Editorial I
La amenaza de estatizar Telecom
La controversia en torno de la empresa de telefonía encierra varios vicios del Gobierno en sus relaciones con el mercado
Noticias de Opinión: Lunes 25 de enero de 2010 | Publicado en edición impresa
La capacidad del Gobierno para violentar los procedimientos legales y jaquear los derechos individuales reconocidos en la Constitución Nacional produce casi a diario motivos de asombro y alarma. En el pasado reciente se confiscó el ahorro jubilatorio de millones de trabajadores. También se revocaron concesiones para la prestación de servicios públicos invocando razones no del todo claras, como en Aguas Argentinas. Y se promovieron expropiaciones de empresas en las que todavía el Estado no abonó la indemnización correspondiente, para ponerlas en manos de los sindicatos, obligando al sector público a desembolsar centenares de millones de dólares, como en Aerolíneas Argentinas.
En los últimos días se conoció otro atropello del Poder Ejecutivo a los derechos y garantías de particulares, con la amenaza de estatización de la empresa Telecom Argentina. Las autoridades han decidido expulsar del país a Telecom Italia, una de las accionistas principales de esa compañía. El pretexto para justificar ese designio es una compraventa de acciones que se concretó en Europa durante 2007. En esa transacción, un consorcio de empresas -en el cual participa Telefónica de España- adquirió un porcentaje minoritario de Telecom Italia. Esta empresa italiana no fue parte activa de la operación, sino el objeto de la compra.
El Gobierno resolvió que se debía analizar la posibilidad de que esa operación derivara en una situación monopólica en el país. Pero en vez de controlar, regular o supervisar a quienes intervinieron en la transacción, dictó innumerables medidas, a través de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y de la Secretaría de Comunicaciones, obligando a Telecom Italia a desinvertir en Telecom Argentina. Como se sabe, el verbo "desinvertir" -utilizado también en el mercado de los medios de comunicación desde la sanción de la ley de servicios audiovisuales- significa allanarse a una venta compulsiva.
Las medidas dictadas por las autoridades en ese proceso de "desinversión" han sido muy llamativas y, por momentos, irracionales. Para garantizar la libre competencia, el Poder Ejecutivo impidió a los accionistas italianos ejercer una opción de compra pactada en 2003 con un grupo local. Pero, al mismo tiempo y de manera incomprensible, les prohibió vender su participación. Más tarde, el pasado 25 de agosto, los mismos funcionarios les exigieron a esos inversores que se desprendan de sus acciones antes de que pase un año. Pero, a comienzos de este mes, abreviaron ese plazo: ahora Telecom Italia debería vender antes del 25 de febrero; de lo contrario, el Estado se haría cargo de transferir las acciones a un tercero.
En distintas instancias de la Justicia se están analizando estas decisiones. La cuestión de fondo, es decir, la eventual existencia de un monopolio, todavía no fue resuelta. Sin embargo, en varias oportunidades, los tribunales, en un gesto de independencia digno de mención, revocaron procedimientos del Poder Ejecutivo. El último pronunciamiento fue el de la Cámara Federal Nacional en lo Civil y Comercial, que suspendió los plazos perentorios fijados para la venta.
Esa determinación judicial desató una reacción colérica del ministro de Planificación, Julio De Vido. En un discurso plagado de amenazas, este funcionario se vanaglorió de las estatizaciones realizadas por la administración y calificó de "chicanas" a las determinaciones de los jueces. Adelantó también que el Gobierno está dispuesto a estatizar Telecom Argentina o a revocarle su licencia.
La controversia en torno de Telecom encierra varios de los principales vicios del oficialismo en sus relaciones con el mercado y, sobre todo, con los concesionarios de servicios públicos. En principio revela una propensión al estatismo cada vez más desembozada. Esa intervención sobre la esfera privada, que en los albores del período presidencial de Néstor Kirchner era presentada como el desenlace no querido de una crisis sectorial, ahora es promovida como el modelo deseable para la administración de los negocios. En todos los casos esta expansión de lo público sobre lo privado resulta desaconsejable y anacrónica. Pero en el campo de la telefonía la involución sería escandalosa. Todavía son muchos los argentinos que recuerdan la bajísima calidad de esos servicios cuando estaban en manos de la estatal Entel: la obtención de una línea era una quimera por la cual había que esperar años y hasta décadas; el precio de los inmuebles o el canon por su alquiler aumentaba o disminuía según se ofreciera o no una conexión a la red; obtener una comunicación, sobre todo si se trataba de una de larga distancia, podía ser una hazaña. Más allá de todo lo que cabe esperar del avance de las telecomunicaciones en la Argentina, el salto de calidad que produjo la expansión de la iniciativa privada en ese sector ha sido contundente.
