Periodismo nicaragüense bajo asedio
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Fachada de La Prensa, el más antiguo periódico de Nicaragua y el principal medio crítico con el gobierno de Daniel Ortega, lo que le ha supuesto consecuencias económicas negativas, al igual que a otros medios opositores. Crédito: José Adán Silva/IPS
- Durante el 61 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), una silla vacía ante el relator de Libertad de Expresión, Edison Lanzas, resume las relaciones del gobierno de Nicaragua con el tema en el país: la ausencia.
En el foro de la CIDH, un órgano independiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), desarrollada entre el 15 y 22 de marzo, solo Cuba, Estados Unidos y Nicaragua estuvieron ausentes del debate en las sesiones de revisión y denuncia, que en el caso de este país se circunscribieron a la libertad de expresión.
Es la tercera vez que este país centroamericano rehúye su participación, lo que a juicio de expertos en libertad de expresión y periodismo refleja un “menosprecio” del gobierno a las relaciones con los medios y los periodistas, desde que el presidente izquierdista Daniel Ortega retornó al poder en 2007, tras gobernar en los años 80.
“Se puede medir desde la falta de acceso a información, cero entrevistas, cero publicidad estatal, control sobre la exoneraciones fiscales, o control de las instituciones sociales y laborales para ejercer presión administrativa a los dueños de medios (opositores privados)”: Adrián Uriarte.
El comunicólogo y decano de la facultad de ciencias sociales de la Universidad de Ciencias Comerciales, Adrián Uriarte, considera que “la libertad de expresión es un derecho humano primordial de los otros derechos y que va más allá del campo de los medios de comunicación”.
El académico ha creado un grupo de indicadores para determinar si en un país existe libertad de expresión, que detalló a IPS.
El primero “obedece al ejercicio de este derecho en los diversos espacios de socialización; hogar, comunidad, medios de comunicación, escuela, iglesia y ahora redes sociales”, mientras el segundo “está relacionado al ejercicio de este derecho en espacios públicos; manifestaciones, marchas, plantones”, señaló.
El tercero, dijo, se conecta con “la auditoría social, es decir, el derecho que tienen los ciudadanos de demandar rendición de cuentas al Estado y a los Poderes establecidos, incluyendo a los medios de comunicación”.
En tanto, el cuarto se refiere “al derecho de buscar y acceder a información pública; y el quinto indicador tiene que ver con el ejercicio de este derecho de manera escrita, radial o televisivo, que desde luego está vinculado directamente a la libertad de prensa”.
En este país “los primeros indicadores tienen buenas notas en materia de libertad de expresión, sobre todo porque en Nicaragua todavía no se regula el uso y manejo del Internet, y por eso, las redes sociales se han convertido en las nuevas plazas públicas privilegiadas donde los ciudadanos ejercen su derecho a la libertad de expresión”, observó Uriarte.
Pero, “sin embargo, los periodistas y los medios de comunicación, irónicamente son el grupo poblacional que menos ejerce la libertad de expresión en Nicaragua, es más, diría que es donde más autocensura se practica”, precisó el académico.
Para Uriarte, el gobierno de Ortega y su esposa y desde enero vicepresidenta del país, Rosario Murillo, “tiene una visión sectaria de la libertad de prensa”.
“Existen políticas públicas con el objetivo de favorecer el desarrollo tecnológico, acceso a información e inversión publicitaria para los medios estatales y medios privados, pero que están vinculados según investigaciones periodísticas a la actual administración pública”, observó.
“Haciendo un balance podríamos decir que en Nicaragua el saldo rojo de la libertad de expresión está en el terreno de los medios de comunicación privados ajenos a la influencia del Estado”, dijo Uriarte.
“La forma más visible ha sido la negación de este derecho”, planteó.
Eso “se puede medir desde la falta de acceso a información, cero entrevistas, cero publicidad estatal, control sobre la exoneraciones fiscales, o control de las instituciones sociales y laborales para ejercer presión administrativa a los dueños de medios”, detalló.
