OPINIÓN
‘Escrache’ como derecho donde no lo hay
El autor defiende que los ciudadanos usen las medidas de presión a su alcance
¿Es el escrache un ejercicio de coacción? Respuesta: sí, absolutamente. Lo que indica que la pregunta es otra: ¿la coacción ciudadana es un derecho? Para el Gobierno, que ayer mismo advirtió que el escrache no está contemplado en el derecho de manifestación, no lo es. Para el tipo que firma estas líneas, lo es. O, al menos, es de la opinión de que, ante la coacción financiera, debería de haber algún tipo de derecho. Lo que, a su vez, puede orientar hacia la posibilidad de que la pregunta del millón sea otra: ¿qué derechos le queda a la sociedad frente a la coacción que recibe?
Porque la coacción es llamativa. La democracia, esa cosa que solo fue posible en el Estado, se ha deslocalizado hacia otras instancias no estatales ni democráticas. Los Gobiernos carecen de programas. O son irrelevantes, pues las políticas les son indicadas desde otros organismos —BCE, FMI, BCE—, no democráticos. El caso Bárcenas, incluso, ofrece la sospecha de que las políticas, además, sean incentivadas, previo pago, por empresas. El Bienestar, la forma de democracia en Europa, está desapareciendo. Recortes y contrarreformas como la educativa, la sanitaria, la financiera, o la laboral, suponen, por sí mismos, esa desaparición y una coacción social radical. Todo esto ilustra una crisis de representatividad. Amplia. Europea. Que en el sur es dramática. En España resulta casi imposible hablar —entendiendo hablar como un intercambio— con la clase política que, en su gran mayoría, vive en otra cultura —varias generaciones la llamamos Cultura de la Transición—, cuyos marcos, inamovibles y delimitados hace décadas, solo permiten ver las tensiones de la realidad que hayan sido señaladas como tales por los Gobiernos.
No, el escrache no es una manera de hablar con diputados. Para ello sería necesario un cambio de cultura en el diputado que, por cierto, haría innecesario el escrache. Es una manera de coacción democrática. Las hay. Son antiguas y modularon, en su día, el nacimiento de los derechos sociales: huelga, la protesta, la manifestación. La sociedad empieza a saber mucho de coacción. Y puede discernir entre la coacción posdemocrática —la reducción de derechos que sufre—, y las formas de coacción que utiliza en su defensa. El pensador francés Pierre Rosanvallon habla un poco de ello cuando, al tratar del futuro de una democracia en crisis, dibuja un quinto poder, consistente en la ciudadanía en la calle, modulándola. Quizás eso —la posdemocracia y la ciudadanía en la calle—, es lo que está pasando.
Porque la coacción es llamativa. La democracia, esa cosa que solo fue posible en el Estado, se ha deslocalizado hacia otras instancias no estatales ni democráticas. Los Gobiernos carecen de programas. O son irrelevantes, pues las políticas les son indicadas desde otros organismos —BCE, FMI, BCE—, no democráticos. El caso Bárcenas, incluso, ofrece la sospecha de que las políticas, además, sean incentivadas, previo pago, por empresas. El Bienestar, la forma de democracia en Europa, está desapareciendo. Recortes y contrarreformas como la educativa, la sanitaria, la financiera, o la laboral, suponen, por sí mismos, esa desaparición y una coacción social radical. Todo esto ilustra una crisis de representatividad. Amplia. Europea. Que en el sur es dramática. En España resulta casi imposible hablar —entendiendo hablar como un intercambio— con la clase política que, en su gran mayoría, vive en otra cultura —varias generaciones la llamamos Cultura de la Transición—, cuyos marcos, inamovibles y delimitados hace décadas, solo permiten ver las tensiones de la realidad que hayan sido señaladas como tales por los Gobiernos.
No, el escrache no es una manera de hablar con diputados. Para ello sería necesario un cambio de cultura en el diputado que, por cierto, haría innecesario el escrache. Es una manera de coacción democrática. Las hay. Son antiguas y modularon, en su día, el nacimiento de los derechos sociales: huelga, la protesta, la manifestación. La sociedad empieza a saber mucho de coacción. Y puede discernir entre la coacción posdemocrática —la reducción de derechos que sufre—, y las formas de coacción que utiliza en su defensa. El pensador francés Pierre Rosanvallon habla un poco de ello cuando, al tratar del futuro de una democracia en crisis, dibuja un quinto poder, consistente en la ciudadanía en la calle, modulándola. Quizás eso —la posdemocracia y la ciudadanía en la calle—, es lo que está pasando.
