Europa entierra el efecto Lampedusa 14.000 ahogados después
Cinco años después del naufragio con 630 muertos que conmocionó a Italia y priorizó el rescate, casi no quedan ONG en el Mediterráneo y cruzarlo es más letal
Foto: REUTERS (ANTONIO PARRINELLO). Vídeo: EPV Los féretros de los ahogados en el naufragio de Lampedusa en 2013
Pocos migrantes muertos en el Mediterráneo tienen funeral. Pero los más de 360 ahogados el 3 de octubre de 2013 frente a Lampedusa fueron despedidos con un funeral de Estado en Italia. El suceso horrorizó a Europa. Aquellas filas de ataúdes idénticos de madera, con cuatro minúsculos féretros blancos en primera fila, se convirtieron en un símbolo. Hubo declaraciones políticas grandilocuentes que cristalizaron en un cambio de la política migratoria italiana y europea. Rescatar a quienes se lanzaran a la peligrosa travesía se convirtió en una efímera prioridad. Cinco años y 14.000 ahogados después (los últimos 34, el martes en aguas marroquíes) esto es lo que ha cambiado (y lo que no) en el Mediterráneo mientras 1,8 millones de personas llegaban irregularmente por mar.
Del rescate a la vigilancia fronteriza
Italia desplegó inmediatamente una ambiciosa (y cara) operación de rescate de pateras, Mare Nostrum, con 5 barcos, 2 submarinos y 6 aviones. Pero la clausuró un año después tras salvar miles de vidas porque el resto de Europa se negó a compartir la factura: nueve millones al mes. La sustituyó una operación más modesta de Frontex y con una diferencia sustancial: la prioridad era ahora controlar las fronteras externas de la UE. Unos meses antes llegó el barco de MOAS, la primera de las ONG que se movilizaron con la misión de salvar vidas. En aguas internacionales frente a Libia llegó a haber una docena de barcos humanitarios. La UE fue ampliando los medios y poderes de Frontex, que ahora tiene 26 barcos, 4 aviones y 5 helicópteros patrullando el Estrecho, el Mediterráneo Central y el Egeo. Si reciben un SOS lanzan una operación de rescate pero no es su misión principal.
El balance de la ONU
El enviado especial de la ONU para el Mediterráneo Central, Vicent Cochetel, resume para este diario el lustro transcurrido desde la tragedia: “Me siento tentado de decirle, ¿qué tragedia? ¿Aquella en la que los líderes europeos dijeron juntos ‘Nunca más’? ¿Queremos acordarnos? La diferencia es que ya no hay testigos, no sabemos cuántos salen de Libia. Los mercantes pueden escabullirse de sus obligaciones. La gente se muere ante la creciente indiferencia lejos de nuestras pantallas de televisión”, afirma tras recordar que los padres de Charles Aznavour, el mítico cantante franco-armenio fallecido el lunes, “llegaron en barco a Marsella como refugiados”.
La expulsión de las ONG
Este martes había una sola ONG en el Mediterráneo Central, la avioneta Colibrí, de Pilotes Volontaires. “Este verano hemos estado solos unas cinco o seis semanas”, explica por teléfono uno de los pilotos voluntarios, que pide preservar su identidad. La campaña de hostigamiento de Italia con el firme apoyo europeo ha logrado echar a la mayoría de los humanitarios. Unas ONG abandonaron la misión, otras tienen sus vehículos varados por jueces o inspecciones y llegar a puertos que acepten a los migrantes requiere travesías más largas desde el portazo de Italia. El Astral, de la española Proactiva Open Arms, está a punto de llegar a la zona cero de los rescates. Será el único barco allí porque el Aquarius, de MSF y SOS Mediterranée, navega a Francia y en cuanto atraque se quedará, salvo sorpresa, sin bandera. Panamá se la quitó por presiones Italianas. “Desde la Segunda Guerra Mundial no habíamos visto que a un barco privado le quitaran la bandera dos veces en un mes (las de Panamá y Gibraltar)”, asegura una portavoz del Aquarius que recalca que “suspender la operación no es una opción”.
Sin testigos
Ahora resulta mucho más difícil saber qué ocurre en las aguas frente a Libia. Más de cien personas murieron ahogadas el 1 de septiembre sin que nadie se enterara hasta diez días después, según denunció Médicos Sin Fronteras. Uno de sus equipos supo de la catástrofe al toparse en un centro de detención libio con supervivientes que tenían hasta el 70% del cuerpo quemado de gasolina. “Llamamos (con un teléfono satélite) a los guardacostas italianos, les dimos las coordenadas, pidiendo ayuda urgente”, les contó uno de ellos. Las lanchas salvavidas que les lanzaron desde el aire solo salvaron a parte del pasaje porque los guardacostas libios tardaron horas en llegar.
El piloto voluntario del Colibrí afirma que últimamente han visto “mercantes que ignoran los avisos (de SOS) y se van, que miran a otro lado porque otros buques que han rescatado gente han tenido muchas dificultades” para dejarlos en tierra. La omisión del deber de auxilio también es ilegal en el mar.
El alto comisionado del Acnur, Filippo Grandi, sostuvo este lunes en un discurso que “los rescates marítimos –un símbolo de humanidad compartida- son rehenes de la política. Devolver a la gente no puede ser la respuesta y negociar cada desembarco buque a buque, incluso si tiene éxito, no es una buena opción”.
Libia y la disuasión
El apoyo económico y técnico europeo ha permitido a Libia crear una Guardia Costera en la que la UE delega. Este mismo martes se graduó un nuevo contingente de guardacostas. Su creciente protagonismo, combinado con las muchas dificultades que Italia ha puesto a cualquier barco que rescatara migrantes, significa menos llegadas a Italia, más interceptados frente a Libia y más ahogados. Los cálculos del investigador del ISPI Matteo Villa indican que septiembre fue el mes más letal en la ruta Libia-Italia desde que hay registros: dos de cada diez murieron ahogados, siete fueron devueltos a Libia y uno llegó a Europa.
Llegadas y rutas
Las llegadas irregulares por mar a Europa están en el nivel más bajo desde 2014. Nada que ver con el pico de más de un millón de personas llegadas en 2015, un éxodo impulsado por la guerra en Siria. Desde enero han arribado 87.000 personas, casi la mitad de ellas por España, adonde han llegado hasta el 30 de septiembre 41.594, según el Ministerio del Interior español. Es un récord histórico que supera los arribados en la denominada crisis de los cayucos en 2006.
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