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- Los conjuntos de viviendas sociales de Morada do Salitre y Praia do Rodeadouro, donde destacan sus techos con placas fotovoltaicas, componen un pueblo aislado de 1.000 familias en las afueras de Juazeiro, en el estado brasileño de Bahia. El suspendido proyecto de energía solar permitió a los vecinos acometer ellos mismos la arborización y limpieza de las calles. Crédito: Mario Osava/IPS
- Gilsa Martins, primera a la derecha, y Marinalva da Silva, primera a la izquierda, junto con otras lideresas comunitarias que asumieron la gestión de los dos condominios, con el desafío de restablecer el proyecto de energía solar y mejorar la vida de su comunidad de 1.000 familias, a las afueras de Juazeiro, en el nordeste de Brasil. Crédito: Mario Osava/IPS
- Niños y jóvenes disfrutan en la cancha de fútbol construida con los ingresos de la generación eléctrica entre 2014 y 2016 en los dos conjuntos de viviendas sociales en Juazeiro, en el nordeste de Brasil. Antes contaban con entrenador, además de cursos de informática, asistencia odontológica y otras actividades, pero la parálisis del proyecto les obligó a suspenderlas. Crédito: Mario Osava/IPS
- David Lima y su mujer Aedna Caravalho, ante la heladería que instalaron en el frente de su vivienda, en uno de los conjuntos de las afueras de Juazeiro, en el nordeste de Brasil. Él contribuye a la gestión comunitaria y al reflotamiento del proyecto solar con los conocimientos que acumuló como activista social y político. Crédito: Mario Osava/IPS
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Energía solar en vivienda social, una solución descartada en Brasil
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Los conjuntos de viviendas sociales de Morada do Salitre y Praia do Rodeadouro, donde destacan sus techos con placas fotovoltaicas, componen un pueblo aislado de 1.000 familias en las afueras de Juazeiro, en el estado brasileño de Bahia. El suspendido proyecto de energía solar permitió a los vecinos acometer ellos mismos la arborización y limpieza de las calles. Crédito: Mario Osava/IPS
- “Nuestro principal desafío es volver a poner en marcha el proyecto”, coincidieron las sindicas de dos conjuntos de viviendas de familias humildes, en los que se instaló una pequeña central de energía solar con fines sociales, en Juazeiro, un municipio del nordeste de Brasil.
Gilsa Martins, reelecta por tercera vez para gestionar por dos años más el condominio Morada do Salitre, y Marinalva Rodrigues, recién elegida en el condominio Praia do Rodeadouro, se comprometieron a luchar juntas para rescatar el plan para su vecindario.
Los dos conjuntos suman 1.000 familias en situación de pobreza, que lograron liberarse de pagar un arriendo que se llevaba un dinero que necesitaban para comer. Además de la vivienda, que obtuvieron gracias a un financiamiento subsidiado, se beneficiaron un tiempo del ingreso por la venta de electricidad.
Los techos de los 174 edificios de dos pisos, cada uno de entre cuatro y seis unidades, sirvieron de soporte para 9.144 paneles fotovoltaicos, con capacidad para generar 2,1 megavatios, que permiten abastecer a 3.600 hogares con bajo consumo, lo que deja un importante excedente.
Eso aportó a cada residente mensualmente un promedio de 49,70 reales (cerca de 18 dólares al tipo de cambio de entonces) entre febrero de 2014 y octubre de 2016, según datos de la Caixa Económica Federal (CEF), el banco estatal dedicado al área social, que financió el proyecto de Generación de Ingresos y Energía.
Para la mayoría de las familias ese monto alcanzaba para pagar las cuotas mensuales del crédito con el que en 2011 adquirieron sus viviendas, otorgado por el programa gubernamental Mi Casa Mi Vida.
