Londres ataca la libre movilidad en la UE
Los países del Este reprochan a Reino Unido la hostilidad hacia sus ciudadanos
Lucía Abellán / Walter Oppenheimer Bruselas / Londres 5 DIC 2013 - 21:18 CET150
Los ministros de Interior de España y Francia, Fernández Díaz y Valls. / OLIVIER HOSLET (EFE)
El rechazo de Reino Unido a las grandes señas de identidad de la UE ha llegado hasta la esencia misma del proyecto comunitario: la libre movilidad de los ciudadanos. La ministra británica de Interior, Theresa May, planteó ayer a sus socios comunitarios lo que su Gobierno lleva tiempo insinuando: que el derecho a la circulación sin barreras en el seno de la UE pueda limitarse. “¿Por qué no podemos imponer cupos si la inmigración europea alcanza ciertos niveles?”, disparó May antes de entrar en la reunión de ministros de Interior. Por pimera vez, esas propuestas encontraron un frente común de oposición en los principales países del Este, los que más aludidos se sienten por ese recelo a la libre circulación.
La idea británica no tiene visos de prosperar porque supone anular un principio fundamental del proyecto comunitario, consagrado en sus tratados. Pero la insistencia de sus dirigentes en ese debate arrastra a otros Estados miembros con una larga tradición europeísta. La razón por la que los ministros comunitarios abordaron ayer la libre circulación tiene su origen en una carta conjunta que enviaron hace unos meses los representantes de Alemania, Reino Unido, Holanda y Austria a la Comisión Europea, alarmados por lo que osadamente denominan turismo de prestaciones.
El malestar que ese concepto provoca en el Ejecutivo comunitario y en muchos países miembros llevó a cuatro Gobiernos del Este a reaccionar. Hungría animó el debate con una carta escrita por su ministro de Exteriores y sus homólogos de Polonia, República Checa y Eslovaquia en la que recuerdan a Londres cómo los datos evidencian que la contribución de los ciudadanos del Este ha sido “tremendamente beneficiosa” para la economía británica. Incluso añaden que, al ser más jóvenes, la media de esos ciudadanos es laboralmente más activa que la de los nacionales de origen y que tienen muchas más posibilidades de regresar a sus territorios que otros extranjeros.
Las intervenciones de esos ministros se vieron apoyadas por los datos que presentó la Comisión Europea. En un informe sobre la libre movilidad y los supuestos abusos que genera (el relato británico los centra en rumanos y búlgaros, los últimos en incorporarse al proyecto europeo y los más desfavorecidos económicamente), el Ejecutivo comunitario concluye que apenas un 1% de la población de la UE reside en otro Estado miembro sin ejercer ningún tipo de actividad. Y esa cifra incluye a los estudiantes.
Los datos destierran el mito de esa “inmigración masiva” de la que habla Londres, al menos en lo que respecta a los ciudadanos europeos. La ministra británica relativizó el informe, según fuentes europeas, y aseguró que no resuelve sus problemas, entre los que citó los matrimonios de conveniencia que permiten acceder de forma automática a los derechos de los británicos.
Con más o menos matices, la mayoría de los titulares de Interior respaldaron la postura de la Comisión, partidaria de atajar los problemas que surjan pero sin poner en cuestión la ausencia de barreras en el seno de la UE. Molesta con el nivel al que ha llegado el debate, la comisaria de Justicia, Viviane Reding, instó a los gobernantes a perseguir el fraude que detecten en el acceso a las prestaciones: “Los Estados miembros deberían hacer sus deberes; eso es lo que les pido”.
El debate fue largo (alrededor de una hora y media) pero no especialmente tenso, según las fuentes consultadas. Pese a todo, tanto Alemania como Holanda y Austria mostraron inquietudes similares a las de Londres, aunque sin llegar a apoyar sus revolucionarias propuestas. La Comisión se comprometió a aplicar, junto a los Estados miembros, algunas medidas de control como combatir los matrimonios de conveniencia y coordinar mejor las reglas de Seguridad Social que rigen en cada Estado.
