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Contradicciones morales debilitan ya al nuevo gobierno de Brasil
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El presidente brasileño, el ultraderechista Jair Bolsonaro, baja del avión que lo trasladó a Suiza, en su primer viaje internacional, para participar en el Foro Económico Mundial de Davos, mientras su gobierno comienza a meterse en el túnel de la corrupción, antes de cumplirse un mes de su gestión. Crédito: Alan Santos/PR-Fotos Públicas
- Las campañas moralistas sirvieron de palanca para el triunfo electoral de muchos políticos en Brasil, pero ello suele cobrar costos adicionales a esos dirigentes pillados después en corrupción. Al delito se suma el pecado de la hipocresía.
Ese riesgo acecha al recien juramentado presidente de extrema derecha Jair Bolsonaro, por tener a su hijo Flavio Bolsonaro involucrado en sospechosas operaciones bancarias, tanto suyas como de sus colaboradores, cuando era diputado en la Asamblea Legislativa del estado de Río de Janeiro (2015-2018).
Caídas precoces sufrieron dos de sus antecesores que, como él, se eligieron presidentes con discursos de recio combate a la corrupción. Janio Quadros quedó solo siete meses en el poder a que renunció en agosto de 1961. Fernando Collor fue destituido por el parlamento en 1992.
Esos datos evidencian una práctica ilegal de numerosos legisladores, de tener una nómina de empleados “fantasmas”, que aparecen como contratados y son una forma de obtener fondos adicionales para las actividades políticas o el enriquecimiento ilícito de diputados o senadores.
Quadros ganó las elecciones de 1960 enarbolando una escoba “para barrer la corrupción”. “Fuerzas terribles” se alzaron contra su gobierno, justificó en su carta de renuncia, sin identificar lo que el periodismo bautizó como “fuerzas ocultas”.
Collor conquistó la popularidad que le permitió elegirse a los 40 años como el presidente más joven de Brasil, en 1989, dándose a conocer en la escena política como el “cazador de Marajás”.
Cuando era gobernador del pequeño y pobre estado de Alagoas, en la región del Nordeste brasileño (1987-1989), buscó abolir los muy abultados sueldos que algunos funcionarios públicos, los “marajás”, que obtenían manejando leyes y reglamentos burocráticos. Moralizar la administración pública, prometió, sería prioridad de su gobierno.
Esa misma promesa impulsó la candidatura presidencial de Bolsonaro, antes un modesto diputado nacional, conocido sobre todo por sus diatribas contra la izquierda, las mujeres y los negros, o de defensa de la dictadura militar (1964-1985), incluidos sus torturadores.
En su caso, adueñarse de la bandera anticorrupción fue más decisivo, porque los escándalos acumulados desde 2014, por las investigaciones judiciales de la operación Lava Jato (lavado de vehículos), revelaron un sistema político podrido en su conjunto.
Aprovechar ese filón se hizo más eficaz contra su adversario en la segunda vuelta electoral, Fernando Haddad, a cuyo Partido de los Trabajadores (PT) se puede atribuir más fácilmente la responsabilidad por la corrupción sistémica, ya que gobernó Brasil entre 2003 y 2016.
El mismo PT, que postuló por primera vez a su líder máximo, Luiz Inácio Lula da Silva, perdió las elecciones presidenciales de 1989 contra Collor, probablemente por su radicalismo de izquierda alejando la mayoría.
Pero es posible que un ataque moral, el testimonio de una exnovia, que aseguró que tuvo una hija con Lula que él quiso que abortase, difundido en vísperas de los comicios, haya decidido la disputa por una diferencia de solo seis puntos porcentuales.
Lula, entonces un duro crítico de los vicios éticos de los políticos, solo alcanzaría la presidencia de Brasil en 2003, tras dos derrotas electorales más, en 1994 y 1998.
El contagio de la corrupción le costó la prisión de varios dirigentes del PT, Lula incluido, y la repercusión aumentada por el origen moralista del partido y por el largo ejercicio del poder, con Lula presidente de 2003 a 2011 y luego Dilma Rousseff, hasta 2016.
Además se trata de un pecado más mortal para la izquierda que pregona la igualdad, justicia social y el valor del trabajo, en contraste con la derecha más cercana al capital.
Detrás del presidente brasileño Jair Bolsonaro, su hijo Flavio Bolsonaro, nuevo senador y exdiputado del parlamento del estado de Río de Janeiro, protagonista de un escándalo sobre depósitos irregulares en su cuenta bancaria y la de su asesor, supuestamente provenientes del pago por ese parlamento a asistentes “fantasma”. Crédito: Wilson Dias/Agência Brasil-Fotos Públicas
Ahora le toca a Bolsonaro enfrentar su primer escándalo, mal inició su presidencia, que apenas arrancó el 1 de enero.
