Los megaproyectos ahondaron la corrupción en Brasil
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Los expresidentes Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff, durante una manifestación el 29 de abril en defensa del Polo Naval del sureño estado de Rio Grande do Sul, uno de los proyectos petroleros de Brasil al borde de la quiebra, por la crisis de la empresa estatal Petrobras, por su escándalo de corrupción y la caída de los precios del petróleo. Crédito: Ricardo Stuckert/Instituto Lula
- No se puede asegurar que la corrupción se hizo más amplia y cuantiosa en el país durante los últimos años, porque no hay datos objetivos de períodos anteriores para poder comparar, según Manoel Galdino, director ejecutivo de Transparencia Brasil.
Pero la impresión proyectada por las recientes revelaciones es de un incremento brutal de ese delito, involucrando sumas sin precedentes, casi toda la dirigencia política del país y numerosas empresas estatales y privadas.
El grupo empresarial Odebrecht, encabezado por la mayor constructora brasileña, admitió haber pagado 3.390 millones de dólares en sobornos a políticos entre 2006 y 2014.
Es solo una parte. Más de 30 empresas, incluidas otras grandes constructoras, habrían participado en fraudes para desviar recursos de la estatal empresa petrolera Petrobras, objeto inicial de la operación “Lava Jato” (autolavado de vehículos) del Ministerio Público Federal (fiscalía general), que desde hace tres años desnuda lo sistémico de la corrupción en Brasil.
La proliferación de megaproyectos en los sectores de energía y de transporte, a partir de 2005, coincide con el aparente auge de los negocios ilícitos, dentro de la colusión entre políticos y empresarios para mantener monopolios compartidos de poder y ganancias sobrevaluadas.
El descubrimiento en 2006 de gigantescos yacimientos petrolíferos bajo la capa de sal en el fondo del océano Atlántico, conocidos como presal, desató una oleada de grandes proyectos, como dos grandes refinerías y decenas de astilleros para producir buques-sondas, plataformas y otros equipos de extracción.
Esos proyectos se sumaron a complejos petroquímicos que ya estaban planificadas desde antes.
Dos grandes centrales hidroeléctricas tuvieron su construcción iniciada en el río Madeira en los años siguientes y en 2011 comenzó la obra de otra gigantesca, la de Belo Monte sobre el río Xingu. Ello convirtió a la Amazonia en gran proveedora de energía al resto del país.
Tres ferrocarriles, de más de 1.500 kilómetros cada uno, puertos a lo largo de toda la costa marítima y algunos más en las riberas fluviales se sumaron a carreteras en proceso de pavimentación o duplicación para reducir el déficit nacional en infraestructura de transportes.
“Las megaobras siempre ofrecen más potencial de corrupción mayor. En Brasil siempre tuvimos mucha corrupción, que ahora es más visible por la actividad de los órganos de control y de los medios de comunicación”, corroboró a IPS el presidente del independiente Instituto No Acepto Corrupción, Roberto Livanu.
“Pero no podemos decir que hay más corrupción hoy que ayer, no hay como medir su magnitud, las sumas y personas involucradas”, puntualizó quien también ejerce como una especie de procurador de la acusación en los procesos judiciales.
Por la propia naturaleza del delito, “solo tenemos percepciones subjetivas estimuladas por la visibilidad, que hoy es agrandada también por involucrar gente de poder, atrayendo más interés de la prensa”, comentó.
Además, por su complejidad, los megaproyectos tienden al fracaso. Un 65 por ciento de ellos falla en al menos uno de cuatro aspectos principales -costo, plazo, objetivo y calidad-, plantea Edward Merrow, presidente de la consultora estadounidense Independent Project Analysis (IPA, en inglés), en su libro “Industrial Megaprojects”.
Esa complejidad, aduce, también favorece la corrupción, por lo menos en países como Brasil, al multiplicar oportunidades de fraudes en los miles de contratos firmados con proveedores de bienes, servicios y financiamientos, y autoridades reguladoras y tributarias.
