Obligado a matar
Zacarías Osorio Cruz, soldado mexicano, participó en las operaciones de represión y pidió asilo político en Canadá en 1988
V. C. México 16 NOV 2014 - 10:14 CET
Manifestación en San Luis Acatlán (Guerrero), en 1980. / COMISIÓN DE LA VERDAD DE GUERRERO
El testimonio del exmilitar mexicano Zacarías Osorio Cruz corrobora el de cientos de familiares y testigos. La represión gubernamental en Guerrero se remonta a los años sesenta y fue testigo de detenciones extrajudiciales, violaciones, torturas y desapariciones sistemáticas de opositores y "supuestos enemigos" del Gobierno mexicano entre 1969 y 1985, según el libro Obligado a Matar, un pequeño tomo del que se imprimieron 3.000 ejemplares en 1993 en la editorial Esfuerzo.
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Tras desertar del Ejército mexicano, Osorio pidió refugio político en Canadá en 1988. La transcripción entera de su testimonio relata que las operaciones se realizaban a puerta cerrada y por "instrucciones superiores". Habla de desapariciones forzadas en Guerrero en los años que perteneció al cuerpo militar mexicano, entre 1975 y 1982. Su abogado declaró entonces que Osorio habría preferido llevarse "a la tumba" lo que había visto cuando fue miembro del Cuerpo de Paracaidistas del Ejército mexicano. Lo que le hizo cambiar la decisión, consta en el documento, fue que había jurado "lealtad y honor a mi patria". Un amor dividido que le hizo dudar, por años, a quién debía contar la verdad.
"Oculté muchas cosas porque, sinceramente, pensé que si las decía en México me matarían", declaró Osorio, ante un juzgado canadiense, el 14 de marzo de 1988. Tenía entonces solo 32 años. "La primera vez que me dieron la orden de salir fue a un pueblo llamado Atoyac". No es ninguna casualidad. Atoyac, Guerrero, cuna del movimiento encabezado por el profesor rural egresado de Ayotzinapa y guerrillero, Lucio Cabañas, y el objetivo principal de "exterminio" según otro documento de la extinta Dirección Federal de Seguridad que buscaba reprimir cualquier movimiento opositor y subversivo en el país. "Fuimos a recoger unas personas", cuenta.
Osorio continúa: "No sé cuál fue la razón por la que fuimos a recoger a esa gente. Yo no podía preguntarles a mis superiores por qué. Cuando llegamos, los presos ya estaban preparados para subirlos al helicópteros o al avión. Tenían las cabezas tapadas y no los podíamos identificar". El exmilitar habla de que un cuerpo de cinco militares llevó a cabo la operación. Las detenciones ocurrieron en 1978, casi cuatro años después de la muerte de Cabañas y durante la gobernatura de Rubén Figueroa Figueroa, el Tigre de Huitzuco. Los arrestados, sin orden judicial, eran simpatizantes del movimiento de Cabañas. "Los que encabezaban a ciertos grupos que querían manifestar su descontento con el Gobierno. Estos eran los que eran arrestados y puestos en nuestras manos". Y después, desaparecidos. "Recibía ciertas órdenes y me elegían porque mi especialidad era disparar. La orden era que tenía que desaparecer a esta gente, que tenían que morir porque le traían problemas al alto mando".
"Oculté muchas cosas porque, sinceramente, pensé que si las decía en México me matarían"El exmilitar aseguró entonces que no era el único que no estaba de acuerdo con ejecutar el trabajo sucio. "No es costumbre que un oficial le comunique a un subordinado que no está contento de cómo se manejan las cosas, pero conmigo [mi superior] hablaba porque teníamos una cierta amistad. [...] También me decía que no estaba contento por cómo lo usaba el alto mando porque no había razón para hacer estas cosas, ya que eran ilícitas".
El testimonio explica las pesadillas que, según explicó Osorio ante el tribunal canadiense, no le habían dejado en paz. En algunas ejecuciones, los cuerpos quedaban en tal estado que estaban "prácticamente despedazados" por el calibre de armas que utilizaban. Las ejecuciones, relata, se realizaban en muchas ocasiones en campos de tiro militar "para que la gente no se diera cuenta".
Incluso habla de lo que ocurría cuando un militar expresaba abiertamente su descontento. "Cuando el alto mando no necesita ya a alguien, ordena que a esa persona se le mate para que no hable", explica sin chistar. Menciona un par de casos de desapariciones dentro del propio Ejército: el del capitán Miguel Ramírez Hernández y el del teniente Adán Avendaño.