OPINIÓN
Democráticamente intolerable
Una cosa es ser escuchados y otra ser obedecidos, asegura el autor
Que el ejercicio de la política necesita una revisión a fondo en muchos países europeos —entre ellos, desde luego España— es una evidencia que apenas cabe discutir. Los representantes electos dan a menudo la impresión de formar una casta cerrada sobre sí misma, impermeable a todas las demandas populares difíciles de encauzar según las rutinas burocráticas, expertos en disculpar los errores propios agigantando los ajenos y para quienes siempre lo que se hace es lo único que puede hacerse, por mucho sudor y lágrimas que cueste… a la sufrida ciudadanía. Pero la docilidad resignada (o desesperada) de esta parece a punto de acabarse. Hay grupos muy dinámicos que quieren hacerse oír saltándose a los habituales intermediarios y que están dispuestos a llevar a las calles los debates que se echan en falta en el Parlamento.
Por tanto va a ser cada vez más corriente que los ciudadanos reclamen directamente a sus representantes y les expongan sus quejas, con maneras mejor argumentadas o más tumultuosas. Pero una cosa es ser escuchados y otra ser obedecidos. Los representantes electos (no digo “los políticos” porque políticos son también, para lo bueno y lo malo, quienes les interpelan) deben tomar en consideración las voces ciudadanas apremiantes que les llegan, aunque no sea por el conducto reglamentario, pero luego tienen que decidir de acuerdo con su leal saber y entender pues para eso fueron votados por mucha más gente de la que suele manifestarse. Que se vean escarnecidos en sus vecindarios, coaccionados con simulacros de linchamiento y se intimide a sus familias no solo es democráticamente intolerable sino que arroja sombras de sospecha sobre la “espontaneidad” de los que protestan.
Quienes se desgañitan diciendo que si no se les hace caso no hay democracia son poco de fiar. Porque la democracia consiste también en procedimientos, garantías y respeto institucional: lo demás es demagogia y populismo, o sea democracia basura. El que crea que una buena causa justifica malos modos debe recordar que abre la puerta a que sean empleados para otras menos de su gusto: hoy puede ser para acabar con los desahucios, pero mañana para abolir la despenalizacióin del aborto o la doctrina Parot, quizá para reivindicar la pena de muerte. Bienvenida la participación más amplia y enérgica de los ciudadanos, no de los borrokas.
Democráticamente intolerable | Sociedad | EL PAÍS
La protesta ya ha llegado hasta su puerta | Sociedad | EL PAÍS
el dispreciau dice: muchas conductas sociales nacieron en Argentina, a partir de los atropellos ejercidos durante décadas, de distintas maneras, desde los poderes políticos, militares y eclesiásticos en contra de una sociedad golpeada una y otra vez por antojos, atropellos y más, mucho más. Los hechos más aberrantes padecidos por los argentinos se enfocan en la década del setenta, desde sus albores y hasta su conclusión aberrante con el desenlace de la tragedia de Malvinas, un conflicto que dio por tierra con los mesianismos de militares con muchas medallas y pocas batallas ciertas... junto con dicho estigma, los argentinos cargamos con la "década infame" cursada durante el período 1990-1999... donde el país fue prolijamente arrasado hipotecándose el futuro de toda una sociedad... desde luego estos hechos no son los únicos, pero sí los más destacables por los alcances del drama impuesto a una sociedad harta de mentiras. Falsos y falaces ministros de economía asociados al modelo corporativo de la tragedia social, se llevaron puestas las ilusiones, las esperanzas, y los pocos bienes de gentes de trabajo, al sólo efecto de satisfacer a una clase política atrapada por angurrias y avaricias interminables, ignorante por excelencia, bárbara en esencia, obsecuente por incapacidad, siempre escondida u oculta tras las bambalinas de un peronismo que se ha extinguido junto Evita, y que hasta el propio Perón en su última etapa, no pudo ni fue capaz de resucitar. El país (Argentina) fue hipotecado en los noventa... pero