La supervisión de los edificios dañados tras el terremoto genera desconfianza en los mexicanos

Las autoridades han revisado más de 10.000 edificios y han dado luz verde a 9.000, entre la inquietud por la calidad de los controles

Una mezcla de descontrol administrativo, incertidumbre y miedo, también de neurosis, golpea la supervisión de los edificios dañados tras el terremoto que sacudió al centro de México la pasada semana. Las autoridades han revisado ya más de 10.000 edificios de Ciudad de México y han garantizado que 9.000 son habitables. No aclaran, sin embargo, si los restantes tendrán que ser derrumbados o si después de las obras que requieren, los vecinos podrán volver a su casa. La desconfianza sobre la calidad de las supervisiones, en las que participan unas 4.000 personas, se ha instalado en la ciudadanía.

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Mariana Sandoval, de 24 años, regresó a su casa unas horas después del terremoto del pasado martes, que ha dejado ya más de 330 muertos, miles de heridos y decenas de miles de damnificados. Todo estaba patas arriba; las escaleras de caracol del edificio, repletas de cristales rotos. Recogió algo de ropa y se fue. Al día siguiente, Protección Civil envió un grupo de arquitectos, jóvenes en su mayoría, para hacer una evaluación rápida del inmueble. Garantizaron que no había daños estructurales. Los vecinos, no obstante, desconfiaron y pidieron una segunda opinión. Otro grupo de especialistas comprobó que dos muros –no de contención– estaban dañados. El sábado por la mañana, parte del yeso del techo de la casa de Sandoval se vino abajo.

Desde el pasado martes hasta el lunes en la noche, según el último informe del Gobierno de la Ciudad de México disponible, se han revisado 10.903 inmuebles, de los cuales 9.095 tienen calificación verde, es decir, son seguros y habitables. Las autoridades no concretan si el resto están notificados con el color amarillo –no hay riesgo de colapso, pero tampoco son habitables hasta que se realicen una serie de obras– o rojo. En este último caso, el riesgo de derrumbe es casi completo, aunque no del 100%, según explicó el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera.

El procedimiento para solicitar la revisión es inversamente proporcional al caos que supone su desarrollo, a tenor de lo consultado con diversos ingenieros, arquitectos y damnificados. Cualquier persona que sienta que su casa ha sido dañada puede solicitar un estudio a Protección Civil. El miedo y la incertidumbre han desbordado las previsiones y ha evidenciado una carencia en los protocolos. Protección Civil se ha visto obligado a apoyarse en unas brigadas de arquitectos e ingenieros para poder hacer frente a todas las solicitudes de revisión. En total, unas 4.000 personas se desenvuelven en esta tarea, que podría extenderse entre cuatro y ocho semanas. “Están rebasados por la cantidad de edificios con daños reportados”, asegura Sergio Alcocer, vicepresidente del Colegio de Ingenieros Civiles de México (CICM), que critica que muchas de esas brigadas están compuestas por estudiantes y arquitectos “que no tienen ni la menor idea”.

“Se están haciendo las cosas bien”, defiende el ingeniero Mario Zárate, experto en evaluación de estructuras, que participa en este grupo que sirve de consultores a Protección Civil, los dueños de la última palabra sobre el futuro del inmueble. Admite que hay estudiantes de Arquitectura e Ingeniería participando en las visitas, pero asegura que en ningún caso tienen la última palabra, que corresponde a especialistas. “Lo más importante es quitar el miedo a las personas con estrés postraumático, esa es la parte más complicada”, afirma Zárate.

No solo el miedo, también la desconfianza se ha instalado entre muchos de los damnificados, que consideran que las revisiones no son suficientes. “Solo miran desde lejos, nos dicen que no hay daño estructural y se van”, critica Yolanda Ortiz, de 74 años, que lleva viviendo casi toda la vida en la Condesa, uno de los barrios más afectados tras el sismo. Después de dos días en un albergue decidió regresar a su casa, aunque los edificios colindantes están desalojados. “No queremos brigadas, queremos gente con experiencia, que nos den el papel que certifique que todo está bien y no tendremos ningún problema”, insiste. Mientras llega ese papel –el certificado con los colores del semáforo-, muchos vecinos y propietarios de edificios recurren a consultas privadas para asegurarse que los inmuebles están bien. “Hay lugares que han sido revisados por cinco grupos distintos”, asegura Sergio Alcocer. Aunque puedan coincidir en el diagnóstico global –que el edificio esté o no en riesgo de colapso-, se dan muchos casos en los que cada experto encuentra un problema distinto del otro, dependiendo de la exhaustividad de la inspección.

“Hay propietarios que están preocupados por sus vecinos y piden varias revisiones”, asegura Zárate, que no ha parado de inspeccionar inmuebles. “Pero también se dan casos de edificios y departamentos en los que no está claro a qué ingeniero o arquitecto han consultado. Hay corrupción, no hay que taparlo, hay inspecciones falsas y eso corresponde a las autoridades”, insiste este estructuralista.

Otro de los debates que han surgido en las últimas horas es cuándo deberán ser derrumbados los edificios que hayan quedado inhabitables. Alcocer alerta que es una decisión muy delicada, porque el uso de maquinaria pesada en algunas zonas afectadas por el sismo aún puede dañar edificios colindantes. A ello hay que sumar otra corriente, de quienes piden no derrumbar ningún inmueble hasta que no se tengan analizadas las consecuencias del colapso. “Si no, se seguirán cometiendo los mismos errores y seguirán gobernando los intereses inmobiliarios”, apunta René Coulomb, sociólogo y urbanista, para quien es el momento de evaluar “la corrupción inmobiliaria descarnada que se ha producido en los últimos 15 años, hay que revisar la normativa y endurecer los controles”. “Se ha producido un crecimiento desmedido de edificios, a veces demasiado acelerado. No se ha elaborado una inspección correcta y la supervisión posterior ha sido mala”, concuerda Zárate.

De los 187 muertos confirmados por las autoridades en lunes en la noche, al menos 165 fallecieron en edificios con un promedio de antigüedad de 43 años, según el diario Reforma. Sergio Alcocer considera que se han mejorado algunos aspectos en la construcción de los inmuebles desde el terremoto de 1985. No solo: “Es cierto que la ciudad estuvo funcionando casi completamente 24 horas después de la tragedia”. No obstante, el vicepresidente del CICM admite que la ciudad no está lo suficientemente preparada. “No se puede generalizar, pero hay una tendencia entre los desarrolladores para exprimir los gastos”, opina. “Hay una presión para ahorrar en un mercado en el que tienes que sobrevivir. Además, hay cada vez un mayor desinterés por el diseño de las estructuras. Quien acepta esa rebaja en los precios, termina por tener una estructura mal preparada. Y eso es lo que no puede ocurrir. ¿O si tienes un infarto no querrás el mejor cardiólogo?”.