Cuando desertó, explica, se fue al sur de Veracruz, a su pueblo. Recogió sus cosas y huyó. "Me fui sin decirle a nadie a dónde iba. Gracias por haberme escuchado. Sé que el haber declarado es un gran peligro para mí, es un gran peligro hablar de gente en altos puestos y son ustedes [el jurado canadiense] los que tienen qué va a pasar conmigo porque no puedo regresar allá [a México]".
El abogado defensor de Osorio, Stewart Istvanffy, recuerda en sus argumentos finales de hace 26 años que muchos de los miembros del Ejército mexicano se alistan atraídos por la lealtad y el amor a su país, y que en el caso de Osorio, lo que se encontró fue una horrible pesadilla. "Debemos estar conscientes de que alistarse en el Ejército de México, como en otras partes del mundo, es una forma de escapar de la pobreza, buscar un mejor futuro y emigrar a otros lugares", afirmar. "La represión en México", continúa, "tiene visos de ser más racial y abusiva dado que la población tiene un alto porcentaje de indígenas y mestizos. Da la impresión de que los pobres son los que pagan las consecuencias" [...] El solo hecho de haber solicitado su baja o su cambio era suficiente para poner en peligro su vida. A la vez que es un miembro del aparato represivo del Gobierno, es víctima de ese mismo aparato. ¡Qué triste paradoja!".
Osorio mostraba entonces miedo a la autoridad. Se consideraba un traidor. Contaba que lo perseguían las pesadillas de los cuerpos despedazados tras morir ejecutados con ráfagas de metralleta. Las desapariciones y ejecuciones extrajudiciales, cuenta, ocurrían en al menos otros cuatro estados del país. Pero, incluso entonces, el 50% de las desapariciones forzadas comprobadas ya eran de Guerrero. La transcripción entera de las sesiones del tribunal de Montreal concluye: "El solicitante, Zacarías Osorio Cruz, es un refugiado político".
Los porqués de Iguala
Un informe revela que la policía hizo desaparecer a 512 personas hasta 1985 en Guerrero, que busca a 43 estudiantes
Lucio Cabañas (izquierda), maestro de Guerrero y miembro del movimiento guerrillero en una foto de los setenta. Lo acompaña Pedro Hernández. / AP
El Gobierno mexicano es responsable de la desaparición de al menos 512 personas entre 1969 y 1985 en Guerrero, el epicentro de la crisis social desatada por la desaparición de 43 estudiantes en Iguala (a 192 kilómetros al sur de la capital de México) el 26 de septiembre pasado. De aquellas 512 personas, a día de hoy, se desconoce su paradero y la orden judicial por las que se les detuvo, según el informe elaborado por la Comisión de La Verdad de Guerrero, al que ha tenido acceso EL PAÍS. El documento prueba que a lo largo de 14 años la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS) echó mano de policías y militares para realizar ejecuciones extrajudiciales, abusos policiales, violaciones e inclusovuelos de la muerte.
La conclusión del informe revela los antecedentes de una de las mayores crisis sociales del país en los últimos años: la masacre de Iguala. La investigación recopila centenares de testimonios y documentos que prueban que la extinta DFS, que operaba bajo las órdenes del Partido Revolucionario Institucional (PRI, que ejerció el poder hegemónico del país entre 1929 y 2000), desplegó 360 efectivos policiales y militares de élite para la “localización, captura y exterminio” de grupos “subversivos” en los años setenta sin ningún tipo de orden judicial. La Comisión pone nombre, foto y apellido a, por lo menos, 512 de esas víctimas, detenidas en Guerrero. Con un ínfimo presupuesto aprobado por el Congreso guerrerense (que ha incumplido en los últimos seis meses), un equipo de académicos independientes realizó un exhaustivo trabajo que comenzó oficialmente en 2012 —pero cuyo germen se remonta a 2006— por petición de los familiares de las víctimas. Durante su trabajo sufrieron ataques de sicarios, el último en enero de este año.
“La gente aún tiene mucho miedo a hablar. De ninguna manera lo recabado representa el 100% de las desapariciones forzadas. Muchas personas todavía tienen temor. Otros consideran que ya ocurrió hace mucho tiempo y prefieren resignarse”, explica Nicomedes Fuentes, uno de los miembros de la Comisión. “Todo lo que ocurrió en la guerra sucia [durante los años sesenta y setenta] está vinculado con lo de Ayotzinapa. No se resolvió el problema de los años setenta. Nunca se ha buscado resarcir el daño. No hay una cultura democrática que traiga paz. El peor delincuente tiene derecho a un juicio. No tienen por qué desaparecerlos. Tienen que juzgarlos y castigarlos de acuerdo con el Estado de derecho de México”. La Comisión asistió en 2012 a la exhumación de dos cadáveres de personas ejecutadas extrajudicialmente, pero aún no han sido devueltas a sus familias.