lo más dramático, es que se hipotecó el futuro de las personas... un modelo, un sistema, una herramienta que se ha visto replicada en la Europa Medieval, mostrando que sus clases políticas están perimidas y corruptas, igual que las latinoamericanas, exhibiendo los mismos criterios vacíos de cualquier contenido social. Léase, a esta clase política las gentes les importan mucho menos que un bledo... demostrando que ellos (políticos) son oportunistas y usan y abusan de los votantes de las falsas democracias, consumidas por tanta barbarie suelta. El problema de allá (Europa) no difiere del de acá (Américas), o del perceptible en concierto africano o asiático... todos los políticos son ignorantes sueltos, disfrazados de gentes capaces, pero inútiles por excelencia, porque parten del precepto del cinismo, para luego avanzar en hipocresías, disimulos, burlas, necedades, negaciones... y el concierto matemático enseña resultados dramáticos para las sociedades humanas, que se ven envueltas en hipotecas usufructuadas por corporaciones bancarias vacías, antisociales por excelencia, socias de otras corporaciones marketineras que no aportan nada a sociedad alguna, al tiempo que cuentan con socios idiotas en todos los políticos, siempre dispuestos a borrar con el codo aquello que nunca escribieron con sus manos. El mundo está atrapado en el mismo problema... las democracias y las repúblicas (reinos, virreinos, principados, ducados, condados) han caducado... los modelos militares han caducado... las Iglesias han caducado... porque a todos se les han caído las caretas, dejando en evidencia lo aberrante de sus conductas... y junto con ello han caducado las empresas corporativas a escala multinacional, lavadoras de dineros robados, no más que eso... Todo indica que la humanidad con futuro hipotecado no le sirve a nadie... y al hacerlo... se consume en sí mismo. El barco se está hundiendo... y sus capitanes andan de fiesta, intentando gastar a cuenta de aquello que siempre robaron y nunca fueron capaces de producir... fin de fiesta. Esto no da para más... se terminó... los escraches, no son más que catarsis sociales por las agresiones recibidas... pero los escrachados... no tienen vergüenza por ende persistirán en sus conductas despreciativas. Marzo 23, 2013.-
Por tanto va a ser cada vez más corriente que los ciudadanos reclamen directamente a sus representantes y les expongan sus quejas, con maneras mejor argumentadas o más tumultuosas. Pero una cosa es ser escuchados y otra ser obedecidos. Los representantes electos (no digo “los políticos” porque políticos son también, para lo bueno y lo malo, quienes les interpelan) deben tomar en consideración las voces ciudadanas apremiantes que les llegan, aunque no sea por el conducto reglamentario, pero luego tienen que decidir de acuerdo con su leal saber y entender pues para eso fueron votados por mucha más gente de la que suele manifestarse. Que se vean escarnecidos en sus vecindarios, coaccionados con simulacros de linchamiento y se intimide a sus familias no solo es democráticamente intolerable sino que arroja sombras de sospecha sobre la “espontaneidad” de los que protestan.
Quienes se desgañitan diciendo que si no se les hace caso no hay democracia son poco de fiar. Porque la democracia consiste también en procedimientos, garantías y respeto institucional: lo demás es demagogia y populismo, o sea democracia basura. El que crea que una buena causa justifica malos modos debe recordar que abre la puerta a que sean empleados para otras menos de su gusto: hoy puede ser para acabar con los desahucios, pero mañana para abolir la despenalizacióin del aborto o la doctrina Parot, quizá para reivindicar la pena de muerte. Bienvenida la participación más amplia y enérgica de los ciudadanos, no de los borrokas.
Democráticamente intolerable | Sociedad | EL PAÍS
La protesta ya ha llegado hasta su puerta
Los activistas contra los desahucios han dado un polémico paso para señalar a los políticos que no apoyan la dación en pago: la movilización frente a sus viviendas.¿Es legítima esta estrategia?
