Trata de Personas, la esclavitud del siglo 21

No podemos aceptar un mundo donde los sueños, los derechos y la libertad sean de compra y venta

LUIS ALMAGRO 27 JUL 2015 - 23:44 CEST

La trata de seres humanos es un crimen silencioso, de difícil identificación y de rentabilidad semejante al narcotráfico y al contrabando de armas. No perdona a ningún país y constituye una triste y desafiante realidad de siglo XXI. El 30 de julio es la fecha elegida por las Naciones Unidas para recordarnos la precariedad moral en la que nos movemos con un costo inestimable: la dignidad humana.

Este crimen hace que hombres, mujeres y niños, muchas veces motivados por sus sueños y por la expectativa de mejorar sus condiciones de vida, sean sometidos a situaciones de explotación de todo tipo, similares a la esclavitud. Según cifras de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) más de 20 millones de personas se ven obligadas a realizar trabajos forzados (incluyendo la explotación sexual) a nivel global, de las cuales 1,8 millones en América Latina y el Caribe.

Más de 20 millones de personas se ven obligadas a realizar trabajos forzados

La gran mayoría de estas personas son explotadas por empresas o individuos. Alrededor de 4,5 millones son explotadas sexualmente, mientras que casi un 70% son forzados a trabajar en actividades que van desde la agricultura, construcción pasando por la manufactura y los empleos domésticos.

Mujeres y niñas representan la mayoría de las víctimas de explotación laboral 11.4 millones (55%), comparadas con 9.5 millones (45%) de hombres y niños, aunque los niños representan el 26% del (5.5 millones de víctimas infantiles).

Las cifras son aterradoras y la inacción ante esta barbarie del siglo XXI implica una complicidad moral. Desde que asumí mi cargo como Secretario General de la OEA, he proclamado que mi lema de acción durante los próximos años, será Más derechos para más personas en las Américas.

Nada más indicado para guiar nuestra acción común en defensa y protección de millones de personas en una situación tal de vulnerabilidad. Por ello además, crearemos una Secretaria de Acceso a Derechos y Equidad que trabajara en estas y otras áreas de exclusión.

En el hemisferio existe un compromiso de los países para enfrentar esta lacra, con estrategias de prevención y protección a las víctimas, y la sanción de los responsables. Es necesario traducir ese compromisoen acción permanente. En 2000, se aprobó la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional y su Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente de mujeres y niñas.

Las cifras son aterradoras y la inacción ante esta barbarie del siglo XXI implica una complicidad moral

En buena parte del hemisferio, la trata de personas ni siquiera era definida en el ordenamiento jurídico de los países para la tipificación del crimen y los marcos legales eran limitados o casi inexistentes. Quince años después, los países disponen de instrumentos legales que además de castigar a los traficantes, protegen los derechos de las víctimas. Pasamos de una visión restringía a la explotación para fines de prostitución, a otra en la cual se reconocen las diferentes formas de manifestación de este crimen.

Y así, miles de traficantes están en las cárceles, y miles de víctimas han podido rehacer sus vidas. Pero no alcanza. Contamos ahora con un claro Plan de Trabajo para Combatir la Trata de Personas en el Hemisferio Occidental para el período 2015-2018 aprobado por todos los países miembros de la OEA. Prevenir el crimen implica lograr que las posibles víctimas sean menos vulnerables a partir de la generación de oportunidades en el quehacer económico y social. Si las oportunidades siguen dependiendo de la condición social, el género, la raza, o el lugar donde uno haya nacido, los traficantes seguirán actuando.

Pero no podemos esperar a que la igualdad de oportunidades se haga realidad para combatir el crimen. Por el contrario, es imperioso que el crimen sea más evidente y por lo tanto, más denunciado; que sus autores sean debidamente responsabilizados y castigados, y hacer que las personas victimizadas por las redes criminales sean protegidas, asistidas y capaces de reconstruir sus vidas.

Esto no lo pueden hacer solamente los gobiernos. La sociedad civil, el sector privado, los sindicatos, la iglesia, tienen que ser parte de la coalición que derrote este flagelo y devuelva a millones de seres humanos los derechos conculcados. No podemos aceptar un mundo donde los sueños, los derechos y la libertad sean de compra y venta.

Luis Almagro es Secretario General de la OEA