Protesta en Iguala en 1966 contra el gobernador de Guerrero Raymundo Abarca. / COMISIÓN DE LA VERDAD DE GUERRERO
Gustavo Tarín, miembro de la policía militar, afirma que los habitantes de Guerrero eran detenidos e interrogados bajo tortura para que “confesaran” delitos sin orden judicial. Si no aceptaban, los llevaban atados y vendados a una silla a la que llamaban el banquito de los acusados. Les decían que los iban a fotografiar, cuenta Tarín. “Entonces los mataban con un disparo en la nuca. Siempre se usó la misma pistola, por lo que la bautizaron como la espada justiciera. Se colocaban dentro de costales, se le ponían unas piedras y se cosían”. Los cuerpos eran arrojados desde aviones militares. En una noche podía haber hasta tres o cuatro vuelos. Tarín calcula que al menos 1.500 personas murieron así durante ese periodo. La Comisión ha podido comprobar al menos esas 512 muertes. Uno de los militares que participó en estas operaciones pidió asilo político en Canadá en 1988, horrorizado por lo que había visto.
Margarito Monroy Candía, mecánico de aviones, respalda la versión. Participó en 15 viajes. Su testimonio: “Señala que las personas que transportó eran de todos los lugares, también de buena situación económica, ingenieros, doctores del pueblo, licenciados, de todo tipo. Cuando eran mujeres les ofrecían que si tenían sexo [con los militares], al llegar a Guerrero las dejarían en libertad y en su caso [las devolverían] a sus esposos. En algunas ocasiones aceptaron, pero nunca, que él viera, las liberaron”, explica el informe.
Monroy cuenta que todos los viajes en que participó eran encabezados por el general Mario Arturo Acosta Chaparro, denunciado en 2001 por 120 familias por la desaparición de sus seres queridos y formalmente acusado en 2004 —poco después fue absuelto— de lanzar al mar a 22 campesinos desde un avión. Se retiró, condecorado, en 2008, pese a que también fue señalado por supuestos vínculos con el narcotráfico. Murió en 2012 en uno de los barrios más adinerados de la capital mexicana en un ataque con el sello del narco: dos desconocidos le tirotearon desde una moto.
Las poblaciones y testimonios mencionados en la Comisión hacen imposible no vincular lo ocurrido hace 40 años con la tragedia de Iguala de 2014. Las cifras de pobreza de Guerrero son idénticas: de 70% de la población en 1962 a 69,7% en 2013, pese a que el Gobierno mexicano ha dedicado millonarios programas oficiales para atajarla. Las protestas que iniciaron el movimiento subversivo contra el Gobierno mexicano eran, en inicio, pacíficas, hasta que una serie de matanzas en los años sesenta y un fraude electoral en 1962 provocaron que la Asociación Cívica Guerrerense (ACG, fundada, entre otros, por Genaro Vázquez) eligiera la clandestinidad y apareciera la figura de Lucio Cabañas, un maestro rural convertido en guerrillero que se convirtió en una de las cabezas más visibles del movimiento. Los tiroteos y las matanzas eran habituales. Vázquez y Cabañas egresaron de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, la misma a la que pertenecen los 43 desaparecidos del pasado septiembre.
Eliseo de Jesús de la Cruz, de Atoyac (Guerrero), detenido por la DFS en 1971, tras ser detenido sin orden judicial. /COMISIÓN DE LA VERDAD DE GUERRERO
En 1974, el Partido de los Pobres, ya convertido en guerrilla, secuestró al senador Rubén Figueroa Figueroa, un hombre que se enorgullecía tanto de su red de cacicazgo que se hacía llamar el tigre de Huitzuco y que hacía campaña por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) para el cargo de gobernador. Liberado a los dos meses, ya en el cargo de gobernador los zarpazos del tigre de Huitzuco fueron implacables. Muchos de los detenidos datan de su mandato, entre 1975 y 1981.
Las víctimas tienen rostros e historias. Algunas son familias enteras. Como los Castro Molina. El padre, Petronilo, y los tres hijos, Guadalupe, Fabiola y Eleazar, desaparecidos desde 1972. O Carlos Díaz Frías, que se ahorcó en 1978 en su celda porque no aguantó más las torturas. Sus familiares aún esperan una respuesta.
el dispreciau dice: cuando no hay respuestas, cuando las respuestas son mentiras y vacíos, explicaciones de lo inexplicable, justificaciones de lo injustificable, entonces... el poder político caduca ante la sociedad y comienza un divorcio que se va transformando en un abismo que, por un lado se traga al poder, y por el otro devora a la sociedad, generando una anarquía que aniquila el estado de derecho, donde sucumben todos los derechos humanos y todos los otros ciudadanos, haciendo de la sociedad un despojo... NOVIEMBRE 16, 2014.-
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