Segunda denuncia del fiscal contra Lula en menos de una semana
La ofensiva del Ministerio Público y las confesiones de compañeros de partido complican cada día más la situación del expresidente
São Paulo
Lula, aclamado la pasada semana en un acto en el Estado de Sergipe. PAULO WHITAKER REUTERS
Por si ya no fuera bastante complicada, la situación judicial del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula de Silva se ha agravado enormemente en pocos días. La fiscalía del país ha presentado este lunes una nueva denuncia contra Lula, la segunda en menos de una semana, acusado de nuevo de favorecer desde el Gobierno a empresas privadas a cambio de fondos para el Partido de los Trabajadores (PT). Lula, ya con una primera condena a nueve años de prisión, tiene además otros cinco procesos judiciales abiertos por corrupción.
El expresidente regresó la semana pasada después de tres semanas de triunfal recorrido por el Nordeste del país, su gran feudo electoral y la zona más pobre de Brasil, donde importantes sectores de la población todavía le consideran un héroe, agradecidos por las políticas sociales de sus ocho años de Gobierno. El maratón preelectoral resultó un constante baño de masas para el expresidente, que fue reiteradamente jaleado para aspirar de nuevo a la jefatura del Estado en las elecciones presidenciales del próximo año.
Pero el mismo día que estaba cerrando su recorrido por el Nordeste, el pasado martes día 4, en la ciudad de San Luis, en el estado de Maranhão, la justicia volvía a actuar para poner en entredicho sus planes de repetir como candidato. El fiscal general de la República, Rodrigo Janot, anunciaba la presentación de una denuncia contra él, la también expresidenta Dilma Rousseff y varios dirigentes del PT, todos ellos acusados de organización criminal por supuestamente urdir una trama para el cobro de sobornos de la constructora Odebrecht, protagonista del mayor escándalo de corrupción de América Latina.
Más dura aún para Lula que esa denuncia de la fiscalía resultó la declaración judicial al día siguiente del que fue su ministro de Hacienda y hombre de la máxima confianza, António Palocci. Tras varios meses en prisión, Palocci se decidió a colaborar con el juez Sérgio Moro, principal impulsor de la Operación Lava Jato, a quien relató que Lula habría alcanzado un "pacto de sangre" con Odebrecht para otorgar contratos a la constructora a cambio de garantizar financiación para el PT y favores personales, como el supuesto regalo de una casa de campo. La proximidad de Palocci a Lula y su negativa hasta ahora a implicar al expresidente convirtieron esa declaración en uno de los mayores reveses sufridos en su calvario judicial por quien todavía aspira a retornar a la jefatura del Estado.
La semana negra se ha completado este martes con la presentación de otra denuncia. Esta vez es la Fiscalía del Distrito Federal de Brasilia la que asegura haber recogido pruebas de que empresas automovilísticas pagaron seis millones de reales (1,5 millones de euros) a Lula a través del que era su jefe de gabinete en la Presidencia de la República, Gilberto Carvalho. La contrapartida, en esta ocasión, habría sido una prórroga de cinco años de un régimen de exenciones fiscales para ese sector industrial. Como suele ser habitual, Lula negó las acusaciones y denunció, una vez más, la "manipulación del sistema judicial brasileño para una persecución política que ya no se puede disimular".
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