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Gobierno destructivo fractura incluso a sus filas en Brasil
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El presidente Jair Bolsonaro introdujo personalmente en la Cámara de Diputados el proyecto de ley que reduce las normas de tráfico y los castigos para los conductores de vehículos, una medida criticada por especialistas, porque puede aumentar los accidentes y las muertes viales en Brasil, uno de los campeones en mortalidad vehicular. Bolsonaro también pretende disminuir los radares de control de velocidad, porque son “una industria de multas”. Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
- La “estrategia de la destrucción” es como define la investigadora Sonia Corrêa al modo de gobernar del presidente de extrema derecha de Brasil, Jair Bolsonaro, que se evidencia en acciones y medidas adoptadas desde que llegó al poder el primer día del año.
Recortes presupuestarios que amenazan asfixiar a universidades estatales e investigaciones científicas, decretos que facilitan la posesión y el porte de armas a civiles, vetos a la educación sexual y de género en las escuelas y el desmantelamiento del sistema de protección ambiental son ejemplos de retrocesos en marcha.
Además de actos y declaraciones que niegan la democracia, como cuando Bolsonaro llama a celebrar el golpe de Estado militar de 1964 y sus ministros de Educación orientan a los estudiantes a filmar y denunciar a profesores que hagan “predica ideológica” o “coaccionen” al alumnado a participar en protestas.
“El estado de guerra permanente tiene sus límites, pero la destrucción avanza rápido, el Sistema Único de Salud pública ya sufrió una gran erosión y en las últimas semanas están bajo ataque intenso las tres mayores instituciones productoras de conocimiento”: Sonia Corrêa.
Las reacciones fueron inmediatas. Millones de estudiantes se manifestaron en las calles el 15 y el 30 de mayo. La aprobación del gobierno bajó a cerca de un tercio de los entrevistados en varias encuestas en abril, contra la mitad en enero.
Estallaron disensos entre grupos que componen el gobierno, mientras movimientos y líderes de derecha que contribuyeron al triunfo electoral de Bolsonaro en octubre de 2018, se apartan de las posiciones más extremas e irracionales del oficialismo.
“La gobernabilidad hace aguas, pero están haciendo lo que se proponen hacer, mantener activa su base electoral”, sostuvo Corrêa a IPS, quien ejerce de co-coordinadora del internacional Observatorio Sexualidad y Política.
Ella integra una corriente de analistas para quienes “hay método en el caos, o más exactamente el caos es el método” en este gobierno, como concluyó Marcos Nobre, profesor de Filosofía de la Universidad de Campinas, en un artículo para la revista Piauí, publicado en abril.
Se trata de “mantener el colapso institucional” que facilitó la elección de Bolsonaro y gobernar para una minoría de adeptos, “entre 30 y 40 por ciento del electorado”. Eso, sostiene Nobre, asegura su fidelidad para sostener el poder y servir de base en las próximas elecciones, a la hora de buscar nuevas adhesiones.
Solo un agravamiento de la crisis económica o de la popularidad del presidente por debajo del 30 por ciento podrían “socavar ese arreglo destructivo” y esas condiciones no aparecen en el horizonte, lamenta el profesor, quien además ve los grandes partidos impotentes y “radioactivos”, por su identificación con el sistema político ahora rechazado.
“No se puede hacer previsiones para más de 48 horas en el Brasil de hoy”, que no se puede analizar según los parámetros usuales, matizó Corrêa.
La investigadora Sonia Corrêa, una de las coordinadoras internacionales del Observatorio Sexualidad y Política. Crédito: OSP
“Hay tensiones y conflictos internos en el gobierno, de maduración inevitable” y puede que la situación se mantenga o estalle en cualquier momento, ya que además de “debilidades institucionales incluso en la derecha, tenemos al líder más errático y voluble” entre los ultraderechistas que ascendieron en el mundo, evaluó.
“El estado de guerra permanente tiene sus límites, pero la destrucción avanza rápido, el Sistema Único de Salud pública ya sufrió una gran erosión y en las últimas semanas están bajo ataque intenso las tres mayores instituciones productoras de conocimiento” en Brasil, lamentó la investigadora.
Hace referencia a los agudos recortes presupuestarios y descalificaciones por miembros del gobierno que afectan a la Fundación Oswaldo Cruz, centro de ciencia y tecnología médica; el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística; y el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales que monitorea la deforestación amazónica. Las tres son instituciones autónomas estatales con alto prestigio.
