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Indígenas resisten ideas genocidas del gobierno brasileño
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Indígenas marchan en Brasilia durante las protestas del XV Campamento Tierra Libre, un encuentro anual de miles de representantes de todo el país. Resistir a las medidas que afectan derechos de los pueblos originarios es la consigna con que cerró el encuentro, ante el gobierno ultraderechista de Jair Bolsonaro, que busca por todos los medios anular sus conquistas, reducir sus territorios o usarlos para actividades contrarias a sus intereses. Crédito: José Cruz/Agência Brasil
- Resistencia, esa es la consigna con que los indígenas de Brasil cerraron el Campamento Tierra Libre, un encuentro en la capital del país que se concentró en protestar contra las amenazas a sus derechos y reclamar la derogación de medidas adversas que ya comenzó a aplicar el gobierno de extrema derecha.
El presidente Jair Bolsonaro “se declaró un gran enemigo nuestro desde la campaña electoral”, al asegurar que no demarcaría “siquiera un centímetro” de nuevas áreas indígenas, recordó Sonia Guajajara, coordinadora ejecutiva de la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil.
“Además de negarnos los territorios, quiere quitarnos el derecho a la identidad, con un integracionismo que niega la diversidad”, acotó en diálogo con IPS desde Brasilia la lideresa del movimiento que organizó el Campamento, en que participaron entre el 24 y 26 de abril cerca de 4.000 indígenas provenientes de todo el país.
Guajajara se refirió a declaraciones de Bolsonaro, en el poder desde el 1 de enero, en que sostuvo que su gobierno buscará “reintegrar los indígenas a la sociedad, llevándoles condiciones para que puedan sentirse brasileños”.
“Somos todos iguales”, suele argüir para defender la introducción de minería, ganadería y otras actividades económicas en las tierras indígenas, que la Constitución brasileña condiciona a autorización previa del parlamento y consultas a la comunidad afectada.
Esa supuesta “igualdad”, diluyendo la identidad, anularía la necesidad de territorios indígenas, blancos de la codicia de agricultores, madereros, la minería y otros negocios que, agrupados bajo el nombre de “ruralistas”, constituyen una de las grandes fuerzas del gobierno de Bolsonaro.
“Nosotros conquistamos, en la Constitución de 1988, el reconocimiento del derecho a la diferencia, a nuestros usos, costumbres, lenguas, creencias y tradiciones, y el derecho originario a las tierras que tradicionalmente ocupamos”, dice el texto básico del XV Campamento Tierra Libre, que tuvo como lema: “Sangre Indígena – En las venas la lucha por la tierra”.
Ese reconocimiento fue un triunfo de la resistencia en los 519 años de “golpes y más golpes” de la colonización, la monarquía, la república y la dictadura militar (1964-1985) cuyas fuerzas “invadieron nuestros territorios, masacraron nuestros pueblos, destruyeron y se adueñaron de nuestras tierras y riquezas”, destaca la declaración.
El documento refleja los debates preparatorios de este año del neurálgico encuentro, que se repite cada mes de abril desde 2004.
Se produce con el contexto de un gobierno que desde su estreno trata de destruir la política indigenista que se construyó en las últimas décadas en Brasil, con el discurso presidencial de “integrar” los pueblos, planteó Guajajara.
Pero “no nos rendiremos a las amenazas de ningún gobierno autoritario”, subrayó la lideresa indígena e integrante del pueblo guajajara, situado en el nororiental estado Maranhão y del que toma su apellido.
Participantes en el Campamento Tierra Libre, durante el recibimiento y homenaje que les rindió el Senado, en lo que representó un contrapeso frente a las medidas en su contra que ha comenzado a adoptar el gobierno de Jair Bolsonaro. Los indígenas llegados de todo Brasil pidieron apoyo para que esas medidas no sean ratificas por los legisladores. Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
El desmantelamiento empezó en la misma toma de posesión de Bolsonaro, con la firma de la Medida Provisional 870 (decreto presidencial con fuerza de ley, pero pendiente de aprobación parlamentaria), que reestructura los ministerios responsables de las cuestiones indígenas.
Uno de los cambios fue transferir la Fundación Nacional del Indígena (Funai), la institución responsable de la política indigenista, del Ministerio de Justicia para otro que pasó a agrupar los temas de Mujer, Familia y Derechos Humanos.
Además se le quitó la función de demarcar tierras indígenas, atribución que pasó al Ministerio de Agricultura, específicamente a su Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria, que controla las cuestiones de propiedad de la tierra.
Es evidente el conflicto de intereses, ya que se trata de un sector dominado por los “ruralistas”, que encaran las tierras indígenas como obstáculo a la expansión de sus negocios.
El Campamento logró un posible triunfo en el objetivo de anular esas medidas, al dialogar con líderes parlamentarios.
Los presidentes del Senado, David Alcolumbre, y de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, prometieron a los indígenas apoyar el retorno de la Funai al Ministerio de Justicia y la restitución de sus prerrogativas en demarcación.