Protesta de Afectados por la Hipoteca frente a la casa de Esteban González Pons, en Valencia, el pasado miércoles. / H. kalis (Reuters)
La plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha decidido señalar de manera directa a los políticos que no apoyan la Iniciativa Legislativa Popular por la dación en pago. Este tipo de señalamiento personal se conoce como escrache, y el primero se produjo ante la cúpula del Partido Popular, que se encontraba reunida en un hotel de Madrid. El segundo fue en Barcelona, frente a la vivienda de la concejal del mismo partido, Ángeles Esteller. Le siguieron otros, que afectaron al ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz; o al jefe de gabinete del presidente del Gobierno, Jorge Moragas.
El más reciente, el miércoles en Valencia, se realizó frente a la vivienda de Esteban González Pons, vicesecretario de Estudios y Programas del Partido Popular, que no estaba en casa en ese momento. Pero su familia sí estaba. “Entraron en el portal, subieron hasta la casa, aporrearon la puerta durante 45 minutos. Ésta no es la forma de convencerme”, manifestó al enterarse de los hechos. Pons, que ha interpuesto una denuncia al considerar que se trata de ataques a “representantes de la soberanía popular”, aseguró ayer a El PAÍS: “Asustar a mi familia es un método mafioso. Hoy lo hacen para que los políticos cambiemos el voto. Mañana lo harán con los jueces y pasado con los periodistas. Es muy peligroso. Dicen que me van a señalar, pero señalar es lo que hacían los nazis con los judíos”. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, se manifestó de forma similar tras el Consejo de Ministros. Aseguró que algunas actuaciones “invaden los derechos de otros”, mientras pedía “respeto” a los políticos y “especialmente a sus familias”, que sufren manifestaciones frente a sus casas.
¿Son legales estas actuaciones? ¿Canalizan el malestar social de modo democrático o son meras acciones de coacción? “Las movilizaciones ciudadanas que echan el aliento en la nuca del político, pero solo el aliento, están más que legitimadas”, señala Jesús María Osés, profesor de Historia del Pensamiento Político en la Universidad Pública de Navarra. “El límite infranqueable es la violencia física. O que la presión se ejerza contra la familia”. La PAH asegura que se trató de una “señalación pública y pacífica”, pero González Pons lo ve de manera muy diferente y acusa a la plataforma de “intimidar” a su familia llamando al timbre de su casa.
El señalamiento (o escrache) nace en Argentina. Escrachar implica evidenciar a personas que pretenden pasar desapercibidas. Los primeros fueron impulsados por Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (HIJOS). “Ante la impunidad de las leyes de punto final, que impedían juzgar a los responsables de la dictadura, promovieron los señalamientos. Consideraban que si el Estado no daba respuestas, era legítimo que la ciudadanía supiera quienes eran y qué habían hecho”, explica Jordi Mir, profesor del centro de estudios sobre los movimientos sociales de la Universitat Pompeu Fabra.
España vive la peor crisis desde la restauración de la democracia y solo el año pasado se ejecutaron 46.408 hipotecas, según datos del Poder Judicial. El drama de los desahucios afecta, pues, a centenares de miles de personas. En este contexto, “se llega a la conclusión que las movilizaciones tradicionales no surten efecto. Como no se puede salir de la agenda política, se importan medidas extranjeras con la esperanza de que funcionen”, plantea Juan Carlos Revilla, profesor de Psicología Social de la Complutense.
¿Es comparable la situación argentina y española? “Es difícil apoyarlo sin reservas, porque los diputados no se esconden ni han hecho nada reprobable. Solo han manifestado dudas a la propuesta. Tengo reticencias de que sea la mejor opción”, señala Revilla.
La catedrática de ética Victoria Camps cree que se trata de un ejercicio de libertad de expresión, siempre y cuando se ajuste a unos límites precisos. “Es legítima si es pacífica, se produce en la vía pública y no se viola el espacio privado. Ellos son nuestros representantes. Si la gente quiere que conozcan su realidad, están en su derecho de informar, incluso si es de forma tan directa”.
La jurista Magda Oranich considera que es “lícito, siempre que no haya coacciones ni amenazas”, pero se manifiesta en contra. “No creo que sea la mejor forma de presión en democracia. Los diputados han sido elegidos, te guste o no”. En su opinión, sería mejor “manifestarse ante el Congreso, pero nunca en el domicilio”, porque se coacciona no solo al político, “que lo lleva implícito en el cargo”, sino “a sus hijos y vecinos”, que nada tienen que ver.