La extrema derecha alcanzó el poder en Brasil con Bolsonaro, un excapitán del Ejército que fue un mediocre diputado entre 1990 a 2018, no por casualidad, sino tras un largo proceso de preparación, de construcción de alternativas y plataformas que es mundial, advirtió Correa quien es una estudiosa del tema desde hace años.
En Estados Unidos la derechización del Partido Republicano que desembocó en la presidencia de Donald Trump comenzó en los años 70.
En Brasil el proceso tomó cuerpo a comienzos de este siglo, con la expansión de movimientos religiosos de “restauración conservadora” y la acción del Instituto Liberal y del Instituto Millenium.
“El Partido Republicano sostiene institucionalmente a Trump y controla sus locuras si es necesario. La novedad brasileña es que no tiene un partido para ejercer esas funciones, ni algo parecido a la Liga Norte de Italia”, observó Corrêa.
El proceso más parecido al brasileño es el de Colombia, con el papel relevante de movimientos religiosos, la fragmentación partidista, la derecha extremista y la fuerte presencia de la violencia y la “parapolítica” armada en ambos países.
En América Latina la derecha ganó un gran argumento para sus varios triunfos electorales, recurriendo al espantajo de la “venezolanización”, ante la omisión de la izquierda en la crítica al autoritarismo y la corrupción, señaló la investigadora.
La presidenta del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, Susana Guerra, explica que el censo nacional de 2020 tendrá menos preguntas y datos, ante la reducción del presupuesto con que se contará para realizarlo, que involucra decenas de miles de entrevistadores en este país de dimensiones continentales y unos 209 millones de personas. Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil
En cambio, factores que favorecieron su ascenso al poder se volvieron dañinos a la hora de ejercer el gobierno, especialmente en Brasil.
Bolsonaro logró aglutinar militares, corrientes religiosas y otras fuerzas conservadoras en su campaña electoral. Ahora esos grupos aliados son fuente de conflictos, por intereses u objetivos discrepantes entre ellos.
Los numerosos generales en los ministerios, por ejemplo, viven en tensión permanente con los llamados sectores “ideológicos” del gobierno, que se orientan por moralismos y viejos nacionalismos y anticomunismo.
El uso permanente de las redes sociales, factor decisivo durante la campaña, ahora agrava las desavenencias entre los miembros del Ejecutivo. Provocó, por ejemplo, la destitución en febrero del ex secretario general de la Presidencia, Gustavo Bebianno, quien fue brazo derecho electoral de Bolsonaro.
Fue el primer ministro a caer, a causa de desentendimiento con Carlos Bolsonaro, hijo del presidente y encargado de su comunicación digital.
La guerra contra el supuesto marxismo cultural y la denominada ideología de género, que la izquierda habría impuesto en las escuelas, una bandera electoral, desorienta la gestión educativa, defenestró al primer ministro de Educación nombrado por Bolsonaro, el teólogo Ricardo Vélez, y amenaza al segundo, el economista Abraham Weintraub.
El decreto que amplió el acceso a las armas de fuego a millones de brasileños, otra promesa electoral de Bolsonaro, debe restarle popularidad. Facilitar el porte de armas fue rechazado por 73 por ciento de los entrevistados en una encuesta del Instituto Brasileño de Opinión Pública, realizada en marzo.
Se teme que la medida incremente los homicidios en Brasil, donde alcanzaron la cifra de 63.722 en 2017 y 57.117 en 2018, según datos del Monitor de Violencia del Foro Brasileño de Seguridad Pública. Esto ya coloca a este país de 209 millones de personas en el tope de las muertes violentas sin existencia de un conflicto armado.
Además el decreto podrá ser anulado por la Justicia o el parlamento. Es cuestionable su constitucionalidad por contrariar la Ley del Desarme, de 2003.
Otras medidas que el presidente juzga legitimadas por su triunfo electoral, porque responden a sus creencias, tienden a perjudicar su gobernabilidad.
El último ejemplo es un proyecto de ley que flexibiliza normas y castigos para los conductores, una iniciativa temeraria en un país que registra excesivos accidentes de tránsito, con el saldo de 38.281 muertos y 228.102 discapacitados permanentes en 2018, según la Aseguradora Lider, que administra el seguro obligatorio de los vehículos.
Si se aprueba, los conductores podrán cometer el doble de las infracciones permitidas hasta ahora antes de la suspensión del permiso. Además descarta multas para quienes transporten niños sin las sillas de seguridad propias y elimina pruebas toxicológicas para choferes profesionales.
Esas sillas reducen en 60 por ciento las muertes infantiles en los accidentes, según la Organización Mundial de Salud.
Edición: Estrella Gutiérrez
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