La idea británica de poder imponer cuotas a la llegada de trabajadores de los países más pobres de la UE fue lanzada la semana pasada por el primer ministro David Cameron en un artículo publicado en el diario Financial Times. En ese texto, Cameron sostiene que “la libre circulación dentro de Europa tiene que ser menos libre”. Y por eso defiende que los países más pobres tengan que alcanzar un cierto nivel de riqueza antes de acceder de forma plena a derecho de libre circulación y que, hasta que alcancen ese nivel, “los Estados puedan imponer de forma individual un tope si el flujo procedente de la UE alcanza cierto número en un año”. May desarrolló ayer esa idea.
En primer lugar, habló de limitar la libre movilidad para las próximas ampliaciones de la UE, de forma que se establezca una moratoria en ese derecho hasta que los recién llegados alcancen un determinado nivel económico. En segundo lugar, deslizó la idea de poder poner un tope al número de europeos que deciden instalarse en otro país comunitario. Paradójicamente, Reino Unido ha pasado de ser el país más fervientemente defensor de las ampliaciones (en buena medida por el mayor número de consumidores a los que se puede acceder por el mercado único) a recelar de los recién incorporados.
Londres renuncia, eso sí, a pedir medidas excepcionales para frenar la libre circulación más inmediata: la que disfrutarán todos los rumanos y búlgaros en los 28 países comunitarios cuando el próximo 1 de enero expiren las restricciones temporales que los Estados miembros podían imponerles desde su incorporación, en 2007.
La obsesión de Cameron con la inmigración es meramente electoralista. Con ella pretende atajar la amenaza del UKIP, un partido antieuropeo y antiinmigración que, si obtiene buenos resultados en las generales de 2015, puede perjudicar las opciones de los conservadores debido a las particularidades del sistema electoral británico.
Las propuestas de este partido contra los inmigrantes reciben el aplauso de los tabloides, pero provocan cada vez más incomodidad en la patronal y entre los empresarios, que ven en los inmigrantes de Europa del Este a trabajadores no solo potencialmente más baratos sino más cualificados y con una superior ética laboral que los británicos.
La idea británica no tiene visos de prosperar porque supone anular un principio fundamental del proyecto comunitario, consagrado en sus tratados. Pero la insistencia de sus dirigentes en ese debate arrastra a otros Estados miembros con una larga tradición europeísta. La razón por la que los ministros comunitarios abordaron ayer la libre circulación tiene su origen en una carta conjunta que enviaron hace unos meses los representantes de Alemania, Reino Unido, Holanda y Austria a la Comisión Europea, alarmados por lo que osadamente denominan turismo de prestaciones.
El malestar que ese concepto provoca en el Ejecutivo comunitario y en muchos países miembros llevó a cuatro Gobiernos del Este a reaccionar. Hungría animó el debate con una carta escrita por su ministro de Exteriores y sus homólogos de Polonia, República Checa y Eslovaquia en la que recuerdan a Londres cómo los datos evidencian que la contribución de los ciudadanos del Este ha sido “tremendamente beneficiosa” para la economía británica. Incluso añaden que, al ser más jóvenes, la media de esos ciudadanos es laboralmente más activa que la de los nacionales de origen y que tienen muchas más posibilidades de regresar a sus territorios que otros extranjeros.
Las intervenciones de esos ministros se vieron apoyadas por los datos que presentó la Comisión Europea. En un informe sobre la libre movilidad y los supuestos abusos que genera (el relato británico los centra en rumanos y búlgaros, los últimos en incorporarse al proyecto europeo y los más desfavorecidos económicamente), el Ejecutivo comunitario concluye que apenas un 1% de la población de la UE reside en otro Estado miembro sin ejercer ningún tipo de actividad. Y esa cifra incluye a los estudiantes.
Los datos destierran el mito de esa “inmigración masiva” de la que habla Londres, al menos en lo que respecta a los ciudadanos europeos. La ministra británica relativizó el informe, según fuentes europeas, y aseguró que no resuelve sus problemas, entre los que citó los matrimonios de conveniencia que permiten acceder de forma automática a los derechos de los británicos.
Con más o menos matices, la mayoría de los titulares de Interior respaldaron la postura de la Comisión, partidaria de atajar los problemas que surjan pero sin poner en cuestión la ausencia de barreras en el seno de la UE. Molesta con el nivel al que ha llegado el debate, la comisaria de Justicia, Viviane Reding, instó a los gobernantes a perseguir el fraude que detecten en el acceso a las prestaciones: “Los Estados miembros deberían hacer sus deberes; eso es lo que les pido”.
