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Un problema llamado América Central
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Efectivos militares y policiales de México han incrementado sus operativos para tratar de impedir que migrantes centroamericanos traten de atravesar el río Bravo para ingresar a Estados Unidos. Crédito: Raymundo Ruiz/En el Camino
- La historia se repite todos los días desde hace más de 10 años: una mujer salvadoreña acompañada de dos o tres hijos, un indígena maya guatemalteco que huye de la violencia o un joven hondureño que ya no tiene nada más que perder, pagan 1.000 o 1.300 dólares a un “pollero” (traficantes de migrantes) que promete llevarlos hasta Estados Unidos.
En su paso por México, son asaltados una o dos veces; detenidos y extorsionados por agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), policías municipales o estatales; secuestrados u obligados a trabajar para el crimen organizado.
Los que llegan a Tijuana (ciudad fronteriza con Estados Unidos) terminan cruzando por una zona de alto riesgo, son detenidos por la migra, interrogados por un juez estadounidense que les niega la solicitud de asilo y los devuelve a sus países, donde no quieren o no pueden seguir viviendo. Lo más probable es que intenten cruzar nuevamente, aunque eso implique volver a atravesar el infierno mexicano.
A una joven guatemalteca, madre de dos hijos, le advirtieron este mes en Estados Unidos que ahora sí, con Donald Trump en el poder, ya no tiene caso que signa intentándolo. Según crónica de la periodista Aline Corpus (Reforma, 22 de junio de 2019), el agente le dijo: “¿por qué son tan necios?, ¿por qué se vienen? ¡Ya no van a pasar!”.
El autor Ernesto Nuñez Albarrán
No es nuevo este drama migratorio. Desde hace 10 años, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) elaboró un informe especial alertando sobe el maltrato a los centroamericanos que cruzan por México intentando llegar a Estados Unidos.
Desde entonces, se advertía que los migrantes sufren robos, abusos policiacos, discriminación, maltrato, humillaciones, golpizas, violaciones sexuales, trata, detenciones irregulares por parte de autoridades, secuestros, e incluso algunos eran entregados por la propia autoridad a bandas del crimen organizado. En aquel informe especial elaborado por la CNDH, se calculaba que, entre septiembre de 2008 y febrero de 2009, se habían secuestrado a 9 mil 758 migrantes.
“Nueve de cada 10 víctimas padecieron amenazas de muerte y fueron amagados con armas de fuego o armas blancas… sus captores ejercían violencia sobre ellos… los amarraban de pies y brazos, los amordazaban, les tapaban los ojos, los drogaban o los quemaban en alguna parte del cuerpo. Algunos migrantes relataron expresamente haberse percatado de cómo los secuestradores violaron a mujeres, así como que hirieron y hasta mataron a otros secuestrados, tanto con armas de fuego como a golpes. De acuerdo con estos testimonios, las amenazas recurrentes eran las de violar a las mujeres, venderlos a Los Zetas o deportarlos”, se relataba en el informe de la CNDH (15 de junio de 2009).
Las advertencias de la estatal pero autónoma CNDH fueron guardadas en un cajón por el presidente Felipe Calderón (2006-2012) y su amiga Cecilia Romero, entonces directora del Instituto Nacional de Migración.
Y, un año después, el hallazgo de 72 cuerpos de migrantes que habían sido detenidos, torturados y asesinados por (el cartel del narcotráfico) Los Zetas en un ejido del municipio de San Fernando, Tamaulipas, hizo visibles las condiciones infrahumanas en las que arriesgan la vida miles de centroamericanos en su paso hacia Estados Unidos.
¿Qué ha mejorado en 10 años? Nada.
Al contrario, el tránsito de centroamericanos que salen principalmente desde Honduras, El Salvador y Guatemala hacia Estados Unidos se ha convertido en uno de los flujos migratorios más grandes del mundo. Se calcula que cada año 400.000 personas tratan de entrar a Estados Unidos; se sabe que 120.000 centroamericanos son detenidos en territorio mexicano, antes de llegar a la frontera con Estados Unidos. Y, según cifras recientes del INM, las autoridades migratorias de Estados Unidos están devolviendo a México a 268 centroamericanos cada día.
Nada hace pensar que las condiciones de migración de esas personas hayan dejado de ser inhumanas.
¿Qué ha cambiado? Mucho.
Hoy, hay un déspota en la Casa Blanca que ha hecho del discurso antiinmigrante su bandera política (no sólo para elegirse en 2016, sino para reelegirse en 2020).
Imposibilitado a construir un muro de más de 3 mil kilómetros en la frontera entre México y Estados Unidos, Donald Trump parece decidido a convertir a México en un muro virtual. La amenaza de boicotear con aranceles el Tratado de Libre Comercio ha obligado al gobierno mexicano a tomarse en serio el rol de policía migratoria que, durante años, le ha otorgado Washington.
En México, hay un nuevo presidente que llegó al poder con un discurso en contra del neoliberalismo y a favor de los más pobres y desprotegidos.
Pero, presionado por Trump, Andrés Manuel López Obrador tuvo que aceptar un acuerdo que, en resumen, obliga a México a impedir que los centroamericanos sigan llegando por miles a territorio estadounidense.
A la oferta de asilo y empleo para la diáspora centroamericana, hecha al inicio de su administración, López Obrador sumó la tercera semana de junio el lanzamiento del Plan de Desarrollo Integral con Centroamérica, un nuevo programa de ayuda y cooperación para el desarrollo de la región.
Tampoco es la primera vez que se intenta. Desde el siglo pasado, al concluir la etapa de guerrillas centroamericanas, México y Estados Unidos lanzaron iniciativas que inyectaron millones de dólares para la recuperación económica de esos países.
En el año 2000, el gobierno de Vicente Fox (2000-2006) lanzó el Plan Puebla Panamá (PPP), que supuestamente debía detonar proyectos de infraestructura, energéticos y de desarrollo social en beneficio del sureste mexicano y siete países centroamericanos.
En 2008, Felipe Calderón relanzó el PPP bajo el nombre de Proyecto Mesoamérica, que fue continuado por la administración de Enrique Peña Nieto.
Algo fracasó en esos proyectos, pues en 18 años no detonaron el desarrollo, la prosperidad, el empleo ni las condiciones de seguridad que hubiesen frenado la salida de miles de personas hacia Estados Unidos.
Hoy, por las presiones de Trump, el tema vuelve a estar en el primer lugar de la agenda del gobierno mexicano, y debería ser prioridad para los gobiernos de la región. El reto es impedir que los países del Triángulo Norte sigan expulsando a sus jóvenes, mujeres, niños… y lograr que México deje de ser el corredor de la muerte para ellos.
Debimos hacerlo desde hace muchos años, mucho antes de que llegara Trump a complicarlo todo.
Este artículo fue originalmente publicado por Pie de Página, un proyecto de Periodistas de a Pie . IPS-Inter Press Service tiene un acuerdo especial con Periodistas de a Pie para la difusión de sus materiales.
RV: EG
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