Las políticas de empleo, fiasco total
La intermediación laboral pública es un desastre completo, sin paliativos, monumental
La ministra de Empleo, Fatima Bañez, habla con Alberto Montero, diputado de Podemos y presidente de la Comisión de Empleo JAIME VILLANUEVA
Si ninguna chapuza, improvisación o torpeza adicional lo impide, el Gobierno prorrogará mañana viernes, hasta el mes de abril, el Plan Prepara. Ese plan de alivio mínimo de entre 400 y 450 euros al mes para los parados que hayan agotado el seguro de desempleo y carezcan de todo ingreso ha beneficiado a casi un millón de arrinconados desde 2011.
Esto, que parece una buena noticia, lo es. Pero lo que es una mala noticia es cómo se ha llegado a ella. Las comunidades autónomas, que ostentan la gestión (la ventanilla del Prepara), pero no su dotación, han impuesto al Gobierno sus condiciones para que pueda prorrogarlo, después de que el Constitucional reafirmase sus competencias.
También es bueno que cada Administración ejerza y defienda sus funciones, según el reparto constitucional. Pero no es nada nuevo que eso se haga en beneficio de las políticas más reaccionarias (por inútiles), posibles.
Esto es lo que ha pasado. Que las autonomías han presionado al Ministerio de Empleo para que este “descalificase” a las empresas privadas de intermediación: no las incluirá más en la lista de indicadores que se tienen en cuenta para repartir los fondos para la intermediación laboral.
Con un criterio de defensa de lo público, sin tener en cuenta si toda gestión pública es o no, siempre o a veces, nunca o en ocasiones (todo depende de muchos factores) más eficiente que la privada. Y en este caso hay que lamentar que la intermediación laboral pública —la gestión de la recolocación de trabajadores en paro, así como el resto de políticas activas de empleo— es un desastre completo, sin paliativos, monumental. E internacionalmente vergonzoso.
La intermediación privada (desde las ETT más oportunistas ante la precariedad, que las hay, hasta Cruz Roja o Cáritas), ha colocado desde que actúa (2014) al 11% de los trabajadores que atendió: la Administración les remitió 194.000 personas; hizo gestiones para 80.000 y encontró empleo para 9.200, según datos de la patronal del sector, Asempleo.
En contraste, el sector público solo interviene en el 3% de las colocaciones; el 92,3% de los parados no recibió entre 2011 y 2015 ningún servicio en las oficinas públicas de empleo; y el servicio que produce más éxito, el adiestramiento y asesoría en técnicas de búsqueda de empleo, solo se le prestó al 0,15%, según un estudio de Fedea de marzo.
Estudio confirmado en julio por la EPA en un trabajo de campo sobre jóvenes desempleados: solo un 2,4% encontró trabajo gracias a las oficinas del servicio estatal de empleo (o las autonómicas), mientras que cuatro de cada diez jóvenes (casi veinte veces más) se colocaron gracias a familiares o amigos.
Y es que los servicios públicos de empleo son miserables en España: la cuarta parte de funcionarios que en Alemania o la octava que en Reino Unido (tras nivelar el número de demandantes de empleo por oficina); y el 0,03% del PIB (contra el 0,17% en Alemania) de recursos destinados a servicios de colocación. Por eso España recoloca a un 3%, y el Reino Unido, al 86%.
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