos como Villaseco?”, se pregunta sentado en un despacho destartalado, con las puertas cerradas para no perder calefacción.

Arturo gobierna con mayoría absoluta hace 34 años sin cobrar “ni un euro” en un municipio con 14.000 hectáreas de pasto que vive de la ganadería. No tiene deudas, ni planea grandes inversiones, ni presupuesta por encima de sus posibilidades. Los 500.000 euros que ingresa Villaseco dan para pocas alegrías teniendo en cuenta que tiene una residencia de ancianos. El regidor, pese a sus temores, mantiene que no sabe cómo le afectará la reforma, por eso no ha querido significarse a la campaña “Este pueblo no se vende”, impulsada en la comarca por alcaldes socialistas. El eslogan, a modo de advertencia, está rotulado en una gran pancarta que preside la entrada del cercano municipio de Juzbado.

Su alcalde, Fernando Rubio, profesor de música, ha logrado transformar un núcleo de 200 habitantes en un punto turístico a base de recuperar senderos y estampar poemas de Machado en los bancos.Incluso han abierto un centro de interpretación geológica de la falla que transcurre paralela al río Tormes y han restaurado un gran mirador sobre el valle. “Se nos pone en la picota sin que lo hayamos merecido, utilizando el argumento tramposo de los sueldos de los alcaldes”, critica Rubio. “Han convertido a los Ayuntamientos en sospechosos de no ser rentables. Las diputaciones [que en la ley salen muy reforzadas] se convertirán en puros intermediarios de nuestros servicios. Hablan de ahorro, pero aquí lo único que hay es voluntariado”. Y apuntilla que los servicios sociales son los primeros que se verán cercenados con la ley, porque las comunidades autónomas no se harán cargo de ellos.

Derribo del poder local y del Estado social

Tras la reforma local se oculta la intención de derribo de una parte del Estado del bienestar

Palencia 14 DIC 2013 - 17:56 CET

El dramatismo de un accidente de tráfico con seis muertos en Naveros de Pisuerga, una pedanía en la provincia de Palencia, dejó al descubierto en agosto de 2012 el deterioro de los puentes sobre el Canal de Castilla en su cabecera. La reparación planteaba un verdadero laberinto institucional: Los titulares de las carreteras afectadas son las diputaciones provinciales, el Canal es competencia del Estado, pero en él nadie mueve una piedra sin autorización de la Junta de Castilla y León, que ejerce su tutela sobre el patrimonio cultural de la comunidad.

¿Cómo se ha resuelto el asunto? Con una subvención de la diputación de Burgos al Ayuntamiento de Zarzosa del Río Pisuerga -34 habitantes-, que ha sacado los pretiles del fondo del Canal y los ha colocado sobre los puentes como ha podido.

Estos hechos ilustran el simplismo ideológico de la consigna “una administración, una competencia”, bajo la que el Gobierno ha presentado la reforma local que está a punto de ver la luz. La gestión de competencias en una sociedad compleja y democrática se organiza en sistemas que articulan el valor de la distancia que da perspectiva para garantizar la equidad en la producción normativa y la función de proximidad, para prestar los servicios al calor de las condiciones de vida y convivencia de la ciudadanía. En todo caso si otros no pueden, no saben o no quieren, los ayuntamientos siempre están. Son el Estado en traje de faena, pero se les va a prohibir seguir siéndolo.

La otra falacia de esta reforma es que las economías de escala ahorran gasto en los servicios públicos, por eso hay que expropiar a los municipios sus competencias para ponerlas en manos de las diputaciones provinciales o de las comunidades autónomas. Los datos sobre la deuda en relación con el tamaño de las instituciones, incluidas las locales, dicen exactamente lo contrario, hasta llegar a los desmanes que ilustres liberales han perpetrado en el Ayuntamiento de Madrid. Ahora el Gobierno fía a los ayuntamientos el cumplimiento del objetivo de déficit pactado con Bruselas. ¿En qué quedamos?

Este modelo de gestión pública, de moda en los setenta, verdadero pilar de la reforma, ignora que la escala de eficiencia es diferente para cada servicio, en cada territorio y con cada nivel tecnológico, y pasa por alto tanto las deseconomías de escala, como los problemas de equidad que crean las desigualdades en el acceso a los servicios.

Tras estos lugares comunes se oculta la doble intención de desempoderamiento del poder local y de derribo de una parte del Estado del bienestar, blindado por los compromisos en primera persona de la política de proximidad.

En este debate la voz de los alcaldes no suena con la fuerza de quién está siendo desposeído de su espacio político. Están acostumbrados a subordinar su discurso político a fuerza de depender de otras administraciones para cumplir su programa electoral, por la precariedad de la financiación local. Tampoco son ajenas a esta docilidad sus aspiraciones a una carrera política, cuando no a simultanear otro cargo que siempre ha dependido de los aparatos partidarios nacionales o autonómicos.

En este menesteroso estado los alcaldes han llegado a crear la expresión, humillante para un político democrático, de competencias impropias para referirse a las que consideraban insuficientemente financiadas. Esta reforma, que convierte en ilegal gran parte del programa de cualquier alcalde de España, les va a dejar sin nada. Convertidos en autoridad impropia.

Las comunidades autónomas se verán desposeídas de sus competencias locales a favor del Estado, que en esta reforma tiene la osadía de ignorar los estatutos de autonomía pactados con aquéllas.

Los Ayuntamientos urbanos pierden sus competencias en servicios sociales a favor de las comunidades autónomas y los rurales prácticamente todas a favor de las diputaciones, con grave riesgo de multiplicación de costes, privatización y supresión de servicios, deterioro de las economías locales por la contratación centralizada en las diputaciones –que debilitará la diversificación de la economía rural-, además de la multiplicación de oportunidades para la corrupción política que esta centralización propicia.

La hora del poder local, siempre diferida, ha llegado para acabar con los ayuntamientos democráticos, que han sabido hacerse cargo de las condiciones sociales del espacio público. Ahora sólo les quedará la responsabilidad sobre sus condiciones materiales.

En los partidos políticos esta reforma supone el retorno de las élites provinciales –y provincianas- y la disolución del poder autonómico. En la arquitectura del Estado una renuncia a la homologación con el mundo local europeo que, como media, gestiona casi el doble de presupuesto público que el español. Para la ciudadanía un recorte de servicios contante y sonante que, sin eufemismos, el propio Gobierno en el Plan Presupuestario 2014 comprometido con Europa cifra en 3.282 millones de euros sólo en 2014 y 2015. Estamos avisados.

Francisco Ramos Antón es Sociólogo, parlamentario autonómico del PSOE en las Cortes de Castilla y León

el dispreciau dice: vengo repitiéndolo con demasiada frecuencia... algo anda mal en el coco político europeo... demasiado oscuro, demasiado medieval, demasiado inquisidor... malo lo cursado con Grecia... peor lo que está cursando en España... raros aportes a la confusión social, al desasosiego, a la fatiga moral, a la frustración social empedernida, al descarte... "te cambio deuda externa por soberanía", se escucha en los pasillos de Bruselas... "te compro la dignidad a cambio de tu libertad"... conceptos impensables en sí mismos, pero que están anunciando una y otra vez que algo anda muy mal en occidente, peor entre los dueños del mundo y ni qué hablar de las cabezas políticas atrapadas por falsos economistas que poco y nada saben de matemáticas, aunque sí mucho saben de manipulaciones corporativas, que son las que pagan... "te puedes quedar en tu casa... pero el dueño del mundo decidirá hasta cuándo y bajo qué condiciones"... "puedes comer... mientras el dueño del mundo no diga lo contrario"... y este exterminio de las dignidades, tiene que ver con este otro exterminio de las funciones del estado, de la imposición de las ausencias funcionales y operativas, de un raro tal cual pero sin lo mismo que deja a la sociedad humana de los mortales en estado de indefensión... total y absoluta ante los antojos de atropellos ejercidos por unos pocos. EUROPA se está hundiendo como el Titanic, y pretende llevarse puesto el mundo... sus supuestos líderes políticos desconocen los equilibrios y están empecinados en derruir todo lo que existe... nada distinto a lo que piensa el seno del imperio... nada distinto a lo que piensa y traduce el falso comunismo chino... y mientras el mundo se encamina al abismo, las propuestas políticas responden a concepciones aberrantes de la sociedad humana... es decir, se propone concretamente la imposición del ghetto... el aislamiento... la neutralización y la normalización del pensamiento humano... sí señor, no señor... humanidad felpudo de intereses y conveniencias inaceptables... no hay mucho para agregar, sí mucho para pensar... ninguna sociedad en su sano juicio puede admitir este avance de la violencia que intentan ejercer los estados ausentes, actos terroristas y delitos de lesa humanidad que, aún no estando legislados, son tales, deben ser tenidos por tales, y deben ser rechazados y repudiados. DICIEMBRE 17, 2013.-