Editorial I
La UIF, otro organismo que se politiza
El órgano que debe luchar contra el lavado de dinero corre peligro de convertirse en una herramienta de persecución
Noticias de Opinión: Viernes 15 de enero de 2010 | Publicado en edición impresa
En los agitados días que atravesamos, pasó casi inadvertida la información periodística que dio cuenta de la existencia de instrucciones impartidas por el Poder Ejecutivo a la hoy ex titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), contadora Rosa Falduto, para que procediera a iniciar investigaciones contra el Grupo Clarín. La negativa de Falduto a satisfacer esas exigencias planteadas por el ministro de Justicia, Julio Alak, y por el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, motivaron su renuncia y su reemplazo por José Sbatella, un kirchnerista incondicional.
Mientras que la función de la UIF es luchar contra el lavado de dinero y el financiamiento de actividades terroristas, la orden impartida a Falduto habría consistido en avanzar contra el Grupo Clarín mediante el uso de cualquier herramienta como una simple denuncia, un reporte de operación sospechosa o un informe de otras fuentes. El objetivo propuesto no es otro que afectar patrimonialmente al grupo y perseguir a sus directivos.
Este gravísimo episodio no es un hecho aislado sino un eslabón más en la larga cadena de lamentables sucesos ocurridos desde que el Poder Ejecutivo se propuso desnaturalizar la función de los distintos órganos del Estado para así perseguir a quienes considera sus enemigos, convirtiendo a organismos de control en simples apéndices del Gobierno para llevar a cabo operaciones políticas o directamente para no controlar cuando se trata de allegados al poder político.
Es lo que ha ocurrido, por ejemplo, con la Sindicatura General de la Nación (Sigen), la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, la Comisión Nacional de Valores, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Oficina Anticorrupción y la Subsecretaría para la reforma Institucional, entre otros órganos.
Es cierto que hasta la fecha la UIF había exhibido pocos avances en la lucha contra el lavado de activos financieros, pero no fue esta la razón del reemplazo de Falduto. Cristina y Néstor Kirchner se propusieron utilizar la UIF para que proliferaran denuncias infundadas impulsadas contra empresarios, políticos y ciudadanos, mientras se guardaba una pasiva indiferencia frente a obscenos enriquecimientos de sectores vinculados con el poder, complementada con la impunidad que ciertos jueces garantizan a los Kirchner y a sus allegados.
Con la sanción de la ley 25.246, primera norma regulatoria en la materia de lucha contra el lavado de dinero, y el posterior ingreso de nuestro país como miembro pleno del Grupo de Acción Financiera (GAFI), la Argentina asumió compromisos para combatir y prevenir el lavado y el financiamiento del terrorismo.
En su primera composición, las autoridades de la UIF fueron elegidas por un concurso interno de antecedentes. Pero la falta de coordinación entre los organismos del Estado, la carencia de normas claras y las desinteligencias internas entre las autoridades de la UIF generaron dificultades para armonizar las tareas y poder aplicar las políticas del sector.
A ello debe sumarse la ausencia de respaldo político a muchos de sus técnicos, quienes salvo excepciones carecían de envergadura para desempeñar las tareas encomendadas y terminaron por convertir a la agencia encargada de la investigación en una oficina puramente burocrática. A su vez, el Poder Ejecutivo designó allí a ignotos representantes.
La sanción de la ley 26.119 significó una nueva estructura de la agencia cuyos responsables son nombrados por el Poder Ejecutivo a propuesta del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. Al sancionarse la legislación en la materia, destacadas voces alertaron sobre la necesidad de establecer una real protección a la privacidad de los ciudadanos y a la información confidencial sobre las empresas.
Las dudas planteadas se referían básicamente al peligro de que los mecanismos de acceso y almacenamiento de la información colectada fueran lábiles y permitieran su uso indebido. También existían temores de que los mecanismos de selección de funcionarios terminaran por encumbrar a simples burócratas.
Sin embargo, no era razonable siquiera pensar que la conducción de la UIF pudiera estar en manos de funcionarios que podían prestarse a llevar adelante maniobras extorsivas. Porque la indolencia en el manejo de información privada de los ciudadanos o su manipulación también constituyen un comportamiento que exige ser castigado con el máximo rigor.
La UIF, que no ha llegado a constituirse en una herramienta al servicio de la lucha contra la corrupción, hoy está a punto de transformarse en una canonjía comparable a una lotería para el que la obtiene al servicio de deleznables prácticas políticas.
De una vez por todas es necesario que los funcionarios comprendan que la función pública es servicio y responsabilidad financiada con el producto del trabajo y sacrificio del pueblo argentino y que más temprano que tarde todos deberán dar cuenta del resultado de su desempeño.
La falta de transparencia y credibilidad en el manejo de los cargos públicos también atenta contra la legitimidad de la democracia y socava los cimientos de la República.
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Editorial ILa UIF, otro organismo que se politiza
El órgano que debe luchar contra el lavado de dinero corre peligro de convertirse en una herramienta de persecución
lanacion.com | Opinión | Viernes 15 de enero de 2010
el dispreciau dice: este es un aporte más que intenta perfeccionar la corrupción creciente y el lavado de dineros provenientes del narcotráfico... Al tiempo que se desintegran las instituciones rectoras de la democracia, Argentina avanza hacia la "anarquía democrática" acompañada por una "dictadura democrática", esto es que insistimos en modelos incoherentes y paradójicos, a efectos de inmortalizar a las personas en el poder a expensas de la Constitución Nacional y la democracia genuina como forma de gobierno. A medida que crecen los atropellos, la república se fragmenta y desintegra... Esto no es lo que votó la sociedad argentina. Enero 15, 2010.-
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