De hecho, los dos condominios conforman un pueblo, aunque carezca por ahora de nombre, a 14 kilómetros del centro de la ciudad de Juazeiro, en el estado de Bahía, en la región del Nordeste de Brasil, en la ribera derecha del río São Francisco.
El municipio totaliza 220.000 habitantes, es un gran productor y exportador de frutas y cuenta con un alto nivel de insolación, lo que favorece la energía solar.
“Un proyecto maravilloso, importante para la comunidad”, que financió la construcción de dos centros comunitarios, cursos de informática y de fútbol, asistencia médica y odontológica, destacó Martins. “Capacitamos muchos jóvenes que hoy están empleados”, acotó, durante una visita de IPS a la localidad.
Gilsa Martins, primera a la derecha, y Marinalva da Silva, primera a la izquierda, junto con otras lideresas comunitarias que asumieron la gestión de los dos condominios, con el desafío de restablecer el proyecto de energía solar y mejorar la vida de su comunidad de 1.000 familias, a las afueras de Juazeiro, en el nordeste de Brasil. Crédito: Mario Osava/IPS
“Con el poder público prácticamente ausente, hicimos todo por nuestra cuenta, plantando árboles y limpiando las calles, construyendo paradas de autobuses y reductores de velocidad para los vehículos, cuidando la seguridad” y todo eso representaba ocupaciones remuneradas a residentes en los conjuntos, explicó.
El principal resultado del proyecto fue, quizás, “promover la organización social, el sentimiento de pertenencia”, un objetivo original de la iniciativa, junto con la generación de ingresos, asegura la CEF, cuyo Fondo Socioambientalhizo viable la idea donando siete millones de reales (tres millones de dólares en su momento).
Es algo que falta, en general, en los asentamientos del programa Mi Casa Mi Vida, casi siempre construidos lejos del centro, de los servicios urbanos y de las fuentes de empleo. Eso los convierte en un amontonamiento de viviendas y focos de tráfico de drogas y delincuencia.
Por ello, en los dos condominios de Juazeiro se probó un proyecto piloto que, si resultaba exitoso, se reproduciría en otros conjuntos de vivienda popular, como un factor de estabilidad social y reducción de insolvencia para las familias beneficiarias.
Pero el proyecto solar se interrumpió en esta comunidad de Juazeiro, en octubre de 2016, por una medida de la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (Aneel).
El proyecto incumple las reglas vigentes para la generación eléctrica por consumidores, justificó la agencia reguladora. Se implementó gracias a un permiso especial de tres años y al cumplirse debía “adecuarse a la regulación”, según una resolución de Aneel de octubre 2013.
Ello porque el proyecto, diseñado y ejecutado por la empresa Brasil Solair con el fin de generar ingresos, se basó en la venta de energía, algo que no se permite en Brasil dentro de la “minigeneración distribuida”, como se denominan las plantas de potencia entre 75 kilovatios y cinco megavatios.
Niños y jóvenes disfrutan en la cancha de fútbol construida con los ingresos de la generación eléctrica entre 2014 y 2016 en los dos conjuntos de viviendas sociales en Juazeiro, en el nordeste de Brasil. Antes contaban con entrenador, además de cursos de informática, asistencia odontológica y otras actividades, pero la parálisis del proyecto les obligó a suspenderlas. Crédito: Mario Osava/IPS
Esa minigeneración descentralizada solo puede producir para el autoconsumo, mediante el mecanismo de “compensación”, que inyecta su electricidad en la red de la compañía distribuidora, para obtener descuentos en la cuenta del consumo, sea hogareño, empresarial o institucional, y acumular créditos en los meses que la producción supera al consumo.
Brasil Solair, que diseñó y ejecutó el proyecto, intentó prorrogar la autorización excepcional, pero manteniendo el mismo diseño y transfiriendo los créditos excedentes a terceros, algo prohibido por Aneel.