Según una encuesta publicada por EL PAÍS el domingo, el 67% desconocía la campaña de escrache de la PAH. Aunque el 89% —el 87% entre votantes del PP— aseguraba estar de acuerdo. El catedrático de Sociología y presidente de Metroscopia, José Juan Toharia, abunda en por qué: “El ciudadano es ambivalente en este tema. Aprecia que existe un riesgo de acoso, pero hay factores que hacen comprensibles estas campañas. La gente ve que la crisis no la provocan quienes la padecen. Además, pagan más los que menos tienen y los que son percibidos como culpables —los expertos financieros— no solo no han pagado, sino que reciben jubilaciones millonarias. Ese es el telón de fondo”.
Mir añade: “Nuestra sociedad es más sensible a la alteración del orden que a la violencia estructural, como la pobreza, cuando el verdadero sufrimiento lo padecen los afectados por la crisis, el desempleo y los desahucios”. Esther Vivas, investigadora de movimientos sociales, destaca que “se busca visualizar una realidad; que se vea que detrás de las decisiones políticas hay personas. Esta acción está a la altura de la situación de crisis que vivimos”.
La calificación como “violencia” del escrache genera también cierta controversia. Quienes las sufren se sienten “acosados” y consideran que se está vulnerando su derecho a la libertad. Hay quienes opinan, sin embargo, que es una reacción proporcionada a la magnitud de la crisis que azota a los ciudadanos. “La presión de las instituciones sobre las personas obliga a éstas a una legítima defensa”, argumenta Osés. El politólogo Íñigo Torrejón asegura que la PAH ha visibilizado lo que antes era una violencia “privada y extrema. Hasta ahora la violencia de echar a una familia a la calle sin que tenga adónde ir, era algo privado. La PAH lo ha politizado, lo ha hecho público”.
Ada Colau, el rostro visible de la PAH, niega que las actuaciones de la plataforma constituyan ningún tipo de acoso ni hayan superado los límites de la legitimidad: “Nos estamos volviendo locos y hemos dejado de ver el conjunto. El límite no lo han traspasado los ciudadanos, sino la praxis bancaria y los gobiernos que les inyectan dinero público mientras la gente se tira por la ventana”. Según la activista, la plataforma apela “a la conciencia individual de cada diputado”, pidiéndole que vaya “más allá de la disciplina de voto del partido”.
Sin embargo, en España, con un sistema electoral de listas cerradas, los diputados están sujetos a la llamada disciplina de voto. “El hecho de que el diputado piense que debe rendir cuentas solo ante sus jefes supone una quiebra en el sistema”, opina Toharia.
Vivas pone el acento en la pugna entre legalidad y legitimidad. “Hay acciones que pueden ser ilegales desde un punto de vista jurídico, como ocupar locales vacíos, y sin embargo son totalmente legítimas”. Ayer, 200 activistas de la PAH ocuparon una sede de Banesto en el paseo de Gràcia de Barcelona.
“La legalidad es un concepto construido. Lo legal debería ser legítimo y lo legítimo debería hallar un cauce de legalidad, aunque no siempre es así”, abunda el psicólogo Jaume Funes. Y ahonda en cómo los jóvenes se rebelan contra los imperativos del sistema: “Para tratar los escraches no sirve con invocar que algo es legal. El argumento de muchos jóvenes es: ‘será legal, pero no mi legalidad’. No se sienten representados por un sistema que ven injusto”. Mir añade: “Las autoridades deberían reflexionar sobre los riesgos de carecer de espacios para el debate político más allá de las elecciones”.
Según el politólogo Errejón, las líneas rojas “se traspasan desde hace tiempo. Hay quien considera que pegar pegatinas y hacer sonar una cacerola es grave. Quizá, pero hace mucho que esta gente no son los primeros en quebrantar las cosas”.
