OPINIÓN
El momento de la razón
Veinte años después la revolución bolivariana, en términos económicos y sociales, es un colosal fracaso
Maduro se dirige a un grupo de soldados, este domingo en el Estado de Aragua. MARCELO GARCÍA AFP
Enrique Krauze, historiador e intelectual mexicano, razona en su libro Redentoresque la costumbre latinoamericana de sacralizar la historia conduce a relatos nacionales repletos de santos laicos. Dentro de esa tradición, el caso de Venezuela destaca por su monoteísmo —la historia venezolana gira en torno a Simón Bolívar— y porque la muerte en el exilio del Libertador ha propiciado que la culpa y el mito de la segunda vuelta del Gran Cóndor sobrevuelen recurrentemente la historia política del país.
Hugo Chávez conocía mejor que nadie esta intrahistoria. Por eso, desde su discurso de toma de posesión en 1999 anunció, si no con brevedad sí con poética franqueza, que Bolívar, para Neruda el héroe que despertaba cada cien años, era “el faro luminoso” de su revolución social. También advirtió que, a diferencia de 1830, el proyecto no descarrilaría por los desacuerdos ya que en su revolución no habría sitio para la “farsa democrática”. No se podía hablar más claro.
Veinte años después la revolución, en términos económicos y sociales, es un colosal fracaso. Y efectivamente Venezuela no es una democracia.
Desde que estalló la crisis económica de 2014, el PIB se ha reducido a la mitad y la renta per cápita ha retrocedido a los niveles que tenía en 1953. Esta recesión es aún más dolorosa cuando se pone en perspectiva regional: hasta 1988 solo Bahamas tenía una renta per cápita superior a la venezolana, pero hoy el 90% de la población de Latinoamérica y el Caribe vive en países con ingresos per cápita superiores a los venezolanos. Mientras Latinoamérica construía su clase media, Venezuela la destruyó. La prueba es el sobrecogedor aumento de la pobreza. El 91% de los venezolanos vive hoy por debajo de los umbrales de pobreza, y de ellos, 21 millones padecen pobreza extrema.
Este colapso económico no es consecuencia de ningún desastre natural, ni de ningún enfrentamiento bélico, ni del pago de ninguna indemnización de guerra. La destrucción económica de Venezuela es el resultado de las políticas económicas insostenibles y regresivas que el país ha aplicado desde hace dos décadas.
Andrés Velasco escribiendo sobre la crisis venezolana comentaba que su desarrollo le recordaba al personaje de Hemingway que en Fiesta respondía que él se había arruinado de dos formas: primero gradualmente y después de golpe.
Así ocurrió. Entre 1999 y 2009, Venezuela, gracias a su petróleo y al endeudamiento internacional, creció al 3,1%, tres décimas más que la región. Esa prosperidad tapó las adversas consecuencias que sobre los incentivos, la eficiencia y la productividad de la economía tenían las múltiples regulaciones, los precios administrativamente fijados o la vulneración de los derechos de propiedad. Además, los elevados precios del petróleo opacaron las consecuencias de la desprofesionalización y las menores inversiones de una PDVSA ahora también encargada de financiar y gestionar parte de la agenda social del Gobierno. Y tampoco hubo ningún intento creíble para reconducir la dinámica explosiva de unas finanzas públicas en las que los ingresos apenas suponían un 17% del PIB frente a un gasto público del 35% del producto.
Pero a partir de 2012, la caída de la producción petrolera a 1,1 millones de barriles diarios y el fin del superciclo de materias primas, afloraron de golpe todas las fragilidades económicas acumuladas.
Entre 2013 y 2017, los ingresos por exportaciones cayeron un 58%, al tiempo que los mercados —incluidos Rusia y China, que le habían prestado generosamente usando el petróleo como garantía— cerraron el grifo de la financiación. La falta de divisas desplomó las importaciones —cayeron más de un 76%— y sin ellas la producción interna colapsó. Poco después, con una deuda externa equivalente a seis veces el valor de sus exportaciones, Venezuela entró en default.