Senadores aprueban el 24 de abril la ley que penaliza los abusos de autoridad, en una norma que busca que no se repitan casos como la llamada operación “Lava Jato”, que investiga denuncias de corrupción contra un tercio de los integrantes de la Cámara Alta del Congreso de Brasil. Crédito: Lula Marques/AGPT
“Es probable que con la mayor circulación de dinero, en una economía en crecimiento y de grandes inversiones, se haya incrementado la corrupción en Brasil, pero es posible afirmarlo”, matizó Galdino, de Transparencia Brasil, a IPS.
Ello porque no se conoce la proporción que el delito tuvo en el pasado en relación al producto interno, porque no había investigaciones que permitiesen los resultados obtenidos actualmente, explicó.
“Las instituciones de control avanzaron mucho en los últimos 15 o 20 años y es lo que produjo la operación Lava Jato”, también apuntalada por una movilizada sociedad civil, acotó.
El Ministerio Público se fortaleció y sus investigaciones pasaron a hacerse en conjunto con cuerpos judiciales especializados, la Policía Federal, autoridades tributarias y órganos de control financiero, ya que la corrupción prospera junto con la legalización de capitales ilícitos, destacó.
La llamada “delación premiada”, que estimula la colaboración con la justicia al obtener reducción de las condenas, fue un instrumento decisivo para el éxito de la Lava Jato, al obtener 155 acuerdos con personas bajo investigación y contar con varios otros dispuestos a revelar lo que saben.
La ley que permite ese mecanismo solo se aprobó en 2013, en respuesta a protestas populares que estremecieron las ciudades brasileñas en junio de aquel año, recordó el director de Transparencia Brasil, organización no gubernamental que busca mejorar las instituciones a través del monitoreo y el debate público.
“Hasta los años 90 se buscó especialmente combatir la irregularidad administrativa, pero no se logró encarcelar a nadie”, comparó, ejemplificando con el caso del diputado Paulo Maluf, un símbolo de la corrupción desde que fue gobernador del sureño estado de São Paulo (1979-1982), que resultó condenado en el exterior pero no en Brasil.
Hay estudios, sin embargo, que constatan un aumento de la corrupción cuando hay abundancia de recursos públicos, así como mayor tolerancia en relación a los corruptos en la prosperidad.
Un alza de 10 por ciento en las transferencias de recursos del gobierno nacional a pequeños municipios hizo aumentar 16 por ciento los casos graves de corrupción en las alcaldías beneficiadas, según una investigación de la economista brasileña Fernanda Brollo, profesora de la británica Universidad de Warwick, junto a cuatro colegas italianos.
Su estudio se basó en datos de 1.202 municipios con menos de 5.940 habitantes, durante dos períodos de gobierno y entre 2001 y 2008. Los alcaldes beneficiados lograron reelegirse en mayor cantidad que los demás, pese a la corrupción.
“Roba pero hace”, era el lema informal de un antiguo político de São Paulo, Adhemar de Barros, que gobernó ese estado durante varios períodos entre 1938 y 1966. En 1950 era tan popular que era apuntado como fuerte candidato a la presidencia de Brasil, pero no se postuló.
Construir grandes obras, como carreteras, hospitales y centrales energéticas, siempre fue una fuente de popularidad y, según una sospecha popular, también de riqueza ilícita.
La proliferación de megaproyectos durante los dos gobiernos del izquierdista expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011), con decenas de obras de más de 1.000 de dólares, en algunos casos superando 10.000 millones y multiplicando el costo original, parece confirmar su relación directa con aumento de recursos desviados.
Lava Jato investigó inicialmente los negocios petroleros. Pero la corrupción afectó a otros proyectos en variados sectores, como las plantas hidroeléctricas, la central nuclear Angra-3 (en construcción), ferrocarriles y estadios construidos o reformados para la Copa Mundial de Fútbol 2014, según esa y otras investigaciones del Ministerio Público.
Editado por Estrella Gutiérrez
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