Los críticos con estas acciones sostienen sin embargo que se ha traspasado una línea roja fundamental. Y que es preciso poner coto a este tipo de protestas. El portavoz popular en el Congreso, Alfonso Alonso, remitió ayer mismo una carta a los diputados de su grupo en la que señalaba que “algunos compañeros y sus familias han sufrido situaciones de acoso que no debemos pasar por alto" y les indicaba que, ante “cualquier amenaza”, mantuviesen la calma e informaran a la dirección del partido, que tomaría las "medidas legales oportunas". La número dos socialista, Elena Valenciano, mostró su apoyo expreso a lo declarado previamente por la vicepresidenta del Gobierno: “Sé que la gente lo está pasando mal”, señaló. “Pero no se puede promover la violencia y el acoso a gente a la que se ha votado”.
El más reciente, el miércoles en Valencia, se realizó frente a la vivienda de Esteban González Pons, vicesecretario de Estudios y Programas del Partido Popular, que no estaba en casa en ese momento. Pero su familia sí estaba. “Entraron en el portal, subieron hasta la casa, aporrearon la puerta durante 45 minutos. Ésta no es la forma de convencerme”, manifestó al enterarse de los hechos. Pons, que ha interpuesto una denuncia al considerar que se trata de ataques a “representantes de la soberanía popular”, aseguró ayer a El PAÍS: “Asustar a mi familia es un método mafioso. Hoy lo hacen para que los políticos cambiemos el voto. Mañana lo harán con los jueces y pasado con los periodistas. Es muy peligroso. Dicen que me van a señalar, pero señalar es lo que hacían los nazis con los judíos”. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, se manifestó de forma similar tras el Consejo de Ministros. Aseguró que algunas actuaciones “invaden los derechos de otros”, mientras pedía “respeto” a los políticos y “especialmente a sus familias”, que sufren manifestaciones frente a sus casas.
¿Son legales estas actuaciones? ¿Canalizan el malestar social de modo democrático o son meras acciones de coacción? “Las movilizaciones ciudadanas que echan el aliento en la nuca del político, pero solo el aliento, están más que legitimadas”, señala Jesús María Osés, profesor de Historia del Pensamiento Político en la Universidad Pública de Navarra. “El límite infranqueable es la violencia física. O que la presión se ejerza contra la familia”. La PAH asegura que se trató de una “señalación pública y pacífica”, pero González Pons lo ve de manera muy diferente y acusa a la plataforma de “intimidar” a su familia llamando al timbre de su casa.
El señalamiento (o escrache) nace en Argentina. Escrachar implica evidenciar a personas que pretenden pasar desapercibidas. Los primeros fueron impulsados por Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (HIJOS). “Ante la impunidad de las leyes de punto final, que impedían juzgar a los responsables de la dictadura, promovieron los señalamientos. Consideraban que si el Estado no daba respuestas, era legítimo que la ciudadanía supiera quienes eran y qué habían hecho”, explica Jordi Mir, profesor del centro de estudios sobre los movimientos sociales de la Universitat Pompeu Fabra.
España vive la peor crisis desde la restauración de la democracia y solo el año pasado se ejecutaron 46.408 hipotecas, según datos del Poder Judicial. El drama de los desahucios afecta, pues, a centenares de miles de personas. En este contexto, “se llega a la conclusión que las movilizaciones tradicionales no surten efecto. Como no se puede salir de la agenda política, se importan medidas extranjeras con la esperanza de que funcionen”, plantea Juan Carlos Revilla, profesor de Psicología Social de la Complutense.
¿Es comparable la situación argentina y española? “Es difícil apoyarlo sin reservas, porque los diputados no se esconden ni han hecho nada reprobable. Solo han manifestado dudas a la propuesta. Tengo reticencias de que sea la mejor opción”, señala Revilla.
La catedrática de ética Victoria Camps cree que se trata de un ejercicio de libertad de expresión, siempre y cuando se ajuste a unos límites precisos. “Es legítima si es pacífica, se produce en la vía pública y no se viola el espacio privado. Ellos son nuestros representantes. Si la gente quiere que conozcan su realidad, están en su derecho de informar, incluso si es de forma tan directa”.
La jurista Magda Oranich considera que es “lícito, siempre que no haya coacciones ni amenazas”, pero se manifiesta en contra. “No creo que sea la mejor forma de presión en democracia. Los diputados han sido elegidos, te guste o no”. En su opinión, sería mejor “manifestarse ante el Congreso, pero nunca en el domicilio”, porque se coacciona no solo al político, “que lo lleva implícito en el cargo”, sino “a sus hijos y vecinos”, que nada tienen que ver.
