Editorial
Los riesgos de la diversidad energética
Autor: Dirección
28 marzo de 2018 - 12:00 AM
Pensar que las energías alternativas van a ser, en el corto plazo, las que le den seguridad energética al país es, además de ingenuo, abrir una puerta enorme para que se cometan errores que ya hemos tenido que enfrentar en el pasado.
Medellín
Mediante el decreto 570, expedido por el ministerio de Minas y Energía la semana pasada, el Gobierno Nacional fijó los lineamientos para diversificar la matriz energética vía proyectos de generación que utilicen fuentes renovables, con el objetivo de mejorar el acceso, aumentar la eficiencia y reducir la emisión de gases contaminantes. En palabras del titular de esa cartera, Germán Arce, el documento sienta las bases para que Colombia ingrese a la era de la generación con energías renovables que, a su juicio, brindará seguridad al país si en algún momento faltan el agua y el gas, que son las principales fuentes actuales, o en momentos de contingencia como el fenómeno de El Niño.
Según los presupuestos del ministerio, La Guajira sería el lugar indicado para el asentamiento de proyectos de energía eólica, mientras en la región Caribe y los Llanos se asentarían las iniciativas de energía solar.
Es bueno saber que el ministerio de Minas y la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme) están pensando desde ya en cómo diversificar la matriz energética del país, pero debe quedar absolutamente claro que proyectos como los que anima el decreto en mención son a muy largo plazo. Pensar que las energías alternativas van a ser, en el corto plazo, las que le den seguridad energética al país es, además de ingenuo, abrir una puerta enorme para que se cometan errores que ya hemos tenido que enfrentar en el pasado debido a la falta de planeación y, sobre todo, a que no se cuidó un concepto que en esta materia resulta esencial, como es el de la firmeza.
Es bueno saber que el ministerio de Minas y la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme) están pensando desde ya en cómo diversificar la matriz energética del país, pero debe quedar absolutamente claro que proyectos como los que anima el decreto en mención son a muy largo plazo. Pensar que las energías alternativas van a ser, en el corto plazo, las que le den seguridad energética al país es, además de ingenuo, abrir una puerta enorme para que se cometan errores que ya hemos tenido que enfrentar en el pasado debido a la falta de planeación y, sobre todo, a que no se cuidó un concepto que en esta materia resulta esencial, como es el de la firmeza.
Cabe recordar que en el fenómeno de El Niño de entre 2015 y 2016 fueron las circunstancias variables de acceso al gas natural las que llevaron a las generadoras térmicas, para poder cumplir con sus compromisos de energía en firme, es decir de suministro continuo, a tener que recurrir al diésel como recurso de generación, lo que derivó en un aumento de precios y en que se desvelara el mal uso que estas empresas habían hecho del cargo por confiabilidad que los usuarios hemos pagado por años para que estas plantas estuvieran operativas en caso de un declive en el suministro de las hidroeléctricas. Si el Estado quiere empezar a pensar en ideas para garantizar la resiliencia de un sistema de generación colapsado, la capacidad de respuesta ya está dada, precisamente mediante el uso del gas, cuyas fuentes de suministro, según lo expuesto en el recién celebrado Congreso de Naturgas, no solamente están en el país sino en el mercado internacional, sin necesidad de inversiones tan cuantiosas como las que hoy se necesitarían para que las energías alternativas arañen siquiera un pequeño porcentaje de la participación.
Basta mirar las cifras para darse cuenta de que el camino de diversificación energética será bastante largo. Entre las grandes hidroeléctricas y las microcentrales existentes en el país, se genera el 86 % de la energía, mientras que las centrales térmicas, bien sea a gas, a carbón o a combustibles líquidos, generan algo cercano al 13 %, quedando para las energías solar y eólica el 0,01 % y el 0,005 %, respectivamente. Que estas dos sean las que le generen al país seguridad energética, insistimos, no solo se requiere tiempo y unas inversiones cuantiosas sino una garantía de firmeza, es decir, de continuidad en el suministro, que francamente no vemos viable, por la naturaleza misma del recurso en el caso del viento y por los problemas aún sin resolver del almacenamiento en el caso de la solar.
La eficiencia de la energía hidroeléctrica, en cambio, es incuestionable. El agua, como recurso base, es renovable en tanto se cuide su ciclo mediante la reforestación y la protección de cuencas; la energía que se genera es limpia y sostenible, a la vez que el sistema mismo de generación actúa como regulador de las corrientes de agua y añade beneficios como el aprovechamiento turístico y pesquero. En cuanto al gas, si bien no es renovable, es el recurso ideal para suplir las contingencias, no solamente porque hay reservas probadas suficientes sino porque el país ya ha recorrido un camino y realizado unas inversiones encaminadas en ese sentido, que ahora no se pueden desechar.
Insistimos en que nunca podrá ser mal visto que se explore, se investigue y se invierta en energías alternativas que le permitan al país ir acumulando un conocimiento y una experiencia, como lo ha hecho EPM, que desde 2004 opera en La Guajira el proyecto Jepírachi, cuya capacidad instalada es de 19,5 MW, algo así como el 0,8% de lo que proyecta generar HidroItuango, la mayor de las centrales hidroeléctricas que tendrá el país, una vez entre en plena operación, hacia el año 2021. Pero es una tarea que debe hacerse muy paulatinamente, para que la generación por esas vías vaya ganando participación en el mercado a la vez que avanzan las tecnologías para captar y aprovechar el recurso de la manera más eficiente posible.
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