¿Es delito ayudar a inmigrantes sin papeles? Un jurado de Arizona deja la pregunta en el aire
El juicio contra un activista que daba ayuda humanitaria a migrantes en el desierto de Sonora queda bloqueado. La fiscalía le imputa delitos que suponen 20 años de prisión por acoger a dos centroamericanos en una casa cerca de la frontera
Los Ángeles
Scott Warren, en el centro, a la salida del juzgado de Tucson el martes. ASTRID GALVAN AP
Un jurado de Tucson, Arizona, ha sido incapaz de llegar a una conclusión en el juicio contra un activista de una organización que ayuda a inmigrantes sin papeles que se juegan la vida en el desierto de Sonora. El caso ha puesto en cuestión la labor de ayuda a los inmigrantes en los lugares más peligrosos de la frontera sur de Estados Unidos y ha generado un debate nacional e internacional en medio de la ofensiva del Gobierno de Estados Unidos para sellar las entradas en el país. La fiscalía debe decidir ahora si pide un nuevo juicio o lo deja estar y retira los cargos. El juez ha convocado a las partes el próximo 2 de julio.
La policía de fronteras detuvo a Scott Warren, de 36 años, en enero de 2018 acusándole de participar en el tráfico organizado de personas. Fue detenido en una casa de Ajo, Arizona, un pueblo en medio del desierto cerca de la frontera, donde la organización ayuda a inmigrantes. Junto a él estaban dos inmigrantes irregulares centroamericanos a los que acogió en su casa y dio de comer. Warren es profesor de geografía y activista de la organización local No Más Muertes, que deja ayuda humanitaria como bidones de agua en el desierto de Sonora.
Durante el juicio, Warren argumentó que sus convicciones le impiden negar la ayuda humanitaria a personas en situación de necesidad y advirtió de que su condena supondría un grave precedente para la ayuda humanitaria en la frontera de Estados Unidos. La defensa enmarcó la actividad de Warren como algo que haría cualquier buen samaritano. Para la fiscalía, las acciones de Warren iban más allá de ayudar a alguien en peligro de muerte. Se le imputaba un delito de conspiración para transportar inmigrantes indocumentados y dos delitos por esconderlos de la acción de la policía.
El juicio comenzó el pasado 29 de mayo. El jurado comunicó al juez el lunes después de tres días de deliberaciones que estaba empatado y no podía llegar a una conclusión. El juez les ordenó seguir deliberando, pero el martes comunicaron definitivamente que no iban a llegar a una decisión.
El centro del debate jurídico que plantea la fiscalía de Arizona es si la ayuda humanitaria a los inmigrantes sin papeles dentro de territorio de Estados Unidos constituye una ayuda para el acto mismo de cruzar la frontera irregularmente. Es decir, si la persona que da a la ayuda, en forma de agua, comida, transporte o refugio al otro lado, es cómplice del delito que comete el inmigrante. Warren se enfrentaba a cargos que podían acarrear 20 años de prisión. Para Gobierno de Donald Trump, a través del Departamento de Interior y del Departamento de Justicia, es una prioridad absoluta eliminar cualquier cosa que se entienda como un incentivo para entrar irregularmente a Estados Unidos.
En enero de 2018, No Más Muertes publicó un vídeo en el que agentes de la Patrulla Fronteriza tiraban deliberadamente los bidones de agua que el grupo deja en el desierto para que los inmigrantes se los encuentren y puedan beber a mitad de camino. En él, un agente se refiere a la ayuda como “basura en el desierto” mientras vacía el bidón de agua.
Decenas de organizaciones no gubernamentales en Estados Unidos prestan ayuda a los inmigrantes irregulares a lo largo de toda la frontera y en todas las grandes ciudades. El caso de Warren ha captado la atención de todo el país por el precedente que podría sentar para un entramado de ONG que es una parte fundamental del engranaje de acogida de EE UU y en muchos casos reciben fondos federales por ello. Aparte, en las comunidades más pegadas a la frontera, desde California hasta Texas, es normal encontrar vecinos que echan una mano cuando se encuentran con un inmigrante en situación de necesidad. Warren ha recibido la solidaridad también de organizaciones internacionales como Amnistía Internacional.
“Hoy es más necesario que nunca que los vecinos y los trabajadores humanitarios se solidaricen con los migrantes y los refugiados, y también tenemos que defender a nuestras familias, amigos y vecinos, en la tierra más amenazada por la militarización de las comunidades de la frontera”, dijo Warren el martes a la salida del juzgado en Tucson, citado por Associated Press.
“En el tiempo que ha pasado desde mi detención han sido hallados no menos de 88 cuerpos en el desierto de Arizona. ¿Cuál es el plan del Gobierno en medio de esta crisis humanitaria? Políticas contra los indocumentados, los refugiados y sus familias. Casos legales para criminalizar la ayuda humanitaria, la bondad y la solidaridad”, leyó Warren en un comunicado.
Entre finales de los noventa y principios de este siglo, administraciones demócratas y republicanas pusieron en marcha una estrategia de refuerzo de las seguridad en la frontera. Se construyó un muro, se aumentaron los recursos de la policía fronteriza y se llenó de tecnología la vigilancia de la línea. La estrategia provocó lo que la propia Patrulla Fronteriza llama “efecto globo”: cuando aprietas por un lado se hincha por el otro. Selladas las ciudades y sus alrededores, los migrantes empezaron a jugarse la vida por lugares como el oeste del río Grande, en Texas, el desierto entre Sonora y Arizona, seguramente la ruta más peligrosa de todas. Organizaciones como No More Deaths/No Más Muertes o Humane Borders surgieron para dar ayuda a estos inmigrantes en el sur de Arizona. El precedente del caso de Warren podría afectar incluso a las iglesias que ofrecen santuario a los inmigrantes.
No hay forma de saber cuántos inmigrantes han muerto en el desierto de Sonoradesde que comenzó el refuerzo de la frontera a finales de los años noventa. Las cifras más aproximadas son las del forense del condado de Pima, el área de Tucson, donde la policía lleva los cadáveres que se encuentra en el desierto. Entre 1999 y 2018 se pudieron documentar 3.339 muertes, según datos de Humane Borders y la oficina del forense de Tucson. A lo largo de toda la línea, la Patrulla Fronteriza halla unos 375 cuerpos al año. Las llamadas a teléfonos como el Servicio de Información a Mexicanos del Consulado en Tucson, o el sheriff de Pima, indican que los muertos son muchos más y nunca llegan a ser recuperados.
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