Otra tendencia del actual gobierno que aparece reflejada en la querella por Telecom es la de utilizar la regulación estatal para beneficiar a empresarios allegados al poder. Una contaminación entre lo público y lo privado que quedó acuñada en la expresión "capitalismo de amigos". En el caso que nos ocupa, esta deformación desencadenó una investigación de la Securities and Exchange Commission (SEC) de la Bolsa de Nueva York, que pidió informes a Telecom Italia sobre los vínculos que pudieran existir entre el matrimonio Kirchner con dos grupos empresariales argentinos para provocar y orientar la "desinversión".
No es la única reacción que las manipulaciones reglamentarias del Gobierno provocaron en el exterior. El controvertido proceso contra Telecom Italia ya estimuló planteos y quejas de diputados del parlamento europeo.
Finalmente, en las expresiones de De Vido y en el comportamiento general del Gobierno en todo este proceso, se puso en evidencia una peculiaridad cada vez más visible del kirchnerismo: la pretensión de constituirse en una instancia de interpretación de la ley superior a los jueces, que son maltratados en público cuando hacen sentir algún límite a los deseos del poder.
Es de esperar que no se concrete la amenaza oficial sobre una estatización de Telecom Argentina, que sólo serviría para seguir ahuyentando inversiones y para exponer al país a reclamos que, como siempre, deberían afrontar los futuros gobiernos y los bolsillos de los contribuyentes.
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Editorial ILa amenaza de estatizar Telecom
La controversia en torno de la empresa de telefonía encierra varios vicios del Gobierno en sus relaciones con el mercado
lanacion.com | Opinión | Lunes 25 de enero de 2010
El avance sobre las privatizadas / Tras el anuncio del Gobierno
Rechazan la estatización de Telecom
Analistas y ejecutivos consideran que la gestión pública no podría sostener el recambio tecnológico y las grandes inversiones
Noticias de Economía: Lunes 25 de enero de 2010 | Publicado en edición impresa
Mercedes García Bartelt
LA NACION
La idea de estatizar Telecom Argentina que estudia el Gobierno no convence al grueso de los analistas y referentes del sector consultados por LA NACION. Consideran que, en el aspecto político, no es la solución al conflicto y está lejos de aplicarse. En el aspecto operativo y técnico, creen que traer al Estado al negocio no será viable y volverá lo peor de Entel, porque las telecomunicaciones exigen agilidad, renovación, relaciones internacionales y grandes inversiones.
Distinta es la visión de los gremios del sector, que se consideran capaces de materializar una autogestión de la segunda operadora del país, que sólo en nueve meses es capaz de levantar 1006 millones de pesos en utilidades. También ven con buenos ojos esa posibilidad algunos industriales electrónicos argentinos.
En lo que hace al aspecto político, referentes y jugadores del sector coinciden en apuntar que "es muy pronto para hablar de estatización", algo que piensan incluso los socios argentinos de Telecom Italia en Sofora (la sociedad controlante de Telecom Argentina), el grupo Werthein. Sin embargo, la avanzada estatal es una variable inestable: por la tarde del jueves último, los rumores sobre un decreto de caducidad de licencia fueron y vinieron sin obstáculos. Operadores del sector dijeron incluso que "el texto del decreto está y hay que ver si sale".
Para algunos, como Enrique Carrier, director de la consultora especializada en telecomunicaciones Carrier & Asociados, "no existe relación entre la estatización y el problema de competencia que está detrás. Habida cuenta de que el Estado dispone de herramientas de control, la amenaza de estatización muestra su incapacidad para actuar como regulador con el problema".
"Pasaron dos años antes de que tomara cartas en el asunto y ahora el Gobierno espera que en sólo uno esté todo cerrado. No suena razonable el tratamiento del problema", dijo Carrier. El problema en cuestión es la participación accionaria que tiene, desde 2007, Telefónica en Telecom Italia y que viola los pliegos de licitación de Entel. A los ojos de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), esto pone en jaque la competencia en el mercado argentino y coloca a Telecom en una posición monopólica. La desconfianza del analista por un avance en la estatización es una visión compartida en una empresa del sector, que considera la jugada oficial como una muestra de presión sobre los italianos y, en última instancia, sobre Telefónica para que venda algún activo en el país.
Malos recuerdos
En lo que respecta a lo estrictamente operativo y técnico, los analistas y empresarios coinciden en señalar que, con la historia de gestión estatal del país, la estatización no llevará a buen puerto el servicio y no resultará viable.
Alejandro Fargosi, abogado especializado en telecomunicaciones que trabajó en Entel, apuntó que "estatizar sería un retroceso de 65 años. Sería volver a probar una estrategia que ha fracasado con peronistas, radicales, militares, liberales y estatistas".
"El sector de las telecomunicaciones sería devastado, porque una Telecom estatal o mixta competiría con el resto en desigualdad de condiciones. Aprovecharía las prebendas obteniendo contratos del sector público; financiamiento más barato y mejor trato sindical, beneficios de los proveedores e impositivos", dijo el analista, y agregó: "Tener la caja de Telecom sería un negoción sólo mientras esté bien gerenciado: Entel también era un negoción cuando Perón la expropió".
