No son (solo) las drogas, es el Estado
Líderes de América Latina reclaman un debate global sobre la regularización de la marihuana y la lucha contra las drogas
Incineración de 18 toneladas de marihuana en Tijuana, México, en noviembre de 2015. JORGE DUENESREUTERS
Al poco de llegar al poder en marzo de 2012, el entonces presidente de Guatemala, el general Otto Pérez Molina, cumplió con la que había sido una de sus banderas electorales. En una cumbre con el resto de países centroamericanos, propuso despenalizar la producción, el comercio y el consumo de drogas. La medida formaba parte, según explicó, de un plan para frenar la violencia del narcotráfico que golpeaba —y aún lo hace— a uno de los países de tránsito de las drogas hacia Estados Unidos. El guatemalteco se convertía en el primer presidente en ejercicio en asumir algo hasta entonces tabú. La suerte de Pérez Molina, arrestado y depuesto en 2015 por ser el líder de una red de corrupción, es un ejemplo de cuánto pesan las debilidades institucionales en América Latina, más allá de los avances que se han dado en el cambio del modo de afrontar la lucha contra las drogas. Progresos que la coyuntura actual —giro político de algunos gobiernos, baja popularidad de los principales líderes e inestabilidad de países como Venezuela— tiende a frenar.
“El problema no es que se plantee legalizar las drogas, sino que se haga como un mecanismo que sustituye a una necesidad de construcción institucional. Muchas personas lo ven como una llave mágica, la solución rápida a un problema que no la tiene”, opina Joaquín Villalobos, exguerrillero salvadoreño, hoy consultor para la resolución de conflictos internacionales. Villalobos cree que el caso del guatemalteco Pérez Molina evidencia esa falta de institucionalidad: “Su posición no respondía a un progreso intelectual, sino a la intención de evadir la tarea de erigir un Estado de derecho, porque hacer esto afectaba a las élites políticas del país e incluso a él mismo”, escribió en un artículo reciente.
Antes que Pérez Molina, también a principios de esta década, varios expresidentes latinoamericanos —Fernando Henrique Cardoso(Brasil), Ernesto Zedillo (México) y César Gaviria (Colombia), entre otros— pidieron legalizar el consumo de las drogas. Al llamamiento se fueron sumando intelectuales, como Mario Vargas Llosa o el ex secretario general de la ONU Kofi Annan. La Organización de Estados Americanos (OEA), en un contundente informe de 2013, recomendaba despenalizar el consumo. La ola que pedía un nuevo paradigma en la lucha contra las drogas crecía sin parar con viento a favor: la región vivía los mejores años de bonanza económica que se recuerdan, gracias al boom del precio de las materias primas, y la estabilidad política predominaba en la mayoría de los países. Todo eso ha tocado a su fin.
El retroceso económico, el giro político que han dado algunos países o las tensiones en torno a Venezuela, principalmente, pero también entre México y Estados Unidos, poco o nada ayudan en la coyuntura actual. Tampoco la baja popularidad de algunos presidentes que, además, están en su último año de mandato —caso del mexicano, Enrique Peña Nieto o del colombiano, Juan Manuel Santos—. Este último, Nobel de la Paz de 2016, ha sido el mandatario en activo que más contundente se ha mostrado a la hora de reclamar un cambio en la política de drogas. “El debate en un escenario así es más complicado, es difícil sentarse y alzar una única voz”, opina Juan Carlos Garzón, investigador de la Fundación Ideas para la Paz de Colombia.
Pese a que las preocupaciones ahora son otras, se han dado avances en la región, aunque no tan evidentes como los que se han logrado en Colorado o California, en Estados Unidos. Uruguay se convertía a primeros de mes en el primer país del mundo en el que el Estado se encarga de controlar el cultivo y venta legal de marihuana en farmacias; le siguen países como Argentina,Colombia o México, donde a finales de abril el Congreso aprobaba el uso medicinal de la marihuana que, desde hace una semana, ya se comercializa en Monterrey.
No obstante, para algunos analistas es insuficiente. “Los avances en el debate sobre la marihuana medicinal son débiles y están lejos de consolidarse. Estamos también lejos de un cambio profundo en las sociedades, más allá de un sector progresista o de centro-izquierda”, opina Oliver Wack, director para Norteamérica de Control Risk Group. De hecho, una encuesta publicada en 2015 señalaba que el 66% de los mexicanos se oponía a la legalización de la marihuana.
Si los avances con la hierba son lentos, ni qué hablar de otras drogas, como la cocaína o la heroína. “Países donde todavía se discuten los derechos de los homosexuales no suelen ser los que más se prestan a liderar debates como la regularización de drogas duras, un tema con el cual los políticos no ganan votos”, considera Wack.
El consumo de heroína se ha disparado en EE UU en los últimos años. La mayor parte proviene de América Latina. La producción de opio se ha doblado en la región en los últimos años. De las 150 toneladas anuales que se producían entre 1998 y 2008 se ha pasado a la media de 309, según el último informe de Naciones Unidas sobre drogas publicado el pasado año. México, donde la guerra contra el narcotráfico emprendida por el expresidente Felipe Calderón hace 11 años ha dejado ya más de 100.000 muertos y 30.000 desaparecidos, proporciona el 90% de la heroína a su vecino del norte, cuando en 2003 era el 10%. Esto ha hecho que la violencia se recrudezca en Estados como el de Guerrero, epicentro de la producción de opiáceos, donde más de 2.200 personas fueron asesinadas el año pasado.
El papel de EE UU en este debate es innegable. “Tiene la responsabilidad del mercado, del consumidor”, afirma Joaquín Villalobos, quien, no obstante, considera muy distintos los daños que padecen los países consumidores frente a los productores. “En EE UU, donde los ciudadanos respetan más la ley, es un fenómeno marginal, más fragmentado, por eso no existe ningún Chapo ni ningún Pablo Escobar. Ese no es nuestro escenario”, opina Villalobos, para quien el debate tiene que girar también en torno a la seguridad y al fortalecimiento de las instituciones, dado que las drogas nunca desaparecerán. “La discusión sobre la legalización está bien, pero no como evasión o para echarle la culpa a otro. Tenemos un problema de instituciones gravísimo, el punto es la debilidad del Estado”.
“Las drogas y la falta de Estado en América Latina son dos caras de la misma moneda”, ahonda Oliver Wack. La corrupción, la falta de oportunidades laborales, los altas tasas de impunidad o las deficiencias en infraestructuras son algunos de los problemas, según este analista, que entrelazan el debate sobre las drogas con la falta de Estado en el continente. “Pasos hacia la regulación eficaz y eficiente requieren de una serie de medidas que afectan a las economías y estas no se aplicarán a corto plazo”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario