Zara llega a un acuerdo con el Gobierno de Brasil por una acusación de practicar trabajo esclavo
La empresa eliminará "las precarias condiciones de trabajo" de sus proveedoras e invertirá 1,4 millones en acciones sociales
JUAN ARIAS| Río de Janeiro 20/12/2011
La empresa española Zara ha aceptado hacer una inversión millonaria social en Brasil tras una serie de denuncias de prácticas de trabajo en condiciones cercanas a la esclavitud en las proveedoras que tenía subcontratadas. El acuerdo ha sido firmado este lunes en Sao Paulo y lo avala el Ministerio de Trabajo del Gobierno brasileño.
La multinacional de ropa española se compromete en el acuerdo firmado (un un Término de Ajuste de Conducta) a eliminar "las precarias condiciones de trabajo de las empresas proveedoras" e invertir en acciones sociales 1,8 millones de dólares (1,4 millones de euros).
El documento establece también la creación por parte del grupo textil español de un fondo de emergencia para resolver eventuales situaciones de precariedad entre los empleados contratados por sus subsidiarias.
El acuerdo supone, según analistas brasileños, una admisión de culpa por las acusaciones de trabajo en condiciones de esclavitud que trabajan para la empresa. En un principio Zara había negado esas mismas acusaciones, alegando que se trataba de empresas subcontratadas y que ella ignoraba el asunto.
Según la empresa española, "el acuerdo demuestra el compromiso y el interés del Grupo Inditex (matriz) y de Zara Brasil para reforzar el control de la cadena a través del cumplimiento de la legislación brasileña y del código de conducta de la compañía por parte de sus proveedores y empresas subcontratadas".
El Ministerio de Trabajo brasileño había llegado a pedir una indemnización de 20 millones de reales (8,2 millones de euros) para reparar "daños colectivos" que Zara rehusó aceptar en noviembre.
Por parte de Brasil, en un comunicado de la procuraduría laboral, se afirma que con la firma del acuerdo incentivará la promoción de los derechos humanos "principalmente de los trabajadores inmigrantes", mediante, por ejemplo, "la creación de talleres de costura y la capacitación del personal".
Los programas sociales a los que la empresa española se ha comprometido serán organizados por la ONG Centro Pastoral del Emigrante, dirigida por la Iglesia Católica, el Centro de Apoyo al Inmigrante (Cami) y la Asociación Nacional de Extranjeros de Brasil (ANEIB).
La disputa comenzó en agosto cuando el Ministerio Público de Trabajo abrió 52 procesos de infracción a Zara al haber hallado evidencias de que la firma AHA, uno de los proveedores de la española en Brasil, compraba ropa elaborada en dos talleres donde los trabajadores, procedentes sobre todo de Bolivia y Perú, eran sometidos a condiciones equivalentes a la esclavitud. Entre ellas, el trabajar en lugares totalmente insalubres, con horarios excesivos, mal remunerados y sin respeto a los derechos más elementales del trabajador.
El director global de Asuntos Corporativos de Inditex, Jesús Echevarría compareció en septiembre en audiencia pública en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de Brasil. Allí manifestó la intención de la empresa de colaborar con las investigaciones y resolver la situación.
Según comentarios de la parte brasileña, Zara ha preferido no enfrentarse a las autoridades laborales del Gobierno, considerada la elevada inversión que la multinacional española mantiene en el país, con más de 30 tiendas en funcionamiento.
El documento establece también la creación por parte del grupo textil español de un fondo de emergencia para resolver eventuales situaciones de precariedad entre los empleados contratados por sus subsidiarias.
El acuerdo supone, según analistas brasileños, una admisión de culpa por las acusaciones de trabajo en condiciones de esclavitud que trabajan para la empresa. En un principio Zara había negado esas mismas acusaciones, alegando que se trataba de empresas subcontratadas y que ella ignoraba el asunto.
Según la empresa española, "el acuerdo demuestra el compromiso y el interés del Grupo Inditex (matriz) y de Zara Brasil para reforzar el control de la cadena a través del cumplimiento de la legislación brasileña y del código de conducta de la compañía por parte de sus proveedores y empresas subcontratadas".
El Ministerio de Trabajo brasileño había llegado a pedir una indemnización de 20 millones de reales (8,2 millones de euros) para reparar "daños colectivos" que Zara rehusó aceptar en noviembre.
Por parte de Brasil, en un comunicado de la procuraduría laboral, se afirma que con la firma del acuerdo incentivará la promoción de los derechos humanos "principalmente de los trabajadores inmigrantes", mediante, por ejemplo, "la creación de talleres de costura y la capacitación del personal".
Los programas sociales a los que la empresa española se ha comprometido serán organizados por la ONG Centro Pastoral del Emigrante, dirigida por la Iglesia Católica, el Centro de Apoyo al Inmigrante (Cami) y la Asociación Nacional de Extranjeros de Brasil (ANEIB).
La disputa comenzó en agosto cuando el Ministerio Público de Trabajo abrió 52 procesos de infracción a Zara al haber hallado evidencias de que la firma AHA, uno de los proveedores de la española en Brasil, compraba ropa elaborada en dos talleres donde los trabajadores, procedentes sobre todo de Bolivia y Perú, eran sometidos a condiciones equivalentes a la esclavitud. Entre ellas, el trabajar en lugares totalmente insalubres, con horarios excesivos, mal remunerados y sin respeto a los derechos más elementales del trabajador.
El director global de Asuntos Corporativos de Inditex, Jesús Echevarría compareció en septiembre en audiencia pública en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de Brasil. Allí manifestó la intención de la empresa de colaborar con las investigaciones y resolver la situación.
Según comentarios de la parte brasileña, Zara ha preferido no enfrentarse a las autoridades laborales del Gobierno, considerada la elevada inversión que la multinacional española mantiene en el país, con más de 30 tiendas en funcionamiento.
el dispreciau dice: la dignidad humana se atropella, luego el estado ausente acuerda con la corporación, se arreglan los dineros y aquí no ha pasado nada, todo está bien. ¿Quién regresa a los damnificados la dignidad robada?, ¿quién libera a los esclavos de sus penas?... indudablemente algo anda mal en la cabeza humana. Esto, aunque no lo parezca, también es terrorismo de estado tanto como para la corporación es un delito de lesa humanidad... a esta altura de la civilización,
esto es inadmisible... peor aún cuando nadie asume los daños que se producen en las personas. Esto, sólo denigra la condición humana y no hay argumento alguno que lo justifique. Diciembre 20, 2011.-
No hay comentarios:
Publicar un comentario