En la misma línea, Alejandro Prince, de la consultora Prince & Cooke, sostuvo que la peor alternativa que maneja el Gobierno es la "estatización. El manejo de los gremios y el Estado probó fracasar en la historia argentina. Es una herramienta de burocracia y clientelismo y mala administración. Esto es particularmente malo en un sector como el de las telecomunicaciones, que requiere de dinámica y de capacidad de gestión mayores que las de un servicio de trenes. Requiere gerenciamiento y buenos vínculos internacionales para conocer las novedades y los desarrollos tecnológicos. El Gobierno no daría certidumbre y, sin eso, no podrían ejecutarse grandes inversiones. El recambio de infraestructura sería inviable y estaríamos condenando a la empresa al fracaso", apuntó.
Franco Cecchini, director de operaciones de iPlan, consideró que, teniendo en cuenta la historia, "una Telecom pública tendrá una mala gestión". Sin embargo, advirtió: "El tema de fondo es la falta de una estrategia en materia de telecomunicaciones".
A favor y capacitados
La CGT y Foetra, el sindicato del sector, apuntaron que los trabajadores están capacitados para gestionar la empresa. Un técnico de Foetra explicó: "Telecom tiene el grueso del plantel tercerizado y eso seguiría funcionando bien. Lo que es de importación se seguiría, tal cual lo hacíamos con Entel".
La Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas, Luminotécnicas, Telecomunicaciones, Informática y Control Automático (Cadieel) también abrazó la idea de una empresa estatal. Claudio Krämer, presidente de la entidad, explicó que Telecom y Telefónica favorecieron, en la mayoría de los casos, a los proveedores internacionales, faltando a la normativa del compre trabajo argentino. "Una vuelta a la esfera pública, además de desmonopolizar el servicio de telefonía, también desmonopolizaría la compra de equipamiento", concluyó.
50%
En acciones
Es la participación que tiene Telecom Italia en Sofora, sociedad controlante de Telecom Argentina. La otra mitad está en manos del grupo Werthein.
1,5%
De control
Es la participación que tiene Telefónica en Telecom Argentina por formar parte del consorcio Telco, que tiene más del 22% de Telecom Italia. El vínculo vulnera los pliegos de Entel y, según las autoridades argentinas, pone en jaque la competencia en el mercado local.
20%
La magnitud del negocio
Es lo que crecieron las utilidades de Telecom Argentina en los primeros nueve meses de 2009. La empresa ganó $ 1006 millones en ese período y las ventas netas totalizaron $ 8861 millones. El crecimiento fue impulsado por los servicios de telefonía celular y el acceso a Internet, que la empresa provee a través de Personal y de Arnet.
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Analistas y ejecutivos consideran que la gestión pública no podría sostener el recambio tecnológico y las grandes inversiones
lanacion.com | Economía | Lunes 25 de enero de 2010
el dispreciau dice: ARGENTINA es un calco de la lamentable VENEZUELA de Chávez... todo es improvisación, oportunismo, atropellos, argumentos vacíos, palabras y más palabras... no quedan dudas que esta gestión pretende desmantelar las comunicaciones y el acceso público a ellas... alcanza con ver la estrategia pretendida con la novedosa Ley de Medios, donde se esboza la idea de controlar a mansalva para favorecer nuevos monopolios que expresen aquello que el superior quiere oír. Las jugadas políticas contrarias a los criterios empresarios se perciben cada día a través de un universo de incoherencias donde el gobierno expresa una cosa y la realidad enseña lo contrario. Las apropiaciones le han dado muy malos resultados a los gobiernos argentinos, pero el lavado demanda más y más fuentes donde confluir los dineros mal habidos y mezclarlos con el presupuesto nacional de modo que nadie sepa dónde comienza o dónde termina el problema... seguramente, como en toda sin razón humana, hay aliados, entenados, y otros "hados" que hacen de esta penosa ensalada un aporte más a la confusión reinante. Sí es seguro que, si ahora a los argentinos nos cuesta comunicarnos (salvo que sean celulares políticos, claro está), lo que vendrá y se instalará nos mantendrá prolijamente aislados. Eso es lo que se pretende, dividir, marginar y manipular, esencialmente esto último. Enero 25, 2010.-
NOTA: la imagen que elegí es impactante, penosa, aberrante... pero así como la clase política habla de derechos humanos y desaparecidos sin apreciar las circunstancias y sin atender a las responsabilidades de las partes, del mismo modo está hoy favoreciendo más silencios, más desaparecidos, y una directa invasión sobre el derecho constitucional y privado... mal que nos pese. Es evidente que estamos asistiendo a un universo de inoportunismos y desde mi humilde saber y entender, nada peor que acallar las ideas y someter los pensamientos. Enero 25, 2010.-
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