Un asesor de su hijo Flavio Bolsonaro ingresó más de 1,2 millones de reales (320.000 dólares) entre enero de 2016 a enero de 2017, recibiendo depósitos en dinero en efectivo de ocho colegas empleados en el gabinete del diputado en los días siguientes al pago de sus sueldos, según el Consejo de Control de Actividades Financieras (COAF).
Los datos divulgados el 8 de diciembre aún no tuvieron una explicación razonable de Fabricio Queiroz, un expoliciía militar y asesor durante 10 años del entonces diputado estadal e hijo del ahora presidente.
En los últimos días se reveló la existencia de depósitos “atípicos” en la cuenta del mismo Flavio Bolsonaro. Un total de 96.000 reales (25.600 dólares) divididos en 48 ingresos de 2.000 reales cada uno aparecieron en su cuenta en junio y julio de 2017.
El ahora senador electo, que será investido el 1 de febrero, explicó que se trató del pago parcial de un departamento que vendió, pero las fechas no coinciden.
Portavoces gubernamentales aseguran que las sospechas sobre el hijo no afectan el presidente ni el gobierno. Pero las informaciones relacionadas a ese caso revelaron también supuestas irregularidades con auxiliares del mismo mandatario, cuando era diputado en Brasilia.
Nathalia Queiroz, hija de Fabricio Queiroz, ganó un buen sueldo como secretaria del entonces diputado en Brasilia, entre diciembre de 2016 y octubre de 2018, cuando en realidad trabajaba en educación física en Rio.
Antes, Folha de São Paulo, el diario de mayor circulación en Brasil, amenazado de retaliación por el mismo presidente, había informado sobre la existencia de otra asesora del entonces diputado Bolsonaro, mientras se comprobó que trabajaba en una playa cercana a Río, vendiendo jugos.
Las investigaciones de COAF en la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro identificaron depósitos “atípicos” en las cuentas de 75 funcionarios de ese órgano, que prestaban servicios a 27 diputados estadales, entre ellos Flavio Bolsonaro.
Esos datos evidencian una práctica ilegal de numerosos legisladores, de tener una nómina de empleados “fantasmas”, que aparecen como contratados en una forma de obtener fondos adicionales para las actividades políticas o el enriquecimiento ilícito de diputados o senadores.
Cada diputado nacional puede contratar hasta 25 secretarios parlamentarios, mientras en los senadores el número sube a 55 asesores. Son números que han ido en aumento, en buena parte para desviar dinero público, probablemente.
Ese vicio al parecer se extendió a la familia Bolsonaro y su comprobación podrá arruinar la imagen de incorruptible y por ende el liderazgo del presidente.
¿Cómo quedaría, Sergio Moro, exjuez que impulsó la operación Lava Jato, elegido como ministro de Justicia para ampliar el combate a la corrupción y la delincuencia?
El éxito electoral basado en el rechazo a la corrupción y al sistema político implica otra debilidad del gobierno que nace sin debates previos sobre propuestas y políticas a poner en marcha, sin cohesión ideológica y estratégica. La campaña prioriza ataques personales.
De eso resultó un equipo ministerial heterogéneo, de creencias encontradas. Analistas identifican hasta siete grupos distintos en la composición del nuevo gobierno, como la familia Bolsonaro, los evangélicos y los economistas neoliberales, entre otros.
Los militares se destacan como los más numerosos, con siete de los 22 ministros, a los que se suman más de 30 oficiales retirados en cargos de segundo nivel en casi todos los ministerios. La rigidez de sus ideas formas de operar tiende a provocar conflictos internos.
La presencia de figuras adscritas al fundamentalismo religioso cristiano no cuadra con el Estado laico establecido en la Constitución.
Otras varias nuevas autoridades gubernamentales con intereses sectoriales serán también focos de tensiones. Es el caso de grandes terratenientes, conocidos como los “ruralistas”, enfrentados a activistas a favor de la preservación forestal, de las tierras para indígenas, de comunidades afrodescendientes y a agricultores familiares.
Las contradicciones con sus funciones, podrían mostrar una pronta puerta de salida a algunos ministros.
Uno es el titular de Relaciones Exteriores, Ernesto Araujo, cuyo nacionalismo abomina de las organizaciones multilaterales o del cambio climático como “conspiraciones marxistas”, otro es el ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, un adepto de los “ruralistas”.
Edición: Estrella Gutiérrez
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