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Nadie “merece morir” o la injusticia de la pena de muerte
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Muro exterior de la prisión de Welikada, en Colombo, la capital de Sri Lanka, donde su presidente, Maithripala Sirisena, anunció el restablecimiento de la aplicación de la pena de muerte, tras 40 años suspendida, para los condenados por delitos de drogas. Crédito: Ranmali Bandarage / IPS
- La buena noticia es que su aplicación ha disminuido, pero la mala sigue siendo que el uso “inhumano” de la pena de muerte se mantiene excesivamente común en todo el mundo, reiteró Amnistía Internacional en su último pronunciamiento al respecto.
La organización encontró en su informe global sobre la pena de muerte en 2018 que las ejecuciones legales en el mundo cayeron casi un tercio el año pasado respecto al precedente, la mayor disminución en al menos una década.
“El drástico descenso de las ejecuciones demuestra que, incluso los países más insospechados, están empezando a cambiar sus prácticas y a darse cuenta de que la pena de muerte no es la solución”, ha declarado el secretario general de Amnistía Internacional, dijo el secretario general de Amnistía Internacional, Kumi Naidoo.
Hubo un retroceso en algunos países, pero aun así “el número de ejecuciones consumadas por varios de los peores verdugos del mundo ha descendido de manera considerable”, añadió.
“Se trata de una señal esperanzadora que indica que es sólo cuestión de tiempo que este castigo cruel quede relegado al rincón de la historia, donde debe estar”, aseguró Naidoo.
Por ejemplo, Burkina Faso abolió la pena de muerte en 2018, mientras que Malasia y Gambia declararon una moratoria oficial de las ejecuciones.
En Irán, donde la pena de muerte es una forma de castigo demasiado común, las ejecuciones cayeron en 50 por ciento.
A pesar de las noticias positivas, el uso de la pena de muerte ha continuado, violando los derechos humanos básicos, incluido el derecho a un juicio justo y la importancia de garantizar la dignidad y el respeto.
Según Amnistía Internacional, hubo 2.531 sentencias de muerte en todo el mundo en 2018, solo una leve disminución respecto a las 2.591 reportadas en 2017.
Aunque hubo algunos avances, Irán aún sigue representando más de un tercio de todas las ejecuciones registradas.
De hecho, aproximadamente 78 por ciento de todas las ejecuciones conocidas se llevaron a cabo en solo cuatro países: Irán, Arabia Saudita, Vietnam e Iraq.
Hồ Duy Hải se encuentra entre 600 personas condenadas a muerte en Vietnam, y aún corre el riesgo de ser ejecutado.
Condenado por robo y asesinato, Hồ Duy Hải dijo que fue torturado y obligado a firmar una “confesión” de la que luego se retractó.
En 2015, la Comisión de Asuntos Judiciales de la Asamblea Nacional encontró graves violaciones de la ley procesal penal a lo largo del proceso contra Hồ Duy Hải.
“Han pasado 11 años desde que lo arrestaron y nuestra familia quedó destrozada. Ya no puedo soportar este dolor. El solo hecho de pensar que mi hijo está sufriendo tras las rejas me duele mucho”, dijo su madre, Nguyễn Thị Loan, a Amnistía Internacional.
“Me gustaría que la comunidad internacional ayude a reunir a mi familia. Usted es mi única esperanza”, agregó.
Si bien las cifras exactas se desconocen, China sigue siendo el primer verdugo del mundo con potencialmente miles de personas condenadas a muerte cada año.
La pena de muerte se aplica en una serie de delitos, incluidos algunos no violentos, lo que viola el derecho y las normas internacionales, ya que no se clasifican como los “delitos más graves”.
En junio de 2018, las autoridades de la ciudad de Lufeng, en el sureste de China, llevaron a cabo una “agrupación masiva de sentencias” a la pena capital en la que 10 personas fueron acusadas de delitos relacionados con drogas y ejecutadas.
En otros países se ha reintroducido el uso de la pena de muerte o se ha suspendido la moratoria para esta condena que se mantenía por décadas.
El presidente de Sri Lanka, Maithripala Sirisena, dijo que restablecería las ejecuciones después de más de 40 años y aplicaría penas de muerte a los condenados por delitos de drogas, tal como hace Filipinas.
El gobierno incluso publicó un anuncio de empleo en busca de un verdugo con “excelente carácter moral” y “muy buena mente y fortaleza mental”.
Sudán reanudó la implementación de sentencias de muerte luego de una pausa en 2017, incluida la sentencia de Noura Hussein.
La joven sudanesa se casó contra su voluntad con Abdulrahman Mohamed Hammad a la edad de 16 años y fue violada cuando se negó a consumar el matrimonio.
Cuando Hammad intentó violarla de nuevo, Hussein se defendió y, en la lucha, su marido sufrió una herida fatal y falleció.
A pesar de las pruebas de que fue un acto de defensa propia, Hussein fue declarado culpable y condenada a muerte, lo que despertó una ola de indignación a nivel mundial.
“Estaba en shock absoluto cuando el juez me dijo que había sido condenado a muerte. No había hecho nada para merecer la muerte. No podía creer el nivel de injusticia, especialmente en relación con las mujeres”, dijo Hussein a Amnistía Internacional.
“Mi caso fue especialmente difícil ya que en el momento de la sentencia, mi familia me había repudiado. Estaba sola lidiando con la tragedia”, agregó.
La sentencia de muerte finalmente fue revocada, pero se le impuso una condena de cinco años de prisión y una compensación económica de 8.400 dólares, mientras los fiscales del caso siguen luchando para que se le reimponga la pena capital.
“Lenta, pero firmemente, se va fraguando un consenso internacional respecto a poner fin a la pena de muerte”, aseguró el sudafricano Naidoo.
Pero actualmente al menos hay 19.000 personas consumiéndose, según datos de Amnistía, por lo que “la lucha está lejos de acabar”, afirmó su secretario general.
“Desde Burkina Faso hasta Estados Unidos, se están tomando medidas concretas para abolir la pena capital. Es hora de que los demás países sigan su ejemplo. Queremos que todas las personas vivan en sociedades seguras, pero las ejecuciones nunca son la solución”, concluyó.
Al comenzar 2019, el número de países que habían abolido la pena de muerte para todos los delitos alcanzaba era de 106, mientras otros 142 la habían abolido en la ley o en la práctica.
T:EG
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