Para los condominios Morada do Salitre y Praia do Rodeadouro es difícil, sino imposible, adaptarse a las reglas vigentes. Su capacidad generadora alcanza teóricamente 3,6 veces el consumo de los 1.000 hogares.
Adaptarse a esas normas exige grandes inversiones, ya que se trataría de dividir la generación conjunta de las 1.000 unidades, instalando medidores individuales bidireccionales, de aporte y consumo. Como aprovechar después el excedente energético aún caree de respuesta.
Aneel indica que desde 2016 admite alternativas como la “generación compartida”, en que distintos interesados se pueden juntar en cooperativas o consorcios y “emprendimientos de múltiples unidades consumidoras”. Pero ninguna parece adecuarse al caso de Juazeiro, que se incluye en la segunda opción pero con exceso de capacidad.
Además del enigma de cómo aprovechar el excedente, quedaría sin solución el tema de los recursos que el proyecto aportaba para las inversiones comunitarias.
De los ingresos netos que producían las placas fotovoltaicas, 30 por ciento se destinaba a la comunidad y se convertía en capacitación profesional y servicios variados. Otros 60 por ciento se dividía igualmente entre las 1.000 familias y 10 por ciento se usaba para el mantenimiento de los equipos energéticos.
David Lima y su mujer Aedna Caravalho, ante la heladería que instalaron en el frente de su vivienda, en uno de los conjuntos de las afueras de Juazeiro, en el nordeste de Brasil. Él contribuye a la gestión comunitaria y al reflotamiento del proyecto solar con los conocimientos que acumuló como activista social y político. Crédito: Mario Osava/IPS
La búsqueda de soluciones para reanudar el proyecto concentra el esfuerzo de las dos síndicas y de David Lima, un activista social que, después de coordinar el movimiento de los Sin Techo del norte de Bahia y asesorar a varios políticos y alcaldes, vive jubilado en la casa que obtuvo su mujer, Aedna Carvalho, en Morada do Salitre.
La pareja instaló una heladería en la tienda que construyó en el patio delantero de la vivienda, en una iniciativa similar a la de otros muchos vecinos.
“Queremos de vuelta el proyecto que beneficia a 1.000 familias, aunque su ingreso mensual para cada una llegó a alcanzar los 124 reales (52 dólares entonces) y terminó pagando solo seis reales (1,70 dólares)”, sostuvo.
En mayo ese intelectual de la comunidad, que todos los días escribe un texto en su blog, acompañó a la síndica Martins a Brasilia, en un intento de lograr el apoyo para la reactivación de la planta solar del ministro de Medio Ambiente, Edson Duarte, que es de Juazeiro.
“El proyecto chocó contra un muro de burocracia en Brasilia”, resumió Julio Martínez, un chileno que vive en Brasil desde los años 80, y que ayudó a implantar el proyecto como gestor de Desarrollo Social de Brasil Solair.
La más entusiasta con el proyecto solar parece ser Lucineide da Silva, una cuidadora de su hogar y sus ocho hijos hasta que a los 40 años se transformó en la mayor instaladora de paneles fotovoltaicos en los tejados, entre las decenas de trabajadores capacitados para la función.
Conocida como la “gallega de los paneles” por ser de piel muy blanca y de pelo rubio, fue una de las dos mujeres elegidas para mantener los equipos. “Me enamoré del proyecto, es mi vida”, sentenció, al comentar que anhela su reanudación.
No todo fue un camino de rosas. La venta de la electricidad en el mercado libre variaba mucho la remuneración, provocando agresiones contra las síndicas. La transparencia en la presentación de las cuentas no evitó que se las acusara de robar. Es imposible explicar la complejidad del sector eléctrico brasileño a un residente en comunidades de este tipo.
Eso provocó la renuncia como sindica de Praia do Rodeadouro a Marinalva Sobreira, al finalizar su mandato en 2016, aquejada de hipertensión y con necesidad de medicarse contra la ansiedad.
Edición: Estrella Gutiérrez
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