La Medida Provisional, parecida a un decreto-ley en otros países, tiene vigencia inmediata pero solo por 60 días, plazo que puede ser prorrogado para su votación parlamentaria. En el caso de la 870, pierde validez el 3 de junio si senadores y diputados no la aprueban como ley permanente.
Hay juristas y fiscales del Ministerio Público (fiscalía) que consideran inconstitucional someter cuestiones indígenas al Ministerio de Agricultura.
Con ese argumento, el Partido Socialista Brasileño requirió al Supremo Tribunal Federal (STF) suspender la medida. Pero el magistrado Luiz Roberto Barroso desestimó la solicitud, bajo el argumento de que estructurar los ministerios es competencia del Poder Ejecutivo.
Sin embargo, en su fallo realzó que el gobierno está “obligado a promover las demarcaciones de tierras indígenas”, a través de uno u otro ministerio, porque así lo manda la Constitución.
Parte del Campamento Tierra Libre, instalado entre el 24 y 26 de abril en la Explanada de los Ministerios, que atrajo miles de indígenas a Brasilia, para defender sus derechos, amenazados por el gobierno del presidente Jair Bolsonaro, que actualmente defiende la “integración” indígena a la sociedad brasileña, poniendo fin a su identidad propia, acercándose al etnocidio. Crédito: José Cruz/Agência Brasil
Brasil tiene 722 tierras indígenas, siendo 486 ya “homologadas”, como se define a aquellas en que se completó su legalización, y 117 en proceso de demarcación, según el Instituto Socioambiental, organización no gubernamental que posee la más amplia documentación sobre el tema.
Además hay 119 áreas en proceso de identificación, donde se reconoce ocupación indígena tradicional y por eso se restringe el uso por poblaciones no autóctonas.
En este país sudamericano de casi 210 millones de habitantes, hay 305 pueblos originarios con 274 lenguas distintivas, según el último censo, de 2010, que situó la población indígena en 817.963 personas, aunque hay coincidencia en que actualmente se aproxima al menos al millón.
El Ministerio de Salud también intentó extinguir la Secretaria de Salud Indígena, que presta asistencia a las comunidades originarias en todo el país. El proyecto era que esa tarea se dividiría entre los órganos de salud básica regulares y las municipalidades.
Pero el ministro Luiz Enrique Mandetta tuvo que dar marcha atrás ante las protestas indígenas.
Impedir otros retrocesos es el objetivo de los movimientos indígenas, ya que parece irrealista lograr avances con el Bolsonaro como inquilino del Palacio de Planalto. “No esperamos nada de ese gobierno”, admitió Guajajara.
Una gran amenaza es la del “hito temporal”, un concepto que solo reconoce como tierra indígena la que estaba ocupada por esa población el 5 de octubre de 1988, cuando se promulgó la Constitución.
Esa interpretación presenta evidente discrepancia con las expresiones constitucionales “tradicionalmente ocupadas” y “derechos originarios” para identificar áreas destinadas al usufructo exclusivo de los pueblos originarios.
Pero ya la emplean jueces que empiezan a anular demarcaciones ya consolidadas, privilegiando a invasiones de tierras anteriores a octubre de 1988, lamentó a IPS el indígena guaraní Inayê Lopes.
Ejemplificó con el caso de una hacienda, incorporada desde 1998 a la reserva indígena Arroyo-Corá, en el centro-occidental estado de Mato Grosso do Sul, devuelta el 22 de abril a sus antiguos propietarios por la sentencia de un juez.
“Están en riesgo otros territorios tradicionales, aunque ya estén demarcados y homologados”, advirtió Lopes.
El STF deberá dirimir esa cuestión al juzgar, antes de abril de 2020, una disputa similar, de un área identificada como tierra tradicional de los indígenas del pueblo xokleng, pero reclamada por la Fundación Ambiental de Santa Catarina, un estado del sur de Brasil.
Hay amenazas en todas partes.
Grandes proyectos, como una línea de transmisión para integrar al sistema eléctrico nacional el nororiental estado de Roraima, en la frontera con Venezuela, hace recordar la masacre de los waimiri-atroari, que ejecutó la dictadura militar (1964-1985), durante la construcción de una carretera y una central hidroeléctrica en la década de los 70.
Ese pueblo indígena de 3.000 personas en 1972 se redujo a 350 miembros en 1983, según datos de la Funai.
El riesgo de nuevos genocidios parece descartado ante la vigencia de la Constitución, mecanismos judiciales y resistencias de indígenas y la sociedad en general, pero son preocupantes las ideas de numerosos militares en el gobierno, en buena parte nostálgicos de la dictadura.
La caballería estadounidense fue eficiente, al diezmar los indígenas y eliminar “ese problema”, al contrario de las fuerzas militares brasileñas, lamentó Bolsonaro, un capitán retirado del Ejército, en discurso como diputado en 1998.
Edición: Estrella Gutiérrez
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