El debate fue largo (alrededor de una hora y media) pero no especialmente tenso, según las fuentes consultadas. Pese a todo, tanto Alemania como Holanda y Austria mostraron inquietudes similares a las de Londres, aunque sin llegar a apoyar sus revolucionarias propuestas. La Comisión se comprometió a aplicar, junto a los Estados miembros, algunas medidas de control como combatir los matrimonios de conveniencia y coordinar mejor las reglas de Seguridad Social que rigen en cada Estado.
La idea británica de poder imponer cuotas a la llegada de trabajadores de los países más pobres de la UE fue lanzada la semana pasada por el primer ministro David Cameron en un artículo publicado en el diario Financial Times. En ese texto, Cameron sostiene que “la libre circulación dentro de Europa tiene que ser menos libre”. Y por eso defiende que los países más pobres tengan que alcanzar un cierto nivel de riqueza antes de acceder de forma plena a derecho de libre circulación y que, hasta que alcancen ese nivel, “los Estados puedan imponer de forma individual un tope si el flujo procedente de la UE alcanza cierto número en un año”. May desarrolló ayer esa idea.
En primer lugar, habló de limitar la libre movilidad para las próximas ampliaciones de la UE, de forma que se establezca una moratoria en ese derecho hasta que los recién llegados alcancen un determinado nivel económico. En segundo lugar, deslizó la idea de poder poner un tope al número de europeos que deciden instalarse en otro país comunitario. Paradójicamente, Reino Unido ha pasado de ser el país más fervientemente defensor de las ampliaciones (en buena medida por el mayor número de consumidores a los que se puede acceder por el mercado único) a recelar de los recién incorporados.
Londres renuncia, eso sí, a pedir medidas excepcionales para frenar la libre circulación más inmediata: la que disfrutarán todos los rumanos y búlgaros en los 28 países comunitarios cuando el próximo 1 de enero expiren las restricciones temporales que los Estados miembros podían imponerles desde su incorporación, en 2007.
La obsesión de Cameron con la inmigración es meramente electoralista. Con ella pretende atajar la amenaza del UKIP, un partido antieuropeo y antiinmigración que, si obtiene buenos resultados en las generales de 2015, puede perjudicar las opciones de los conservadores debido a las particularidades del sistema electoral británico.
Las propuestas de este partido contra los inmigrantes reciben el aplauso de los tabloides, pero provocan cada vez más incomodidad en la patronal y entre los empresarios, que ven en los inmigrantes de Europa del Este a trabajadores no solo potencialmente más baratos sino más cualificados y con una superior ética laboral que los británicos.
Holanda pretende mantener cerrada la puerta a rumanos y búlgaros
El 80% es contrario a permitir la llegada de trabajadores del Este de Europa en 2014
El Consejo de Europa critica el racismo con europeos de los nuevos países y musulmanes
Arresto de varios iraquíes en Zwolle en agosto después de que sus demandas de asilo fueran rechazadas. / Mischa Rapmund (AFP)
Holanda, histórica tierra de acogida, está confusa. La próxima llegada de rumanos y búlgaros al mercado de trabajo del resto de la UE enfrenta al Parlamento y crea malestar ciudadano. Entre los políticos, el más sonoro es el líder xenófobo, Geert Wilders, que clama por contener “un tsunami de desarrapados”. El Gobierno, una coalición de liberales y socialdemócratas, tampoco está conforme.
Los primeros, se miran en el espejo del Reino Unido y se reconocen. También quieren reforzar los controles de las fronteras internas comunitarias a partir del 1 de enero de 2014. La socialdemocracia tiene un conflicto moral con la situación, y prefiere centrarse en evitar la explotación de futuros trabajadores poco cualificados. Sin embargo, el ministro de Asuntos Sociales, Lodewijk Asscher, es de su partido y uno de los más firmes partidarios de los planes “potencialmente interesantes” de Londres. Por eso expondrá el “efecto negativo” de la libre circulación de ciudadanos de países pobres en la cumbre comunitaria del día 9.
