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Capítulo turbio de la historia de Zimbabwe no puede desaparecer
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El expresidente de Zimbabwe, Robert Mugabe, en 1979. Desde principios de 1983 a fines de 1987, el Ejército Nacional de Zimbabwe llevó a cabo una serie de masacre de civiles ndebele llamada Gukurahundi. En shona se refiere a las “primeras lluvias que se llevan la paja antes de las lluvias primaverales”. Crédito: Koen Suyk/Anefo.
- El nuevo presidente de Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, concluyó un cronograma de 100 días para enfocarse en lo que considera los asuntos más acuciantes de país, como la recuperación económica. Pero los defensores de derechos humanos tienen sus propias urgencias.
Los sobrevivientes de las atrocidades de Gukurahundi, en la década de los años 80, cuando una campaña militar dejó miles de personas muertas, reclaman al nuevo presidente que atienda el oscuro pasado de este país africano.
Activistas acusan a Mnangagwa, a militares y a altos funcionarios del gobierno de cometer crímenes contra la humanidad hace más de tres décadas, y consideran que con el nuevo presidente se presenta una oportunidad que no tuvieron con el expresidente Robert Mugabe (1987-2017) de hacer frente a las atrocidades que, según varios investigadores, dejaron más de 20.000 muertos.
Mugabe, acusado de ordenar la brutal campaña contra civiles, desestimó lo que otros han calificado de genocidio, diciendo que fue un “momento de locura” de unos soldados y negándose a pedir disculpas.
Cuando aún estaba bajo el mandato de Mugabe, Mnangagwa desató la ira de los sobrevivientes y de familiares de las víctimas cuando desestimó el llamado a crear la Comisión de Verdad y Reconciliación diciendo que no había necesidad de revisitar el doloroso pasado.
Siguiendo el modelo de una comisión en Sudáfrica, que buscó procesar las violaciones de derechos humanos, las desapariciones y los asesinatos ocurridos durante el apartheid (régimen de segregación racial de la minoría blanca en contra de la mayoría negra), la comisión permitiría que los responsables den un paso al frente y pidan disculpas públicas en lo que investigadores llaman justicia reparadora.
En vez de penas de prisión, los culpables se beneficiarían de una amnistía y del perdón de las víctimas.
Charles Gumbo, uno de los sobrevivientes de Gukurahundi a quien le quedaron heridas de bayoneta en la cabeza, es ahora un activista que promueve la autonomía del sudoeste de Zimbabwe.
Gumbo señaló que el presidente Mnangagwa, dirigentes de la gobernante Unión Nacional Africana de Zimbabwe – Frente Patriótico (ZANU-PF) y altos mandos del ejército que respaldaron al mandatario para que llegara a la Presidencia, deben responder por las atrocidades de Gukurahundi.
“Los conocemos”, dijo a IPS. “Todos siguen en el gobierno y andan con impunidad. Nunca descansaremos hasta que esto se resuelva para nuestra satisfacción”, explicó.
Pero hay escepticismo respecto de que el presidente Mnangagwa instituya algún tipo de investigación oficial cuando se lo considera el “imputado número uno” en lo que siguen siendo “crímenes contra la humanidad” no resueltos, como los describió Gumbo.
Cuando se lanzó la campaña de Gukurahundi, en los años 80, para reprimir a la insurgencia que se gestaba en las regiones de Matabeleland y Midland, donde hubo un despliegue militar, Mnangagwa, en su calidad de ministro de Seguridad, se convirtió en la cara visible de la brutal represión.
Presence Shiri, quien se retiró de la Fuerza Aérea de Zimbabwe para integrar el gabinete de Mnangagwa como ministro de Tierras, fue comandante de la Brigada cinco, entrenada por norcoreanos para perpetrar las torturas y los asesinatos en Gukurahundi.
Él también se ha negado todos estos años a responder por las violaciones de derechos humanos de aquellos años.
“Este gobierno no tiene voluntad de resolver la cuestión de Gukurahundi”, observó Zenzele Ndebele, periodista y cineasta zimbabuense cuyo documental de 2007 “Gukurahundi: Un momento de locura”, nunca se mostró en este país.
El filme se presentó en la vecina Sudáfrica cuando las autoridades zimbabuenses les negaron el permiso para su difusión pública.
“La incompetencia de la Comisión Nacional de Paz y Reconciliación favorece al gobierno”, explicó Ndebele a IPS.
En enero de este año, pocas semanas después de asumir la Presidencia con ayuda del ejército, el presidente Mnangagwa promulgó el proyecto de ley de Reconciliación y Paz, que creó la Comisión Nacional de Reconciliación y Paz para “promover la recuperación nacional”.
Pero desde que la comisión inauguró en febrero reuniones en todo el país, los activistas reclaman que el gobierno atienda la cuestión de Gukurahundi, algo sobre lo que se acusa a los comisionados de no tener apuro por incluir en su agenda.
Cuando una manifestación en Gukurahundi saludó la llegada de Mnangagwa a la Presidencia, el asesor presidencial Christopher Mutsvangwa dijo a la población en diciembre que los debates continuos sobre Gukurahundi eran “inútiles” e “irresponsables”, comentarios considerados un reflejo de la visión del presidente.
Velempini Ndlovu, un investigador que documenta testimonios orales de Gukurahundi, explicó que las víctimas buscan un cierre y lamentan no haber tenido la oportunidad de involucrar formalmente al gobierno.
“La gente quiere expresar abiertamente su dolor sin que la persigan ni que le digan ‘supéralo’. Hubo una gran violación de derechos humanos”, subrayó Ndlovu a IPS.
Gukurahundi sigue polarizando a los zimbabuense.
Los acalorados debates en las redes sociales enfrentan a quienes insisten en que el foco del nuevo presidente debe estar en la recuperación económica en un país donde los sindicatos dicen que más de 80 por ciento de la población económicamente activa no tiene trabajo, a quienes sostienen que el país no encontrará paz ni podrá pasar a otra etapa si no se habla abiertamente de lo ocurrido.
Otros activistas reclaman reparaciones con el argumento de que miles de personas no han podido obtener documentos legales, como certificados de nacimiento por la muerte de sus padres, asesinados en Gukurahundi.
“Las víctimas quieren poder obtener una identificación; hay muchos que no pudieron tramitar el certificado de defunción de sus padres y tampoco pueden obtener uno de nacimiento ni el carné de identidad”, precisó Ndlovu.
Traducción: Verónica Firme
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