Atajar la corrupción
Los escándalos tienen un coste muy alto para la imagen de la economía española
Mariano Rajoy, presidente del Gobierno. EFE
El diagnóstico de la Comisión Europea, difundido en el informe sobre el Semestre Europeo, no puede ser más acertado: la sociedad española tiene un grave problema de corrupción, ese problema mancha la política española y afecta de manera preocupante la imagen de la reactivación económica. Junto con la mención expresa del desvío de los fondos públicos, Bruselas pone el dedo en otra llaga relacionada con los escándalos recientes, que es la falta de una estrategia para prevenir y mitigar “los riesgos de corrupción”. Efectivamente, el Gobierno de Mariano Rajoy carece de instrumentos legales y de recursos para combatir el fraude que afecta al dinero público, ni protege de forma suficiente a los denunciantes de casos de corrupción, ni tiene una regulación adecuada, en línea con la europea, sobre los grupos de presión. Incluso, recuerda Bruselas, la Ley de Enjuiciamiento Criminal favorece la impunidad de los corruptos, porque “impide construir una acusación sólida”.
Con ese análisis, integrado en un informe sobre la situación económica, la Comisión demuestra que tiene una información detallada sobre los escándalos de la política española. Relaciona además la economía con la integridad institucional y sugiere soluciones viables para corregir las corruptelas. En la estela de Bruselas, hay que reclamar al presidente del Gobierno —que es presidente también del partido que más implicado está en la corrupción— que estudie la reprimenda con atención y obre en consecuencia. Podría empezar por redactar normas de contratación pública que penalicen a las empresas implicadas en casos de soborno. Es cierto que la ley actual ya incluye la posibilidad de sanciones, pero son aplicables solo en casos de sentencia firme. Una regulación más rigurosa de los lobbies y garantizar la independencia de la Oficina de Conflictos de Intereses ayudarían también a configurar la transparencia deseada en el sector público.
La Comisión también recuerda que la precariedad en el empleo es un freno para el crecimiento y el bienestar. La elevadísima tasa de temporalidad y los contratos temporales recortan la competitividad empresarial. Esta es una relación de causa-efecto que todo el mundo conoce, pero que el Gobierno se niega siquiera a considerar, parapetado tras la retórica vacía de “las reformas”. Si la reforma laboral facilitó la reactivación, su tiempo ya ha pasado. Los cambios que propone Bruselas al respecto insisten más en reducir los costes de indemnización que en favorecer o agudizar la temporalidad. Es significativo, además, que Bruselas haya detectado, por fin, la escasa calidad del gasto público español. Es un buen punto de partida para revisar en el futuro (cercano, esperemos) la eficiencia del gasto público y del sistema tributario, manifiestamente mejorable.
Todo Gobierno que se precie está obligado a defender la buena imagen de la economía del país. Los casos de corrupción, especialmente del Partido Popular, se conocen fuera de las fronteras; pensar lo contrario o no hacer nada para evitarlos es una negligencia que acabará costando dinero y prestigio a las empresas españolas. Bruselas ha descubierto la relación, evidente, entre corrupción y calidad económica e institucional; solo falta que el Gobierno también acepte la evidencia.
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