Según una encuesta publicada por EL PAÍS el domingo, el 67% desconocía la campaña de escrache de la PAH. Aunque el 89% —el 87% entre votantes del PP— aseguraba estar de acuerdo. El catedrático de Sociología y presidente de Metroscopia, José Juan Toharia, abunda en por qué: “El ciudadano es ambivalente en este tema. Aprecia que existe un riesgo de acoso, pero hay factores que hacen comprensibles estas campañas. La gente ve que la crisis no la provocan quienes la padecen. Además, pagan más los que menos tienen y los que son percibidos como culpables —los expertos financieros— no solo no han pagado, sino que reciben jubilaciones millonarias. Ese es el telón de fondo”.
Mir añade: “Nuestra sociedad es más sensible a la alteración del orden que a la violencia estructural, como la pobreza, cuando el verdadero sufrimiento lo padecen los afectados por la crisis, el desempleo y los desahucios”. Esther Vivas, investigadora de movimientos sociales, destaca que “se busca visualizar una realidad; que se vea que detrás de las decisiones políticas hay personas. Esta acción está a la altura de la situación de crisis que vivimos”.
La calificación como “violencia” del escrache genera también cierta controversia. Quienes las sufren se sienten “acosados” y consideran que se está vulnerando su derecho a la libertad. Hay quienes opinan, sin embargo, que es una reacción proporcionada a la magnitud de la crisis que azota a los ciudadanos. “La presión de las instituciones sobre las personas obliga a éstas a una legítima defensa”, argumenta Osés. El politólogo Íñigo Torrejón asegura que la PAH ha visibilizado lo que antes era una violencia “privada y extrema. Hasta ahora la violencia de echar a una familia a la calle sin que tenga adónde ir, era algo privado. La PAH lo ha politizado, lo ha hecho público”.
Ada Colau, el rostro visible de la PAH, niega que las actuaciones de la plataforma constituyan ningún tipo de acoso ni hayan superado los límites de la legitimidad: “Nos estamos volviendo locos y hemos dejado de ver el conjunto. El límite no lo han traspasado los ciudadanos, sino la praxis bancaria y los gobiernos que les inyectan dinero público mientras la gente se tira por la ventana”. Según la activista, la plataforma apela “a la conciencia individual de cada diputado”, pidiéndole que vaya “más allá de la disciplina de voto del partido”.
Sin embargo, en España, con un sistema electoral de listas cerradas, los diputados están sujetos a la llamada disciplina de voto. “El hecho de que el diputado piense que debe rendir cuentas solo ante sus jefes supone una quiebra en el sistema”, opina Toharia.
Vivas pone el acento en la pugna entre legalidad y legitimidad. “Hay acciones que pueden ser ilegales desde un punto de vista jurídico, como ocupar locales vacíos, y sin embargo son totalmente legítimas”. Ayer, 200 activistas de la PAH ocuparon una sede de Banesto en el paseo de Gràcia de Barcelona.
“La legalidad es un concepto construido. Lo legal debería ser legítimo y lo legítimo debería hallar un cauce de legalidad, aunque no siempre es así”, abunda el psicólogo Jaume Funes. Y ahonda en cómo los jóvenes se rebelan contra los imperativos del sistema: “Para tratar los escraches no sirve con invocar que algo es legal. El argumento de muchos jóvenes es: ‘será legal, pero no mi legalidad’. No se sienten representados por un sistema que ven injusto”. Mir añade: “Las autoridades deberían reflexionar sobre los riesgos de carecer de espacios para el debate político más allá de las elecciones”.
Según el politólogo Errejón, las líneas rojas “se traspasan desde hace tiempo. Hay quien considera que pegar pegatinas y hacer sonar una cacerola es grave. Quizá, pero hace mucho que esta gente no son los primeros en quebrantar las cosas”.