Según la Oficina Central de Estadística, unas 600.000 personas procedentes de otros países de la UE residen en Holanda. De estas, cerca de 20.000 percibe subsidios sociales. La proporción puede parecer asumible en términos contables, pero Holanda acaba de salir por los pelos de la recesión, ha perdido la triple A crediticia (está en AA+) y roza los 700.000 parados en un país de casi 17 millones de habitantes. De ahí que la figura del inmigrante del Este europeo haya acabado deformándose.
Como la Oficina Central de Planificación, asesora del Gobierno, calcula que los viajeros búlgaros y rumanos “tendrán menos estudios que los polacos”, se presume que llegarán con intención de pedir ayudas para toda la familia. Aunque no se dice abiertamente, se teme que muchos sean gitanos.
Mariana Campeanu, ministra rumana de Trabajo, ha rechazado el estereotipo en que se han convertido sus compatriotas con un argumento contundente: “La mayoría de los emigrantes ya ha salido de Rumanía. Los que quedan irán a lugares como España e Italia, con lenguas más próximas y una cultura parecida”, ha dicho. Su colega búlgara, Rositsa Yankova, lo corrobora con un matiz. En su opinión, “los búlgaros que marchan a Holanda pertenecen a la minoría de origen turco”. “Es apetecida porque una de sus mayores comunidades de origen étnico es de ascendencia turca” añade la política.
La democracia cristiana holandesa, cuyo apoyo es esencial para un Gobierno sin mayoría en el Senado, cuida el vocabulario al formular sus reticencias: “La llegada de estos trabajadores complicará la búsqueda de empleos a los parados holandeses. Nuestro mercado tiene un aspecto nacional y también europeo”, ha señalado el diputado Pieter Heerma. En plena controversia, y con ocho de cada diez holandeses en contra de la apertura fronteriza de 2014, el Gobierno ha tenido que defenderse de la acusación de “racismo en el clima político y medios de comunicación nacional”, procedente del Consejo de Europa. El organismo reprocha la imagen que dan de europeos del Este y musulmanes.
Muy molesto, el ministro Asscher, que está cerrando acuerdos con Polonia, Rumanía y Bulgaria, y también con empresas holandesas, para evitar la explotación laboral (sobre todo en la agricultura y construcción) ha contestado que es “demasiado fácil comparar la crítica contra la inmigración con el odio al extranjero”. “No se puede decir que un país entero sea racista”.
El tono de su respuesta fue cortante porque es la segunda vez que el Consejo llamaba la atención a La Haya. El pasado octubre, recordó que debía “proporcionar alimento, ropa y cobijo” a los solicitantes de asilo rechazados “hasta el fallo definitivo de los tribunales”. En 2010, una orden del propio Consejo prohibió a Holanda dejar en la calle a los demandantes de refugio con hijos cuando no colaboraran en su repatriación. La mayor ONG del ramo calcula que 5.000 personas corren igual suerte al año. El caso más reciente, aún sin resolver, lo protagonizan unas 200 personas que han agotado los recursos legales y serán expulsadas. El ayuntamiento de Ámsterdam quiere alojarles seis meses en una antigua prisión transformada en centro de acogida. Muchos fueron encarcelados en su tierra y no quieren ir. Otros dicen ser apátridas, un callejón sin salida, para el que la Comisión Nacional de Extranjería acaba de aconsejar la entrega de permisos de residencia. Sobre todo a los niños.
Holanda pretende mantener cerrada la puerta a rumanos y búlgaros | Internacional | EL PAÍSLos primeros, se miran en el espejo del Reino Unido y se reconocen. También quieren reforzar los controles de las fronteras internas comunitarias a partir del 1 de enero de 2014. La socialdemocracia tiene un conflicto moral con la situación, y prefiere centrarse en evitar la explotación de futuros trabajadores poco cualificados. Sin embargo, el ministro de Asuntos Sociales, Lodewijk Asscher, es de su partido y uno de los más firmes partidarios de los planes “potencialmente interesantes” de Londres. Por eso expondrá el “efecto negativo” de la libre circulación de ciudadanos de países pobres en la cumbre comunitaria del día 9.