Durante algún tiempo todavía se trató de mantener la ficción incurriendo en un déficit público que en 2017 llegó al 30% del PIB. Pero la financiación monetaria de ese descomunal desequilibrio presupuestario, como era previsible, aceleró la tasa de inflación y en septiembre de 2017 estalló un proceso hiperinflacionario que ha acumulado en los últimos 24 meses aumentos de precios superiores al millón por ciento. Aunque los problemas venían de lejos, la quiebra, el default y la hiperinflación se habían consumado de golpe. La pregunta es ahora qué se puede hacer.
La respuesta es obvia. Venezuela tiene que desandar el camino que le ha conducido a la actual catástrofe: reconstruir su democracia, volver a confiar la asignación de recursos a los mercados y diseñar políticas sociales sostenibles que realmente mejoren las condiciones de vida de los más débiles.
Ninguna de ellas son misiones sagradas que se puedan encomendar a los héroes, y menos a los que ya están muertos. Todas ellas son tareas que tienen que hacer los venezolanos vivos, partiendo de un diagnóstico realista de dónde están y con qué cuentan.
La lección más relevante de las últimas semanas es el destacado papel que en la transición juega la comunidad internacional. El amplio reconocimiento internacional de Juan Guaidó ha concedido la iniciativa a quien hasta ahora era una oposición heroica, pero poco eficiente. El aval de la calle, la firmeza con la que ha defendido que el único camino posible es la celebración de elecciones libres y limpias, su inteligente estrategia de crear los incentivos necesarios para que sean posibles —amnistía a los militares, promesa de facilitar el exilio de Maduro y compromiso de proporcionar ayuda humanitaria inmediata a la población—, combinada con la congelación de los activos en EE UU de PDVSA, son buenos augurios. Pero la situación actual no es el fin, sino como mucho el comienzo del principio del fin del autoritarismo en Venezuela.
De todos los errores posibles, el más tóxico sería que la solidaridad internacional se convirtiera en injerencia. En Latinoamérica, las intervenciones extranjeras han ocurrido de verdad y, en la mayoría de las ocasiones, para mal. Tampoco parece aconsejable desconocer que la revolución bolivariana mantiene sus partidarios —por convicción, intereses o miedo— y tiene capacidad para alterar los planes democráticos del nuevo Gobierno. Aunque sean los primeros que saben que la defensa numantina de la revolución es poco probable, no se debe asumir que no van a jugar ningún papel en el futuro del país.
En términos económicos lo imprescindible es evitar que la miseria siga avanzando, algo que solo puede lograrse si la estabilización de la economía viene acompañada de financiación internacional y de un plan de ayuda humanitaria dimensionado a la gravedad de la emergencia social del país. Igualmente es necesario parar la hiperinflación, algo que no se conseguirá hasta que se elimine de forma creíble la monetización de los déficits públicos.
Tampoco en economía funcionará la magia. Venezuela necesita que la comunidad internacional le preste cuantiosos recursos financieros. Pero como Ricardo Hausmann y Miguel Ángel Santos llevan tiempo insistiendo, es poco probable que las multilaterales puedan comprometer esos recursos sin que medie no solo un programa de estabilización y reformas estructurales, sino también una reducción del valor de la deuda externa que acelere la vuelta al crecimiento y la solvencia externa de Venezuela. Aunque Venezuela cuenta con su petróleo, sería ingenuo infravalorar las tensiones que rodearán la alineación de los intereses de acreedores tan diversos como Wall Street, China y Rusia.
No va a ser fácil, ni corto. Por eso hay que empezar cuanto antes. El tiempo de la retórica se ha acabado. Ahora hay que hacer. Y para ello el delirio de los héroes debe dejar paso a la razón y al pragmatismo de los políticos demócratas. Por eso deben irse.
José Juan Ruiz es técnico comercial y economista del Estado
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