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- Entrega del Premio a la Excelencia del Periodismo Pedro Joaquín Chamorro, origen de una dinastía periodística en Nicaragua, de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Durante el acto, el 9 de enero en Managua, se lanzó también un informe sobre la dura represión al periodismo durante 2018. Crédito: José Adán Silva/IPS
- Un efectivo custodia la clausurada sede de la revista Confidencial y otros medios digitales y de televisión, propiedad de Carlos Fernando Chamorro, que fue tomada el 14 de diciembre por la Policía Nacional de Nicaragua y permanece confiscada desde entonces. Crédito: Jader Flores/IPS
- Carlos Fernando Chamorro, entre un enjambre de colegas periodistas, presenta ante la Fiscalía General de la República de Nicaragua, el 19 de diciembre, la denuncia sobre el asalto y confiscación de las instalaciones y equipos del Confidencial y otros medios informativos por efectivos policiales, cinco días antes. Crédito: Jader Flores/IPS
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Periodismo de Nicaragua bajo tormenta represiva
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Entrega del Premio a la Excelencia del Periodismo Pedro Joaquín Chamorro, origen de una dinastía periodística en Nicaragua, de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Durante el acto, el 9 de enero en Managua, se lanzó también un informe sobre la dura represión al periodismo durante 2018. Crédito: José Adán Silva/IPS
- Ocho meses de crisis social y política en Nicaragua han golpeado al periodismo crítico de país, con 712 casos de violación al libre ejercicio del periodismo, un periodista asesinado, dos presos y decenas exiliados, además de varios medios asaltados por la fuerza pública.
Un informe de la no gubernamental Fundación Violeta Barrios de Chamorro, denominado “2018 Año de Jornada Represiva contra la Libertad de Prensa en Nicaragua” y presentado el miércoles 9, revela que entre abril y diciembre se produjeron 712 violaciones a la libertad de prensa y el ejercicio periodístico.
Guillermo Medrano, autor del informe, dijo a IPS que el estudio refleja que el periodismo nicaragüense se ha convertido en una profesión de alto riesgo, “llegando al extremo de que se ha criminalizado oficialmente el ejercicio periodístico al acusarse penalmente por terrorismo a dos periodistas que criticaban al gobierno”.
Medrano se refiere a los periodistas Lucía Pineda Ubau y Miguel Mora, directora de prensa y propietario del canal informativo de televisión 100% Noticias, respectivamente.
Los dos profesionales fueron detenidos el 21 de diciembre en la sede del canal y acusados posteriormente como autores de los delitos de “proposición, provocación y conspiración para cometer actos de terrorismo”.
Antes de ser apresados y permanecer desaparecidos varios días, simpatizantes del gobierno de Daniel Ortega habían denunciado ante el Ministerio Público (fiscalía) a Pineda, Mora y otros periodistas del canal por supuesta “promoción del odio”, por su línea editorial crítica.
Los familiares y abogados no han podido ver a los periodistas, que serían enjuiciados este mismo mes. El edificio donde funcionaba la televisora fue clausurado, su señal sacada del aire y sus cuentas y bienes embargados por las autoridades.
Las detenciones de los dos comunicadores ha generado el reclamo de organizaciones internacionales de derechos humanos y de defensa de la libertad de expresión.
El Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, en inglés), emitió un comunicado respaldado por 300 reconocidos periodistas de todo el mundo, donde condenó las detenciones y exigió su pronta liberación.
El documento incluye también una condena enérgica contra el Estado de Nicaragua por el asalto y toma de las redacciones de la revista Confidencial, su portal digital, el sitio Niú y los programas de televisión Esta Semana y Esta Noche.
Ese grupo de medios pertenece al periodista Carlos Fernando Chamorro y esta acción, ocurrida el 14 de diciembre, fue el comienzo de la última y radical ofensiva de Ortega contra el periodismo independiente.
Aparte de la criminalización de los dos periodistas, el informe detalla que un periodista fue asesinado en abril, al menos 54 se han exiliado por amenazas y persecución política, y 93 fueron heridos y golpeados.
Además, 102 medios y periodistas fueron censurados en sus espacios informativos, 21 sufren hostigamiento judicial o procesos investigativos y 171 han sido intimidados de diferentes maneras.
Un efectivo custodia la clausurada sede de la revista Confidencial y otros medios digitales y de televisión, propiedad de Carlos Fernando Chamorro, que fue tomada el 14 de diciembre por la Policía Nacional de Nicaragua y permanece confiscada desde entonces. Crédito: Jader Flores/IPS
“Es una situación que no habíamos visto desde los años de (la dictadura dinástica de los) Somoza, ni en tiempos de la guerra contra Estados Unidos. Es aterrador”, dijo a IPS la escritora Gioconda Belli, presidenta del capítulo Nicaragua de la Asociación Internacional de Periodistas y Escritores, más conocida como PEN-International.