Los críticos con estas acciones sostienen sin embargo que se ha traspasado una línea roja fundamental. Y que es preciso poner coto a este tipo de protestas. El portavoz popular en el Congreso, Alfonso Alonso, remitió ayer mismo una carta a los diputados de su grupo en la que señalaba que “algunos compañeros y sus familias han sufrido situaciones de acoso que no debemos pasar por alto" y les indicaba que, ante “cualquier amenaza”, mantuviesen la calma e informaran a la dirección del partido, que tomaría las "medidas legales oportunas". La número dos socialista, Elena Valenciano, mostró su apoyo expreso a lo declarado previamente por la vicepresidenta del Gobierno: “Sé que la gente lo está pasando mal”, señaló. “Pero no se puede promover la violencia y el acoso a gente a la que se ha votado”.
el dispreciau dice: muchas conductas sociales nacieron en Argentina, a partir de los atropellos ejercidos durante décadas, de distintas maneras, desde los poderes políticos, militares y eclesiásticos en contra de una sociedad golpeada una y otra vez por antojos, atropellos y más, mucho más. Los hechos más aberrantes padecidos por los argentinos se enfocan en la década del setenta, desde sus albores y hasta su conclusión aberrante con el desenlace de la tragedia de Malvinas, un conflicto que dio por tierra con los mesianismos de militares con muchas medallas y pocas batallas ciertas... junto con dicho estigma, los argentinos cargamos con la "década infame" cursada durante el período 1990-1999... donde el país fue prolijamente arrasado hipotecándose el futuro de toda una sociedad... desde luego estos hechos no son los únicos, pero sí los más destacables por los alcances del drama impuesto a una sociedad harta de mentiras. Falsos y falaces ministros de economía asociados al modelo corporativo de la tragedia social, se llevaron puestas las ilusiones, las esperanzas, y los pocos bienes de gentes de trabajo, al sólo efecto de satisfacer a una clase política atrapada por angurrias y avaricias interminables, ignorante por excelencia, bárbara en esencia, obsecuente por incapacidad, siempre escondida u oculta tras las bambalinas de un peronismo que se ha extinguido junto Evita, y que hasta el propio Perón en su última etapa, no pudo ni fue capaz de resucitar. El país (Argentina) fue hipotecado en los noventa... pero lo más dramático, es que se hipotecó el futuro de las personas... un modelo, un sistema, una herramienta que se ha visto replicada en la Europa Medieval, mostrando que sus clases políticas están perimidas y corruptas, igual que las latinoamericanas, exhibiendo los mismos criterios vacíos de cualquier contenido social. Léase, a esta clase política las gentes les importan mucho menos que un bledo... demostrando que ellos (políticos) son oportunistas y usan y abusan de los votantes de las falsas democracias, consumidas por tanta barbarie suelta. El problema de allá (Europa) no difiere del de acá (Américas), o del perceptible en concierto africano o asiático... todos los políticos son ignorantes sueltos, disfrazados de gentes capaces, pero inútiles por excelencia, porque parten del precepto del cinismo, para luego avanzar en hipocresías, disimulos, burlas, necedades, negaciones... y el concierto matemático enseña resultados dramáticos para las sociedades humanas, que se ven envueltas en hipotecas usufructuadas por corporaciones bancarias vacías, antisociales por excelencia, socias de otras corporaciones marketineras que no aportan nada a sociedad alguna, al tiempo que cuentan con socios idiotas en todos los políticos, siempre dispuestos a borrar con el codo aquello que nunca escribieron con sus manos. El mundo está atrapado en el mismo problema... las democracias y las repúblicas (reinos, virreinos, principados, ducados, condados) han caducado... los modelos militares han caducado... las Iglesias han caducado... porque a todos se les han caído las caretas, dejando en evidencia lo aberrante de sus conductas... y junto con ello han caducado las empresas corporativas a escala multinacional, lavadoras de dineros robados, no más que eso... Todo indica que la humanidad con futuro hipotecado no le sirve a nadie... y al hacerlo... se consume en sí mismo. El barco se está hundiendo... y sus capitanes andan de fiesta, intentando gastar a cuenta de aquello que siempre robaron y nunca fueron capaces de producir... fin de fiesta. Esto no da para más... se terminó... los escraches, no son más que catarsis sociales por las agresiones recibidas... pero los escrachados... no tienen vergüenza por ende persistirán en sus conductas despreciativas. Marzo 23, 2013.-
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