Según la Oficina Central de Estadística, unas 600.000 personas procedentes de otros países de la UE residen en Holanda. De estas, cerca de 20.000 percibe subsidios sociales. La proporción puede parecer asumible en términos contables, pero Holanda acaba de salir por los pelos de la recesión, ha perdido la triple A crediticia (está en AA+) y roza los 700.000 parados en un país de casi 17 millones de habitantes. De ahí que la figura del inmigrante del Este europeo haya acabado deformándose.
Como la Oficina Central de Planificación, asesora del Gobierno, calcula que los viajeros búlgaros y rumanos “tendrán menos estudios que los polacos”, se presume que llegarán con intención de pedir ayudas para toda la familia. Aunque no se dice abiertamente, se teme que muchos sean gitanos.
Mariana Campeanu, ministra rumana de Trabajo, ha rechazado el estereotipo en que se han convertido sus compatriotas con un argumento contundente: “La mayoría de los emigrantes ya ha salido de Rumanía. Los que quedan irán a lugares como España e Italia, con lenguas más próximas y una cultura parecida”, ha dicho. Su colega búlgara, Rositsa Yankova, lo corrobora con un matiz. En su opinión, “los búlgaros que marchan a Holanda pertenecen a la minoría de origen turco”. “Es apetecida porque una de sus mayores comunidades de origen étnico es de ascendencia turca” añade la política.
La democracia cristiana holandesa, cuyo apoyo es esencial para un Gobierno sin mayoría en el Senado, cuida el vocabulario al formular sus reticencias: “La llegada de estos trabajadores complicará la búsqueda de empleos a los parados holandeses. Nuestro mercado tiene un aspecto nacional y también europeo”, ha señalado el diputado Pieter Heerma. En plena controversia, y con ocho de cada diez holandeses en contra de la apertura fronteriza de 2014, el Gobierno ha tenido que defenderse de la acusación de “racismo en el clima político y medios de comunicación nacional”, procedente del Consejo de Europa. El organismo reprocha la imagen que dan de europeos del Este y musulmanes.
Muy molesto, el ministro Asscher, que está cerrando acuerdos con Polonia, Rumanía y Bulgaria, y también con empresas holandesas, para evitar la explotación laboral (sobre todo en la agricultura y construcción) ha contestado que es “demasiado fácil comparar la crítica contra la inmigración con el odio al extranjero”. “No se puede decir que un país entero sea racista”.
El tono de su respuesta fue cortante porque es la segunda vez que el Consejo llamaba la atención a La Haya. El pasado octubre, recordó que debía “proporcionar alimento, ropa y cobijo” a los solicitantes de asilo rechazados “hasta el fallo definitivo de los tribunales”. En 2010, una orden del propio Consejo prohibió a Holanda dejar en la calle a los demandantes de refugio con hijos cuando no colaboraran en su repatriación. La mayor ONG del ramo calcula que 5.000 personas corren igual suerte al año. El caso más reciente, aún sin resolver, lo protagonizan unas 200 personas que han agotado los recursos legales y serán expulsadas. El ayuntamiento de Ámsterdam quiere alojarles seis meses en una antigua prisión transformada en centro de acogida. Muchos fueron encarcelados en su tierra y no quieren ir. Otros dicen ser apátridas, un callejón sin salida, para el que la Comisión Nacional de Extranjería acaba de aconsejar la entrega de permisos de residencia. Sobre todo a los niños.
Los eurófobos ya han ganado
Asediados en las encuestas por los populistas, Londres y París han adoptado un discruso xenófobo
¿Se puede perder unas elecciones antes de que se hayan convocado? Ese parece ser el empeño tanto del primer ministro británico David Cameron como del presidente francés, François Hollande, ante las próximas elecciones europeas. Asediados en las encuestas por los euroescépticos, el primero por el UKIP de Nigel Farage y el segundo por el Frente Nacional de Marine Le Pen, parecen haber decidido asumir sus demandas xenófobas.
Los europeístas, que normalmente jugamos de azul, ya nos pusimos colorados con el silencio cómplice de Hollande ante la decisión de su ministro del Interior de deportar a Kosovo a Leonarda Dibrani, la adolescente romaní que llenó las portadas de los periódicos el pasado mes de octubre. El ensañamiento del ministro Valls con una persona que, como mujer, romaní e inmigrante se encontraba en situación de extrema vulnerabilidad, nos provocó entonces repugnancia. Como también lo hace el hecho de que el Gobierno francés rechace, de nuevo por concesión a la derecha populista, la entrada de Bulgaria y Rumanía en el régimen de supresión de fronteras cuando la Comisión Europea, que es quien tiene que hacerlo, ya ha certificado la idoneidad de estos países para incorporarse al espacio Schengen.
Ahora escuchamos abochornados a David Cameron mostrar en público su extrema preocupación por el hecho de que a partir de enero de 2014 rumanos y búlgaros vayan a poder trabajar libremente en el Reino Unido. Sin asomo de sonrojo, Cameron dibuja a los inmigrantes como aprovechados que quieren explotar el sistema de bienestar británico, promete deportar a aquellos que mendiguen y, por si quedaran pocas dudas del electoralismo de su discurso, culpa a los laboristas de no haber tomado medidas para evitar que el Reino Unido se llenara de caraduras incapaces de salir adelante por sí mismos. A lomos de esa preocupación anuncia, por un lado, que restringirá el acceso de los ciudadanos provenientes de estos países a todo tipo de ayudas laborales, sociales o de vivienda y, por otro, que promoverá, junto con otros países de la UE (Austria, Alemania y los Países Bajos), límites al derecho de establecimiento en terceros países.
David Cameron olvida interesadamente que el derecho a trabajar en un tercer país de la UE es una parte inseparable del paquete de cuatro libertades que conforman el mercado interior (libertad de circulación de personas, capitales, bienes y servicios) y que sin cualquiera de esos cuatro pilares la UE se desmoronaría. ¿Aceptaría Cameron que Bulgaria prohibiera operar en su país a los bancos británicos? ¿O que España prohibiera la importación de productos británicos? El 20 de septiembre, en la conferencia política de su partido, el UKIP, Nigel Farage habló de la “ola de criminalidad rumana que asola Londres” y avisó a sus votantes de que se prepararan para la llegada masiva de criminales provenientes de Bulgaria a partir del 1 de enero. El primer ministro Cameron, educado en la exclusiva Eton, no lo habría dicho mejor. Pobre Unión Europea.[PIEPAG]
Sígueme en @jitorreblanca y en el blog Café Steiner en elpais.com
Los europeístas, que normalmente jugamos de azul, ya nos pusimos colorados con el silencio cómplice de Hollande ante la decisión de su ministro del Interior de deportar a Kosovo a Leonarda Dibrani, la adolescente romaní que llenó las portadas de los periódicos el pasado mes de octubre. El ensañamiento del ministro Valls con una persona que, como mujer, romaní e inmigrante se encontraba en situación de extrema vulnerabilidad, nos provocó entonces repugnancia. Como también lo hace el hecho de que el Gobierno francés rechace, de nuevo por concesión a la derecha populista, la entrada de Bulgaria y Rumanía en el régimen de supresión de fronteras cuando la Comisión Europea, que es quien tiene que hacerlo, ya ha certificado la idoneidad de estos países para incorporarse al espacio Schengen.
Ahora escuchamos abochornados a David Cameron mostrar en público su extrema preocupación por el hecho de que a partir de enero de 2014 rumanos y búlgaros vayan a poder trabajar libremente en el Reino Unido. Sin asomo de sonrojo, Cameron dibuja a los inmigrantes como aprovechados que quieren explotar el sistema de bienestar británico, promete deportar a aquellos que mendiguen y, por si quedaran pocas dudas del electoralismo de su discurso, culpa a los laboristas de no haber tomado medidas para evitar que el Reino Unido se llenara de caraduras incapaces de salir adelante por sí mismos. A lomos de esa preocupación anuncia, por un lado, que restringirá el acceso de los ciudadanos provenientes de estos países a todo tipo de ayudas laborales, sociales o de vivienda y, por otro, que promoverá, junto con otros países de la UE (Austria, Alemania y los Países Bajos), límites al derecho de establecimiento en terceros países.