Según la escritora, el régimen del exguerrillero sandinista “ha sobrepasado los horrores de las dictaduras del pasado que América Latina recuerda”, al enfilar sus ataques contra campesinos, estudiantes, mujeres feministas, sectores religiosos y, finalmente, contra los periodistas y medios de comunicación.
“Ha cometido la atrocidad de declarar como terrorismo al periodismo; ha secuestrado y enjuiciado como delincuentes a dos periodistas, Miguel Mora y Lucía Pineda; ha asaltado las salas de redacción y confiscado medios de comunicación privado, como el Confidencial”, denunció.
Además, “ahora quiere ahogar a La Prensa al negarle el papel”, alertó Belli.
Los periódicos de mayor circulación en Nicaragua, La Prensa y El Nuevo Diario, ambos de línea opositora, han informado que sus reservas de papel se agotarán en pocos meses y que las autoridades aduaneras les bloquean las importaciones de la materia prima.
Un periódico pequeño, Q´hubo, de la editorial ND Medios, ya cerró en diciembre su circulación por falta de papel.
El edificio donde funcionaba el grupo del Confidencial fue tomado por la Policía Nacional, luego que la Asamblea Nacional eliminara las personalidades jurídicas de varias organizaciones no gubernamentales.
El gobierno vincula a esos medios al Centro de Investigaciones de la Comunicación, una de las organizaciones no gubernamentales que fue anulada junto a otras ocho, bajo la acusación de “promover el terrorismo”.
Sin embargo, Chamorro aseguró que tanto el edificio de oficinas y los medios censurados pertenecen a la empresa Invermedia y Promedia y no tienen relación alguna con la oenegé clausurada.
Carlos Fernando Chamorro, entre un enjambre de colegas periodistas, presenta ante la Fiscalía General de la República de Nicaragua, el 19 de diciembre, la denuncia sobre el asalto y confiscación de las instalaciones y equipos del Confidencial y otros medios informativos por efectivos policiales, cinco días antes. Crédito: Jader Flores/IPS
El asalto y la confiscación de sus equipos e instalaciones son, denunció, “un ataque directo contra el periodismo y la empresa privada”.
Arlen Cerda, jefa de redacción de Confidencial y bajo medidas cautelares de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dijo que la publicación es víctima de una escalada represiva “sin precedentes” en el periodismo moderno nicaragüense, mientras manifestó la voluntad de sus periodistas de seguir informando, “aunque sea con las uñas”.
“Con el asalto nos llevaron los equipos, los archivos, las bases de datos, no teníamos un techo para trabajar”, explicó. “Pero también desde el principio hemos mantenido la convicción firme de que no nos van a callar, haciendo lo posible desde lo mínimo, con calidad, para responder a las audiencias que están pendiente de nuestro contenido”, dijo.
En crisis desde abril
Ortega, de 74 años, ya gobernó el país entre 1985 y 1990, como líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que derrotó en 1979 a Anastasio Somoza. Desde el triunfo de la revolución sandinista, integró además la Junta de Gobierno de reconstrucción nacional.
La actual crisis en este país centroamericano con 6,4 millones de personas comenzó en abril del 2018, detonada por una polémica reforma de la seguridad social luego retirada, que desnudó el descontento con el gobierno de amplios sectores populares.
Las protestas, encabezadas por estudiantes universitarios, se prolongaron hasta julio y durante ellas, según la CIDH, 325 personas fueron asesinadas, la mayoría a manos de policías y fuerzas irregulares organizadas por el gobierno.
El gobierno reduce las víctimas mortales a 199, cuya responsabilidad achaca a” grupos terroristas que intentaban dar un golpe de Estado”.
Desde el exilio
Luis Galeano, director del programa Café con Voz, que se transmitía en el canal 100% Noticias, salió del país en diciembre, luego que el gobierno dictara una orden de captura en su contra por “promover el terrorismo”.
“Las acusaciones son absurdas, buscan callar las voces críticas, pero no lo van a lograr, porque nosotros como periodistas vamos a seguir informando desde donde sea, desde el exilio, desde la cárcel, desde las redes sociales, desde la clandestinidad, de donde sea”, dijo a IPS desde Miami.
De igual modo la periodista Jeniffer Ortiz, directora de la plataforma digital Nicaragua Investiga, contó a IPS que salió del país por amenazas directas contra ella por su trabajo periodístico.
“Tengo un par de meses de estar fuera de Nicaragua. Salí a causa de las constantes amenazas y asedios en nuestra casa. Nos enviaban también mensajes por redes”, contó desde San José de Costa Rica.
Ella narró que debido al aumento de la represión, muchas de sus fuentes dejaron de hablar con su medio, lo cual sumado a la crisis económica y las amenazas, la forzaron a continuar su labor desde fuera de Nicaragua.
“Ahora estamos en el exilio conscientes que a nuestros colegas allá se le complica cada vez más hacer su trabajo por las amenazas. Las fuentes tienen miedo y nosotros desde aquí podemos continuar el trabajo y aportar al flujo de información diario que tanto demanda la gente”, dijo a IPS.
Edición: Estrella Gutiérrez
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