Además, amplió, “se mide por cancelación de espacios privados en noticieros locales, retiro de equipos técnicos de radios locales, lo cual desde luego ha llevado al cierre de espacios de opinión privados por la falta de sostenibilidad económica de muchos periodistas”.
La experiencia de ser considerado “periodista opositor” la ha vivido en persona el periodista de medios escritos y radiales, Juan Rodríguez.
“En 2007 era oficial de Comunicación y Prensa de la Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional para la Prevención y Atención a Desastre, llegó la administración sandinista y me cancelaron el contrato sin justificación legal alguna. Me corrrieron (despidieron) por sospechar que era de los medios de la derecha”, narró a IPS.
Desde entonces, Rodríguez ha sorteado una serie de bloqueos y falta de apoyo institucional para sostener programas de radio, al tiempo que denuncia acoso político por haber sido presidente de la independiente Asociación de Periodistas de Nicaragua.
Luis Galeano, periodista y director del programa local de radio y televisión Café con Voz, lo resume así: “el periodismo uno lo ejerce pensando en si mañana podrá salir al aire”. Su programa, transmitido por señal abierta de televisión y una red de radios comunitarias, no es considerado todavía “opositor”, pero Galeano teme que cualquier día el poder presione para sacarlo del aire.
“No sé si de pronto el gobierno se va hartar de lo que digo y hago en mi programa y va mandar a cerrarlo o si los empresarios van a pedir que cese mi programa o van a presionar a los pocos empresarios que apoyan a los medios para que deje de hacerlo,
la verdad es que es un temor constante si voy a seguir al aire”, dice.
La misma incertidumbre la ha conocido de viva voz de decenas de periodistas el abogado nicaragüense Juan Carlos Arce, defensor de derechos humanos del no gubernamental Centro Nicaragüense de Derechos Humanos.
La libertad de expresión, según determina la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se basa “en la libertad de buscar, recibir y difundir información”. “En el contexto actual ni los ciudadanos a título individual, ni los colectivos, ni periodistas independientes tienen garantizado su derecho a buscar y recibir información debido a una política secretista del Estado”, dijo a IPS.
De acuerdo al activista, esa política establecida desde 2007 se basa en el control estricto de la información pública y se manifiesta en el silencio obligado de los funcionarios públicos.
Según Arce, el problema de la libertad de expresión se agrava con el control de los medios de comunicación por parte del gobierno. Eso, en su criterio, “va en detrimento de la obligación de los Estados de promover el pluralismo en los medios y su independencia”.
En este país de 6,2 millones de habitantes, en 2007 había solo un canal de televisión y una radio en manos del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), otra emisora estatal y dos más progobierno, así como algunos programas afines.
En 2017, según Arce, más de 80 por ciento de las radios, canales de televisión, medios escritos y programas digitales, están bajo la el control del FSLN y son controlados por familiares, operadores políticos y periodistas afines, aunque públicamente se declaren en ocasiones independientes.
“Como defensor, el mayor problema es la falta de información de las instituciones y el temor que hay en mucha gente de expresarse por miedo a una represalia del gobierno”, expresó.
Para Arce, la ausencia del gobierno en los foros de debate continental sobre la libertad de expresión, se evidencia no solamente en las sillas vacías durante el 161 período de sesiones de la CIDH, sino en los incontables pronunciamientos de organizaciones internacionales sobre la violación a los derechos humanos y otros derechos universales.
Arce enumeró como ejemplos las críticas de la ONU en su Examen Periódico Universal a Nicaragua, en 2014, y otros informes que desde 2008 han emitido el Departamento de Estados de los Estados Unidos, el Parlamento Europeo, la OEA, Human Watch Rights, Reporteros Sin Fronteras, Sociedad Interamericana de Prensa, Freedom House, Amnistía Internacional y otros.
Editado por Estrella Gutiérrez
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