David Cameron olvida interesadamente que el derecho a trabajar en un tercer país de la UE es una parte inseparable del paquete de cuatro libertades que conforman el mercado interior (libertad de circulación de personas, capitales, bienes y servicios) y que sin cualquiera de esos cuatro pilares la UE se desmoronaría. ¿Aceptaría Cameron que Bulgaria prohibiera operar en su país a los bancos británicos? ¿O que España prohibiera la importación de productos británicos? El 20 de septiembre, en la conferencia política de su partido, el UKIP, Nigel Farage habló de la “ola de criminalidad rumana que asola Londres” y avisó a sus votantes de que se prepararan para la llegada masiva de criminales provenientes de Bulgaria a partir del 1 de enero. El primer ministro Cameron, educado en la exclusiva Eton, no lo habría dicho mejor. Pobre Unión Europea.[PIEPAG]
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el dispreciau dice:
¿cuánta sangre inocente le costó a la raza humana la Primera Guerra Mundial?...
¿cuánta sangre inocente le costó a la raza humana la Segunda Guerra Mundial?...
¿cuánta sangre inocente se derramó al arrojar las bombas atómicas sobre Japón?...
¿cuánta sangre inocente le costó a la humanidad la guerra fría y sus heladeras?...
¿cuánta sangre inocente le costó a la raza humana la guerra de Corea?...
¿cuánta sangre inocente le costó a la raza humana la guerra de Vietnam?...
¿cuánta sangre inocente y cuantos destinos truncos, por el mero antojo de oportunistas y poderes, poderes y oportunistas?...
¿sabe algún humano lo que significa quebrar un destino, borrarle el camino que estaba escrito?...
¿sabe algún humano lo que implica derramar innecesariamente la sangre de humildes y inocentes?...
¿sabe, acaso, qué precio hay detrás de la muerte apresurada de cualquier desconocido?...
El poder político se ha vuelto demasiado estúpido... mientras que el poder corporativo, además de idiota, se ha vuelto desquiciado... porque ambos, incluyendo en ellos las derechas mesiánicas y las izquierdas apropiantes, se han creído eso de que son los dueños de los destinos de los otros, porque ellos han nacido en la cuna que les justifica ser más que los prójimos... de allí que mientan cuando compran... de allí que mientan más cuando venden... de allí que traicionen convicciones vacías... de allí que se burlen de las éticas y las filosofías... de allí que se hayan extinguido los sabios, esos que veían más allá de cualquier horizonte.
El hombre "idiota" no ve los resultados de lo que hace... pero el hombre "estúpido" encima se cree que lo que hace mal, está bien... y encima lo cuenta, y encima te dice que el daño colateral salva sociedades, preserva culturas, y mantiene en alto el trabajo y la familia... cuando en realidad, alrededor, la Tierra se ve arrasada por las impericias de unos pocos...
La "derecha" y sus "derechas" parecen no dimensionar el daño que le han infrigido al mundo humano en apenas ciento y pico de años... ya que siempre encuentra un argumento bonito para explicar lo inexplicable... para justificar lo injustificable... para abusar y violar de las humanidades ajenas... en nombre de falsas patrias y mentidas fronteras, vendidas banderas y otras yerbas...
La derechas dan pena, mientras que las izquierdas, siendo funcional a las derechas, producen vergüenza ajena.
EUROPA, la medieval, está regresando a la xenofobia... la cual ya se ha instalado y ya domina a una porción importante de la sociedad europea que no entiende que la estrategia de las exclusiones y las inequidades, esta vez se llevarán puesto al continente entero... porque esas gentes expulsadas y caídas del sistema, ya no tienen nada que perder... y lo último que les queda es su dignidad, la necesaria para enfrentar a aquellos que los han esclavizado. Desde luego, la resultante no sólo no puede ser buena, sino que será muy mala... para todos, sin excepciones, aún cuando los idiotas políticos se crean a salvo, y aún cuando los estúpidos "dueños del mundo" se crean libres de todo cargo y de toda culpa.
El mundo ghetto no sirve y ya ha quedado demostrado plenamente... asimismo, el mundo globalizado en un macro campo de concentración, es idealizado por mentes perversas y personas sin alma, sin espíritu, y peleados con sus propios destinos... ya que a pesar de tener todo, no tienen "nada"...
EUROPA será juzgada por la historia... y ésta, la historia, verá a la EUROPA actual como una fuente de ridículos y mentirosos que se creyeron sus propias mentiras. Inapelablemente así.
DICIEMBRE 06, 2013.-
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