LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Falta mucho para garantizar los derechos indígenas
Más de 1.000 delegados indígenas de todo el mundo se reunieron en la 16 sesión del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, que este año se concentra en la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, adoptada por la Asamblea General hace 10 años.
“El día de la adopción de la declaración, hubo un gran cambio en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas”, destacó la presidenta del foro, Mariam Wallet Aboubakrine, en la apertura del mismo el miércoles 24.
Por su parte, el jefe de la nación Ermineskin Cree, Willie Littlechild, recordó que las comunidades no tenían voz en el concierto internacional hasta la década de los años 80, cuando comenzaron los debates sobre la creación de un instrumento especial para proteger a los pueblos indígenas del mundo.
Además de la declaración, la ONU (Organización de las Naciones Unidas) tiene otros mecanismos dedicados a las comunidades indígenas, como el foro y un relator especial sobre derechos de los pueblos indígenas.
“Pasar de no tener voz a tener cuatro mecanismos en la ONU, creo que es un logro significativo”, destacó Littlechild.
La Agenda de Desarrollo Sostenible para 2030, adoptada en 2015, también menciona y contempla a los pueblos aborígenes, a diferencia de sus antecesores los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Pero todavía quedan muchos desafíos por delante para lograr que se implemente la declaración y que se aplique.
De hecho, Littlechild se mostró preocupado por la falta de mecanismos de implementación en Canadá. “Justin Trudeau fue el primer ministro que tan siquiera miró la declaración de la ONU, pero la tarea ahora es realizar el seguimiento”, comentó a IPS.
Tras adoptar formalmente la declaración en 2016, muchos críticos acusaron a Trudeau de violar el documento al aprobar varios oleoductos controvertidos sin el consentimiento total de las comunidades indígenas cuyo territorio se ve implicado en las obras.
Uno de esos proyectos es la expansión del oleoducto Trans Mountain, que recibió apoyo de 40 de las 139 Primeras Naciones de Canadá que viven en la ruta prevista.
La organización Artículo 19 subrayó la importancia de contar con ese consentimiento.
“Los estados están obligados a consultar y cooperar con los pueblos indígenas para obtener su consentimiento previo, libre e informado antes de adoptar e implementar medidas legislativas o administrativas que los afecten”, explicó.
El derecho a las tierras, territorios y recursos también está entre las disposiciones más importantes de la declaración.
Aboubakrine y Littlechild subrayaron la importancia de discusiones y toma de decisiones inclusivas a escala internacional y estatal para garantizar la protección de los derechos indígenas.
“El conocimiento tradicional de los ancianos es fundamental para asegurar su desarrollo sano, si es lo que acordaron, o para proteger el ambiente”, dijo Littlechild a IPS.
Por su parte, Aboubakrine remarcó la necesidad de las agencias de la ONU de comunicar y coordinar para lograr el respeto efectivo del texto de la declaración.
Según el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU, los pueblos indígenas constituyen cinco por ciento de la población mundial, pero representan 15 por ciento de las personas más pobres del mundo, lo que explica su mal estado de salud y la discriminación que sufren.
La 16 sesión del foro procura atender esos desafíos y realzar los avances en materia de derechos indígenas en el encuentro que comenzó el miércoles 24 y terminará este 5 de mayo.
Australia
Australia debe reducir su “increíble” proporción de indígenas presos y redoblar la lucha contra el racismo, alertó el 4 de este mes la relatora especial para derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz.
“Es alarmante; el país adoptó numerosas políticas para atender las desventajas de los pueblos aborígenes y de las Islas del estrecho de Torres, pero no respeta sus derechos a la autodeterminación y su total y efectiva participación en la sociedad”, añadió al terminar una visita por Australia.
Las políticas del gobierno australiano no han logrado los objetivos en materia de “salud, educación y empleo e hicieron que un creciente número de indígenas terminen en la cárcel y que cada vez más niñas y niños sean separados de sus hogares en las comunidades de aborígenes e isleños del estrecho de Torres”, explicó Tauli-Corpuz.
Datos impactantes
“Me describieron la elevada proporción de detención como un ‘tsunami’ que afectaba a los pueblos indígenas. Los datos son sencillamente sorprendentes. Los aborígenes y los isleños del estrecho de Torres representan solo tres por ciento de la población total, constituyen 27 por ciento de la reclusa, y mucho más en algunas cárceles”, subrayó.
“Visité el Centro de Detención para Jóvenes de Cleveland, en Townsville, Queensland, donde niños aborígenes e isleños constituyen 95 por ciento de los menores detenidos. Muchos pasaron de la atención fuera del hogar a la reclusión”, explicó Tauli-Corpuz.
La relatora de la ONU acotó que los niños aborígenes tienen siete veces más probabilidades de tener contacto con el sistema de protección infantil o sufrir abusos o negligencia en comparación con los de otros orígenes.
“Urjo a Australia a aumentar la edad de responsabilidad penal. Los niños deberían quedar detenidos solo como último recurso. Se los castiga simplemente por ser pobres y, en la mayoría de los casos, la cárcel no hará más que agravar el ciclo de violencia, pobreza y delincuencia”, precisó.
“Encontré en los niños, algunos de apenas 12 años, en detención, los elementos más perturbadores de mi visita”, añadió.
La experta de la ONU también se mostró preocupada por el programa gubernamental Estrategia de Avance Indígena, lanzado en 2014 y que implicó un gran recorte presupuestal en los programas de apoyo.
“La implementación de la estrategia ha sido burocrática y rígida y desperdició una cantidad considerable de recursos en administración”, cuestionó.
Tauli-Corpuz también instó al gobierno australiano a crear una nueva relación con el órgano nacional indígena, el Congreso Nacional de los Primeros Pueblos de Australia, y devolver los fondos.
También se mostró preocupada de que el gobierno no cumpla con los objetivos para acortar la brecha en materia de “esperanza de vida, mortalidad infantil, educación y empleo” y reclamó un enfoque integral que incluya objetivos específicos para la “reducción de la proporción de detenciones, de la retirada de los niños y de violencia contra la mujer”.
Aliados fundamentales
El mismo 4 de abril, cuando Tauli-Corpuz realizó estas declaraciones sobre la situación de los indígenas, el director ejecutivo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, José Graziano da Silva, recibía en Roma a un grupo de jóvenes representantes indígenas de siete regiones del mundo.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible ofrecen oportunidades a los países, organizaciones indígenas y a la ONU de trabajar juntos para lograr un impacto desde ya para 2030, subrayó, y recordó que desde la creación del equipo de Pueblos Indígenas en 2014, la FAO refuerza su trabajo con organizaciones indígenas con dos enfoques:
“Por un lado, reconoció que los pueblos indígenas son “aliados fundamentales” en la lucha contra el hambre, la inseguridad alimentaria y la pobreza “por sus abundantes conocimientos ancestrales y buenas prácticas”, según dijo Graziano da Silva en su discurso al Grupo Global de Jóvenes Indígenas.
Y “por otro lado, sabemos que la falta de reconocimiento de sus derechos en la gestión de los recursos naturales y la marginación que sufren los coloca en una posición muy vulnerable. Me refiero por encima de todo en vuestros derechos ancestrales a la propiedad de la tierra”, precisó.
El encuentro en Roma, de 5 al 7 de este mes, coincidió con la celebración del 10 aniversario de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Traducido por Verónica Firme
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