La alimentación, un derecho humano
Los países que han incluido en sus políticas las necesidades de los más vulnerables han logrado mayores impactos en la lucha contra el hambre
Un puesto de venta de tomates en El Cairo (Egipto). ©FAO AMI VITALE
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Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que los lectores de este espacio conocen bien, marcan un cambio notable en la agenda de desarrollo internacional. Por primera vez hay un programa para la acción que se dirige al conjunto de los países: a todos ellos. Y con un giro hacia la importancia de definir y adoptar políticas que se adapten al contexto y prioridades de cada país.
El balance de lo conseguido por los Estados bajo los anteriores Objetivos de Desarrollo del Milenio nos muestra que es posible avanzar en la erradicación del hambre. Pero también deja claro que hay que acelerar los esfuerzos y afrontar nuevos retos. Si seguimos actuando como hasta ahora, las estimaciones indican que para el año 2030, el número de personas con hambre crónica solo bajará de los cerca de 800 millones de actuales a unos 650 millones. Y, por otro lado, la población con sobrepeso y obesidad se multiplicará por 2,5 veces aproximándose a los 3.300 millones. Casi nada.
El hambre y la malnutrición son problemas políticos. Y por tanto, su solución pasa por abordar esa naturaleza política. Para ello tenemos que situarnos en perspectiva de los últimos 10.000 años, cuando la agricultura y la ganadería dieron inicio a una transformación profunda de las condiciones en las que evolucionó la humanidad, de nuestro entorno y de las capacidades para intervenir en el mismo.
Hemos transformado nuestros modos de vida a tal velocidad que nuestra biología no responde al mismo ritmo
En este enorme lapso de tiempo no solo hemos desarrollado una capacidad de intervenir sobre el planeta que ha generado el cambio climático o la transformación de grandes extensiones. También hemos transformado nuestros modos de vida a tal velocidad que nuestra biología no responde al mismo ritmo que esos cambios y muchos mecanismos biológicos desarrollados como defensa ante situaciones adversas generan patologías masivas. Y, además, en tantos milenios hemos desarrollado y cambiado los modos de organizar nuestras sociedades, los mecanismos para disfrutar y asignar los recursos del planeta.
Hoy, por primera vez hemos llegado a la conclusión de la finitud del planeta y hemos asumido la necesidad de redefinir colectivamente el modo en que disfrutamos de él. Ese esfuerzo colectivo requiere de un nuevo pacto social.
La buena noticia es que tenemos un modelo de acuerdo muy a mano: los derechos humanos. La declaración universal de derechos humanos (1948) es mucho más que una declaración ética: es una propuesta de un programa de desarrollo equitativo para toda la humanidad.
El derecho a la alimentación se funda en los artículos 3 y 25 de esa declaración, que respectivamente establecen el derecho de toda persona a la a la vida, a la libertad y a la seguridad así como a un nivel de vida adecuado que le asegure la salud y el bienestar. Y, en especial, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios.
En 1966 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó además el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el cual ya ha sido ratificado por 164 países. En su artículo 11, los Estados partes reconocen el derecho de cada persona a un nivel de vida adecuado, incluyendo la alimentación. Reconocen como derecho fundamental el estar protegido contra el hambre y se comprometen a proteger y tomar medidas, individualmente y mediante la cooperación internacional, hacer efectivos esos derechos.
En 1999, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, proveyó de una detallada interpretación sobre el contenido del derecho a una alimentación adecuada, aclarando que: "El derecho a la alimentación adecuada se ejerce cuando todo hombre, mujer o niño, ya sea solo o en común con otros, tiene acceso físico y económico, en todo momento, a la alimentación adecuada o a medios para obtenerla".
También hace notar que, aunque el derecho a la alimentación adecuada tendrá que alcanzarse progresivamente, los Estados tienen la obligación básica de adoptar las medidas necesarias para mitigar y aliviar el hambre, incluso en caso de desastre natural o de otra índole. Por tanto, un enfoque de derechos humanos implica una protección legal y, consecuentemente, establecer unas normas claras que definan ese derecho y su aplicación. Pero también, los mecanismos de recurso que permitan a las personas hacer valer sus derechos.
Un segundo elemento de es enfoque de derechos humanos es la enorme importancia del cómo. Porque implica la adopción de una serie de principios y criterios que orienten las políticas y la acción de las diferentes partes. Hablamos de principios como dar prioridad a los más vulnerables, equidad de género, participación, rendición de cuentas, no discriminación, transparencia, empoderamiento, respeto de la dignidad e imperio de la ley.
Si el Estado no tiene capacidad para que hacerlo efectivo, el derecho a la alimentación queda como un enunciado vacío
La dimensión legal necesita ser respaldada por las correspondientes capacidades para que se haga efectiva, de otro modo el derecho a la alimentación queda como un enunciado vacío. En 2004, los países miembros de FAO, aprobaron las Directrices Voluntarias en apoyo de la realización progresiva del derecho a la alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional.
Esas directrices ofrecen un amplio menú de políticas que orientan a los países y a los actores no gubernamentales a diseñar y llevar a cabo soluciones acordes a su contexto y fortalecer la coherencia de las diferentes áreas implicadas: producción agrícola, inocuidad de los alimentos, mercados, nutrición, agua, salud, protección social, empleo decente, acceso a los recursos…
FAO trabaja en alianza con las partes interesadas para fortalecer marcos de políticas inclusivas que tengan en cuenta a los más vulnerables, mejorar las capacidades para llevar a cabo esas políticas y que alcancen un mayor impacto involucrando. También se busca alinear la acción de todos esos actores —incluidos los productores, los consumidores, el sector privado, la sociedad civil y los parlamentarios— en áreas tan diversas como la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la inversión responsable en agricultura, la adaptación al cambio climático o la transición a sistemas alimentarios sostenibles que tienen en cuenta la nutrición.
La experiencia de la última década muestra que los países que han diseñado políticas que incorporan las visiones y necesidades de los más vulnerables, que establecen mecanismos de información y reclamo que empoderan a la población y contribuyen a hacer más efectivos los programas, han logrado mayores impactos.
Reconocer y asegurar el derecho a la alimentación adecuada no es una panacea, pero puede ayudar a fortalecer la coherencia de las políticas, hallar puntos de encuentro para una acción común que respete la diversidad de intereses y, en definitiva, hacer posible un mundo con hambre cero.
Juan Carlos García y Cebolla es responsable del equipo del Derecho a la Alimentación de la FAO.
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